Después de un consejo de ministros que se extendió durante siete horas, el presidente Abelardo De La Espriella anunció la firma de 11 nuevos decretos en el marco del estado de emergencia declarado tras el terremoto. Las medidas buscan movilizar recursos, acelerar la reconstrucción de las zonas afectadas y garantizar oportunidades laborales para las personas damnificadas por la emergencia.

El mandatario también confirmó la adopción de 17 medidas financieras, administrativas e institucionales dirigidas a las entidades territoriales, con el objetivo de brindarles mayor liquidez y capacidad de respuesta frente a las necesidades derivadas del sismo. Entre las disposiciones se encuentra la habilitación de inversiones para que una entidad pueda financiar proyectos de inversión que sean ejecutados por fuera de su jurisdicción.

Dentro de las nuevas medidas también se estableció un régimen excepcional y temporal para el tratamiento de información reservada del DANE, con el propósito de facilitar el acceso a datos que permitan fortalecer las acciones de atención, recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas. Asimismo, al cumplirse un mes de la emergencia, el Gobierno oficializó la creación del Fondo Patria Milagro, destinado a acelerar la recuperación de la infraestructura y atender las diferentes afectaciones ocasionadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Otra de las disposiciones anunciadas es la implementación de la modalidad de obras por impuestos, mecanismo con el que se busca movilizar recursos y fortalecer la capacidad de ejecución del Estado para avanzar en la reconstrucción. También se autorizó el uso de recursos del Fondes para garantizar la continuidad de los servicios en aquellos lugares donde la infraestructura o la operación hayan resultado afectadas por el sismo.

Finalmente, el Gobierno autorizó de manera temporal el desarrollo de actividades académicas en espacios diferentes a las sedes educativas afectadas, con el fin de garantizar la continuidad de las clases mientras avanzan las labores de recuperación. La medida contempla además la asignación de recursos para apoyar el funcionamiento de las instituciones afectadas y permitir que puedan mantener la prestación del servicio educativo durante la emergencia.