El presidente Abelardo De La Espriella anunció la puesta en marcha del Fondo Milagro, mecanismo que contará inicialmente con un presupuesto de $1 billón para atender la emergencia provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto. El anuncio se produjo después de un consejo de ministros que se extendió durante más de siete horas en la Casa de Nariño.

El fondo, constituido jurídicamente como un patrimonio autónomo, comenzará a operar este miércoles 7 de octubre y tendrá como propósito administrar recursos públicos y privados destinados a la atención humanitaria y la reconstrucción de las zonas afectadas. De acuerdo con el mandatario, los recursos serán destinados, entre otros sectores, a la recuperación de viviendas, colegios, hospitales, vías y sistemas de acueducto.

La administración del Fondo Milagro estará a cargo del empresario antioqueño Jaime Andrés Uribe Tamayo, quien fue designado como gerente para coordinar, administrar y hacer seguimiento a los recursos. La junta directiva estará integrada por Liliana Restrepo, Germán Bahamón, César Caicedo, Arturo Calle y Carlos Ríos, secretario general de la Presidencia de la República.

Durante la jornada, De La Espriella también ordenó el saneamiento y una auditoría al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), con el objetivo de establecer el estado de sus finanzas y garantizar la atención de los maestros. Además, se refirió a las movilizaciones anunciadas por el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) para octubre y aseguró que el Gobierno garantizará la protesta pacífica, pero no negociará bajo bloqueos, vías de hecho o actos de violencia. El mandatario también anunció una revisión de los $1,13 billones reportados como entregados al movimiento indígena.

Finalmente, el presidente informó que el Gobierno puso en marcha un plan de choque para prevenir un eventual riesgo de apagón ante las condiciones asociadas al Fenómeno de El Niño. La estrategia contempla medidas de ahorro energético, disponibilidad de combustibles y gas, mayor despacho de las plantas térmicas y el uso de la capacidad de generación existente, con el objetivo de adoptar las medidas necesarias antes del 31 de diciembre.