Categoría: Actualidad

Desde el corregimiento de Nazareth, en la Alta Guajira, la Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, y el Director de Parques Nacionales Naturales, Luisz Olmedo, anunciaron el plan de restauración, uso sostenible y protección de 24.000 hectáreas en el Parque Nacional Natural Macuira, un proceso que contará con una inversión de 40.000 millones de pesos y que se ejecutará con el apoyo de las autoridades étnicas tradicionales de la región.

Este anuncio es parte de la agenda que adelanta el Sector Ambiente en el marco de la jornada ‘Gobierno con el Pueblo’ en La Guajira, que volcó durante una semana al Presidente Gustavo Petro y a todo su gabinete para atender las necesidades de las comunidades del departamento frente a la protección de los derechos al recurso hídrico, la salud y la seguridad alimentaria, soluciones que se dan en torno al ordenamiento alrededor del agua y la justicia ambiental.

“Hoy en Nazareth estamos trabajando en el compromiso de la recuperación de 4.000 hectáreas del Parque Macuira. Este es un parque fundamental, porque de él realmente depende gran parte del agua subterránea de la Alta Guajira. Este trabajo lo haremos con las comunidades wayuu, así como también la recuperación durante este Gobierno de las otras 20.000 hectáreas”, explicó la Ministra.

Muhamad enfatizó que “si cuidamos las fuentes de agua y los ecosistemas de los que depende el agua en este territorio tan impactado por el cambio climático, podemos tener más resiliencia. Esto solo se hace de la mano de las comunidades”.

Durante el diálogo con las autoridades del corregimiento de Nazareth, la Ministra también se refirió al trabajo que se viene adelantando en el Parque Nacional Natural Bahía Portete Kaurrele, donde actualmente se están restaurando seis hectáreas de manglares con un vivero con capacidad de 9.000 plántulas ubicado en la sede operativa del Parque.

“Más de 100 familias de Portete y Yariwanichi nos vienen apoyando en la implementación de iniciativas productivas sostenibles para la conservación de esta área protegida y la seguridad alimentaria de las comunidades Wayuu; para ello se han entregado materias primas, equipos y embarcaciones”, afirmó Muhamad.

Al respecto el director de Parques Nacionales Naturales, Luisz Olmedo, agregó que con el Sena se fortalecerán las capacidades de pesca y artesanías de las dos comunidades con las que se está trabajando y de cuatro comunidades más, beneficiando así a otras 150 familias del Parque.

“Se planea empezar el proceso de restauración de corales con 2.500 fragmentos, lo que repercute en el mejoramiento de los ecosistemas, el aumento de las poblaciones de peces y crustáceos, y garantiza la seguridad alimentaria de los pescadores Wayuu Apalanshi”, dijo Olmedo.

La agenda del Sector Ambiente en la Guajira continuará en los municipios de Albania y Riohacha, con anuncios frente a la transición energética justa y medidas de emergencia frente al uso del agua.

La Procuradora Margarita Cabello Blanco alertó sobre el riesgo inminente de que los colombianos se queden sin vacunas para COVID–19 y sus diferentes variantes.

La Jefe del Ministerio Público advirtió que, de acuerdo con las indagaciones adelantadas por su Delegada para el Trabajo y la Seguridad Social, no hay claridad sobre la adquisición de vacunas contra el COVID-19, si está planeada la compra de biológicos y de vacunas bivalentes de ARNm contra el Covid-19, ni sobre la cantidad de vacunas que estarán disponibles para lo que resta de 2023.

La Procuradora reveló que, frente a esta situación, se ha venido requiriendo al Ministerio de Salud desde el pasado 13 de abril para que informe de manera urgente sobre el inventario actual de vacunas de Covid 19 y sus fechas de vencimiento discriminadas por laboratorio, así como sobre las acciones sanitarias para ejecutar el programa de inmunización, especialmente para niños, mujeres gestantes y adulto mayor, sin recibir respuesta hasta el momento.

Finalmente aseguró que continuará pidiendo respuestas por parte del Gobierno Nacional frente a esta problemática, para garantizar el derecho a la salud de los colombianos.

“La salud es un derecho fundamental y como órgano de control estamos en la obligación de pedir y exigir que las autoridades cumplan con una política adecuada que atienda las necesidades de la gente y, además, que se informe a la sociedad sobre temas de importancia como es la protección en salud vía vacunación”, aseguró la Procuradora General.

La Procuraduría General de la Nación adelanta una inspección disciplinaria en las oficinas del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República –Dapre-, en desarrollo de la indagación preliminar iniciada contra Laura Sarabia y otros funcionarios por determinar, por las presuntas irregularidades presentadas al someter a la prueba del polígrafo a la señora Marelbys Meza, quien trabajaba para la entonces funcionaria como niñera de su hijo.

La diligencia tiene como objetivo recaudar material probatorio que había sido solicitado por el órgano de control al momento de abrir la indagación y no ha sido remitido a la Procuraduría. 

Los hechos habrían ocurrido el 30 de enero pasado, en las instalaciones del edificio Galán, adscrito a la Presidencia de la República, en el centro de Bogotá, donde al parecer fue llevada Marelbys Meza por personas que aparentemente hacían parte del esquema de seguridad de Sarabia Torres, para establecer si había hurtado un dinero en efectivo de la vivienda de la funcionaria. 

La inspección se realiza tanto en las oficinas del Dapre como en las dependencias que los funcionarios a cargo consideran útiles para la diligencia.

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el alcalde de Tierralta Córdoba (2014 -2019), Fabio Leonardo Otero Avilés y el secretario de Gobierno para el mismo período, Willingtón Ortiz Naranjo, por su presunta responsabilidad en la muerte de la lideresa social, María Pilar Hurtado Montaño, ocurrida el 21 de junio de 2019. 

El crimen de esta lideresa se conoció ampliamente tras la aparición de un video en el que se ve a su hijo, menor de edad, ahogado en llanto y gritos de dolor tras haber presenciado segundos antes el asesinato de su madre. 

Al momento de su asesinato, Hurtado trabajaba como recicladora y al mismo tiempo lideraba un grupo de personas, especialmente mujeres reclamantes de tierras que para ese momento estaban ocupando un lote en jurisdicción de ese municipio, cuyo propietario era padre del alcalde investigado. 

Días después de haber recibido un panfleto firmado por las “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, en el que la amenazaban de muerte con nombre propio y que puso de inmediato en conocimiento de las autoridades, la mujer fue asesinada por un sicario. 

De acuerdo con el análisis de diversas pruebas conocidas por el Ministerio Público, entre ellas algunos testimonios de personas relacionadas con el Clan del Golfo, el homicidio de la señora Hurtado habría sido ordenada por un comandante de ese grupo ilegal, que delinque en la región, como retaliación por la toma del predio en cuestión.

La Procuraduría logró establecer en su análisis, que Hurtado era una lideresa social reconocida por esa administración municipal, que ya había asistido oficialmente al menos a una reunión citada por el alcalde, y no una extorsionista, como habrían tratado de hacerla ver sus verdugos para justificar su muerte. 

El cargo endilgado a exalcalde y exsecretario de Gobierno está relacionado con la omisión de sus deberes, como autoridades del municipio, por no diseñar estrategias ni tomar las medidas necesarias para mantener el orden público y proteger la vida y los derechos de la lideresa social.

Al exalcalde Otero Avilez se le endilgó un segundo cargo por posible conflicto de intereses al haber intervenido (Por acción u omisión) en un asunto en el que su padre tenía un interés particular y directo, como lo era la invasión del predio de su propiedad.

Las faltas fueron calificadas de manera preliminar como graves, a título de culpa gravísima, ya que estos incurrieron en una desatención elemental de sus obligaciones y funciones.

