Autor: Editor General

El comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López Barreto, informó que seis integrantes de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ murieron en medio de un operativo conjunto desarrollado en el departamento de Vaupés.

A través de su cuenta en X, el alto oficial detalló que la acción fue ejecutada de manera coordinada entre el Ejército Nacional, la Armada, la Fuerza Aeroespacial y la Policía, como parte de las ofensivas contra este grupo armado ilegal en el sur del país.

Según explicó, el balance preliminar de la operación deja seis personas muertas en desarrollo de las acciones militares. Además, se logró la incautación de material de guerra, equipos de comunicación, elementos de intendencia y explosivos.

“El resultado afecta de manera significativa las capacidades logísticas y criminales de esta estructura ilegal en el suroriente del país”, señaló el general López Barreto.

De acuerdo con fuentes militares, en la zona permanecen equipos forenses que adelantan labores de identificación para establecer si entre los abatidos se encuentra alias ‘Iván Mordisco’, señalado como máximo cabecilla de las disidencias de las Farc.

Redacción Económica

La empresa estatal de hidrocarburos Ecopetrol enfrenta una de las crisis financieras más graves en los últimos años actualmente bajo la gerencia del gobierno de Gustavo Petro y volvió a ser debate la presión que existe para que renuncie Ricardo Roa como gerente de la entidad.

El presidente de la USO Martín Ravelo, planteó un escenario en el que la estabilidad de la empresa estaría en riesgo, incluso por su nivel de endeudamiento, que actualmente supera los 30.000 millones de dólares.

El dirigente sostuvo que la permanencia de Ricardo Roa está generando un deterioro reputacional que, según dijo, podría escalar a consecuencias financieras.

“La permanencia del doctor Ricardo Roa (…) está ocasionando un impacto crítico a la reputación de nuestra empresa, que se puede convertir en un impacto catastrófico”, afirmó Ravelo.

En ese contexto, el sindicato considera que un agravamiento del frente reputacional podría activar presiones externas sobre la empresa y afectar su capacidad de respuesta financiera. “El mayor porcentaje de las acreencias financieras (…) son de capital norteamericano, son 30.000 millones de dólares”, señaló.

Tras el accidente del avión Hércules C-130H en Puerto Leguízamo (Putumayo) el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, entregó nuevos detalles sobre las posibles causas del siniestro y las líneas de investigación en curso y en donde reconoció que ya existen hipótesis preliminares.

Una de las principales líneas apunta a un posible impacto con vegetación durante el despegue. Según explicó, se analiza un video en el que se observa que la aeronave habría rozado o “podado” un árbol en los primeros segundos de vuelo, lo que pudo afectar su capacidad para ganar altura. Las autoridades buscan establecer por qué el avión no logró superar los obstáculos cercanos a la pista, pese a los cálculos técnicos que normalmente garantizan un ascenso seguro.

El peso de la aeronave también hace parte del debate. Sánchez indicó que se trataba de un vuelo militar con personal armado y equipado, pero defendió los protocolos de seguridad, asegurando que cada pasajero y su carga son pesados individualmente antes del despegue para evitar sobrecargas.

Otro de los puntos en discusión ha sido la antigüedad del avión. Mientras el presidente Gustavo Petro ha cuestionado el estado de estas aeronaves, calificándolas de “viejas”, el ministro subrayó que el Hércules, fabricado en 1983, aún tenía cerca de 20.000 horas de vuelo disponibles y cumplía con rigurosos procesos de mantenimiento. De hecho, la aeronave había salido de un mantenimiento mayor en julio de 2023, en el que se revisaron todos sus componentes.

Finalmente, el jefe de la cartera de Defensa descartó que el accidente esté relacionado con un ataque terrorista y aseguró que la tripulación contaba con la preparación y certificaciones requeridas para este tipo de operaciones.

El presidente Gustavo Petro aceptó la renuncia de Cielo Rusinque como superintendente de Industria y Comercio (SIC), luego de que el Consejo de Estado anulara su nombramiento por no cumplir con los requisitos exigidos para el cargo.

