El director de la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (UIAF), Wilmar de Jesús Mejía, anunció durante el Consejo de Ministros televisado de este martes que presentará ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia penal contra cerca de 168 personas y entidades que harían parte de una presunta red dedicada a desviar recursos del sistema de salud.

Según explicó, una investigación de inteligencia consignada en un documento de 130 páginas permitió identificar posibles delitos como concierto para delinquir, peculado por apropiación, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, falsedad en documento privado y falsedad procesal. «Es la primera vez que un director de la UIAF se acerca a la Fiscalía para instaurar una denuncia penal de esta magnitud», afirmó Mejía, al advertir que la estructura habría sido diseñada para desfalcar millonarios recursos destinados a la atención de los colombianos.

El funcionario aseguró además que el caso ya es conocido por el FBI, debido a que parte del dinero habría sido transferido a cuentas en Estados Unidos. Incluso, señaló que dos personas concentran movimientos cercanos a los 20.000 millones de pesos, de los cuales cerca del 50 % se habrían realizado en efectivo, dificultando el rastreo de los recursos.

Mejía indicó que la investigación involucra a una EPS con alrededor de 3,5 millones de afiliados. Posteriormente, el presidente Gustavo Petro reveló que se trata de Coosalud EPS y mencionó la existencia de otras entidades vinculadas al entramado. El mandatario también aseguró que uno de los principales operadores de medicamentos del país estaría involucrado y afirmó que cerca de cinco billones de pesos de recursos públicos terminaron en fondos internacionales, incluidos algunos en Estados Unidos.

Entre los hallazgos más relevantes, la UIAF reportó la detección de 45 millones de facturas sin sustento radicadas ante la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres). Asimismo, identificó a 83 contadores y revisores fiscales presuntamente relacionados con la red, además de 17 EPS con vínculos societarios, 25 personas naturales que figuran como representantes legales o integrantes de juntas directivas, y 43 personas jurídicas, entre ellas tres entidades financieras.

De acuerdo con Mejía, el esquema habría operado mediante conglomerados empresariales conformados por familiares y allegados que permitían trasladar recursos desde las EPS hacia IPS y, posteriormente, a cuentas bancarias dentro y fuera del país.

Durante su intervención, el director de la UIAF también anunció que presentará una segunda denuncia ante la Fiscalía por una presunta red de compra y venta de votos en las elecciones legislativas. Según dijo, las investigaciones apuntan a cerca de 2.900 personas que habrían pagado por votos y a unas 3.200 que los habrían vendido. Además, adelantó que, una vez concluyan las elecciones del próximo 21 de junio, el organismo entregará nuevas noticias criminales relacionadas con presuntas irregularidades detectadas durante la primera vuelta presidencial.