Al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, fueron entregadas las investigaciones realizadas por FUNDAGÁN en defensa de las víctimas ganaderas de la violencia en Colombia.

Así lo informó José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGÁN), quien destacó el papel de la Fundación Colombia Ganadera (FUNDAGÁN) en la investigación y visibilización de las víctimas ganaderas en todo el país a través de rigurosos trabajos académicos.

La entrega de los documentos la realizó la directora ejecutiva de FUNDAGÁN, Nataly Delgado, en el marco de la Asamblea General #53 de la OEA en la ciudad de Washington, en Estados Unidos.

FUNDAGÁN, vocera de miles de víctimas ganaderas

De acuerdo con Delgado, al secretario general de la OEA se le entregó el trabajo académico realizado titulado “Acabar con el olvido”; el texto escrito con el apoyo del Centro Nacional de Memoria Histórica “La verdad de las víctimas ganaderas para acabar con el olvido”; y el informe de la Comisión Civil para el Esclarecimiento de la Verdad.

De esta manera FUNDAGÁN se constituye en la vocera de las miles de víctimas ganaderas de la violencia y sus familias, que han vivido su propio viacrucis y estigmatización, ante la Organización de Estados Americanos.

Vale la pena recordar que la Fundación, desde su constitución, ha asesorado y acompañado de manera gratuita a más de 10.000 ganaderos víctimas, en el marco de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras con la elaboración de acciones jurídicas como tutelas y derechos de petición, principalmente.

Acabar con el olvido

“La experiencia de las víctimas ganaderas de la violencia con testimonios de ellas mismas han sido recopiladas de manera explícita y detallada en varios libros cuyo título deja ver precisamente, el objetivo de su creación ‘Acabar con el olvido’”, expresó Lafaurie Rivera.

Estos libros contienen relatos realmente escalofriantes sobre la manera cómo sucedieron los hechos de asesinatos y de secuestros de productores ganaderos. “Acabar con el Olvido” ha tenido dos compilaciones de hechos sucesivos de extrema violencia sucedidos en todos los departamentos del territorio colombiano.

Se han publicado dos ediciones: la primera en el año 2009 y, la segunda, en 2013. Las investigaciones obedecen a dos de las tres líneas estratégicas o pilares institucionales de FUNDAGÁN que son: Derechos humanos y Responsabilidad social.

En la primera -Derechos humanos- FUNDAGÁN trabaja en la recuperación de la memoria de las víctimas ganaderas de la violencia en el país durante varias décadas y, a su vez, en el acompañamiento y asesoría jurídica gratuita a los productores que han vivido las consecuencias del conflicto.

La segunda línea estratégica –Responsabilidad social– se refleja en la organización de uno de los eventos sociales más importantes del país: ‘Una vaca por la paz’, que a la fecha ha entregado más de 3000 vacas preñadas a igual número de familias ganaderas de bajos recursos y víctimas de la violencia de los grupos armados irregulares.

“En las manos del secretario general de la OEA, Luis Almagro, queda el registro de la violencia que ha agobiado a los ganaderos del país durante varias décadas a nivel nacional, precisamente, con el objeto de hacerlas visibles y de que sean restauradas ante la sociedad colombiana”, puntualizó el presidente ejecutivo de FEDEGÁN.

Enlace de descarga del libro La verdad de las Víctimas Ganaderas para acabar con el olvido:
https://www.fedegan.org.co/la-verdad-de-las-victimas-ganaderas-para-acabar-con-el-olvido

El Complejo Carcelario y Penitenciario de Alta y Media Seguridad de Ibagué (COIBA Picaleña) fue el escenario para el lanzamiento de Zasca Renacer, una estrategia del Gobierno del Cambio que busca impactar a más de 2.000 personas privadas de la libertad, a través del fortalecimiento de sus capacidades productivas y emprendedoras.

Este programa fue promovido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo e iNNpulsa Colombia, en alianza con la Consejería Presidencial para la Reconciliación Nacional, el Ministerio de Justicia; el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC); la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Surge como una apuesta de la política de reindustrialización, fundamentada en la resocialización, las condiciones especiales de trabajo, el enfoque de género y la contribución a la Paz Total, orientados a la población privada de la libertad y pospenada de Colombia.

Durante el lanzamiento, el Ministro de Justicia, Néstor Osuna, destacó que esta iniciativa “nos permite avanzar con el compromiso que tiene el Gobierno del Cambio para la humanización del Sistema Penitenciario y Carcelario. Hemos visitado los talleres de madera y confecciones y son muy valiosos los productos que desarrollan allí. Piensen que un bolso o un artículo tallado en madera puede ser el inicio de su fábrica o taller de carpintería. Ustedes (personas privadas de la libertad) pueden ser empresarios y generar empleo”.

A su vez, la Consejera Presidencial para la Reconciliación Nacional, Eva Ferrer, señaló que “renacer es nacer de nuevo, eso es lo que buscamos con esta estrategia: recuperar la importancia que todas y todos tenemos en la sociedad, así como la satisfacción y la dignidad que da el trabajo. El propósito es buscar la reconciliación con uno mismo, con las familias y con la sociedad, es brindar una segunda oportunidad”.

Los Centros de Reindustrialización Zasca Renacer se implementarán por fases en 21 Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional (ERON), en los que las personas privadas de la libertad accederán a formación técnica, durante 10 meses, en actividades relacionadas con el fortalecimiento productivo en sectores como agroindustria, manufactura, tecnologías y confecciones, con el objetivo de impulsar la economía popular y mejorar sus condiciones de vida y las de sus familias.

De igual forma, la ejecución de este programa promoverá la unión entre los establecimientos de reclusión del orden nacional y los municipios con programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET) aledaños, para impulsar el desarrollo económico, social y ambiental en las zonas del país más afectadas por el conflicto armado.

En ese sentido, “los Zasca Renacer son un instrumento muy importante de la Política de Reindustrialización, que está orientada a promover el desarrollo y fortalecimiento productivo en los establecimientos de Reclusión de Colombia. Estos centros nos permitirán aportar a los procesos de resocialización de la población interna para que puedan impulsar su economía y las de sus familias”, dijo la Viceministra de Desarrollo Empresarial, Soraya Caro.

Así mismo, el Gerente General de Innpulsa Colombia, Hernán Ceballos, subrayó que “estamos convencidos de que todos los colombianos pueden aportar a la reindustrialización de nuestro país y la población privada de la libertad no es una excepción. Ellos merecen oportunidades para aportar desde sus capacidades productivas a su resocialización y al desarrollo familiar, esto bajo la visión de la justicia económica y social promovida desde el Gobierno del Cambio”.

Finalmente, la UNODC brindará un apoyo estratégico a este programa de desarrollo agroindustrial en el país, así lo expresó la Representante Regional para la Región Andina y el Cono Sur, Candice Welsch, quien afirmó que es una oportunidad única y valiosa para fortalecer la garantía de derechos de muchas de las personas que se encuentran privadas de la libertad.

El evento contó con la asistencia del Director General (e) de la USPEC, Ludwing Joel Valero; el Director General (e) del INPEC, Teniente Coronel (r) José Hernando Medina; el Gerente General de la Corporación Industrial Minuto de Dios, José David Tovar; miembros del Gobierno Nacional; empresarios del sector, y cerca de 80 personas privadas de la libertad, entre otros.

El 46 % de los empresarios considera que este año disminuirán sus ganancias en comparación con 2022, según lo revela una encuesta del Laboratorio Empresarial de la Universidad del Rosario y el Centro Nacional de Consultoría.

