Categoría: Actualidad

A través de un extenso comunicado de prensa y tras varios días de silencio, el jefe guerrillero de la Segunda Marquetalia, ‘Iván Márquez’, confirmó que está vivo pese a que circularan versiones sobre su supuesta muerte en Venezuela tras atentado.

La confirmación de la guerrilla, que surgió como disidencias de los Acuerdos de Paz de La Habana, Cuba, se da después de que CMI confirmara que el líder izquierdista había muerto tras las secuelas de un atentado ocurrido en 2022.

Márquez aparece firmando un documento denominado “Ideas para una visión continental”, que tiene fecha del 24 de julio de 2023. En este texto, ‘Márquez’, cuyo nombre de pila es Luciano Marín, defiende el legado del expresidente venezolano Hugo Chávez y critica fuertemente la injerencia de Estados Unidos en los asuntos de América Latina. Además, hace un llamado a la unidad continental, especialmente dirigido a los sectores progresistas.

En su fallo el Tribunal de Paz de la JEP, luego de revisar la tutela interpuesta por una lideresa amenazada en Urabá, coincidió con los argumentos señalados por el Ministerio Público en su concepto sobre el caso. 

“Las omisiones que se observan principalmente por parte de la UNP en mantener situaciones que exponen o arriesgan de manera adicional a la demandante, ameritan no solo el amparo inmediato de sus derechos fundamentales, sino la compulsa de copias a la Procuraduría y a la Fiscalía para que se investigue la posible existencia de conductas disciplinarias y penales”, aseguró ese alto tribunal en su decisión. 

El fallo se da luego de que la UNP respondiera de manera parcial y confusa, varios requerimientos hechos por la lideresa afectada, sobre la urgencia de hacer efectiva la entrega de un vehículo funcional, personal e implementos de seguridad, que le fueron asignados desde 2022.

En su pronunciamiento, la JEP también pidió que se investigue la relación contractual de la UNP y las empresas arrendadoras de vehículos blindados (en particular la asignada a este caso) al considerar, tal como lo señaló la Procuraduría, que no dio estricto cumplimiento a la implementación de las medidas de seguridad ordenadas en las resoluciones.

El alto tribunal también le dio la razón a la Procuraduría que argumentó en su concepto que, “incluso, es tan gravosa la situación de la demandante, que el peligro a su vida no solo se deriva ya de la falta en la aplicación completa de las medidas de protección, sino, en un aumento del riesgo al transitar con un vehículo que no cuenta con las mínimas condiciones técnicas para realizar los desplazamientos necesarios.”

La Procuraduría General de la Nación pidió al alcalde distrital de Medellín (E), Oscar Hurtado Pérez y al secretario de Cultura, Álvaro Narváez Diaz, se informe las razones para presuntamente cancelar los diferentes eventos de la Feria de las Flores. 

En desarrollo de una acción preventiva, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Valle de Aburrá solicitó al funcionario encargado, y también secretario de Hacienda, información acerca del presunto presupuesto que debía ser calculado y adjudicado por motivo del evento cultural de la ciudad; en el que se incluya un comparativo con lo invertido en los años 2019 y 2022. 

En comunicación relacionada al hecho, el Ministerio Público solicitó también datos de la secretaría de Cultura acerca de la planificación del evento, el detalle de la inversión de recursos hasta la fecha y los fondos con los que cuentan para la Feria. 

Finalmente, ante la importancia de un evento histórico en Medellín el ente de control requiere conocer las proyecciones anuales de la secretaria de Hacienda para dichos eventos; además, especificar si hubo transferencias para la vigencia 2023. 

En desarrollo de su labor de acompañamiento y su función de vigilancia preventiva, la Procuraduría General de la Nación solicitó la activación de las alarmas del orden nacional, como respuesta a la calamidad declarada luego del desbordamiento de las quebradas Marcelita y Estaquecá, en la jurisdicción de Quetame (Cundinamarca).

Las regionales de Instrucción de Cundinamarca y del Meta acudieron al Puesto de Mando Unificado, PMU, instalado en la vereda El Naranjal, y convocado por el gobernador del departamento, en el que pidieron intensificar las labores operativas de búsqueda y rescate, y conocer los avances en la formulación del plan de acción específico para la recuperación de este sector. 

De igual manera, verificaron la atención que se ha dispuesto y brindado a los damnificados, los requerimientos para la reubicación de las familias afectadas, gestionaron la consolidación del censo y verificaron la situación de riesgo de las veredas del municipio de Guayabetal, los planes de evacuación y mitigación del riesgo.  

Los funcionarios del Ministerio Público advirtieron que todavía existe un grupo significativo de personas que se rehúsan a abandonar la zona por su arraigo familiar y económico, por lo que se les debe prestar especial atención, y activar la ayuda psicosocial. 

Finalmente, el ente de control aseguró que seguirá trabajando de la mano de las autoridades locales y del orden nacional en aras de evitar que durante la próxima temporada de lluvias se presente una situación similar, para lo que instó tomar medidas en las vías e incluso se considere su cierre si se generan alertas sobre eventuales calamidades.

La Procuraduría General de la Nación solicitó a los entes nacionales, territoriales y a la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, Uso y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes (CIPRUNNA), medidas de prevención y protección de los menores de edad víctimas del reclutamiento forzado por grupos armados organizados y grupos delictivos organizados; enfatizando en que las cifras reportadas por las entidades no son coincidentes y se evidencia un panorama alarmante e inquietante frente al subregistro de la dimensión de este flagelo, por el miedo de las víctimas a denunciar formalmente.

Desde Yarumal, Antioquia, en la segunda sesión de CIPRUNNA, el Ministerio Público referenció que para el primer semestre del año 2023, la Defensoría del Pueblo identificó 147 casos de reclutamiento de menores de edad entre los 15 y 17 años, 97 casos presentados en niños y 50 casos en niñas; la mayoría registrados en Cauca (104) Nariño (10) Putumayo (8), Caquetá (6), Chocó (4), Arauca (4), Amazonas (4), Antioquia (3) Valle del Cauca (2) y Bogotá D. C. (1).

Por su parte, según el Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado (GADH), en el primer trimestre de 2023, se presentaron 54 casos de NNA desvinculados de los diferentes grupos armados al margen de la ley, la mayoría entre los 16 y 18 años. Los departamentos donde fueron recuperados: Cauca, Valle, Antioquia, Cundinamarca, Nariño y Arauca.

Para frenar el crecimiento de casos que se vienen presentando de reclutamiento, uso, utilización e instrumentalización, y la violencia sexual contra menores de edad por parte de los grupos armados y grupos delictivos organizados, la Procuraduría pidió a las autoridades acciones no sólo en materia de protección integral y restablecimiento de derechos, sino también con un enfoque preventivo, con énfasis en los factores de riesgo como la deserción escolar, el conflicto armado, el desplazamiento, la falta de acceso a la educación en condiciones seguras, entre otros. 

