Categoría: Actualidad

Miguel Uribe Londoño y María Claudia Tarazona rechazaron la posibilidad de un preacuerdo entre la Fiscalía y Elder Arteaga, alias “El Costeño”, dentro de la investigación por el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay.

A través de un pronunciamiento, los familiares aseguraron que la defensa de alias “El Costeño” no ha mostrado una colaboración efectiva con la justicia y, por el contrario, habría recurrido a maniobras dilatorias en medio del proceso judicial.

Según indicaron, otorgar beneficios penales al señalado coordinador del crimen representaría “un premio a la impunidad” y una afrenta directa contra las víctimas del magnicidio.

En el documento también afirmaron que un eventual preacuerdo afectaría los derechos de la familia y enviaría un mensaje equivocado al país frente a las garantías procesales y la lucha contra la impunidad.

Finalmente, anunciaron que se opondrán a cualquier acuerdo que llegue a presentarse entre la Fiscalía y alias “El Costeño”, y que acudirán a todas las instancias legales para evitar que el caso quede en la impunidad.

El gobierno de Estados Unidos estaría evaluando imputar al expresidente cubano Raúl Castro, de 94 años, en medio del aumento de tensiones diplomáticas con Cuba, según informó la cadena CBS News citando fuentes oficiales estadounidenses.

La posible acusación estaría relacionada con el derribo, en 1996, de dos aviones civiles piloteados por opositores anticastristas, un hecho que históricamente ha marcado las relaciones entre ambos países.

Hasta el momento, el Departamento de Justicia de Estados Unidos no ha entregado declaraciones oficiales sobre la información revelada por medios estadounidenses.

Una eventual imputación contra Raúl Castro representaría un nuevo capítulo en la crisis bilateral entre Washington y La Habana, en momentos en que la isla enfrenta constantes cortes de energía y dificultades económicas.

Castro asumió la presidencia cubana tras la salida de su hermano, Fidel Castro, y lideró el acercamiento diplomático con Estados Unidos durante el gobierno de Barack Obama en 2015, proceso que posteriormente fue revertido por Donald Trump.

En medio de la tensión, el director de la CIA, John Ratcliffe, visitó La Habana para reunirse con altos funcionarios cubanos, en un encuentro que las autoridades de la isla calificaron como un intento de mantener el diálogo político entre ambas partes.

Un nuevo cruce político protagonizaron los precandidatos presidenciales Paloma Valencia y Abelardo De La Espriella, luego de una publicación difundida en la red social X por un perfil identificado como Lucía Forero.

En el mensaje, posteriormente eliminado, se hacían afirmaciones sobre presuntos vínculos personales entre Valencia y la también precandidata Claudia López, incluyendo referencias a familiares de la senadora y a su hija.

Tras la publicación, Paloma Valencia reaccionó en su cuenta de X señalando: “Candidato Abelardo De La Espriella y sus bodegas: con mi hija no se metan”.

Ante esto, De La Espriella respondió rechazando cualquier intento de involucrar menores de edad en medio de la contienda política y aseguró que en su campaña no existen “bodegas”. “Entiendo su preocupación como madre y como candidata; sin embargo, también es importante dejar claro que en mi campaña no hay bodegas”, escribió.

El candidato también afirmó que los niños “son sagrados” y no deben ser utilizados dentro de las confrontaciones políticas entre campañas y seguidores en redes sociales.

Sin embargo, la polémica continuó y Paloma Valencia volvió a responderle al candidato presidencial, asegurando que su campaña sí tendría instrucciones en su contra. “Hemos sido pacientes para evitar la continuidad de los que destruyen a Colombia, pero usted empieza a parecerse peligrosamente a ellos”, concluyó la senadora.

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, emitió una alerta sanitaria tras detectar la comercialización fraudulenta de varios medicamentos elaborados bajo la modalidad de “productos magistrales”, fórmulas preparadas especialmente para pacientes específicos y bajo prescripción médica.