“Solo el 33 % de los empresarios prevé que sus utilidades aumentarán. Las grandes empresas y las micro son las más pesimistas en este campo”, dijo Alejandro Cheyne, rector de la Universidad del Rosario, en la presentación de los resultados.

En cuanto a las ventas, los empresarios están divididos: el 38 % cree que bajarán y el 36 % piensa que crecerán frente al año pasado. La grande, mediana y pequeña empresa, con porcentajes entre 43 y 45 por ciento, son las más optimistas en el repunte de este rubro.

Caso similar sucede con las inversiones: el 38 % de los empresarios considera que estas se mantendrán igual, el 33 % considera que descenderán y el 29 % que aumentarán, anotó Cheyne.

Para el 47 % de los empresarios la contratación de nuevos empleados permanecerá igual que en 2022 y el 30 % piensa que disminuirá. La planta de empleados para el 54 % de los encuestados se mantendrá y para el 27 % bajará.

En la encuesta “La voz de las empresas en Colombia, un diálogo con la sociedad”, que lideró la Universidad del Rosario y que contó con el apoyo del Centro Nacional de Consultoría y EL TIEMPO Casa Editorial, se entrevistaron a 1002 empresarios a nivel nacional de todos los sectores económicos y de empresas grandes, medianas, pequeñas y micro entre el 5 de abril y el 29 de mayo.

“Esta indagación permite ver por primera vez resultados reveladores sobre las empresas colombianas, su relación con la sociedad y con el Gobierno, así como lo que estas representan para el país”, dijo el rector.

Cabe resaltar que el 92% de los empresarios encuestados pertenecen a microempresas y el 57 % son empresas familiares. De estas, solo el 5 % ha pasado por tres o más generaciones, el 16 % por dos generaciones y el 79 % es la primera generación.

Empresarios y su visión del país

El 58 % de los encuestados piensa que Colombia es uno de los países con las peores condiciones para crear y hacer crecer empresa y únicamente el 19 % cree que es de los mejores. A pesar de este escenario, el 27 % ve al país como una de las naciones más innovadoras y el 23 % como una de las mejores en el manejo del conocimiento, resaltó Cheyne.

Aunque el país tiene potencial en varios sectores económicos, cada día el ingreso de los colombianos se aleja del promedio del mundo. El 66 % de los empresarios piensa que Colombia es de las peores naciones en el manejo de sus riquezas y el 56 % cree que es de las peores en ser equitativa

El 69 % de los empresarios encuestados considera que para que la riqueza les llegue a todos, se necesita del trabajo armónico del Gobierno Nacional, de las empresas, de las universidades y del gobierno local. Un 18 % indica que la responsabilidad debe recaer sobre el Gobierno.

Relación con grupos de interés e instituciones

En Colombia las empresas se relacionan, especialmente, con sus proveedores (65 %), la comunidad donde operan (52 %) y las empresas del mismo sector (48 %). Los sectores con que menos lo hacen son los medios de comunicación (8 %), el Gobierno Nacional y Local (14 %), las multinacionales (14 %) y la academia (18 %).

Los empresarios piensan en un 65 % que hay poca protección y en un 32 % nada de protección en el país a las empresas. Solo el 3 % considera que hay mucha protección, comentó el rector.

Los encuestados creen que los gobiernos locales, con un 70 %, y el Gobierno Nacional, con un 67 %, no los entienden, no los escuchan ni buscan ser justos en la relación con sus empresas. Le siguen los medios (63 %) y los bancos (57 %). Sienten algo de apoyo en las comunidades donde operan y en la gente (45 %).

Consideran además que es bajo o muy bajo el grado de conexión entre las empresas con el Gobierno Nacional (73 %), con el gobierno local (71 %) y con la academia (66 %).

Para el 79 % de los encuestados la relación entre las empresas y el Gobierno es de desconfianza y el 64 % piensa que el Gobierno no reconoce el aporte de las empresas en el futuro del país, afirmó Cheyne.

Los empresarios afirmaron que las industrias que más le aportan al desarrollo integral de Colombia, y sin las cuales el país empeoraría, son el comercio (97 %), el café (96 %), el turismo (95 %), la producción de arroz (93 %), la infraestructura (93 %), los ingenios azucaremos (82 %), la ganadería (80 %) y el petróleo (79 %).

Principales problemas del sector empresarial

El rector del Rosario reveló que los tres principales problemas que enfrentan las empresas en este momento son los altos impuestos (59 %), los precios de los insumos (31 %) y conseguir personal capacitado (31 %).

En un segundo plano están las tasas de interés (28 %), la reducción de las ventas (28 %), la falta de crédito (26 %) y tener tecnología y/o maquinaria para competir (24 %), agregó.

Por sector económico, los principales problemas son: petróleo, altos impuestos y reducción de las ventas; minería, papeleos y tener tecnología y/o maquinaria para competir; ganadería, precios de los insumos y tener tecnología y/o maquinaria para competir; turismo, altos impuestos y reducción de las ventas; infraestructura, altos impuestos y conseguir personal capacitado; y comercio, altos impuestos y reducción de las ventas.

Responsabilidad social de las empresas y género

El sector empresarial colombiano evidencia el techo de cristal que aún existe en las organizaciones. El liderazgo de estas empresas continúa en manos del género masculino: el 70 % de los gerentes generales son hombres y solo el 30 % mujeres, tendencia que se mantiene en las empresas grandes, medianas, pequeñas y micro, dijo el rector de la Universidad del Rosario.

El 55 % de las empresas encuestadas, como parte de su responsabilidad social, indicaron no dedicar recursos a causas sociales, tendencia que se observa especialmente en la micro empresa (56 %). No obstante, la gran empresa, con un 60 % y la mediana empresa, con un 52 %, sí destinan recursos en este campo.

Los encuestados consideran que como empresarios estas organizaciones fomentan una mayor responsabilidad ambiental (58 %), que pagan impuestos que facilitan la implementación de programas sociales (58 %) y que promueven la inclusión y la no discriminación en los lugares de trabajo (57 %).

Igualmente, piensan que las empresas son conscientes de su responsabilidad con la sociedad (56 %), que traen innovación al país (55 %), que protegen los derechos humanos declarados internacionalmente (54 %) y que llevan riqueza y prosperidad a las regiones (52 %).

Creen que las empresas generan empleos de calidad (51 %), que crean redes empresariales para visibilizar su labor (51 %) y que luchan contra la corrupción en todas sus formas (43 %), anotó el rector.

Para lograr un país equitativo, los empresarios opinan que los grupos donde se debería priorizar las oportunidades laborales son los jóvenes (51 %) y las mujeres (51 %), seguidos de los campesinos (21 %) y las personas con discapacidad (19 %).

Índice de Percepción del Ambiente de Apoyo a las Empresas

El Laboratorio Empresarial Colombiano de la Universidad del Rosario entregó el Índice de Percepción del Ambiente de Apoyo a las Empresas (IAAE). En esta oportunidad fue de 17.8, medido en una escala de 0 a 100, donde un valor cercano a 100 indica una percepción de completo apoyo. El IAAE analiza el apoyo que los empresarios perciben de bancos, Gobierno, gobierno local, medios, la gente, comunidades donde operan, universidades públicas y privadas e institutos técnicos y tecnológicos.

Al entregar un balance de la jornada de soluciones financieras realizada por el Icetex entre el 15 de mayo y el 15 de junio del 2023, el Presidente de la entidad, Mauricio Toro, informó que se beneficiaron 19.807 jóvenes usuarios que estaban colgados con el pago de sus créditos y que hoy pueden estar más tranquilos.

En entrevista con Colombia Hoy Radio, el directivo precisó: “Les quiero decir que estamos supremamente contentos. Esta jornada de soluciones financieras les permitió a 19.807 personas, exactamente, lograr un acuerdo con la entidad para que de esa manera pudieran normalizar sus créditos, ponerse al día y nosotros poderles condonar los intereses moratorios”.