La poca presencia estatal en zonas rurales, las dificultades para el acceso a la salud, educación y recreación, desencadenan fenómenos como la deserción escolar, que sumado a la falta de oportunidades laborales, la mala alimentación, la violencia intrafamiliar y la falta de entornos protectores, hacen que los NNA sean vulnerables a ser reclutados, y que consideren que las armas y la pertenencia a un grupo ilegal le pueden brindar más seguridad y estabilidad ante la desprotección de las familias y el Estado, lo que los convierte en víctimas de estas dinámicas sociales y familiares.

Finalmente, la Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer, reiteró la necesidad de articular, desde cada una de las entidades que conforman la CIPRUNNA, las acciones para fortalecer la prevención de esta problemática, que impliquen planes específicos de acuerdo al enfoque territorial, para los departamentos afectados.

En el marco de Agroexpo 2023, con la participación del Ministerio de Agricultura, Ministerio de Ambiente, Icontec, Minerva Foods y FEDEGÁN fue entregado el Sello Ambiental Colombiano (SAC) a 11 predios ganaderos, ubicados en Córdoba, que finalizaron con éxito los procesos de auditorías adelantadas por el Icontec.

Minerva Foods y FEDEGÁN lideraron el programa piloto de certificación en ganadería sostenible que se formalizó con la norma técnica (NTC 6550) desarrollada por Icontec: “Ganadería sostenible bovina y bufalina” y el Sello Ambiental Colombiano (SAC) propiedad del Ministerio de Ambiente.

Esta iniciativa completa dos años e involucró diversas actividades como la selección de ganaderos, asistencia técnica y apoyo económico, entre otras. Esto permitirá que los productores participantes certificados sean los primeros proveedores de Minerva Foods para la exportación del primer contenedor de carne bovina sostenible desde Colombia.

“Esta situación nos permite reiterar que la actividad ganadera puede producir conservando y conserva produciendo. FEDEGÁN, desde hace dos décadas promueve la reconversión de la ganadería tradicional a una basada en la implementación de sistemas silvopastoriles intensivos (SSPi) que mejora de manera permanente el medio ambiente y la finca se convierte en un sumidero de carbono, esto es, captura carbono todo el tiempo hasta que convierte la producción en una unidad cero carbono o carbono positiva”, afirmó José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos, FEDEGÁN.

Para el dirigente, además, los SSPi se han convertido en referente mundial como la mejor opción para contrarrestar el cambio climático.

“Celebro que hayamos logrado el otorgamiento de la licencia del Sello Ambiental a 11 fincas ganaderas del departamento de Córdoba, lo cual apunta al cumplimiento de las metas que se ha trazado el país, entre estas, la cero deforestación neta y la reducción del 51 % de las emisiones a 2030, y la carbono-neutralidad a 2050”, expuso el dirigente.

Fomento de prácticas sostenibles

«La certificación de las primeras fincas ganaderas con el Sello Ambiental Colombiano es un paso fundamental hacia una ganadería sostenible, un objetivo enmarcado dentro de uno de nuestros valores corporativos, la sostenibilidad. Este logro reafirma nuestro compromiso en Minerva Foods de compartir las mejores prácticas de la industria y apoyar la conservación del medio ambiente, la protección de los recursos naturales y el fomento de prácticas agropecuarias sostenibles», señaló Rodrigo Ayres, COO de Minerva Foods Colombia.

Por su parte, Manuel Gómez, director del área de sostenibilidad de FEDEGAN, manifestó que el sello SAC estableció los criterios para la ganadería sostenible y concilia el manejo de los ecosistemas con la producción bovina y bufalina.

“Además, se articula con los cuatro principios ambientales de la producción ganadera colombiana: responsabilidad ambiental, uso de mejores prácticas en armonía con el medioambiente, buenas prácticas ganaderas y responsabilidad con los empleados, incluyendo medidas de bioseguridad en los predios. Estos criterios abarcan las áreas de conservación, restauración, preservación de las fuentes de agua, el manejo del riego, conservación de la biodiversidad, acueductos ganaderos, siembra, manejo de la tierra, gestión de residuos, entre otros”, manifestó.

FEDEGÁN adelantó la gestión y acompañamiento técnico en los predios ganaderos seleccionados, preparándolos para la auditoría realizada por Icontec a finales de 2022 y principios de 2023, proceso donde el compromiso y la dedicación de los ganaderos en la adopción de prácticas sostenibles fue fundamental para el éxito de este programa. Serán 11 predios ganaderos los primeros en el país en recibir el Sello Ambiental Colombiano y se espera que siga aumentando el número de fincas certificadas en el corto plazo.

De esta manera, Minerva Foods comienza a prepararse para exportar el primer contenedor de carne bovina colombiana sostenible, posicionándose como un referente de buenas prácticas ambientales en la industria ganadera y cárnica a nivel nacional e internacional.

Sobre Minerva Foods

Minerva Foods es líder en exportación de carne vacuna en América del Sur y también actúa en el segmento de carne procesada, comercializando sus productos a más de 100 países. Además de Brasil, Minerva Foods está presente con su producción de carne bovina en Paraguay, Argentina, Uruguay, Colombia y en Australia, con unidades de producción ovina.

La empresa atiende a los cinco continentes con carne vacuna, ovina y sus derivados, y actualmente opera 32 unidades industriales, 12 oficinas internacionales y 14 centros de distribución.

En Colombia cuenta con dos plantas ubicadas en Ciénaga de Oro (Córdoba) y Bucaramanga (Santander) en las cuales solo procesa carne bovina y distribuye para el mercado nacional e internacional.

Para mayor información sobre Minerva Foods comunicarse por favor con:

Carolina Jaimes S.

Serna&Saffon Consultores

Contacto: 3016519597

ycjaimes@sernaysaffon.com

“Acabamos de llegar a San Andrés. Aquí estaremos junto al pueblo y la Fuerza Pública el 20 de julio como Día de la Independencia y la soberanía. Festejaremos el mayor triunfo internacional de Colombia: su derecho a la plataforma continental y su mar en el Caribe. Por primera vez, un gobierno defiende de verdad el territorio soberano de Colombia con éxito. Que el pueblo salga a las calles este 20 de julio a festejar su patria y su vida”.

Así lo afirmó hoy el Presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de Twitter, tras su llegada al Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, desde donde este jueves 20 de julio liderará el inicio de la gran movilización nacional ‘Fiesta por la Soberanía’, con ocasión del Grito de Independencia y que tiene como contexto el reciente fallo de la Corte de La Haya que preserva nuestra plataforma continental en el Mar Caribe.

Aparte de esta celebración, desde el Archipiélago –con el Ministerio de Transporte y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entre otras entidades–, el Mandatario coordina e imparte instrucciones para la atención de la emergencia humanitaria y de movilidad en la Vía al Llano, ocasionada por la avalancha en el municipio de Quetame, Cundinamarca.

En entrevista con Colombia Hoy Radio, el Director de la Corporación Coralina, Arne Britton González, se refirió al ambiente de alegría que se vive en las islas ad portas de la conmemoración del 20 de Julio.

