El director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, presentó este martes una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por las amenazas, agresiones y hechos de violencia que, según la entidad, están poniendo en riesgo a campesinos beneficiarios de la política de Reforma Agraria en varias regiones del país.

De acuerdo con la ANT, los casos más recientes se registraron en el Magdalena Medio y en los departamentos de Meta y Córdoba, donde hombres armados habrían intimidado a las comunidades, protagonizado desalojos forzados, destruido bienes y, en algunos casos, cometido actos de tortura. Harman aseguró que en la última semana se han reportado hechos similares en al menos seis predios recuperados por el Estado.

«Ya existe un patrón de comportamiento en los predios que hemos recuperado. He puesto en conocimiento de la Fiscalía quiénes serían los presuntos responsables de estos hechos», afirmó el funcionario, quien sostuvo que detrás de las intimidaciones estarían estructuras ligadas al narcotráfico, el paramilitarismo y ocupantes irregulares que buscan frenar la implementación de la Reforma Agraria.

Entre los casos denunciados figura el ingreso de hombres armados a predios del Magdalena Medio para exigir a las familias campesinas abandonar las tierras, así como amenazas atribuidas al Clan del Golfo contra una lideresa rural. En Puerto López (Meta), la ANT reportó que cuatro hombres encapuchados irrumpieron en la finca La Primavera, donde golpearon y torturaron a cinco personas, entre ellas una menor de edad, además de incendiar vehículos, enseres y una planta eléctrica.

En Córdoba, la entidad aseguró que las amenazas obligaron al desplazamiento de familias beneficiarias de la Reforma Agraria en el predio El Llano, mientras que en la finca La Palmira líderes campesinos denunciaron haber sido amenazados de muerte cuando intentaban ingresar al terreno para desarrollar actividades productivas.

Harman solicitó a la Fiscalía investigar estos hechos, identificar y capturar a los responsables materiales e intelectuales y adoptar medidas urgentes de protección para las familias afectadas. Además, advirtió que la violencia contra los beneficiarios de la Reforma Agraria no puede normalizarse y señaló que el desplazamiento forzado de estas comunidades podría dar lugar a graves responsabilidades penales.