Colombia tendría una ventana de apenas tres años para tomar decisiones que permitan evitar una pérdida de su autonomía energética, advirtió la presidenta de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas), Luz Stella Murgas, durante la presentación del estudio Futuro de los hidrocarburos en Colombia: una mirada cuantitativa. El informe, elaborado por el Centro Regional de Estudios de Energía (CREE) y RGL Consultor EU, señala que las reservas probadas actuales alcanzan para 7,4 años de petróleo y 5,9 años de gas.

De acuerdo con Murgas, el punto crítico estaría entre 2029 y 2032, debido a que las reservas actuales llegarían a su límite hacia 2035. Bajo los escenarios analizados, Colombia podría verse obligada a importar cerca del 65 % del gas en 2035 y más del 90 % del petróleo hacia 2045, situación que, según la dirigente gremial, afectaría la competitividad del país y pondría presión sobre las metas establecidas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

El estudio también evidencia una reducción significativa de la actividad de hidrocarburos durante la última década. Desde 2015, la producción de petróleo ha disminuido 27,3 %, mientras que la de gas cayó 31,8 % y el número de pozos exploratorios se redujo 65,6 %. A esto se suma que desde agosto de 2022 no se ha firmado un nuevo contrato de exploración y producción, mientras que los bloqueos a las operaciones petroleras alcanzaron en 2024 su nivel más alto en una década, con 1.942 casos.

El presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP), Frank Pearl, advirtió además sobre el impacto que tendría esta situación en las finanzas públicas. Según el estudio, entre 2025 y 2050 el aporte fiscal del sector, que incluye regalías, impuesto de renta y dividendos de Ecopetrol, podría alcanzar hasta $695 billones en un escenario de mayor producción, frente a $162 billones si no se logra reactivar la exploración. La diferencia entre ambos escenarios sería de $533 billones.

Ante este panorama, los gremios del sector plantearon la necesidad de adoptar medidas que permitan reactivar la exploración, la producción y la actividad sísmica en el país. Según Pearl, estos recursos no solo contribuirían a recuperar la soberanía y la seguridad energética, sino que también podrían generar ingresos para financiar la transición hacia nuevas tecnologías y diferentes políticas sociales, en un contexto en el que Colombia enfrenta el desafío de garantizar el abastecimiento energético a largo plazo.