La Superintendencia de Transporte anunció los resultados de una investigación realizada a 37 organismos de tránsito del país y concluyó que cerca de 5,8 millones de fotomultas no tendrían validez jurídica, por lo que deberán ser revocadas de manera inmediata.

La decisión se produjo tras identificar irregularidades en el funcionamiento de cámaras de detección electrónica que operaron sin cumplir con los requisitos técnicos exigidos por la ley, especialmente la ausencia del denominado “concepto de desempeño de la tecnología”, documento obligatorio establecido en la Resolución 718 de 2018.

Según explicó el superintendente de Transporte, Alfredo Piñeres, las investigaciones permitieron detectar tres principales fallas: organismos de tránsito que nunca obtuvieron la autorización técnica, otros que tramitaron el permiso a nombre de operadores privados y no de la autoridad oficial, y algunos que comenzaron a imponer comparendos antes de contar con la aprobación correspondiente.

“Encontramos que se habían impuesto cerca de 7 millones de comparendos sin cumplir uno de los requisitos fundamentales”, aseguró el funcionario. Como consecuencia, los organismos involucrados deberán eliminar los comparendos pendientes de pago de plataformas como el SIMIT y asumir sanciones económicas equivalentes al doble de lo recaudado.

Entre los casos más relevantes aparece Cali, donde la autoridad de tránsito nunca habría obtenido el concepto técnico requerido. Por ello, todas las fotomultas impuestas entre diciembre de 2018 y noviembre de 2024 serían invalidadas.

También se reportaron irregularidades en la Gobernación de Cundinamarca, donde las multas emitidas entre 2018 y 2024 quedarían sin efecto debido a que el permiso fue tramitado a nombre de un tercero. En Barranquilla, la revocatoria aplicaría para comparendos impuestos entre diciembre de 2018 y noviembre de 2020, periodo en el que las cámaras operaron sin certificación técnica.

Por su parte, Medellín y Bogotá también presentan procesos bajo revisión debido a que algunas cámaras empezaron a funcionar antes de recibir autorización. Solo en Medellín se investigan más de 717.000 comparendos generados por 40 dispositivos.

La Superintendencia aclaró que los ciudadanos que aún no hayan pagado las multas no deberán realizar trámites adicionales, ya que las autoridades tendrán que retirar automáticamente los comparendos de las plataformas oficiales. En cambio, quienes ya realizaron el pago deberán iniciar acciones legales para reclamar la devolución del dinero mediante figuras como derechos de petición, tutelas o demandas por “pago de lo no debido”.

Finalmente, el Gobierno Nacional reiteró que las fotomultas y las cámaras de tránsito no son ilegales, pero insistió en que su implementación debe cumplir estrictamente con las condiciones técnicas y legales para garantizar transparencia y seguridad jurídica a los ciudadanos. Según las estimaciones oficiales, la medida podría beneficiar a cerca de 1,4 millones de conductores y representar la anulación de multas por aproximadamente 3,2 billones de pesos.