“Estamos de plácemes en estos días, por el Día de la Independencia. Es un acto cultural, patriótico. Los protagonistas son los niños, las escuelas, los estudiantes, la comunidad educativa. Y mañana se unen la comunidad educativa, la Policía y las Fuerzas Militares” para esta celebración, expresó.

Agregó que este año hay un plus por “el fallo de la Corte Internacional de Justicia, que le dio la razón a Colombia, que es una decisión sabia, una decisión justa para los raizales de San Andrés y Providencia y para Colombia. Entonces estamos de plácemes”.

Britton González informó que uno de los temas que se tratarán durante la jornada es el proyecto de la Reserva Transfronteriza, que implica convocar a los siete países del área para trabajar conjuntamente en la protección y conservación de la Reserva de Biósfera Seaflower.

“Es importante que todos los países se pongan la camiseta para proreger esta zona hotspots del Caribe”, dijo Arne Britton.

De otro lado, en Colombia Hoy Radio, el Jefe de Estado Mayor de Planes y Políticas, brigadier general Rudy Smith Arias, informó que este año el desfile militar de conmemoración de esta fiesta patria tendrá tres ejes: la celebración de los 213 años del Grito de Independencia, el Bicentenario de la Armada Nacional y la reafirmación de la soberanía de Colombia en las islas.

Al respecto, el alto oficial precisó: “Por instrucciones del señor Presidente, el desfile se va a realizar en todas las ciudades principales del país. Hay un desfile también en Bogotá. El desfile principal va a ser aquí en San Andrés Islas. El propósito es ese: que el pueblo isleño, que toda la comunidad isleña se sienta acompañada, que tiene unas Fuerzas Militares y una Policía Nacional que están con ellas, que contribuye a proteger la soberanía y la integridad de todo el territorio nacional y de sus mares también”.

El Presidente Gustavo Petro participó este martes en la clausura de la ‘Cumbre de los Pueblos’, en donde reiteró la importancia de que la región suramericana fortalezca lazos en la lucha contra la crisis climática e hizo un llamado a que la política progresista no deje de lado la ciencia, todo lo contrario, sea un faro que permita seguir hacia adelante en esta tarea liderada por Colombia.

El Jefe de Estado señaló que, como consecuencia de la crisis climática, la ciencia misma anuncia el fin de la humanidad y es necesario articular las acciones globales y regionales cuanto antes, pues “el cambio químico de la atmósfera es el reflejo de la acumulación de capital. Solo que ese cambio químico de la atmósfera mata hasta el capitalismo, al capitalista más poderoso del mundo a menos que piense irse a vivir a la Luna o Marte”, dijo.

Es por eso que desde el Parlamento de la Unión Europea, en Bruselas, el Mandatario invitó al progresismo, regional y global, a que sea un faro en esta lucha de la mano de la ciencia porque de no ser así, quedaría únicamente en discurso.

“La ciencia es nuestra única posibilidad de mirar como una linterna hacia adelante –puede que falle, no hay verdad absoluta lo sabemos–, pero en nuestro faro la política progresista tiene que ligarse a la ciencia también a la pasión. Pero si no hay ciencia en nuestro proyecto”, aseguró, “nos quedamos en la consigna, en la nostalgia y en la retórica, pues no somos faro”, expresó el Presidente.

A su vez, fue enfático en que las acciones para transitar hacia una economía descarbonizada, deben llevarse a cabo antes del punto de no retorno.

“Matemáticamente solucionar la crisis climática en un tiempo que está cronometrado, que no puede extenderse más allá de cierto límite, es sustituir la energía fósil por la energía limpia y eso significa sustituir un capital por otro dentro del capitalismo. Eso significaría que tendría que ser profundamente más rentable el capital limpio que el fósil”, precisó.

De esta manera, el Presidente Petro culmina dos días de acercamiento entre los dos bloques regionales, en los que se intercambiaron ideas, opiniones y discusiones sobre las acciones que permitan avanzar en una agenda conjunta de energías limpias, transición energética y lucha contra la pobreza.

De acuerdo con la Bolsa de Valores, la divisa comenzó las transacciones bancarias en $4.012, pero minutos después alcanzó un precio mínimo de $3.971.

Este es un pico histórico en lo que va de 2023, pues es la primera vez, desde mediados del año pasado, que el precio del dólar en Colombia baja de los 4.000. La última vez que la media del dólar se movió en la línea de los $3.900 fue el 21 de junio del año pasado.

Según varios analistas y centros de estudios económicos, en el mediano plazo la divisa extranjera tiene las expectativas de que baje aún más.

La Contraloría General de la República, a través de su Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, profirió fallo con responsabilidad fiscal en contra De Guillermo Enrique Grosso Sandoval, en su calidad de Agente Especial Interventor de la EPS SALUDCOOP OC en su momento, por la suma de $297.630 millones.

Se profiere decisión sobre los hechos declarados de Impacto Nacional mediante el Auto No. 013 del 17 de agosto de 2018 y No. Auto 0003 del 18 de enero de 2019. A través de la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción, se adelantó la investigación por los diversos hallazgos encontrados en el proceso intervención y de liquidación de SALUDCOOP EPS O.C., los cuales han sido objeto de distintas actuaciones fiscales, y de otras autoridades como disciplinarias y penales.

El fallo con responsabilidad fiscal se originó por realizar anticipos, girar recursos, falta de seguimiento y control sobre los giros directos, provisión, castigo de cartera a cuentas de sociedades vinculadas al grupo SALUDCOOP y de terceros no vinculados con el mismo.

Por último, el fallo se profiere igualmente al exceder el porcentaje permitido de los gastos de administración para el año 2015.

La Contraloría General de la República a través de esta misma Unidad, adelantó la investigación fiscal en el año 2021 dentro del mencionado proceso mediante Auto No. 1095 del 12 de julio por irregularidades en el proceso intervención y de liquidación de SALUDCOOP EPS O.C., por un valor total de $219.734.473.262,78

El Secretario de Trans​parencia, Andrés Idárraga,  presentó ante la opinión pública, el primer mapa de la impunidad en Colombia. Una herramienta que permite realizar un seguimiento más detallado de la actuación de la justicia frente a los delitos contra la administración pública.

La investigación inició hace varios meses y comprende el periodo comprendido entre el año año 2010 hasta 2023, lo que permitió identificar los 10 departamentos del país con el más alto porcentaje de procesos con delitos asociados a la corrupción, que no avanzan y permiten, en gran medida, la prescripción, dejando sin castigo a miles de responsables que se apropian de los recursos públicos.

De acuerdo con el consolidado del estado de denuncias asociadas a corrupción, hay en total 57.582, entre los años 2010 y 2023, de las cuales el 93.99% no tienen condena; el 89.7% sin captura, y el 77.15% están en indagación.