Agregó que la jornada buscó beneficiar a “todos aquellos que estuvieran colgados con su crédito por una mora superior a 31 días, para que nos pudieran llamar por teléfono, sin moverse, y nos dijeran: ‘Miren, esta es la situación que yo tengo’, y nosotros así poderles condonar hasta el 100 por ciento de intereses”.

Al respecto indicó que “logramos condonar 14 mil millones de pesos en intereses, para que esas casi 20 mil personas pudieran normalizar su crédito, al hacerle este descuento o esa condonación de intereses, y eso nos tiene contentos”.

“Es la condonación más exitosa de los últimos años y ha permitido a mucha gente que pueda estar más tranquila”, sostuvo Mauricio Toro.

El Presidente del Icetex explicó que del millón de usuarios que tiene el Icetex, cerca de 80 mil jóvenes tenían algún inconveniente o estaban colgados con el pago de sus créditos.

Esta jornada “nos deja ya con 20 mil menos; quedan todavía 60 mil casos, pero siempre estamos dispuestos a oírlos, a que la gente nos llame y diga: ‘Ayúdennos con un plan de pagos’; la condonación total de intereses la podemos conversar”.

Igualmente, Toro entregó un balance positivo del proceso de regionalización del Icetex, cuyo objetivo es llegar a 200 municipios del país en donde nunca había hecho presencia, con énfasis en territorios de la Colombia Profunda y con una oferta que contempla condiciones especiales para indígenas y afro, personas afectadas por el conflicto armado y, en general, para comunidades vulnerables.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, de la mano de Colombia Productiva, entidad adscrita a esta cartera, lanzan este martes el programa Fábricas de Productividad y Sostenibilidad, que tiene como objetivo brindar asistencia técnica para el desarrollo productivo y sostenible de las empresas en el país.

En diálogo con Colombia Hoy Radio, el Gerente de Colombia Productiva, Aurelio Mejía, explicó que la iniciativa está enfocada, especialmente, a las Mipymes, para que puedan ser más productivas.

“Es decir, que puedan mejorar sus procesos, implementar estándares de calidad, realizar sus procesos productivos, utilizando menos energía y que, de esta manera, las empresas generen más ingresos, más oportunidades de llegar a nuevos mercados y, por supuesto, mayor empleo y desarrollo para el país”, dijo.

Mejía indicó que la asesoría estará a cargo de consultores expertos en distintos temas que les permitan a las compañías mejorar sus procesos, como productividad laboral, comercialización, logística, calidad y eficiencia energética, al igual que formación especializada que fomente las prácticas sostenibles.

Agregó que este hecho fue posible gracias a una inversión total de más de $57 mil millones por parte del Ministerio, las Cámaras de Comercio, las Cajas de Compensación y los empresarios.

Es por esto que extendió un llamado a las empresas del país para que se vinculen a este programa, a través de la página www.fabricasdeproductivdadysostenibilidad.com, en la que pueden diligenciar el formulario allí disponible.

“Se verifican requisitos, por ejemplo, que tengan mínimo tres trabajadores, un registro mercantil comercial actualizado y, a partir de la inscripción, inicia el proceso en el que las Cámaras de Comercio realizan un diagnóstico. En este diagnóstico se evalúa cómo está la empresa en distintas líneas; en temas de productividad laboral, en temas de propiedad operacional, en temas de comercialización, de logística, de calidad, entre otros aspectos”.

Finalmente, y “con base en este diagnóstico que se les realiza a las empresas, se selecciona aquella línea en la cual la empresa necesita o quiere trabajar más y a partir de ahí, inicia el proceso de vinculación de los consultores expertos que le van a ayudar a la empresa a mejorar ese aspecto”, precisó.

La Procuraduría advirtió que la ejecución del Programa de Alimentación Escolar- PAE- corre el riesgo de que sea suspendido en por lo menos 12 entidades territoriales como consecuencia de la falta de presupuesto.

Así se lo hizo saber el Ministerio Público a través de una comunicación al Ministerio de Educación Nacional y a la Unidad de Alimentos para Aprender- UApA- en la que alerta que en los municipios de Villavicencio, Montería, Sincelejo, Uribía, Pitalito y Neiva los altos costos de los artículos de la canasta familiar los tienen en riesgo de seguir adelante con el PAE.

En la misma situación se encuentran los departamentos de Caquetá, Cauca, Guaviare, Norte de Santander, Boyacá y Huila.

Entre los casos más alarmantes se encuentran el del municipio de Pitalito y el departamento del Huila que tendrían que suspender el programa en los meses de junio y agosto respectivamente.

Frente a la situación algunas entidades se han planteado la posibilidad de disminuir la cobertura, situación que desvirtúa el objetivo del programa.

Ante la situación, el ente de control solicitó, tanto al Ministerio de Educación como a la UApA, adelantar las estrategias que sean necesarias para atender la problemática manifestada y evitar que se vean afectados los derechos constitucionales de acceso y permanencia a la educación de aproximadamente 808.453 niños, niñas y jóvenes de estos territorios.

La Procuraduría continuará adelantando acciones para anticiparse y evitar la ocurrencia de actuaciones que afecten derechos, mediante la detección y advertencia de riesgos en la gestión pública.

La semana pasada usted se comprometió a ser un informador permanente de los documentos firmados en la Mesa de Diálogo entre el gobierno y el ELN. ¿Ya empezó esa labor?

En mi columna de la semana anterior, hice un compromiso con todos los lectores de mis columnas y con los colombianos de informar y promover la participación de todos los sectores y, sobre todo, de los medios, que auscultan a diario y conocen la realidad de violencia en territorios.

No es fácil entender, o mejor, “desentrañar” el Acuerdo del “Cese al Fuego” entre el Gobierno y el ELN, que tiene además una estrecha relación con el Acuerdo de Participación y, literalmente, no se puede entender el uno sin el otro.

¿Cuántos acuerdos han sido firmados durante las negociaciones con el ELN?

Han sido firmados 11 acuerdos. Los tres últimos son el Acuerdo 9, El proceso de Participación de la Sociedad en la Construcción de la Paz (primer Acuerdo de Cuba); Acuerdo 10, Acuerdo de Cese al Fuego Bilateral, Nacional y Temporal el Gobierno de la República de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional -ELN (segundo Acuerdo de Cuba); y la Declaración y Acuerdo 11, Alistamiento para el Proceso de Participación de la Sociedad y del Cese al Fuego Bilateral.

La opinión pública quedó un poco desilusionada con las declaraciones de Pablo Beltrán sobre el secuestro y las actividades ilícitas de la guerrilla pese a la firma del Acuerdo de Cese al Fuego. ¿Qué dicen los acuerdos con respecto a esos temas?

La relativa complejidad de los acuerdos firmados da pie a interpretaciones desinformadas y juicios sesgados que terminan dándole a la sociedad visiones distorsionadas o incompletas, cuando lo que se requiere es una lectura y análisis desapasionados para comprender lo acordado.

Por ello el acuerdo obliga al ELN y al Gobierno a desarrollar acciones pedagógicas para “enseñar” el alcance de los acuerdos y protocolos, a lo que ayudaría mucho que los medios y formadores de opinión se sumaran a esta “pedagogía social”.

Pero ¿seguirá el secuestro a pesar del Acuerdo que firmó el ELN?

El ELN firmó el Acuerdo 10 de Cese al Fuego Bilateral, Nacional y Temporal (CFBNT) y en el numeral 1 se indica que “Este Acuerdo de CFBNT tiene como marco de referencia común el Derecho Internacional Humanitario -DIH-, en particular el Protocolo II de 1977 Adicional a los Convenios de Ginebra, y los Acuerdos de la Mesa de Diálogos de Paz”.

