La Defensoría del Pueblo encendió las alarmas por la reducción sostenida de su presupuesto desde 2024 y el nuevo techo fiscal establecido por el Gobierno Nacional para 2027, advirtiendo que, de mantenerse esta tendencia, se vería seriamente comprometida su capacidad de operación en todo el país.

Según la entidad, el presupuesto proyectado para 2027 será de $1,06 billones, lo que representa una caída del 11 % frente a 2026 y del 17 % en comparación con 2024. El recorte impacta de manera más fuerte la inversión, que disminuiría cerca de un 59 %, al pasar de más de $162.000 millones en 2024 a aproximadamente $66.000 millones en 2027.

La Defensoría advirtió que esta tendencia rompe con más de una década de crecimiento presupuestal continuo y pone en riesgo funciones clave para la protección y promoción de los derechos humanos en el país.

Impactos en la atención a la ciudadanía

De acuerdo con la defensora del pueblo, Iris Marín, uno de los primeros efectos del ajuste será la reducción de misiones humanitarias en terreno, debido a la limitación de recursos para viáticos, desplazamientos y operación de equipos en zonas apartadas.

También se verían afectadas las denominadas “casas de derechos”, sedes comunitarias ubicadas en regiones de alta vulnerabilidad y con baja presencia institucional.

La entidad señaló además que ya se ha visto obligada a frenar la apertura de nuevas sedes y a operar algunas con personal reducido. El recorte tendría efectos directos en el sistema de defensoría pública, con una posible disminución del número de defensores disponibles, lo que afectaría el acceso a la justicia de miles de ciudadanos.

Otro punto crítico es la sostenibilidad de programas dirigidos a jóvenes en situación de riesgo, incluidos aquellos enfocados en la prevención del suicidio, el reclutamiento forzado y otras formas de vulneración de derechos.

Solicitud al Ministerio de Hacienda

En una carta enviada al Ministerio de Hacienda, la defensora del pueblo, Iris Marín, pidió reconsiderar el techo presupuestal asignado, al considerar que la reducción “vulnera el principio de autonomía constitucional” de la entidad y limita el cumplimiento de sus funciones.

El documento también advierte que la disminución de recursos coincide con un aumento en las vulneraciones de derechos humanos y una mayor demanda de atención por parte de la ciudadanía, lo que agrava aún más el impacto del recorte.

La Defensoría recordó que Colombia registró el mayor número de masacres desde 2020 durante el primer trimestre de 2026, con 35 casos frente a 27 en el mismo periodo de 2025.

“La financiación no es un asunto técnico, sino una condición esencial para garantizar la protección efectiva de los derechos humanos”, concluye la entidad.