En el top 10 de los delitos asociados con corrupción administrativo 2010-2023 ocupa el primer lugar el peculado por apropiación con un 26%; seguido del contrato sin cumplimiento de requisitos legales, 24.6%; concusión, 10.1%; cohecho por dar u ofrecer, 9,8%; interés indebido en la celebración de contratos, 7.4%; cohecho propio, 3.7%; peculado por aplicación oficial diferente, 3.5%; enriquecimiento ilícito, 3.1%; tráfico de influencias de servidor público, 2.4%, y peculado por uso, 2.1%.

En las denuncias asociadas a corrupción sin condena por departamento se encuentra San Andrés, 99.1%; Guaviare, 99%; Bolívar, 98.5%; Putumayo, 97.6%; La Guajira, 97.5%; Casanare, 97.5%; Córdoba, 97.2%; Vaupés, 97.2%; Arauca, 97% , y Sucre, 96.8%.

En el top 10 de los departamentos sin capturas por delitos asociados a corrupción se encuentran: Vaupés, 98.6%; Guaviare, 98%; Guainía, 96%; Boyacá, 95.7%; ​Cundinamarca, 95.4%; Putumayo, 95.1%; Caldas, 94.5%; Huila, 94.4%; Casanare, 94.1%, y Santander, 94.1%.

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Para finalizar, en el top 10 de los departamentos sin condenas por delitos asociados a corrupción, encabeza la lista San Andrés, 99.1%; seguidos de Guaviare, 99%; Vaupés, 98.5%; Arauca, 97.6%; Casanare, 97.5%; Putumayo, 97.5%; La Guajira, 97.2%; Córdoba, 97.2%; Bolívar, 97.2%, y Sucre, 97%.

El secretario Andrés Idárraga afirmó: “Estos datos son irrefutables, Colombia agoniza en un mar de impunidad, la aplicación de la justicia en los casos de corrupción, apenas se asoma a un tímido y cobarde 6%, hecho que como como Nación causa vergüenza”.

De 32 departamentos, 20 tienen un porcentaje de impunidad superior al 95%, y 12 están entre el 90% y el 94.9% de impunidad, solo superado por Bogotá que tiene un 88% de impunidad. 

En síntesis, la impunidad en Colombia, en los delitos asociados contra la administración pública, se ubica en un 94%.​

Por esto, la presencia aquí, de gran parte del Gobierno, es para enviarle un mensaje inequívoco a los colombianos: “el presidente Gustavo Petro nunca ha renunciado a la lucha contra la corrupción. Todo lo contrario, la vamos a intensificar con todas las fuerzas institucionales a disposición y hacemos un llamado a la Fiscalía, para que actúe con la misma celeridad, como lo hizo con la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia, que fue imputada hace apenas unos meses después de nuestra denuncia por la maratón de contratos que suscribió en tiempo récord. Nosotros no engavetamos las denuncias, porque si seguimos como vamos, se volverá costumbre la aparición de personajes como Emilio Tapia, que convierten la corrupción en una empresa de la impunidad”.

El secretario agregó: “Estamos en la obligación de cuidar cada peso que se invierte de forma efectiva en el mejoramiento de las condiciones de vida de los más necesitados y no que ayude a los que más tienen, no seremos cómplices de la desigualdad. La corrupción anda en hombros, lo he venido reiterando”. 

“En este gobierno, como lo señaló el presidente Gustavo Petro, luchamos contra la corrupción “caiga quien caiga”. Aquí no hay corrupción buena o mala, menor o mayor, corrupción es corrupción y seremos implacables para combatirla”, concluyó el secretario.

El secretario anunció que convocará a la “Comisión Nacional de Moralización, máxima instancia nacional anticorrupción, en cabeza del presidente Gustavo Petro. Está conformada por el ministerio del Interior, Procuraduría, Contraloría, Auditoría, Fiscalía, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, presidentes de Senado y Cámara, y Defensoría, entre otros.

Durante el acto de conmemoración del Día del Investigador, el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, anticipó que votará de manera negativa a la nueva política antidrogas que el Gobierno Nacional presentó ante las instituciones que conforman el Consejo Nacional de Política Criminal.

“Hoy manifestaremos en el Consejo Nacional de Política Criminal nuestro voto de desaprobación, por primera vez en 30 años, de la Fiscalía General de la Nación contra la política nacional de drogas que presentó el gobierno del presidente Gustavo Petro. Consideramos que esa política es una política general que no corresponde a los elementos que deben tener en objetivos, estrategias y acciones claras que demuestren la lucha del Estado contra el narcotráfico y el desmantelamiento de las organizaciones criminales”, enfatizó.

El Fiscal General de la Nación indicó que la entidad comparte la idea de no perseguir a cultivadores o consumidores, pero es consciente que se deben formular estrategias de fondo, que permitan impactar el fenómeno del narcotráfico de manera integral.

“Se han entregado 7.000 millones de dólares a la SAE, es decir, 28 billones de pesos. Obviamente, esa es una tarea que combina de forma importante todo lo relativo a la persecución penal y, al mismo tiempo, la persecución que debe existir frente a los bienes porque si le quitamos los bienes a los mafiosos y narcotraficantes, y a los criminales; porque no habrá resolución alguna que me cambie el lenguaje, ni me cambie lo que yo pienso de esas personas; a esos criminales hay que tocarles los bienes porque es la mejor manera de romper lo que yo he llamado los corredores regionales y transnacionales de criminalidad”, aseguró.

En medio de sus observaciones reiteró el compromiso institucional de apoyar los caminos que conduzcan a la paz, siembre en el marco de la Constitución y la ley.

“Somos amigos entonces de una paz total, pero también somos amigos de las víctimas, somos amigos de los derechos humanos, somos amigos de la justicia y somos creyentes de que la verdadera alternativa tiene que ser la de poder equilibrar las políticas de orden público, y de garantía de la seguridad como un factor determinante y principio constitucional”, recalcó.

Con el objetivo de gestionar integralmente la velocidad en el país y disminuir las fatalidades y lesiones graves asociadas a este factor de riesgo, el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (Ansv) expidió dos resoluciones.

A través de las resoluciones 20233040025995 y 20233040025895, se pretende unificar los criterios legales para que las autoridades locales y los responsables de la infraestructura vial, señalicen las vías según la reducción de velocidad límite establecida por la Ley Julián Esteban.

La primera para establecer velocidad límite en las vías colombianas y la segunda para reglamentar la implementación de los planes de gestión de la velocidad para municipios distritos, áreas metropolitanas y departamentos de categoría especial 1, 2 y 3.

Para el ministro de Transporte, William Camargo Triana, “Julián Esteban nos dejó una tarea que hoy estamos cumpliendo. Primero, nuestro objetivo con la expedición de estos documentos es proteger la vida. Las resoluciones incluyen herramientas prácticas para que en los territorios puedan adoptarlas e implementarlas. Estamos hablando de una política pública aterrizada en las regiones y al servicio de los gobiernos locales” indicó el funcionario.

Los documentos también incluyen el enfoque de sistema seguro, la importancia de gestionar la velocidad y la normatividad vigente en Colombia. Asimismo, se expone el fenómeno como un factor de riesgo para la seguridad vial y su impacto en las cifras de siniestralidad vial a nivel nacional.