La jurisprudencia del DIH prohíbe el secuestro. Entonces, si el ELN sostiene que no firma nada que no pueda cumplir, tendrá que cumplir con no secuestrar.

Empecemos con su explicación del Acuerdo 11, Alistamiento para el Proceso de Participación de la Sociedad y del Cese al Fuego Bilateral. ¿Cuáles son los momentos de las fases que están contempladas?

El de cese al fuego tiene tres fases: una primera, entre el 9 de junio y el 5 de julio, de “Alistamiento” en temas de comunicaciones, protocolos pendientes, pedagogía y Mecanismo de Monitoreo y Verificación.

La segunda, entre el 6 de julio y el 2 de agosto, inicia con la orden del cese de “acciones ofensivas”, tipificadas en el “Protocolo de Acciones Específicas”, que establece lo que se puede y no se puede hacer. En esta fase, mientras avanza la pedagogía, deberá producirse un “desescalamiento” que empiece a detener el tren sin frenos de la violencia del ELN.

La tercera fase inicia el 3 de agosto con la implementación plena del cese al fuego, por 180 días prorrogables y con “vocación de continuidad”, a partir de evaluaciones periódicas con la información del monitoreo y, especialmente, de la Veeduría Social. Desde el 3 de agosto también, el Mecanismo de Monitoreo y Vigilancia, de oficio, denunciará eventuales incumplimientos, o cualquier ciudadano que, gracias a la pedagogía, ya comprende el Acuerdo y estará en capacidad de hacerlo.

Usted ha insistido en que sin cese al fuego y de hostilidades no podría haber participación libre de las comunidades, ¿en qué momento se entrelazan los dos acuerdos?

Sin cese al fuego y también de hostilidades, la participación será instrumentalizada o impedida por el sometimiento a las comunidades derivado de acciones ilícitas, como el secuestro y la extorsión, justificadas por el ELN como “fuentes de financiación”.

Sin estos elementos no habrá participación posible y la construcción “colectiva” de la paz será otra promesa de valor incumplida. Por ello, estos acuerdos enfrentan el imperativo de cumplir su finalidad de generar condiciones para que la población ejerza sus derechos en libertad y, en últimas, para mejorar la vida de los más vulnerables en los territorios. Esperemos que así sea.

¿En qué consisten las fases del Acuerdo 9 que tienen que ver con el Proceso de Participación de la Sociedad en la Construcción de la Paz?

El Acuerdo de Participación de la Sociedad en la Construcción de la Paz también tiene tres fases: fase de diseño, fase de diagnóstico y diálogo sobre democracia para la paz y construcción de agenda sobre democracia y transformaciones.

La primera fase, de máximo seis meses, será de “diseño” del proceso por parte del Comité Nacional de Participación, cuyos 80 miembros de 30 sectores escucharán a las comunidades en los territorios.

La segunda, de “diagnóstico”, busca establecer las causas de la violencia, a mi juicio sobrediagnosticadas, a partir del diálogo con diferentes actores sociales y la compilación de información de referencia.

La tercera es el proceso de participación propiamente dicho; participación masiva y libre de las comunidades y de la sociedad toda en los territorios -así se espera-, cuyos resultados, debidamente sistematizados, se consolidan en el Plan Integral de Transformaciones, como entregable del Comité Nacional a la mesa de Diálogos.

En una entrevista publicada el fin de semana en el diario El Tiempo usted afirmó que en el país hay cerca de 1000 grupos armados. ¿Quisiera ampliar su respuesta?

Esta respuesta se la di a Yamid Amat con base en un documento de inteligencia de la Policía que estuve revisando. Allí se da cuenta de más de mil grupos armados. No son grupos subversivos, son grupúsculos criminales vinculados al microtráfico. Las grandes mafias del narcotráfico delinquen en los territorios y desde los territorios, pero tienen vasos comunicantes que son las organizaciones pequeñas, que actúan en las ciudades, en los barrios y están dedicadas al menudeo y son muy agresivas.

En el punto 6 del Acuerdo #10 de Cese al Fuego se indica que las órdenes de cese de operaciones ofensivas por las partes se harán vigentes el 6 de julio de 2023 y el 3 de agosto empezará la implementación plena del CFBNT. ¿Eso no indica una especie de despeje como en el pasado?

De ninguna manera. Toda acción defensiva se puede hacer. Por ejemplo, el ELN se puede desplazar pero debe informar para que la Fuerza Pública no los confronte. Pero, si el ELN informa que se va a desplazar y la realidad es que va a secuestrar, entonces la Fuerza Pública está en la obligación de cumplir con el mandato constitucional de proteger la libertad y la vida de los colombianos.

¿Cómo será monitoreado el cese al fuego con la guerrilla del ELN?

En el Acuerdo #10 de Cese al Fuego Bilateral, Nacional y Temporal se indica la conformación de un Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV) con presencia nacional, regional y local, compuesto por delegados del gobierno, el ELN, la Misión de Verificación de la ONU en Colombia y la Conferencia Episcopal de Colombia.

Su función será monitorear y verificar el cumplimiento del Acuerdo de CFBNT y sus objetivos. El mandato de funciones del MMV y su relación con la Mesa se regirán por un protocolo específico.

Habrá un mecanismo de monitoreo (información y seguimiento permanente) y otro de verificación (evaluación de lo informado). Cualquier hecho que suceda en los territorios, que sea identificado como un incidente, será informado por el sistema de monitoreo en las tres instancias: local, regional y nacional. También será constituida una Veeduría Social que podrá reportar incidentes con el fin de evitar acciones ofensivas.

“En nuestro país apoyamos el proceso de paz que ustedes están adelantando. Eso quiero asegurárselo de forma clara”, expresó este viernes el Presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, quien se entrevistó en Berlín con el Jefe de Estado, Gustavo Petro.

Así lo manifestó el Mandatario germano durante la firma de un acuerdo por el cual su país le devolvió a Colombia dos máscaras de los indígenas kogui de la Sierra Nevada de Santa Marta que estaban en un museo de Berlín hace más de un siglo.

“Tengo muchísima esperanza del acuerdo de paz que ustedes firmaron y con la instauración de una Comisión de la Verdad. Hoy hay una gran expectativa del gobierno de Gustavo Petro para poder conseguir una paz verdadera y duradera, y para poder superar todas las heridas del pasado”, dijo Steinmeier.

Y celebró “que estas máscaras regresen a esos sitios donde se necesitan (…) Me da mucha alegría poder entregarle y devolverle a Colombia las máscaras. Sabemos que son sagradas para los kogui”.

“Qué alegría poder recibir aquí al Presidente Gustavo Petro hoy, en su primera visita como Presidente a nuestro país. Usted viene como amigo y como aliado, y acabamos de tener una comunicación muy amigable”, agregó el gobernante alemán. 

Recordó que ha visitado a Colombia en varias ocasiones, y en una de ellas precisamente visitó un asentamiento kogui, donde recibió como obsequio un brazalete que llevó por un tiempo.

El acuerdo para repatriar las piezas arqueológicas lo suscribieron el Ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, y el profesor Hermann Parzinger, de la Fundación Patrimonio Cultural Prusiano, en un acto efectuado en el Palacio de Bellevue, sede de la Presidencia alemana, tras la entrevista entre los presidentes Petro y Steinmeier.

Las máscaras fueron adquiridas en 1915 y llevadas a Europa por el etnólogo alemán Konrad Theodor Preuss. Desde entonces estaban en el Museo Etnológico de Berlín.

