La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Carolina Restrepo Cañavera, aseguró ante la Comisión Séptima del Senado que la entidad contará con cerca de $12 billones para su operación en 2027, pese a que el anteproyecto presupuestal contemplaba inicialmente $21,5 billones. La funcionaria afirmó que no acudió al Congreso a solicitar recursos adicionales porque considera que el presupuesto disponible es suficiente para cumplir las obligaciones del Instituto y realizar cambios en la ejecución del gasto.

Restrepo explicó que el ICBF tendrá un recorte de aproximadamente $300.000 millones frente al presupuesto del año anterior, además del impacto de la inflación. Sin embargo, aclaró que no considera que exista una desfinanciación, sino una reducción frente a los recursos que anteriormente recibía la entidad. El presupuesto incluye aportes de la Nación, recursos propios y contribuciones parafiscales, entre otras fuentes, y el Gobierno nacional aportaría alrededor de $7 billones.

La directora sostuvo que los $11,9 billones disponibles permitirán mantener los programas proyectados y realizar ajustes en la administración de los recursos. Como ejemplo de las situaciones que están siendo revisadas, mencionó tres programas de Familias y Comunidades que, según dijo, ya habían terminado y, pese a ello, tenían 1.407 personas vinculadas. La funcionaria cuestionó además que se pretendieran realizar adiciones a contratos relacionados con estos programas y anunció cambios en su denominación.

La revisión también contempla los contratos y la ejecución de los recursos del Instituto. Restrepo afirmó que la administración está analizando “contrato por contrato, funcionario por funcionario, operador por operador” y señaló que, si se detectan posibles irregularidades, los casos serán remitidos a la Fiscalía General de la Nación. Entre los recursos que serán examinados están los destinados a La Guajira, departamento al que, según la directora, se giraron cerca de $3 billones durante los últimos cuatro años.

Finalmente, Restrepo cuestionó algunos cargos de asesores de la Dirección General y aseguró que encontró más de 30 personas vinculadas a estas funciones, entre ellas asesores de narrativa, un músico y un muralista. La funcionaria indicó que se revisará cuáles cargos y funciones son necesarios, aunque aclaró que el proceso no implica la salida de todos los contratistas u operadores. Según explicó, quienes estén cumpliendo adecuadamente sus labores continuarán, mientras que los casos que presenten posibles irregularidades serán evaluados y, de ser necesario, trasladados a las autoridades.