El terremoto de magnitud 7,4, registrado el 10 de agosto de 2026 a las 7:34 de la mañana y con epicentro en San José del Palmar, Chocó, dejó una de las emergencias más graves de los últimos años en Colombia. Chocó, Risaralda y Valle del Cauca concentraron buena parte de los daños, aunque el movimiento telúrico también provocó afectaciones en otras regiones del país.

Al cumplirse un mes de la tragedia, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reportó 331 personas fallecidas, 4.505 heridas, 111 desaparecidas y 364 rescatadas. En total, la emergencia dejó afectaciones en 16 departamentos y 498 municipios, mientras miles de familias permanecen en proceso de recuperación y esperan soluciones para retornar a sus hogares.

El impacto sobre la infraestructura también ha sido considerable. Según el balance, 202.002 viviendas resultaron averiadas y 36.326 fueron destruidas, mientras que 6.005 edificios sufrieron daños y 743 colapsaron. La emergencia también afectó 400 centros de salud, 4.313 instituciones educativas, 6.033 centros comunitarios, 521 vías, cinco aeropuertos, 141 acueductos, 102 puentes vehiculares y 13 puentes peatonales. En el caso de los animales, se contabilizaron 3.277 afectados y 3.003 rescatados.

Chocó se mantiene entre los departamentos con mayores necesidades de reconstrucción. Allí se han contabilizado más de 110.000 damnificados, 5.221 viviendas destruidas, 365 instituciones educativas y 80 centros de salud afectados. La Gobernación reportó 14 personas fallecidas y al menos 139 heridas, además de más de 17.000 familias damnificadas. Mientras avanzan las ayudas humanitarias y la recuperación de infraestructura, las primeras estimaciones calculan que reconstruir el departamento podría requerir cerca de $4 billones. En el Valle del Cauca, Cali también enfrenta una situación crítica, con 150 personas fallecidas, más de 1.500 heridas y más de 45.000 familias registradas como damnificadas.

En Risaralda, el terremoto dejó cerca de 170.000 toneladas de escombros recolectadas y más de 234 edificaciones con orden de demolición. En Pereira, más de 54.000 personas resultaron damnificadas y se estima que unas 35.000 viviendas presentan algún nivel de afectación. El comercio también sufrió un fuerte impacto, con al menos el 65 % de los establecimientos afectados y más de 50.000 empleos en riesgo. Las proyecciones preliminares señalan que la reconstrucción de la ciudad podría extenderse durante cinco años y requerir una inversión cercana a los $10 billones. Buenaventura, por su parte, registra 28 fallecidos, cerca de 476 heridos, 1.782 viviendas destruidas y más de 31.600 familias inscritas como afectadas.

En Caldas y Quindío también persisten los efectos de la emergencia. Manizales reportó unas 15.000 personas afectadas y más de 11.500 viviendas con daños, mientras Villamaría registró 1.084 familias afectadas y Chinchiná 663 familias damnificadas. En el Quindío, el balance departamental contabilizó 74.200 personas damnificadas y 3.088 viviendas destruidas, principalmente en municipios como Quimbaya y Montenegro. Ante este panorama, las autoridades nacionales y territoriales han puesto en marcha ayudas económicas, bancos de materiales, atención humanitaria y planes de reconstrucción, en una etapa que ahora concentra el desafío de recuperar viviendas, infraestructura, servicios públicos y la actividad económica de las comunidades afectadas.