La Defensoría del Pueblo se pronunció sobre la polémica generada por la solicitud del Gobierno Nacional de suspender órdenes de captura contra integrantes de grupos armados ilegales que participan en diálogos de paz y que serían trasladados a las denominadas Zonas de Ubicación Temporal (ZUT). La entidad recordó que el presidente de la República tiene la facultad de tomar estas decisiones, aunque advirtió que dicha potestad debe cumplir condiciones constitucionales y legales.

Según explicó la Defensoría, las Zonas de Ubicación Temporal han sido utilizadas por distintos gobiernos desde 1998 en el marco de la ley de orden público. En estos espacios pueden suspenderse órdenes de captura, incluso con fines de extradición, para miembros de grupos armados incluidos en listados entregados al Gobierno dentro de los procesos de negociación.

La entidad señaló que, aunque el presidente cuenta con discrecionalidad para dirigir procesos de paz, sus decisiones deben estar debidamente motivadas y sujetas a controles. Además, precisó que las ZUT solo pueden establecerse cuando el proceso de paz se encuentre en una etapa avanzada, es decir, cuando existan condiciones cercanas para el desarme, la desmovilización y el tránsito a la vida civil de los integrantes de los grupos ilegales.

La Defensoría también indicó que el avance de estos procesos debe evaluarse bajo los criterios de la política de “Paz Total”, relacionados con el desescalamiento de las violencias, las transformaciones territoriales y el tránsito a la civilidad. Sin embargo, advirtió que actualmente no existen mecanismos independientes suficientes de monitoreo y verificación que permitan establecer de manera homogénea el cumplimiento de esos objetivos en los diferentes diálogos en curso.

Finalmente, el organismo identificó cuatro riesgos principales frente a la implementación de las ZUT: posibles afectaciones a los derechos de las víctimas, incertidumbre política y electoral, riesgos de seguridad para las comunidades y combatientes, y eventuales impactos sobre pueblos étnicos en territorios donde funcionarían estas zonas. Por ello, la Defensoría instó al presidente Gustavo Petro a sustentar adecuadamente las medidas y mitigar los riesgos antes de avanzar con la concentración de integrantes de grupos armados en estos espacios.