La dimisión fue presentada el 19 de marzo de 2026, el mismo día en que se conoció la decisión del alto tribunal, que concluyó que los estudios realizados por Rusinque en Francia no habían sido convalidados en Colombia.

En reemplazo, el jefe de Estado designó como superintendente encargado a Diego Andrés Solano Osorio, quien se desempeñaba como asesor del despacho y era considerado uno de los colaboradores más cercanos de la funcionaria saliente.

De acuerdo con la Superintendencia de Industria y Comercio, Solano es abogado de la Universidad Externado de Colombia, cuenta con especialización en Derecho Comercial de la misma institución y una maestría en Derecho Americano con énfasis en Propiedad Intelectual y Negocios Internacionales de la Universidad de Boston.

Pese a su salida del cargo, Rusinque mantiene cercanía con el presidente Petro y recientemente lo acompañó en un evento público sobre los resultados de la política económica del Gobierno. A través de redes sociales, defendió su gestión al frente de la entidad, asegurando que impulsó una transformación institucional orientada a fortalecer la democratización de los mercados y combatir prácticas como los carteles y el abuso de posición dominante.

El sistema de salud colombiano terminó 2025 con un deterioro financiero sin precedentes, según un informe del Observatorio Así Vamos en Salud. El análisis revela que las EPS registraron un patrimonio negativo de $16,86 billones, lo que evidencia una situación de insolvencia estructural en el sector.

De acuerdo con el estudio, factores como el aumento del desequilibrio financiero, una siniestralidad global del 109% y el crecimiento sostenido del endeudamiento reflejan la gravedad del panorama. En términos prácticos, por cada $100 que reciben las EPS, requieren cerca de $109 para cubrir sus costos, lo que implica que los gastos en salud ya superan ampliamente los ingresos.

El informe, basado en los catálogos financieros de la Superintendencia Nacional de Salud, evaluó el comportamiento del sistema entre 2021 y 2025 y concluyó que el deterioro no es coyuntural. Además, advirtió que las intervenciones estatales no han logrado revertir esta tendencia.

El Observatorio también alertó sobre la falta de información de Nueva EPS en los reportes oficiales desde el primer trimestre de 2024, lo que limita un análisis completo. Esta entidad concentra cerca de 11,5 millones de afiliados, equivalentes al 22% del total nacional a febrero de 2026.

En el régimen contributivo, varias EPS operan con márgenes mínimos o pérdidas. Entre las más presionadas financieramente están EPS Sanitas y Famisanar, ambas con una siniestralidad del 113%, así como Compensar, con 108,2%, y SOS EPS, con 110%.

En el régimen subsidiado, de las 12 EPS que reportaron información en 2025, solo dos registraron utilidades, mientras que las demás acumularon pérdidas cercanas a $1,3 billones. Las mayores afectaciones se concentran en Savia Salud, Emssanar, Asmet Salud, Dusakawi EPS y Capital Salud.

Finalmente, el Observatorio concluyó que la crisis es estructural y advirtió que la liquidación de EPS no resolvería el problema de fondo. Por el contrario, podría trasladar el déficit a otras entidades o al Estado, poniendo en riesgo la continuidad en la atención de millones de usuarios.

En plena sesión de la Cámara de Representantes, la bancada de mujeres del Pacto Histórico solicitó la salida del gerente de RTVC, Hollman Morris, en medio de las denuncias por presuntos casos de acoso.

El pronunciamiento fue leído por la representante María Fernanda Carrascal, quien, junto a otras congresistas, expuso la posición oficial de la colectividad frente a la situación. En el comunicado, señalaron que existen denuncias de acoso laboral dentro de RTVC que deben ser investigadas con todas las garantías.