Colombia y Alemania firmaron este viernes en Berlín un acuerdo que prevé la cooperación de la Sociedad Fraunhofer, uno de los líderes mundiales en investigación, para analizar la producción de hidrógeno verde y sus derivados para su exportación hacia la nación europea.

En el marco de la vista del Presidente Gustavo Petro a Alemania, los ministros de Minas y Energía, Irene Vélez, y de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña Mendoza, suscribieron un memorando de entendimiento con la Sociedad Fraunhofer.

El memorando suscrito para la evaluación de las cadenas de transporte de este combustible destaca que “Colombia ha estado marcando el rumbo de un ambicioso desarrollo del hidrógeno que incluye varios Hubs de Hidrógeno Regionales y el desarrollo del Área Industrial Estratégica de Cartagena como un potencial futuro Centro de Hidrógeno a gran escala, gracias a sus excelentes recursos eólicos y solares”.

Según los estudios presentados en diciembre pasado, durante un encuentro de expertos de los dos países, la Región Caribe de Colombia puede convertirse en una importante zona industrial de hidrógeno y entregar volúmenes significativos a los mercados locales e internacionales a precios competitivos.

“Agradecemos esta colaboración, porque estamos seguros de que es el inicio de muchas oportunidades en conocimiento que nos van a acercar cada más a un planeta más sustentable”, manifestó la Ministra de Minas y Energía, Irene Vélez.

Se refirió al punto de inflexión del mundo por la crisis climática y a la importancia de descarbonizar la economía.

“Tenemos la certeza de que el hidrógeno verde es para Colombia una oportunidad para cerrar brechas sociales y económicas”, indicó.

Por su parte, el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña Mendoza, dijo que “desde el inicio de este gobierno hemos venido planteando la necesidad de volver a hacer una política de modelo de desarrollo sostenible, de transición energética y hemos planteado el proceso de reindustrialización de nuestra economía”.

Resaltó que el memorando firmado busca la transición económica con modelos como el hidrogeno verde y el amoníaco; el desarrollo agroindustrial y la transición hacia los biofertilizantes.

Líder mundial

La Sociedad Fraunhofer, establecida en 1949, es la mayor organización de investigación aplicada de Europa. Solo en Alemania comprende 76 institutos y dependencias, y tiene sedes en Estados Unidos, Brasil, Sudáfrica, Israel, China e India.

Ha desarrollado en más de 70 años tecnologías como el formato mp3, que se convirtió en un estándar mundial; la bolsa de aire, o airbag, que utilizan los automóviles; y el ordenador cuántico.

Uno de los temas principales en los que trabaja actualmente es la tecnología del hidrógeno, incluyendo pilas de combustible que convierten el elemento en electricidad.

El Gobierno Nacional aprobó una inversión de 32.000 millones de pesos para la ejecución de 17 proyectos, que beneficiarán a más de 52.000 habitantes de municipios cobijados por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las Zonas con Más Afectación del Conflicto (ZOMAC).

La aprobación de los recursos, que tendrán impacto en 11 departamentos del país, se realizó en la capital del país durante la sesión 68 del OCAD-Paz, con la asistencia de los tres vértices que componen este órgano colegiado, es decir, el Gobierno Nacional en cabeza de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, los gobernadores del Huila y Norte de Santander y los alcaldes de los municipios de Montelíbano (Córdoba) y Morelia (Caquetá).

En la sesión se surtió el trámite de 18 proyectos, de los cuales se aprobaron 17. Adicionalmente se han aprobado cuatro (4) ajustes a proyectos que habilitan a las unidades territoriales a gestionar los recursos necesarios para su implementación.

Entre el listado de iniciativas que van a favorecer a las comunidades en la Colombia profunda, se destaca la construcción del centro de desarrollo infantil ‘Los Pinitos’, en el municipio de Becerril, en el departamento del Cesar, para lo cual se aprobaron 7.885 millones de pesos.

Asimismo, para Aguazul, en el departamento de Casanare, se destinaron 7.883 millones de pesos para el mejoramiento en pavimento flexible de la vía que comunica a la vereda Guaduales con el casco urbano del municipio.

En tal sentido, la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, y la Secretaría Técnica, en cabeza de la Subdirección General de Regalías, del Departamento Nacional de Planeación (DNP), resaltan la importancia de estos espacios de diálogo para viabilizar inversiones en los territorios.

El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) confirmó este miércoles la importación directa de 400 mil vacunas, con el fin de enfrentar la bacteria detectada en cultivos de tilapia y disminuir la mortandad de peces. 

Así lo informó en el informativo Colombia Hoy Radio el Gerente (e) del ICA, Juan Fernando Roa Ortiz, quien recordó que la semana pasada se declaró la emergencia sanitaria alrededor de este cultivo, para poder disminuir el impacto de la mortandad de peces.

Precisó que se aprobó la importación directa de 400 mil dosis de vacuna del laboratorio Virbac, “para poder tener un nivel de aplicación de vacuna, entretanto Colombia va avanzando en la estrategia de vacuna con Vecol”.

El funcionario indicó que se espera que los biológicos lleguen al país en un plazo entre tres y cuatro semanas.

El Ministerio de Agricultura, a través del ICA, declaró la emergencia sanitaria por presencia de la bacteria Streptococcus agalactiae y atender los 43 focos que se ha identificado en el país, en regiones como Huila, Tolima, Atlántico y Magdalena.

“Desde marzo pasado estábamos frente a una mortalidad que se salía del promedio de año a año”, explicó Roa y agregó que por ello se declaró la emergencia sanitaria para “tomar todas las medidas necesarias como autoridad sanitaria para poder disminuir el impacto por mortandad de peces”.

Por último, dijo que “lo importante es disminuir el impacto y eso lo hemos trabajado con el sector productivo. Actuar rápido, este es el mensaje esencial”, puntualizó.

El ente acusador manifestó que ante el abundante material de prueba obtenido, se presentará solicitud de audiencia de imputación. Además señaló que fue archivada una investigación que se seguía en contra de la exministra de Educación, Gina María Parody D’echeona, por atipicidad de las conductas por las que fue denunciada.

Financiación de campaña con dineros del extranjero

Agregó la Fiscalía que en 2014, el entonces candidato a la Presidencia de la República, Óscar Iván Zuluaga Escobar, se habría reunido en varias oportunidades, en su apartamento del norte de Bogotá, con el exdirectivo de Odebrecht en Colombia, Eleuberto Antonio Martorelli. En los encuentros, al parecer, se pactó un aporte de la multinacional brasileña para pagar parte de los servicios que el publicista José Eduardo Cavalcanti de Mendoça, conocido como ‘Duda’ Mendoça, prestaba a la campaña.

En atención a lo acordado, entre junio y julio de 2014, Odebrecht giró 1’610.000 dólares a las cuentas de una empresa que el reconocido publicista tenía en Panamá. De esta manera, el aspirante presidencial, presuntamente, terminó de cubrir los honorarios de ‘Duda’ Mendoça.

Con esta actuación se habría vulnerado el artículo 109 de la Constitución Política de Colombia, el cual prohíbe a los partidos políticos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos recibir financiación de personas naturales o jurídicas extranjeras para campañas electorales.

Las evidencias dan cuenta de que Óscar Iván Zuluaga tenía conocimiento del aporte ilícito y presentó una contabilidad con tal omisión ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), a fin de obtener una reposición de votos por más de 25.000 millones de pesos, como en efecto ocurrió.

Además, la Fiscalía estableció que el candidato y su gerente de campaña, en las declaraciones rendidas ante el CNE, ocultaron información sobre la colaboración económica de Odebrecth.

Así indujeron a error a la autoridad electoral que cerró una investigación que adelantada sobre el particular.

