El general en retiro Eduardo Enrique Zapateiro presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación para que se investiguen presuntas actividades de espionaje, interceptaciones y seguimientos ilegales que, según sostiene, habrían involucrado el uso irregular de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).

La denuncia fue radicada el 12 de noviembre de 2026 y solicita esclarecer posibles irregularidades ocurridas entre 2022 y 2026. De acuerdo con los hechos expuestos en el documento y una investigación periodística de la revista Semana, estas actividades habrían incluido consultas de información reservada y perfilamientos de dirigentes políticos, opositores, periodistas, funcionarios judiciales y miembros de la Fuerza Pública.

Zapateiro asegura que su nombre figura entre las personas que presuntamente habrían sido objeto de estas prácticas, junto con otros generales retirados, dirigentes políticos y funcionarios públicos. Por ello, solicitó establecer quiénes habrían ordenado, autorizado y ejecutado los seguimientos, además de determinar los objetivos y el destino de la información recopilada.

En el documento también pide investigar si la UIAF habría utilizado sus capacidades de inteligencia financiera para acceder irregularmente a información personal, patrimonial, telefónica, notarial y migratoria de personas consideradas críticas o incómodas para el Gobierno.

Otro de los aspectos incluidos en la denuncia tiene que ver con las investigaciones penales y disciplinarias que enfrenta actualmente el general retirado por presuntos hechos de acoso sexual contra una militar y una contratista del Ejército. Zapateiro pidió verificar si la información presuntamente obtenida mediante actividades ilegales tuvo alguna relación con estos procesos y establecer su origen y legalidad.

La denuncia menciona, entre los funcionarios y exfuncionarios cuya actuación solicita examinar, a Jorge Arturo Lemus, Luis Eduardo Llinás Chica, René Guarín, Wilmar de Jesús Mejía, Carlos Ramón González y Manuel Casanova. Sin embargo, la solicitud está dirigida contra personas indeterminadas y corresponde a la Fiscalía establecer si existen responsabilidades individuales.

Entre las diligencias solicitadas figura la preservación de los resultados de una auditoría forense practicada a la DNI, que incluiría 147 terabytes de información, así como los equipos y dispositivos que se encuentran bajo cadena de custodia. También pidió revisar las operaciones de la UIAF, sus órdenes de trabajo, consultas en bases de datos y comunicaciones institucionales.

Asimismo, solicitó examinar posibles intercambios de información entre la UIAF y otras entidades, como la DNI, la DIAN y organismos de la Policía y las Fuerzas Militares. Según el documento, los hechos podrían estar relacionados con delitos como abuso de autoridad, violación ilícita de comunicaciones, acceso abusivo a sistemas informáticos, violación de datos personales, revelación de secreto y peculado, entre otras conductas que determine el ente investigador.