Los productos identificados son: Bicarbonato de Sodio 1mEq/mL frasco x 240 mL lote 251023274; Naproxeno 1,6 gr/80 gr + Indometacina 2 gr + Vitamina E 3,375 gr/80 gr lote 251023275; y Ketoconazol 2% + Desonida 0,1% + Triclosán 0,6% loción tópica x 100 mL lote 250921380.

Según explicó el Invima, estos medicamentos no tienen garantía de autenticidad, por lo que se desconoce su contenido real, las condiciones de fabricación y si las sustancias corresponden a las descritas en las etiquetas. La alerta se emitió luego de que Tecnología Galénica de Colombia S.A.S. informara que los productos fueron falsificados y que no reconoce la trazabilidad ni el origen de los lotes encontrados.

La entidad advirtió que estos medicamentos podrían haber sido elaborados por terceros sin controles sanitarios ni supervisión técnica, lo que representa un riesgo para la salud de los pacientes. Además, recordó que las preparaciones magistrales requieren estrictos controles de calidad, almacenamiento y manejo debido a que son fórmulas personalizadas.

William Saza, coordinador del Grupo de Farmacovigilancia del Invima, señaló que uno de los mayores peligros es la incertidumbre total sobre el contenido y procedencia de los productos falsificados, ya que no se puede garantizar si contienen las sustancias correctas, las dosis adecuadas o si fueron manipulados en condiciones higiénicas.

El Invima también alertó que estos productos suelen comercializarse a través de redes sociales, páginas web, cadenas de mensajería y establecimientos no autorizados. Por ello, recomendó no comprar medicamentos sin registro sanitario vigente, suspender el uso de los productos incluidos en la alerta y reportar cualquier reacción adversa a los canales oficiales de farmacovigilancia.

La Superintendencia de Industria y Comercio ordenó nuevas medidas contra Tesla en Colombia tras detectar retrasos en la entrega de vehículos y recibir múltiples quejas por parte de consumidores afectados.

La decisión fue confirmada por la superintendente Cielo Rusinque, quien explicó que la compañía deberá implementar ajustes en su operación comercial en el país, especialmente en temas relacionados con entregas, garantías y atención al cliente.

Según la funcionaria, la SIC emitió una orden administrativa luego de recopilar reclamos e iniciar una indagación preliminar sobre la operación de Tesla en Colombia, mercado en el que la marca comenzó operaciones oficialmente en noviembre de 2025.

La investigación encontró presuntos incumplimientos relacionados con las fechas prometidas para la entrega de vehículos. De acuerdo con Rusinque, existen al menos 1.800 automóviles pendientes de entrega que debían llegar a sus compradores entre febrero y marzo de 2026, pero que seguían sin ser entregados hasta abril.

La superintendente también señaló que varios consumidores reportaron afectaciones económicas derivadas de los retrasos, entre ellas gastos en tiquetes aéreos, inconvenientes con créditos y desembolsos financieros, además de la falta de información clara sobre nuevas fechas de entrega.

Ante esta situación, la SIC ordenó a Tesla presentar un cronograma detallado para cumplir con las entregas pendientes y contactar directamente a los compradores afectados.

Uno de los puntos principales de la medida tiene que ver con los reembolsos. Según explicó la entidad, la empresa deberá devolver el dinero completo a quienes decidan desistir de la compra debido a los incumplimientos registrados.

“En caso de no poder cumplir, deberán hacerse los reembolsos respectivos sin ningún tipo de descuento”, indicó la superintendente durante la entrevista.

Además, la SIC ordenó a Tesla ajustar las condiciones bajo las cuales comercializa sus vehículos en Colombia, particularmente en lo relacionado con comercio electrónico, garantías y protección al consumidor.

