El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, presentó una queja formal por presunto acoso laboral ante la Defensoría del Pueblo contra la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), Angie Rodríguez.

A través de sus redes sociales, Carrillo afirmó que Rodríguez, su superior jerárquica, ha tenido conductas “repetidas, públicas y encaminadas a poner en duda mi trabajo y el de mis equipos”. Según el funcionario, esas acciones habrían buscado afectar su reputación y obstaculizar su gestión, en detrimento del interés público.

“Se trata de una conducta impropia por parte de cualquier superior, pero particularmente inaceptable en un gobierno que dice defender los derechos de los trabajadores”, manifestó Carrillo, quien también anunció que presentará la queja ante el Ministerio del Trabajo y solicitó acompañamiento a la defensora del Pueblo, Iris Marín.

La denuncia se conoce dos meses después de que Rodríguez acusara a Carrillo de presuntas irregularidades administrativas y posibles actos de corrupción en el manejo del Fondo Adaptación, entidad encargada de proyectos de reconstrucción en zonas afectadas por desastres. Frente a esas acusaciones, Carrillo ha sostenido que se trata de ataques con motivaciones políticas, que —según él— tendrían relación con el entorno del ministro del Interior, Armando Benedetti.

El director de la UNGRD aseguró que los contratos señalados por Rodríguez ya estaban bajo investigación de los organismos de control, y que varios procesos, como el de consultoría del proyecto Dinámicas Hídricas en La Mojana, por $56.000 millones, fueron declarados desiertos tras detectarse posibles riesgos de corrupción. También aclaró que iniciativas como MojanIA y La Ruta del Arroz fueron estructuradas y adjudicadas por administraciones anteriores.

Carrillo lamentó que “estas intrigas palaciegas desgasten al Gobierno y distraigan la atención de la misión de la entidad”, y acusó a una exfuncionaria cercana a Katherin Rojas —quien habría sido vinculada por gestiones de Benedetti— de haber filtrado información con intereses políticos.

“El Fondo Adaptación fue entregado como un fortín a politiqueros. Denunciamos a tiempo cómo habían capturado el Fondo, y por eso reaccionan como reaccionan”, puntualizó el funcionario.

La Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Trabajo deberán evaluar la queja presentada, en medio de una controversia que evidencia tensiones dentro del Gobierno nacional y deja al descubierto una pugna entre altos funcionarios del Ejecutivo por el control de las entidades públicas.