La Procuraduría General de la Nación, como parte del seguimiento y vigilancia al proceso electoral, recordó que los programas de gobierno, los cuales deben presentarse ante la Registraduría Nacional del Estado Civil al momento de inscribir las candidaturas a alcaldías o gobernaciones, “tienen un impacto significativo en la gestión pública y repercuten en la planeación, desarrollo y bienestar de las regiones”.

El ente de control, para propender porque los ciudadanos se beneficien de una buena administración pública, exhortó a los candidatos a que dichos documentos cuenten con los lineamientos establecidos por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), como la identificación de necesidades, problemáticas y oportunidades del municipio o departamento y bajo el análisis riguroso del estado de desarrollo de la entidad territorial.

La Procuraduría, además, exhortó a los aspirantes a estos cargos públicos a definir estrategias, acciones y metas medibles; a presentar propuestas concretas y viables; a priorizar propuestas de acuerdo con su impacto e importancia en la región y a definir los recursos y fuentes de financiamiento de dichas propuestas, para dar credibilidad y aumentar la confianza de la ciudadanía en la gestión pública.

La entidad invitó a los candidatos “a prepararse para este proceso y aprovechar los recursos técnicos y de formación que el DNP, la ESAP y demás actores de la Estrategia Juntos por el Territorio han estado ofreciendo durante este proceso”. Además, sugirió consultar el documento de orientaciones para la formulación de Programas de Gobierno 2024 –2027, disponible en el Portal Territorial de Colombia.

También hizo un llamado para que los programas tengan una estructura clara, realista, viable y medible con el fin de cumplir con la finalidad del voto programático, gracias al cual se estrecha la relación entre los que resulten elegidos y los ciudadanos. Para la Procuraduría esa es la manera para prevenir procesos de revocatoria del mandato y favorecer la estabilidad y el cumplimiento de los fines esenciales de Estado en territorios.

Finalmente, en el documento, recomendó que el desarrollo del programa de gobierno sea el insumo concreto a partir del cual los mandatarios electos formulen su Plan de Desarrollo, para cumplir, entre otros, con los principios de continuidad de la planeación del desarrollo territorial, armonización entre las políticas públicas nacionales, departamentales y municipales, y consistencia técnica y financiera de la planeación regional y local.

La Procuraduría General de la Nación lideró una reunión con el equipo directivo del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, tras la cual alertó la inminente cesación de los servicios tecnológicos que tiene contratados la entidad, situación que afectaría los procesos de formación de más de ocho millones de aprendices.

La Primera Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública sostuvo que las diferentes sedes del SENA podrían sufrir la interrupción de sus servicios a partir del próximo 31 de julio, fecha en la que vence el negocio jurídico que actualmente permite ofrecer los diferentes programas, y que ha alcanzado el límite máximo de adiciones.

El organismo de control señaló también que el proceso de licitación actual se encuentra suspendido, hecho al que se sumó la falta de claridad sobre la disponibilidad de recursos disponibles para darle continuidad al programa de formación y la imposibilidad de cumplir con los términos de contratación sin dejar de prestar el servicio.

El Ministerio Público solicitó a los directivos establecer mecanismos para garantizar la prestación del servicio, definir alternativas técnicas y establecer un plan con los posibles escenarios y las contingencias que tendrían que ser resueltas desde agosto en caso de que no sea factible evitar la interrupción.

Finalmente, la Entidad resaltó que mantendrá su labor de vigilancia en aras de anticiparse a cualquier riesgo, su acompañamiento para los fines que las partes involucradas en el proceso consideren pertinente y la necesidad de articular un plan para que quienes se benefician de esta iniciativa no resulten perjudicados.

La jueza Joan E. Donoghue destacó que “la Corte rechaza la solicitud hecha por la república de Nicaragua en la que busca que se declare que los límites marítimos entre Nicaragua y Colombia en las áreas de las partes continentales le pertenecen”.

Con esta nueva decisión de la Corte Internacional, con una votación de 13 votos y con 4 en contra, se mantienen los límites que se habían fijado en el fallo de 2012.

Colombia vs Nicaragua: el origen de la disputa marítima

Cabe destacar que Nicaragua había reclamado que tiene derecho a extender su plataforma continental sobre las 200 millas náuticas contada desde la costa, lo que se ampliaría hasta el mar que hasta el momento es de Colombia. Asimismo, solicitó una limitación entre la plataforma que está reclamando y el área continental colombiana.

En esta misma medida, el país centroamericano había manifestado que la extensión se ubica por debajo de la zona económica de Colombia, lo que representa las aguas más profundas, donde tiene soberanía el gobierno colombiano y jurisdicción para pescar y administrar recursos naturales.

Al respecto, el presidente colombiano, Gustavo Petro mencionó que «una nación defiende sus mares, defiende sus cielos, defiende sus tierras, dependiendo incluso de su capacidad política y militar».

Según con el derecho internacional, todos los Estados tienen derecho a 12 millas de zona marítima territorial, 12 millas de zona contigua y 200 millas náuticas de zona económica exclusiva, que es donde pueden ejercer derechos de exploración y explotación económica de todos los recursos naturales vivos (pesca) y no vivos (minería).

El Ministerio de Igualdad y Equidad se creó en el marco de los mandatos constitucionales, de la ley y de sus competencias, para diseñar, formular, adoptar, dirigir, coordinar, articular, ejecutar fortalecer y evaluar las políticas, planes, programas, estrategias, proyectos y medidas para contribuir en la eliminación de las desigualdades económicas, políticas y sociales; e impulsar el goce del derecho a la igualdad, y el cumplimiento de los principios de no discriminación y no regresividad. Se convirtió en Ley de la República, el pasado 4 de enero de 2023.

Funciones del Ministerio

Dentro de sus funciones están: Gestionar y focalizar acciones dirigidas a la eliminación de todas las violencias contra las mujeres, así como de las barreras sociales y políticas o de discriminación contra ellas. De la misma manera, busca adoptar, ejecutar, gestionar y focalizar la oferta social de las entidades del Orden Nacional en el territorio, con criterios de eficiencia y eficacia, con prioridad en territorios y poblaciones históricamente excluidas.

Al interior de esta cartera, que incursiona en el espectro sociopolítico de nuestro país, se crearán políticas públicas que garanticen el cierre de brechas, el avance en la inclusión, la superación de la desigualdad, y la visibilización de las acciones por la igualdad y equidad en las agendas públicas del orden nacional, departamental, distrital y municipal.

El Ministerio de Igualdad y Equidad protegerá los derechos, con enfoque de género, transversal, focalizado, y de empoderamiento de las mujeres y las niñas, sujetos de especial protección constitucional, entre otras funciones, en todo Colombia, con énfasis en los territorios excluidos y marginados.

