A partir de avanzadas técnicas de analítica aplicada en los procesos de fiscalización, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) declaró a 506 empresas a nivel nacional como proveedores ficticios por venta de facturas que corresponden a operaciones simuladas, e inició las acciones penales del caso ante la Fiscalía General de la Nación.
Las denuncias penales se instauraron además contra los compradores de costos y gastos simulados, que con esta práctica buscan disminuir sus impuestos sobre la renta y complementarios e Impuesto al Valor Agregado (IVA), actividad que, en el caso de este último, no solo constituye evasión, sino que se estaría incurriendo en peculado.
De otro lado, tan solo en Bogotá, 850 sociedades que no atendieron en su momento el llamado de la administración tributaria en el sentido de subsanar voluntariamente esas irregularidades, se les inició proceso de investigación y determinación de impuestos, con el fin de recuperar los tributos defraudados a la Nación, situación que se convierte en un agravante para estas frente a la Fiscalía, pues en su afán de sostener las operaciones simuladas, terminan incurriendo en otros delitos.
Es importante recordar que la compra y venta de costos inexistentes constituye una conducta que puede verse incursa en delitos consagrados en el Código Penal, el cual establece como delito, entre otras prácticas, no consignar las sumas recaudadas por impuesto a las ventas, inclusión de pasivos inexistentes, defraudación o evasión tributaria; así como también, delitos de falsedad, enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos.
