Tras un Consejo de Ministros de más de siete horas realizado en Barranquilla, el presidente Abelardo de la Espriella anunció una revisión integral de la contratación pública y de la estructura del Estado, con el objetivo de identificar posibles concentraciones de contratos, sobrecostos, intermediaciones y prácticas que puedan limitar la competencia.

El mandatario aseguró que impartió instrucciones a ministros, directores de departamentos administrativos y responsables de entidades estatales para revisar, “ministerio por ministerio, entidad por entidad y empresa por empresa”, la manera en que se adjudican y ejecutan los recursos públicos. Entre las medidas está la creación de un mapa de concentración contractual que permitirá establecer quiénes han contratado de manera recurrente con el Estado, cuánto dinero han recibido, bajo qué modalidades fueron seleccionados y cuáles han sido los resultados.

De la Espriella puso especial atención en los contratos de prestación de servicios, abogados externos, firmas jurídicas, interventorías, consultorías, auditorías, supervisiones y contratos de eventos, producción y logística, conocidos como BTL. “Hay que romper la rosca”, afirmó el presidente, quien aseguró que no habrá privilegios para contratistas, organizaciones o grupos y que las contrataciones deberán responder a criterios de necesidad, idoneidad, precios, resultados y cumplimiento de la ley.

La revisión también incluirá contratos con universidades públicas, convenios interadministrativos y negocios fiduciarios encargados de administrar recursos estatales. En el caso de los abogados externos, liquidadores y asesores, el Gobierno planteó implementar mecanismos de selección públicos y abiertos cuando jurídicamente sea posible, con el propósito de evitar que determinados negocios permanezcan durante años en manos de las mismas personas o firmas. “No habrá contratistas eternos del Estado”, advirtió De la Espriella.

La reforma no se limitará a la contratación. El Gobierno también evaluará la estructura de las entidades nacionales para detectar duplicidad de funciones, burocracia, programas que se traslapan y organismos que ejercen competencias similares. El presidente sostuvo que podrían plantearse fusiones o supresiones de entidades y dependencias, además de la simplificación de trámites, la creación de ventanillas únicas y la reducción de gastos de funcionamiento. “No necesitamos un Estado más grande, necesitamos un Estado que funcione mejor”, concluyó.