Creación del Sistema Nacional de Cuidado

En el marco de su accionar, en este ministerio se articularán políticas y acciones técnicas e institucionales existentes y nuevas, con el objeto de promover una nueva organización social de los cuidados del país, y garantizar los derechos humanos de las personas cuidadoras, con el objeto de reconocer, reducir, redistribuir, representar y recompensar el trabajo de cuidado, remunerado y no remunerado, a través de un modelo corresponsable entre el Estado, el sector privado, la sociedad civil, las familias, y las comunidades, y entre mujeres y hombres, sus diferencias y diversidad, para compartir equitativamente las responsabilidades respecto a dichas labores, dar respuesta a las demandas en este sentido de los hogares y las personas que necesitan cuidados, y garantizar los derechos de las personas cuidadoras.  

Sede y domicilio del Ministerio

El ministerio de la Igualdad y Equidad tendrá como sede y domicilio la ciudad de Bogotá, ejercerá sus funciones a nivel nacional, y contará con direcciones departamentales a través de las cuales se adoptarán e implementarán las políticas del sector en el territorio nacional, de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley.

El patrimonio del Ministerio de Igualdad y Equidad

Estará conformado por las sumas que se aprueben en el Presupuesto General de la Nación, Al igual que los bienes muebles que le sean donados o cedidos por entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales.

Comisión de seguimiento

Se creará la Comisión de Seguimiento, integrada por cinco Senadores y nueve Representantes de diferentes bancadas, y con participación de los partidos declarados en oposición e independencia, designados por los presidentes del Senado de la República y la Cámara de Representantes, quienes harán seguimiento permanente a las facultades conferidas en esta Ley, recibirán los informes, y los presentarán al Congreso. Para todos los efectos, las Comisiones Séptimas Constitucionales de Cámara y Senado conocerán de las funciones, temas y objeto del Ministerio de Igualdad y Equidad.

Un fuerte y unánime apoyo a la política de Paz Total que lidera el Gobierno del Presidente Gustavo Petro manifestaron este miércoles, en Nueva York, los representantes de los países miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, entre ellos, Reino Unido, Estados Unidos, Francia, China, Rusia, Suiza, Japón, Brasil, Emiratos Árabes, Mozambique, Albania, Malta y Ecuador.

El respaldo se dio durante la sesión especial del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la que el Jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, presentó el informe trimestral de los avances en la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 y respecto a las iniciativas de Paz Total puestas en marcha por el Gobierno del Cambio.

En la sesión también intervinieron el Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Álvaro Leyva Durán, y la representante de la sociedad civil, Diana Salcedo.

•             Esfuerzos por consolidar la paz están dando resultados: Ruiz Massieu

En dicho informe, Carlos Ruiz Massieu dijo que los avances registrados “son un indicador de que la implementación está ganando impulso” y muestran que los esfuerzos por consolidar la paz “están rindiendo importantes resultados”.

En este sentido, el Jefe de la Misión destacó que el impulso del Gobierno de Colombia a la implementación de aspectos claves del Acuerdo de Paz ha ido en paralelo con esfuerzos de diálogo con grupos armados de distinta naturaleza.

Al respecto consideró como muy alentadores los resultados alcanzados en el marco del tercer ciclo de negociaciones entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (Eln), y resaltó el anuncio de entrada en vigor del cese al fuego bilateral a partir del 3 de agosto, y la próxima instalación del Comité Nacional de Participación.

Igualmente, puso de relieve los acercamientos entre el Gobierno y el ‘Estado Mayor Central Farc’, con miras a la instalación de una mesa de diálogo, hecho que calificó como una “noticia positiva” para la paz del país.

Además, en el informe, Ruiz Massieu se refirió a las numerosas disposiciones relacionadas con la paz en el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno del Presidente Petro, la mayor atención prestada a la Reforma Rural Integral y la asignación de los fondos necesarios para la implementación del Acuerdo de Paz.

También elogió el nuevo enfoque del Gobierno del Cambio que hace hincapié en la sostenibilidad, la reincorporación comunitaria con énfasis en la reconciliación, el acceso a la tierra, el empoderamiento de las mujeres y las cuestiones de género.

En un aparte del informe se hace referencia, igualmente, a la creación del Ministerio de la Equidad, liderado por la Vicepresidenta Francia Márquez, como un paso importante para “mejorar la situación de las comunidades indígenas y afrocolombianas y otros grupos vulnerables”.

De otro lado, confió en que “recientes medidas en relación con garantías de seguridad, como la adopción de una nueva Política de Seguridad y Defensa, den pronto sus frutos y contribuyan a mejorar la situación en las regiones afectadas por el conflicto”.

En este tema y de cara a las elecciones de octubre, hizo un llamado a los actores armados ilegales para que respeten el derecho de la ciudadanía y de candidatos y candidatas de todos los partidos a participar en una campaña libre de amenazas.

En este contexto, Carlos Ruiz Massieu expresó la convicción de que la Misión de la ONU “puede hacer una contribución importante a la consolidación de la paz a través del monitoreo y la verificación de los ceses al fuego, tarea pendiente de la autorización del Consejo de Seguridad”.

•             Espaldarazo de países miembros

Durante la sesión del Consejo de Seguridad, los representantes de los distintos países destacaron no solo los esfuerzos del Gobierno del Presidente Petro por avanzar en el cumplimiento del Acuerdo de Paz sino también por dar pasos concretos hacia la Paz Total.

Las siguientes son las declaraciones de algunos de los representantes de los países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU:

Reino Unido

“El Reino Unido acoge con satisfacción los empeños del Gobierno colombiano en la puesta en práctica del Acuerdo de Paz. Acogemos con satisfacción la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, que incluye un plan de inversiones para la paz”, dice la declaración de este país, que preside el Consejo de Seguridad.

Agrega que “el Reino Unido acoge con satisfacción el anuncio en junio de un cese al fuego entre el Gobierno y el Eln, y hace votos porque las comunidades vean auténticas mejoras en su seguridad”. E indica que “estamos siguiendo muy de cerca los esfuerzos del Gobierno por alcanzar un acuerdo de alto al fuego con el EMC-Farc”.

“Colombia puede contar con el Reino Unido para seguir apoyándola en su camino hacia la paz y la seguridad para todos los colombianos”, puntualiza.

Estados Unidos

En su declaración, el representante de Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad reitera que su país “se compromete a respaldar a Colombia en la búsqueda de una ulterior aplicación del Acuerdo de Paz de 2016”.

También respaldó los esfuerzos de Colombia para “abordar la desigualdad, la exclusión socioeconómica y las cuestiones que han afectado especialmente a las comunidades indígenas y afrocolombianas”.

“Seguimos de cerca los esfuerzos del Gobierno de ampliar el proceso de paz a grupos disidentes”, dice la declaración y añade que “alentamos a que se siga trabajando en el alto al fuego de seis meses” con el Eln.

“Estados Unidos sigue apoyando a Colombia para lograr una paz duradera”, recalca.

China

“Agradecemos el compromiso del Gobierno para eliminar la violencia relacionada con los conflictos”, dice a su vez la declaración del representante de China, quien destacó los programas para la paz incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo: Colombia, Potencia Mundial de la Vida.

