La defensora del Pueblo, Iris Marín, respaldó las recientes decisiones del presidente Abelardo De la Espriella relacionadas con el traslado de diferentes personas privadas de la libertad a establecimientos carcelarios. Entre los internos trasladados se encuentran políticos, exintegrantes del extinto DAS y miembros de grupos disidentes, algunos de los cuales permanecían recluidos en casas fiscales o guarniciones militares.

De acuerdo con Marín, estas medidas envían un mensaje dentro del sistema penitenciario sobre la aplicación de las normas de reclusión. La funcionaria sostuvo que con los traslados se reafirma el principio de que “nadie está por encima de la ley”, al tiempo que se busca que las condiciones de privación de la libertad se ajusten a las disposiciones vigentes.

Los movimientos también están relacionados con presuntas infracciones al régimen carcelario. Según la información divulgada, en diferentes establecimientos se han detectado internos utilizando dispositivos electrónicos no autorizados o accediendo a beneficios que no están permitidos dentro de las condiciones de reclusión.

La defensora del Pueblo señaló que los traslados contribuyen al cumplimiento de los reglamentos penitenciarios y a fortalecer los principios de transparencia e igualdad dentro del sistema. Las decisiones hacen parte de una serie de medidas adoptadas recientemente por el Gobierno para revisar las condiciones de reclusión de personas privadas de la libertad y determinar los casos que deben ser trasladados a establecimientos penitenciarios.

Finalmente, Iris Marín aseguró que la Defensoría del Pueblo continuará haciendo seguimiento a estos procedimientos para verificar que se respeten los derechos de las personas privadas de la libertad. La funcionaria indicó que la vigilancia busca garantizar que, independientemente de las condiciones o circunstancias de cada traslado, las garantías de los internos sean respetadas integralmente.