Luego de más de dos años de debate y una sesión de más de nueve horas, la Sala Plena de la Corte Constitucional avaló, con una votación de 7-1, el trámite de 85 artículos de la reforma pensional impulsada durante el gobierno de Gustavo Petro. El conjuez Carlos Pablo Márquez fue el único que salvó el voto.

Con la decisión, la Corte determinó que las normas podrán entrar en vigor formalmente en abril de 2027, dando un margen de preparación al sistema antes de su aplicación definitiva. Sin embargo, el alto tribunal ordenó devolver a la Cámara de Representantes 10 apartes y proposiciones que no fueron debatidos adecuadamente durante el trámite legislativo.

La Cámara tendrá un plazo de 30 días hábiles para subsanar los problemas identificados por la Corte. La decisión se originó en la revisión del trámite que llevó al alto tribunal a devolver la reforma al Congreso en junio de 2025, luego de establecer que en el último debate de la Cámara no se había realizado una discusión adecuada de algunos artículos.

El Congreso volvió a tramitar la reforma en junio de 2026, después de que el Gobierno convocara sesiones extraordinarias. Posteriormente, la magistrada Paola Andrea Meneses presentó una ponencia en la que consideraba que el error de procedimiento no había sido corregido y proponía devolver nuevamente la norma a la Cámara para repetir el debate correspondiente.

Finalmente, la mayoría de la Sala Plena consideró que el trámite podía ser avalado, aunque con la corrección de los apartes señalados. En la decisión no participaron los magistrados Héctor Carvajal, apartado del proceso tras prosperar una recusación, ni Jorge Enrique Ibáñez, quien se declaró impedido. El fallo define así el rumbo inmediato de una reforma que tendrá efectos sobre el sistema pensional y los ahorros de millones de colombianos.