Luego de varios meses de aplazamientos y suspensiones por falta de quórum, las comisiones primeras de Senado y Cámara retomaron este 13 de mayo el debate sobre el proyecto de ley relacionado con el Ministerio de Igualdad y Equidad, iniciativa que contempla más de 194 proposiciones distribuidas en 17 artículos de la Ley 2281 de 2023.

Durante la sesión, el Congreso rechazó mayoritariamente las propuestas que buscaban eliminar o liquidar la cartera, y aprobó los tres primeros artículos que le otorgan sustento jurídico a la existencia del ministerio. Con ello, se espera que en la próxima jornada legislativa continúe la discusión del resto del articulado, especialmente el relacionado con la estructura de la entidad.

El ministro de Igualdad y Equidad, Carlos Rosero Acosta, conocido como ‘Lucho Acosta’, aseguró que el avance del proyecto representa un paso importante “no para un gobierno, sino para los colombianos”. El funcionario reconoció que la construcción del ministerio ha enfrentado retos administrativos, presupuestales y territoriales, aunque defendió la importancia de consolidar políticas públicas y mecanismos de atención que, según explicó, antes estaban dispersos entre distintas entidades del Estado.

La creación del ministerio respondió a la necesidad de articular programas dirigidos a mujeres, comunidades étnicas, personas con discapacidad, jóvenes vulnerables y otros sectores históricamente excluidos. Entre los resultados destacados por la cartera se encuentran la vinculación de más de 30.000 jóvenes al programa Jóvenes en Paz, inversiones cercanas a los 37.000 millones de pesos para proyectos de autonomía económica de más de 5.200 mujeres y el fortalecimiento de más de 220 organizaciones comunitarias a través del Sistema Nacional del Cuidado.

La entidad también resaltó la implementación de mecanismos de atención a violencias de género, como la línea Salvia 155, además del desarrollo de políticas públicas enfocadas en campesinado, eliminación del racismo, derechos LGBTIQ+ y seguridad alimentaria.

La Corte Constitucional de Colombia fijó el próximo 20 de junio como fecha límite para definir el futuro del ministerio. Tras el trámite en las comisiones primeras, el proyecto deberá pasar a discusión en plenaria, donde el Congreso tomará la decisión definitiva sobre la continuidad de la entidad.

Desde el ministerio advirtieron que una eventual eliminación pondría en riesgo programas sociales y procesos territoriales, además de devolver varias funciones a esquemas dispersos entre distintas entidades estatales. Según la cartera, esto afectaría especialmente a comunidades históricamente marginadas y debilitaría los procesos de articulación regional construidos durante los últimos tres años.

Finalmente, el ministro Acosta sostuvo que el debate trasciende la permanencia de una entidad específica y representa una discusión sobre el compromiso del Estado con la reducción de la pobreza, la desigualdad y la garantía de derechos para las poblaciones más vulnerables del país.

El ICETEX anunció una nueva Jornada de Soluciones dirigida a beneficiarios con mora en sus créditos educativos, con el objetivo de facilitar acuerdos de pago y aliviar la situación financiera de miles de usuarios en el país.

La jornada se desarrollará entre el 19 y el 30 de mayo de 2026 y estará dirigida a personas con retrasos superiores a 31 días en sus obligaciones. Durante ese periodo, los beneficiarios podrán acceder a condonaciones de hasta el 100 % de los intereses corrientes vencidos y moratorios.

Según la entidad, la medida impactará a cerca de 118.000 usuarios con cartera activa y castigada, además de algunos estudiantes financiados a través de Fondos en Administración acogidos a las políticas de recaudo del instituto.

El presidente del ICETEX, Álvaro Urquijo, explicó que la iniciativa busca brindar alternativas a quienes enfrentan dificultades económicas para ponerse al día con sus obligaciones y acceder a beneficios especiales que solo se ofrecen durante estas jornadas.

Durante la campaña, los usuarios podrán optar por tres mecanismos: pagar la totalidad de la deuda para extinguirla, normalizar la cartera cancelando el saldo vencido o refinanciar el crédito para modificar plazos y cuotas.