Por estos hechos, un fiscal del Grupo de Tareas Especiales imputará a Óscar Iván Zuluaga Escobar los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particular; y a David Zuluaga Martínez el delito de fraude procesal.

Posible favorecimiento indebido a Odebrecht y a terminal fluvial sobre el río Magdalena Cecilia Elvira Álvarez Correa-Glen, en su condición de ministra de Transporte entre septiembre de 2012 y agosto de 2014, es señalada de avalar la celebración de los otrosíes 3 y 6 al contrato ‘Ruta del Sol II’, los cuales adicionaron al proyecto vial la construcción del tramo Ocaña (Norte de Santander) – Gamarra (Cesar).

Para cumplir varias cláusulas contenidas en los otrosíes y garantizar más fuentes de financiación a la concesionaria, de la que hacía parte Odebrecht, la entonces ministra emitió una resolución el 22 de julio de 2014, que permitió a la concesionaria ‘Ruta del Sol’ instalar dos nuevas estaciones de peaje y subir el cobro en otras cinco que estaban en funcionamiento.

Los elementos de prueba indican que las adiciones y las demás actuaciones se hicieron sin estudios técnicos que las sustentaran, y sin autorización previa del Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS) y del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), como lo exige la ley. Adicionalmente, está acreditado que el tramo Ocaña – Gamarra no tendría relación alguna con el objeto principal del contrato ‘Ruta del Sol II’ y debía tramitarse a través de un nuevo proceso de contratación por licitación pública.

La Fiscalía determinó que, para intentar subsanar estas irregularidades, la exministra pidió convocar con prioridad al CONPES para declarar importancia estratégica la autopista ‘Ruta del Sol’ y modificar el plan de inversión.

Con su proceder, la exfuncionaria, al parecer, favoreció a la concesionaria ‘Ruta del Sol’ y benefició un proyecto fluvial sobre el río Magdalena que planeaba poner en funcionamiento una terminal en Gamarra (Cesar), en el entendido de que le garantizó una vía de acceso principal que sería el trayecto Ocaña – Gamarra, adicionado a la ‘Ruta del Sol II’.

Según la investigación, es evidente el interés particular en el caso que le impedía a la señora Álvarez Correa – Glen participar en la adición del tramo Ocaña – Gamarra, pues antes de asumir el Ministerio de Transporte hizo parte de la junta directiva de varias sociedades vinculadas a la construcción del citado proyecto portuario con enfoque multimodal, en donde tenían intereses económicos familiares de su pareja.

Por todo lo anterior, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia imputará a la exministra Cecilia Elvira Álvarez Correa-Glen el delito de interés indebido en la celebración de contratos. La diligencia se realizará ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, con función de control de garantías.

Archivo de investigación

La Fiscalía archivó la investigación que se seguía en contra de la exministra de Educación, Gina María Parody D’echeona, como posible responsable de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Un grupo de ciudadanos denunció a la exfuncionaria con el supuesto de que incurrió en conductas ilícitas al participar en el CONPES que modificó el plan de inversión de la ‘Ruta del Sol y permitió adicionar la construcción del tramo Ocaña – Gamarra. Los denunciantes indicaron que, con esa intervención, la exfuncionaria favoreció el proyecto fluvial sobre el río Magdalena que impulsaban sus familiares y permitió que tuviera una vía principal de acceso.

Al valorar los elementos de prueba, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia no encontró configurado el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en el entendido de que la exministra no participó en el trámite y celebración del otrosí cuestionado.

De igual manera descartó el delito de interés ilícito en la celebración de contratos, pues el cargo que desempeñó no tuvo relación alguna con el objeto contractual.

Se puntualiza que, de la exclusiva participación en el CONPES que destacó la importancia estratégica del proyecto vial ‘Ruta del Sol II’, no se le puede atribuir compromiso penal porque sus funciones públicas no implicaban el conocimiento del proyecto específico ni de los intereses de sus familiares.

Por último, la Fiscalía no ha encontrado evidencia que demuestre que la exministra Parody D’echeona aportó al posible actuar ilícito de su pareja en la comisión de conductas contra la administración pública.

José Félix Lafaurie Rivera sostuvo que habrá un estricto cumplimiento del DIH y eso implica suspender actividades ofensivas contra la población civil. “No se puede hablar de participación de la sociedad con unos civiles sometidos por parte de quienes tienen armas”, dijo.

¿Cuál es su respuesta a las declaraciones de Pablo Beltrán el viernes pasado después que se anunció el cese al fuego entre el gobierno y el ELN en el sentido que los subversivos seguirán secuestrando, cobrando sus impuestos y, en fin, delinquiendo en sus zonas de control?

Firmar unos acuerdos de la trascendencia de los firmados obliga a ser cuidadosos y responsables. Los acuerdos traen reglas y las reglas son para cumplirlas. El que incumpla las reglas, viola el acuerdo y en que viola el acuerdo pone en jaque la negociación. ¿Lo hará el ELN? En 180 días lo sabremos y sabremos qué hará el gobierno.

En este proceso, lo que se acuerda se cumple, según nuestro primer mandato. No fue así en el proceso de Santos/Farc. El tiempo lo dirá.

¿Qué pasará, entonces, durante el cese al fuego? ¿La Fuerza Pública tendrá las manos atadas para defender a la población civil mientras el ELN seguirá haciendo de las suyas?

Habrá un estricto cumplimiento del DIH y eso implica suspender una serie de actividades ofensivas contra la población civil. No se puede hablar de participación de la sociedad con unos civiles sometidos por parte de quienes tienen armas.

Este proceso no tiene antecedentes y está enfocado a generar condiciones para que la población pueda vivir y ejercer sus derechos en libertad, dentro del cumplimiento al DIH, supuesto básico para lograr una activa participación de la sociedad, sin amenazas ni hostigamientos, en la búsqueda de soluciones transformadoras que eliminen de raíz la excusa de acudir a la violencia para solucionar los problemas del país.

¿Con las declaraciones de Pablo Beltrán, la población civil podrá participar libremente?

Nunca se había logrado un acuerdo sobre un punto cualquiera de la agenda propuesta en las múltiples negociaciones con el ELN, y menos sobre “el corazón” del proceso: La Participación. En esta oportunidad logramos algo de gran importancia: unas reglas de juego claras, sobre el cómo y bajo qué condiciones se silenciarán las armas, sin que la Fuerza Pública desatienda sus obligaciones constitucionales; y sobre el cómo y bajo qué condiciones se desarrollará la participación de la sociedad, sin vulnerar la democracia y sus instituciones.

Mecanismos de verificación y protocolos

¿Son creíbles los mecanismos de verificación de este cese al fuego?

Las reglas, bien definidas, incluyen mecanismos creíbles de monitoreo permanente y preventivo, como también de verificación, con participación de la ONU, la Iglesia y los países garantes, a lo cual se suma un componente clave de “veeduría social”, porque son las comunidades en los territorios, que viven la zozobra de los fuegos cruzados entre diferentes violencias y el “síndrome de la maleta lista” para el desplazamiento, las que tendrán información de primera mano sobre eventuales incumplimientos.

Ante un incumplimiento por parte del ELN, ¿habrá algún protocolo para garantizar la seguridad de los denunciantes?

Sin un entorno de seguridad la veeduría de las comunidades sería un loable ejercicio de inclusión, pero también un riesgo para quien denuncia. No olvidemos que, según cifras de Indepaz, fueron asesinados 59 líderes sociales en el primer cuatrimestre, con un “abril negro” que sumó 21 de ellos.

Además de la seguridad, ¿qué otros elementos son importantes para asegurar la efectiva participación de la sociedad en estos diálogos?

