El ministro de Justicia, Andrés Idárraga, calificó como un “triste buen resultado” los hallazgos obtenidos durante una intervención masiva en el sistema penitenciario colombiano, que dejó en evidencia las profundas fallas de seguridad y posibles casos de corrupción dentro de las cárceles del país.

La operación, realizada en 124 centros penitenciarios con el apoyo de 3.900 funcionarios del Inpec, permitió la incautación de 1.320 celulares, más de 1.700 tarjetas SIM, tres millones de pesos en efectivo, 470 litros de licor, 27 kilogramos de estupefacientes y 480 armas cortopunzantes.

Idárraga destacó que, aunque la magnitud del operativo representa un logro importante, los resultados son preocupantes: “Es un triste buen resultado, porque demuestra lo fácil que sigue siendo ingresar objetos prohibidos a los penales”, afirmó. El ministro solicitó a la Fiscalía General de la Nación abrir investigaciones para determinar quiénes facilitan el ingreso de estos elementos, advirtiendo que los métodos de contrabando incluyen el uso de palomas, drones y posibles irregularidades en las visitas conyugales. También pidió revisar las cuentas bancarias de funcionarios penitenciarios ante sospechas de movimientos financieros irregulares.

Uno de los problemas estructurales identificados es el abandono de las líneas telefónicas fijas en las cárceles desde 2012. Según Idárraga, esta situación ha “naturalizado” el uso ilegal de celulares, alimentando redes criminales dedicadas a la extorsión y el robo de identidad desde los centros de reclusión.

El plan del Gobierno contempla restablecer los teléfonos fijos en un plazo de 15 días y avanzar en el bloqueo efectivo de las señales de celular, comenzando por los penales de Cómbita, La Dorada y Valledupar. Sin embargo, el ministro reconoció que en lugares como La Picota el proceso ha enfrentado dificultades por la cercanía de zonas residenciales y por las tutelas interpuestas por ciudadanos que se han visto afectados por la pérdida de señal.