La entidad también informó que habilitó líneas telefónicas, chats y videollamadas para adelantar los acuerdos sin necesidad de desplazamientos. Asimismo, recordó que todos los trámites son gratuitos y alertó sobre posibles fraudes cometidos por intermediarios o tramitadores.

Luego de más de tres horas de reunión, concluyó el encuentro entre la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, y el representante del Gobierno Nacional para los asuntos de paz, en medio de la controversia por la suspensión de órdenes de captura y la entrada en vigencia de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), previstas para el próximo 25 de junio.

De acuerdo con información conocida tras la reunión, durante el diálogo se expusieron las posiciones tanto del Ejecutivo como de la Fiscalía frente a la solicitud del Gobierno para suspender las órdenes de captura contra integrantes del denominado Clan del Golfo o autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).

Fuentes del ente acusador señalaron que la fiscal escuchó los planteamientos de los delegados del Gobierno del presidente Gustavo Petro, aunque también defendió los argumentos consignados en la Resolución 00142 del pasado 11 de mayo, mediante la cual negó, por ahora, la petición presentada por el Ejecutivo.

En dicho documento, la Fiscalía decidió abstenerse de aplicar medidas institucionales que permitan dejar de ejecutar, de manera automática y general, las órdenes de captura contra las personas incluidas en el listado remitido por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, mientras no se cumplan las condiciones establecidas y no llegue la fecha fijada para el inicio de las ZUT.

La resolución también advierte que cualquier suspensión de órdenes de captura estará condicionada al cumplimiento de compromisos de paz por parte del Clan del Golfo. Entre las exigencias mencionadas se encuentran el cese de violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, la entrega de menores reclutados y el freno a las acciones criminales con fines económicos.

Con esta decisión, la Fiscalía General de la Nación respondió oficialmente a la solicitud del Gobierno relacionada con las Zonas de Ubicación Temporal y el proceso de sometimiento del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia.

La empresa Ecopetrol anunció la selección de los 100 jóvenes beneficiarios de las becas Bachilleres Ecopetrol “Mario Galán Gómez”, programa que cumple 40 años impulsando el acceso a la educación superior en Colombia.

Entre los ganadores se encuentran cuatro estudiantes del Huila, provenientes de Neiva, Gigante, Iquira y Saladoblanco. La iniciativa busca reconocer el talento académico y el liderazgo social de jóvenes de distintas regiones del país.

En total, fueron seleccionados 59 hombres y 41 mujeres de 66 municipios distribuidos en los 32 departamentos. Del grupo, 45 estudiantes provienen de zonas rurales y 55 de áreas urbanas. Además, la convocatoria incluyó representación de poblaciones priorizadas para la construcción de paz, entre ellas víctimas del conflicto armado, jóvenes de municipios PDET y miembros de comunidades étnicas.

Uno de los beneficiarios huilenses es Jhon Sebastián Daza Murcia, estudiante del Colegio Nacional Santa Librada, quien obtuvo 415 puntos en las pruebas Saber 11. El joven manifestó que la beca le permitirá cumplir su meta de estudiar Ingeniería Electrónica y agradeció la oportunidad brindada a cientos de estudiantes del país.

La selección se realizó teniendo en cuenta los resultados obtenidos en las pruebas Saber 11 de 2025, así como las trayectorias de liderazgo, trabajo comunitario y compromiso social de los aspirantes. Este año, el programa dio un valor especial a iniciativas relacionadas con convivencia, reconciliación y transformación social en los territorios.

Desde su creación en 1986, el programa Bachilleres Ecopetrol ha beneficiado a más de 2.000 jóvenes colombianos, consolidándose como una de las iniciativas educativas más representativas del país en materia de movilidad social y acceso a oportunidades.