Asimismo, las legisladoras hicieron una distinción entre los distintos tipos de violencias y precisaron que los señalamientos contra Morris corresponden a hechos ocurridos en un contexto laboral previo, los cuales —según indicaron— no deben trasladarse ni diluirse en la institucionalidad.

En ese sentido, destacaron la decisión de la Fiscalía General de la Nación de reasignar el caso con enfoque de género, calificándola como un paso importante hacia procesos más justos y sensibles frente a las violencias históricas contra las mujeres.

La bancada fue enfática en su petición al señalar que, en coherencia con su proyecto político y la responsabilidad institucional, el gerente debería apartarse del cargo. Además, subrayaron que diferenciar entre acoso sexual y acoso laboral no es un tecnicismo, sino una responsabilidad política y ética, dado que ambos tienen marcos legales distintos en Colombia.

Finalmente, expresaron su solidaridad con las periodistas y demás mujeres que han denunciado situaciones de acoso y violencia, advirtiendo que estos hechos no son aislados, sino que responden a estructuras de poder que aún persisten.

El registrador nacional, Hernán Penagos, informó que el preconteo de las recientes elecciones legislativas logró un nivel de precisión del 99,8% frente a los resultados de los escrutinios oficiales.

De acuerdo con el funcionario, este resultado representa un hito en el país, ya que por primera vez existe una coincidencia casi total entre los datos preliminares y los definitivos del proceso electoral. Penagos destacó que esta cifra ha sido reconocida incluso por la Misión de Observación Electoral.

“El preconteo en Colombia tuvo un acierto del 99,8%. En la historia del país nunca se había alcanzado una cifra tan cercana a los datos de escrutinio”, afirmó.

El registrador también resaltó el trabajo del Consejo Nacional Electoral, señalando que el proceso de escrutinio avanza con agilidad y rigor. En ese sentido, indicó que ya se ha entregado la gran mayoría de credenciales para la Cámara de Representantes.

Finalmente, Penagos aseguró que cerca de 800.000 actas electorales de la consulta ciudadana ya fueron publicadas. Además, precisó que las reclamaciones han sido resueltas sin mayores inconvenientes y que están disponibles todas las actas E14 en sus diferentes versiones, garantizando transparencia en el proceso.

La reunión entre delegaciones de alto nivel de Colombia y Ecuador, prevista para el 25 y 26 de marzo en Lima, fue cancelada, frustrando un intento por aliviar la creciente tensión diplomática entre ambos países. El encuentro, anunciado por la Cancillería colombiana, se realizaría en la sede de la Comunidad Andina y, aunque inicialmente estaba previsto con cancilleres, luego se redujo a vicecancilleres, reflejando ajustes de última hora antes de su suspensión definitiva.

La cita buscaba destrabar varios frentes de conflicto. El principal era la imposición de aranceles a productos colombianos decretada por el presidente Daniel Noboa, quien argumentó una supuesta falta de cooperación de Colombia en la lucha contra grupos criminales en la frontera. En respuesta, el gobierno de Gustavo Petro adoptó medidas recíprocas, escalando la disputa comercial. El encuentro también pretendía abordar un incidente de seguridad en zona limítrofe, relacionado con un artefacto explosivo que habría impactado territorio ecuatoriano antes de rebotar hacia Colombia, hecho que generó versiones encontradas entre ambos gobiernos.

En medio de este panorama, la Comunidad Andina estaba llamada a mediar para reducir la tensión. Sin embargo, la reunión no se concretó. Algunas versiones apuntan a problemas de agenda en Ecuador, mientras que otras señalan la falta de avances en las mesas técnicas previas. A esto se sumó un cambio de última hora en la delegación ecuatoriana, que pasaría de ser representada por la vicecanciller a un funcionario de menor rango, lo que generó incomodidad en la parte colombiana.

La cancelación deja en suspenso cualquier salida inmediata a la crisis. Por ahora, no hay una nueva fecha para retomar el diálogo, lo que anticipa que las tensiones políticas, comerciales y de seguridad entre ambos países podrían prolongarse.