“Colombia tiene un Plan Nacional de Desarrollo aprobado recientemente, que incluye distribución de tierras, sustitución de cultivos ilícitos y reincorporación, así como otros elementos del Acuerdo de Paz; expresamos nuestro beneplácito por ello”, sostuvo el representante de China.

 Y agregó: “Esperamos que los organismos de las Naciones Unidas apoyen activamente a Colombia en sus esfuerzos para promover el desarrollo sostenible, consolidar los adelantos del proceso de paz y hacer avanzar la seguridad y la paz en el país”.

Japón

El representante de Japón, por su parte, expresó que “felicitamos a Colombia por sus esfuerzos para alcanzar la Paz Total a través el diálogo, además de la aplicación constante del Acuerdo Final de 2016. Acogemos con agrado los acuerdos recientes entre el Gobierno y el Eln para un cese al fuego bilateral de seis meses y un mecanismo de carácter amplio para incluir a la sociedad colombiana en el proceso de paz”.

 Asimismo, este país exhortó a “otros grupos armados a participar constructivamente en un diálogo con el Gobierno para alcanzar un cese al fuego y abstenerse de recurrir a medios violentos”.

“Tomamos nota de que el Gobierno ha solicitado que se prorrogue el mandato de la Misión de Verificación de la ONU para apoyar sus esfuerzos de diálogo con los grupos armados, particularmente la verificación de los ceses al fuego”, concluyó.

Francia

Para el representante de Francia, “la búsqueda de la paz pasa por el diálogo”, por lo cual “saludamos la celebración, el 9 de junio, de un acuerdo de cese al fuego durante seis meses entre el Gobierno y el Eln”, así como “los esfuerzos de las autoridades colombianas para alcanzar otro cese al fuego con varios grupos armados, en particular con las EMC-Farc”.

También dijo que “apoyamos la solicitud de Colombia de una prolongación del mandato de la Misión de Verificación de la ONU para supervisar y contribuir al logro de estos compromisos”.

Mozambique

El representante de Mozambique, a nombre propio y de Ghana y Gabón, instó a la comunidad internacional a apoyar el proceso de paz en Colombia y destacó la asignación de recursos para la paz y la política de tierras, puestas en marcha por el Gobierno colombiano.

Suiza

“Este Consejo debe responder con prontitud al llamamiento de Colombia de verificar y en última instancia de consolidar los acuerdos de alto al fuego que entrañan el potencial de reforzarse mutuamente. Suiza está dispuesta a apoyar todos estos esfuerzos”, dijo la representante de este país europeo.

Agregó que “Suiza acoge con satisfacción la asignación de recursos financieros específicos y de los compromisos contraídos en el Plan Nacional de Desarrollo para acelerar la aplicación del Acuerdo de Paz”.

La representante de Suiza informó que está en marcha la oficialización de un acuerdo que facilitará que este país guarde una copia de los archivos de la Comisión de la Verdad.

Igualmente, destacó el cese al fuego pactado con el Eln y los acercamientos con el EMC-Farc, lo cual “constituye un primer paso hacia la aplicación de un alto al fuego” con este grupo.

El Gobierno Nacional contuvo la tendencia creciente de la deforestación en el país durante el 2022, logrando una reducción de 29,1% respecto al 2021, así lo dio a conocer la Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, a través del informe oficial de los resultados de la deforestación en 2022, realizado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

Esta es la cifra más baja desde 2013 y se logró gracias al Plan de Contención de la Deforestación que viene implementando el Gobierno desde agosto del año pasado; es decir, que en cinco meses se logró revertir la tendencia ascendente de la deforestación que venía del primer semestre de 2022 y que representó el 72% del total de la deforestación del año, mientras que con la llegada del Gobierno Petro solo presentó el 28%.

Dicha reducción del 29,1% significa que la deforestación pasó de 174.103 hectáreas (ha) deforestadas en 2021 a 123.517 ha en 2022. Con este importante resultado, se superó la meta propuesta por el Gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo que planteó una reducción del 20%, respecto al año 2021.

También esta reducción genera las condiciones habilitantes para lograr un posible pago por resultados en el marco de la Declaración Conjunta de Intención (DCI) firmada entre los gobiernos de Noruega, Reino Unido, Alemania y Colombia en la COP de París en 2015, que se fijó como propósito reducir la pérdida de bosque natural a 155.000 ha o menos por año.

Aunque la reducción de la deforestación para 2022 es histórica, la Ministra Muhamad reconoció que el trabajo debe mantenerse en los próximos años.

«Hay una satisfacción inicial, pero con los pies en la tierra. El cambio de estrategia generó un resultado, pero ahora el reto es sostenerlo el siguiente año. Superamos la meta del Plan Nacional de Desarrollo de reducir el 20% y logramos el 29,1%», dijo.

Además, advirtió que la llegada del fenómeno de El Niño al país podría convertirse en un factor que acelere la deforestación en el segundo semestre del 2023 en el territorio nacional, principalmente en la Amazonía.

“El Niño genera condiciones críticas sociales, entre ellas, permitir que las rentas ilícitas tengan más oportunidad de instrumentalización, ese es un primer riesgo. Otro tiene que ver con la vegetación que hace más susceptible la posibilidad de incendios forestales y operaciones de deforestación planificadas y, lo tercero, es que tengamos la capacidad de reacción preventiva de las situaciones que se pueden presentar para abordarlas a tiempo y que no se nos escalen”, mencionó la titular de la cartera de Ambiente.

Amazonía, región de mayor reducción en el país

En el arco amazónico, que comprende los departamentos de Guaviare, Caquetá, Meta y Putumayo, la reducción fue de 26% respecto al 2021, es decir 45.490 hectáreas de bosque natural dejaron de ser arrasadas en 2022.

Los cuatro departamentos del arco amazónico marcaron la tendencia de reducción nacional, así: Caquetá (-50%), Guaviare (-37%), Meta (-34%) y Putumayo (-15%). De hecho, Caquetá fue el departamento con mayor reducción de la deforestación en el país, pasando de cerca de 38.390 ha a 19.200 ha.

Este resultado se logra gracias a los acuerdos sociales consolidados con las comunidades en Caquetá, Meta y Guaviare, y la inclusión de la deforestación en la Paz Total.

Adicional a estos departamentos en la Amazonía, Catatumbo (Norte de Santander), Serranía de San Lucas (Antioquia y Bolívar), Norte de Pacífico y Paramillo (Córdoba y Antioquia) son otros núcleos de deforestación relevantes en el país.

Por otro lado, en la jurisdicción de los Parques Nacionales Naturales de Colombia la deforestación fue de 12.449 ha, con una reducción de 12,8% respecto al 2021. Los parques Tinigua, Sierra de la Macarena, Serranía de Chiribiquete, La Paya, Cordillera de Los Picachos y Reserva Nacional Natural Nukak fueron los de mayor reducción en 2022. Sin embargo, en el Paramillo incrementó la superficie deforestada.