La beca cubre el 100 % de la matrícula en universidades acreditadas en alta calidad por el Ministerio de Educación. Además, contempla apoyos económicos para transporte, alimentación y alojamiento, así como acompañamiento académico y psicosocial durante el desarrollo de los estudios.

La ceremonia oficial de entrega de las becas se realizará en julio de 2026 en Bogotá, donde serán reconocidas las historias de vida de los nuevos beneficiarios del programa.

Luego de que la Fiscalía decidiera no suspender 29 órdenes de captura contra integrantes del Clan del Golfo que buscaban ingresar a las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), el presidente Gustavo Petro sostuvo una reunión con el consejero comisionado de Paz, Otty Patiño, y los jefes de los equipos negociadores del Gobierno para evaluar el avance de los diferentes procesos de diálogo con grupos armados ilegales.

Durante el encuentro, en el que participaron delegados de las distintas mesas de negociación, el mandatario recibió informes sobre los logros, dificultades y estado actual de las conversaciones de paz, además de impartir nuevas instrucciones frente a la implementación de estos procesos en varias regiones del país.

Tras la reunión, Petro autorizó avanzar de manera rápida en el traslado de integrantes de organizaciones armadas a cinco Zonas de Ubicación Temporal, espacios definidos para facilitar procesos de tránsito hacia la vida civil en territorios priorizados.

El presidente aclaró que, en una primera fase, no podrán ingresar a estos lugares personas que tengan órdenes de captura vigentes con fines de extradición. Sin embargo, indicó que posteriormente se evaluará si existen condiciones para permitir nuevas autorizaciones en una segunda etapa.

Las zonas autorizadas estarán ubicadas en Catatumbo, Norte de Santander, en el marco del proceso con las disidencias de alias “Calarcá”; en Nariño con Comuneros del Sur; en Córdoba durante las conversaciones sociojurídicas con el Clan del Golfo; y dos más con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, una en Nariño y otra en Putumayo. Además, el Gobierno reiteró que la dirección de la política de paz y orden público corresponde exclusivamente al presidente de la República.

El Ministerio de Salud emitió una nueva circular con directrices dirigidas a las EPS, gestores farmacéuticos, prestadores de servicios y entidades de control para garantizar la entrega oportuna de medicamentos y proteger el derecho a la salud de los pacientes en Colombia.

El documento, expedido el pasado 11 de mayo de 2026, establece medidas para enfrentar las constantes quejas por retrasos, entregas incompletas y barreras en el acceso a tratamientos médicos, incluyendo lineamientos especiales para las EPS intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud.

Entre las disposiciones principales, el Ministerio reiteró que las EPS deberán garantizar la entrega completa e inmediata de los medicamentos y, cuando existan pendientes, coordinar la entrega domiciliaria en un plazo máximo de 48 horas. Además, ordenó que las entidades cuenten con más de un gestor farmacéutico para evitar problemas derivados de desabastecimiento o fallas en la dispensación.

La circular también señala que, si después del tiempo establecido no se cumple con la entrega, los pacientes podrán reclamar sus medicamentos a través de redes alternas de gestores farmacéuticos o instituciones prestadoras de salud. Asimismo, las EPS deberán mantener actualizada la información sobre dispensación, fortalecer los mecanismos de seguimiento y reportar oportunamente posibles casos de escasez ante el Ministerio de Salud y el Invima.

El documento advierte además que las EPS no podrán utilizar trámites administrativos, auditorías o glosas para retrasar pagos a gestores farmacéuticos y prestadores de servicios. Por su parte, la Superintendencia Nacional de Salud deberá reforzar las labores de inspección y control, especialmente en casos relacionados con menores de edad, pacientes crónicos y poblaciones especiales, además de imponer sanciones o trasladar hallazgos a la Fiscalía cuando se detecten posibles irregularidades.

En medio de cuestionamientos por la ejecución presupuestal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la directora de la entidad, Astrid Eliana Cáceres, aseguró ante las Comisiones Económicas Conjuntas del Congreso que el instituto requiere cerca de 19 billones de pesos para atender las necesidades reales de niños, niñas y adolescentes en el país.

