El presidente Abelardo De La Espriella se pronunció sobre el papel de los medios públicos durante una visita a RTVC, en la que anunció cambios relacionados con la identidad de la televisión estatal y cuestionó el manejo que habría recibido la entidad durante el Gobierno anterior. El mandatario aseguró que los medios públicos volverían a utilizar el nombre de RTVC, al señalar que en la administración pasada se había adoptado la denominación Inravisión.

Durante su intervención, De La Espriella afirmó que los medios estatales deben garantizar una programación plural y evitar el adoctrinamiento, especialmente en los contenidos dirigidos a niños, niñas y jóvenes. En ese sentido, sostuvo que su Gobierno no permitirá que la televisión pública promueva agendas ideológicas particulares y aseguró que estos espacios no estarán al servicio del denominado wokismo ni de corrientes de pensamiento específicas.

El jefe de Estado también denunció presuntas irregularidades en la contratación de RTVC durante la administración anterior, particularmente en el periodo previo al cambio de Gobierno. Según sus declaraciones, durante ese mandato se suscribieron 1.051 contratos por un valor superior a los 100.000 millones de pesos. Asimismo, afirmó que entre el 6 y el 7 de agosto se celebraron 87 contratos, situación que pidió poner en conocimiento de las autoridades competentes para que se adelanten las investigaciones correspondientes.

Entre los casos señalados por el mandatario figura un contrato por 11.924 millones de pesos para la adquisición de una unidad móvil destinada, presuntamente, a fortalecer la capacidad técnica de la televisión pública. De La Espriella cuestionó las condiciones de funcionamiento del equipo y aseguró que este no contaría con la planta eléctrica necesaria para operar. También manifestó que los equipos no cumplirían con las especificaciones técnicas requeridas.

Finalmente, el presidente afirmó que en la adquisición de la unidad móvil se advertiría un presunto sobrecosto superior a los 2.000 millones de pesos. A partir de estos señalamientos, insistió en la necesidad de que los organismos competentes examinen los contratos y determinen si existieron irregularidades en su celebración o ejecución. Las afirmaciones sobre posibles sobrecostos, incumplimientos técnicos y anomalías contractuales corresponden a las denuncias formuladas por el mandatario y deberán ser verificadas por las autoridades correspondientes.