La seguridad será esencial, pero también “la pedagogía”, que el Acuerdo sobre participación plantea como elemento central. En un país sin cultura de participación, más allá del bloqueo y la marcha callejera, debemos alentar la participación efectiva, que solo es posible a partir de una actitud de “ventanas abiertas”, porque solo una sociedad informada sobre las reglas pactadas en relación con lo prohibido y lo permitido durante el cese, podrá identificar incidentes de incumplimiento y denunciarlos con las garantías debidas de seguridad.

Información y promoción de la participación efectiva

¿Cree que en el marco del cese al fuego se logrará la veeduría social o veeduría de las comunidades?

La veeduría social al cese al fuego, como expresión de participación, será un gran reto y, de lograrse, un resultado sin antecedentes y una señal positiva para avanzar en la unión de propósitos y voluntades hacia la construcción “participativa” del “Gran Acuerdo Nacional” sobre lo “fundamental”, para lograr desarrollo con equidad, que es sinónimo de paz; un Acuerdo Nacional que no surja del recinto cerrado de una mesa de negociaciones, ni sea impuesto desde el Olimpo del liderazgo político, sino construido entre todos en el valle donde compartimos a diario la inseguridad y todas sus causas, con el narcotráfico en primer lugar.

¿Cuál es su compromiso frente al anuncio y firma del cese al fuego entre el gobierno y el ELN?

Información y promoción de la participación efectiva. Ese es mi compromiso como miembro de la mesa y dirigente gremial, y ese debe ser el compromiso del Gobierno, de todos los sectores y, sobre todo, de los medios de comunicación, que auscultan a diario y conocen, como el que más, la realidad de violencia en los territorios.

¿Sigue siendo optimista en cuanto al logro de la paz con el ELN?

Estos 180 días serán cruciales para saber si negociamos “en círculo” o si, realmente, hay salida a la vorágine de violencia que ha sido la historia de Colombia.

Amanecerá en 180 días y veremos con mayor claridad las posibilidades de la paz. Mientras tanto prefiero el optimismo.

“Las Drogas La Rebaja debe ser una institucionalidad pública. Ya se extinguió el dominio, es del Estado, pero al servicio de la población más necesitada del país, y cubre todo el país. Así que ese esfuerzo es el comienzo ya de la reforma a la salud”, afirmó este sábado el Presidente Gustavo Petro, quien sobre el particular enfatizó: “Drogas La Rebaja debe pasar al Ministerio de Salud”.

La afirmación la hizo el Jefe de Estado durante el evento ‘El Gobierno Escucha’, que tuvo lugar en la población de Paz de Río, en Boyacá, donde hizo un llamado a los funcionarios a “dejar el miedo” y avanzar en ese propósito para abaratar el costo de los medicamentos.

“Con la cooperativa de trabajadores –no se trata de echarlos- hay que implementar tres grandes programas: uno, cada punto de Drogas La Rebaja hoy ya puede ser parte de los centros de atención primaria que proponemos en el proyecto de ley de la reforma. Dos, como la especialidad de esa empresa es la venta y entrega de medicamentos, busque usted Ministro de Salud (Guillermo Alfonso Jaramillo) que sean los más baratos. Hay que hacer acuerdos, incluso internacionales, para poder vender o entregar medicamentos mucho más baratos de los que hoy hay”, aseveró.

Respecto al tercer programa, el Mandatario manifestó que es necesario articular la producción de vacunas para seres humanos con la empresa Vecol.

“Creo que debemos potenciar y articular la producción de vacunas con la empresa Vecol. Esa es una de las paradojas del neoliberalismo, que hemos derrotado. El Instituto Nacional de Salud hace vacunas para seres humanos y Vecol para animales. Cerraron la producción de vacunas para seres humanos y dejaron la producción de vacunas para animales. Ahora se trata de hacer ambas cosas, pero comenzar una producción de vacunas en Colombia hechas por el Estado, a través de Vecol, y ojalá usando estas empresas que hay en Drogas La Rebaja”, indicó el Presidente Petro.

Priorizar vías rurales

En ‘El Gobierno Escucha’, el Jefe de Estado invitó nuevamente a las Juntas de Acción Comunal a priorizar el desarrollo de las vías campesinas.

“Las Juntas de Acción Comunal deben estar listas para asumir algo que ya saben hacer en Colombia, que es el tramo de las vías campesinas, vías de acciones comunales rurales. Yo he pedido que se hagan cabildos de acción comunal rurales para priorizar los tramos en el departamento. Que no lo hagan los técnicos al servicio de los políticos, deben ser las acciones comunales las que prioricen las vías”, concluyó el Mandatario.

El acuerdo suscrito entre el Gobierno del Cambio y el ELN, como conclusión del tercer ciclo de conversaciones entre las partes, y que ratifica el Cese el fuego bilateral, nacional, por seis meses, tiene una etapa de alistamiento, preparación, implementación y verificación. Su ejecución plena arranca el próximo 3 de agosto.

Así quedó contemplado en el documento suscrito entre el Presidente de la República, Gustavo Petro y el comandante del Eln, Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino, los países garantes y las partes acompañantes, y que leyó en su integridad el canciller cubano Bruno Rodríguez, quien representa al gobierno de la isla, país que es garante del proceso de paz.

“Las partes ratifican que la mesa de diálogo entre las partes entra en una actividad permanente que conjuga distintas modalidades de trabajo en diversos escenarios y tiempos, manteniéndose los ciclos de conversaciones”, afirmó el canciller Rodríguez.

El primero de los tres puntos del acuerdo define “los preparativos para la participación de la sociedad en la construcción de la paz”. Por eso se define una convocatoria a la sociedad para participar en el proceso de paz, y la conformación de equipos preparatorios para la instalación del llamado Comité Nacional de la Participación.

También se ordena la elaboración del reglamento operativo y el plan de trabajo de este Comité, que será instalado públicamente el próximo 25 de julio de 2023.

El segundo punto del acuerdo es el cese el fuego bilateral, nacional y temporal —por seis meses— entre las partes y que en su fase inicial cuenta también con tres momentos:

1. Con el anuncio las partes dan inicio al proceso de alistamiento del cese al fuego bilateral. Del 9 de junio al 5 de julio de 2023 se surte un proceso de alistamiento que incluye, entre otros, la activación de un canal de comunicación entre las partes, a través del representante especial del Secretario General de las Naciones Unidas en Colombia.

La redacción de los protocolos pendientes, el inicio de las actividades de pedagogía y la preparación para la puesta en marcha para el mecanismo de monitoreo y verificación. “Las órdenes del cese de operaciones ofensivas por las partes se harán vigentes desde el 6 de julio de 2023”, recoge el texto del acuerdo.

2. El 10 de julio de 2023 se hará una reunión plenaria y presencial de la mesa de diálogo de paz para aprobar los protocolos elaborados durante ese período se continuarán desarrollando las actividades de pedagogía.

3. El 3 de agosto de 2023 iniciará la implementación plena del proceso de alistamiento del cese el fuego bilateral nacional y temporal con la aplicación en su totalidad de los protocolos y el completo funcionamiento del mecanismo de monitoreo y verificación en todas sus instancias.

A partir de esa fecha se empiezan a contar los 180 días de vigencia del proceso de alistamiento del cese al fuego bilateral nacional y temporal el cual tendrá ocasión de continuidad, previa evaluación de las partes.

El canciller Rodríguez leyó el tercer punto del acuerdo y es la definición del cuándo y dónde se hará el cuarto ciclo de negociaciones. Será entre el 14 de agosto y el 4 de septiembre de 2023, en la República Bolivariana de Venezuela.  “En el cual, entre otros temas, se hará un balance de los acuerdos suscritos”, concluyó.