Durante su intervención, la funcionaria defendió la solicitud de una adición presupuestal y negó que existan fallas en la planeación financiera del ICBF. Según explicó, los recursos correspondientes a excedentes y rendimientos financieros provienen de mayores recaudos que ingresan a la Cuenta Única Nacional y solo pueden ser utilizados una vez el Congreso apruebe su incorporación al presupuesto.

Cáceres sostuvo además que las estrategias implementadas por la entidad han permitido avances en la reducción del embarazo adolescente, el trabajo infantil y la mortalidad por desnutrición en distintas regiones del país. También advirtió sobre los retos relacionados con la salud mental infantil, los desafíos virales y factores asociados al suicidio, temas frente a los cuales aseguró que el instituto desarrolla acciones focalizadas en varios territorios.

En materia social, la directora destacó que 17 mil madres comunitarias ingresaron al subsidio de sustitución pensional, situación que, según indicó, obligó a realizar ajustes en las coberturas y en la operación territorial del instituto. Asimismo, señaló que el ICBF avanza en nuevos modelos de atención para niños con discapacidad mediante centros de apoyo y equipos itinerantes en colegios y regiones del país.

Aunque reconoció que la cobertura aún es insuficiente y actualmente beneficia a cerca de 4.800 menores, la funcionaria confirmó que el Gobierno buscará revivir la reforma al Código de Infancia y Adolescencia sobre responsabilidad penal juvenil, archivada en la pasada legislatura, con el propósito de fortalecer mecanismos de justicia terapéutica y restaurativa para adolescentes en conflicto con la ley.

La Procuraduría General de la Nación ordenó la suspensión provisional de la embajadora de Colombia en Haití, Vilma Velásquez, en medio de una investigación por presunta participación en política relacionada con la campaña presidencial de Iván Cepeda.

La medida se conoce luego de varias denuncias que señalan que la diplomática habría promovido públicamente al candidato del Pacto Histórico durante una entrevista concedida al medio haitiano Metropole Radio y Televisión, inicialmente enfocada en las relaciones entre Colombia y Haití.

Durante la conversación, Velásquez destacó los cambios políticos que, según ella, ha vivido el país y aseguró que, aunque la Constitución no permite la reelección presidencial, “tenemos un candidato magnífico que es Iván Cepeda”. Además, expresó su deseo de que el senador gane las elecciones del próximo 31 de mayo, afirmando que “es un buen hombre” y que “está con el pueblo”.

Las declaraciones generaron cuestionamientos sobre una posible intervención indebida en política por parte de la funcionaria, teniendo en cuenta las restricciones que existen para los servidores públicos frente a actividades de carácter electoral.

Tras la polémica, Iván Cepeda reaccionó a través de sus redes sociales y pidió a las autoridades competentes investigar disciplinariamente si hubo una falta por parte de la embajadora. Asimismo, reiteró que ningún funcionario público debe participar en actos de proselitismo político ni intervenir en actividades relacionadas con su campaña presidencial.

Cuatro soldados del Ejército Nacional de Colombia murieron y otros tres resultaron heridos tras un ataque con dispositivos explosivos improvisados en una zona rural de San José del Guaviare.

De acuerdo con información oficial de la institución, los hechos se registraron en la vereda Buenos Aires, donde tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 1, adscrita a la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, adelantaban una operación ofensiva contra integrantes del GAO-r Bloque Jorge Suárez Briceño.

En medio del despliegue militar, las unidades fueron impactadas por explosivos instalados previamente en el área, lo que provocó la muerte de cuatro uniformados y dejó a tres más heridos. Estos últimos fueron evacuados de la zona para recibir atención médica especializada.

El Ejército informó además que las operaciones en el sector continúan, con el objetivo de asegurar el área y mantener la presión sobre el grupo armado ilegal responsable del ataque.