Un trabajo sostenido en 2023

Para el primer trimestre de 2023, la Amazonía tuvo una reducción del 76% de la deforestación respecto al mismo periodo del año 2022, al pasar de cerca de 50.500 ha a cerca de 12.000. Un dato que muestra que las acciones realizadas en esta región del país han tenido resultados sostenidos desde agosto de 2022.

Los acuerdos sociales de conservación y forestería con las comunidades, factores climáticos regionalizados, la inclusión del tema de la deforestación en los diálogos de Paz y la priorización de áreas para la acción integral, entre otros factores, ayudaron a lograr una reducción en la deforestación.

Al término de una reunión con el Presidente Gustavo Petro y la Ministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa, realizada este martes en la Casa de Nariño, 64 rectores y rectoras de instituciones de educación superior públicas (IES) del país ofrecieron su pleno respaldo al programa ‘Universidad en tu Territorio’, que se propone crear 500 mil nuevos cupos de educación superior, y al proyecto de reforma de la Ley 30 de 1992, que se radicará el próximo 20 de julio en el Congreso de la República.

En conferencia de prensa, la Ministra afirmó: “Ha sido fundamental el compromiso de las IES para poner en marcha el programa ‘Universidad en tu Territorio’, una apuesta del Gobierno Nacional para que la educación superior, de calidad y pertinente, por la libertad y por la dignidad, sea una realidad en cada territorio de Colombia”.

“Analizamos la puesta en marcha de este programa para aumentar la cobertura,  potenciar la infraestructura educativa en todo el país, para garantizar que se establezca un programa de tránsito inmediato a la educación superior, transformar el Sistema de Aseguramiento a la Calidad, y también para garantizar que programas innovadores y pertinentes le ofrezcan oportunidades a la juventud de los territorios que más lo necesitan”, sostuvo.

Y agregó que “también deliberamos sobre la Ley 30 de 1992, y la importancia de garantizar que el país cuente con un documento de reforma que presente esta apuesta para la educación superior como un derecho para todas y todos los colombianos”.

Apoyo del Sistema Universitario Estatal

A su vez, el presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE) y rector de la Universidad de Córdoba, Jairo Torres Oviedo, quien participó en la reunión, indicó que “hoy el 46 por ciento de los jóvenes en Colombia no tienen acceso a la educación superior, lo que equivale a dos millones de jóvenes. La apuesta del Gobierno es llevar 500 mil de esos dos millones de jóvenes a la educación superior con un enfoque territorial, una apuesta que vamos a apoyar desde la red de universidades públicas del país”.

Sobre la reforma de la Ley 30, informó que “el Gobierno ha tomado la decisión de radicarla el 20 de julio; en consecuencia, desde el SUE apoyaremos esa radicación, y esperamos que sea en el escenario del Congreso de la República donde podamos ampliar y profundizar ese debate de una ley de educación superior que le responda al país, y que piense un sistema de manera integral”. 

REDTTU acompañará radicación del proyecto

Asimismo, Gustavo Rubio, director de la Red de Instituciones Técnicas Profesionales, Tecnológicas y Universitarias Públicas (REDTTU), que cubre 30 departamentos y 187 municipios, se declaró complacido de poder apoyar al Gobierno en la apuesta de ampliar las posibilidades para que más colombianos logren acceder a la educación superior. “Las 30 instituciones técnicas y tecnológicas del país estaremos trabajando de manera decidida para apoyar esta iniciativa de ampliación de cobertura en todo el territorio nacional, con 178.000 nuevos cupos”.

“De igual manera, en una decisión unánime de los rectores, tomamos la decisión de acompañar al señor Presidente y a la señora Ministra de Educación, en la presentación del proyecto de reforma a la Ley 30 de 1992.  Estaremos el 20 de julio acompañándolos en la radicación”, sostuvo.

Programa ‘Universidad en tu Territorio’

Desde el Presupuesto General de la Nación se destinarán durante el cuatrienio 2023-2026 cerca de $9,2 billones adicionales para fortalecer la educación superior pública y avanzar en el proceso de ampliación de cobertura del sector.

La apuesta del Gobierno Nacional para generar 500 mil nuevos estudiantes en programas de pregrado contará con una inversión de $4,2 billones para el incremento de la base presupuestal de las Instituciones de Educación Superior públicas, así como para garantizar que los nuevos estudiantes cuenten con gratuidad en su matrícula y cerca de $5 billones para financiar el nuevo Plan de Infraestructura Educativa para la construcción de más de 100 sedes.

La estrategia contempla cinco ejes de acción:

1. Ampliación de cobertura y Política de gratuidad: para fomentar el acceso de 500.000 nuevos estudiantes al sistema de educación superior se destinarán $4,2 billones adicionales del Presupuesto General de la Nación. Estos recursos van a fortalecer a las Instituciones de Educación Superior públicas y a la Política de gratuidad en la matrícula.

«Nuestra apuesta es alcanzar una tasa de cobertura del 62%, que en este momento está en el 53%. Eso quiere decir que de cada 100 personas, solo 53 están ingresando a la educación superior. Vamos a trabajar para que la tasa siga creciendo en todas las regiones del país», explicó la ministra Aurora Vergara.

2. Plan Nacional de Espacios Educativos como centro de la vida comunitaria: busca enfrentar el rezago en la infraestructura física y tecnológica de la educación superior. Este plan contará con una inversión de aproximadamente $5 billones y permitirá la construcción de más de 100 sedes educativas.

Entre las obras de infraestructura educativa que se llevarán a cabo están la construcción del Complejo educativo regional del Catatumbo en el Tarra (Norte de Santander), la sede de la Universidad de Cundinamarca en Soacha, la sede de la Universidad Industrial de Santander en Málaga, la sede de la Universidad de Caldas en Anserma, la dotación de la sede de la Universidad del Valle en Sevilla, el edificio de la facultad de artes de la Universidad Nacional y la financiación del edificio de la Facultad de Salud de la Universidad de la Guajira.

3. Programa de Tránsito Inmediato a la Educación Superior: busca garantizar el acceso a la educación superior para jóvenes que históricamente han sido excluidos en territorios rurales y dispersos del país. A través de una inversión de $87 mil millones se beneficiará a 30.000 estudiantes de grado 11° y bachilleres recién graduados en 72 subregiones del país.

Durante el segundo periodo de 2023 se iniciará la ejecución de esta apuesta de equidad en el acceso en las siguientes regiones: El Tarra (Norte de Santander), Timbiquí (Cauca), Barbacoas (Nariño), Inírida (Guainía), Uribia (La Guajira), Buenaventura (Valle del Cauca), Quibdó (Chocó), Tierra Alta y Ciénaga de Oro (Córdoba).

4. Transformación del Sistema de Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior: simplificamos y agilizamos los trámites para la autorización de oferta de programas, para favorecer los procesos de ampliación de cobertura, atender oportunamente las necesidades de formación para la transformación social, reconociendo la diversidad de nuestro contexto territorial y partiendo de la autonomía institucional como elemento que favorece la innovación y pertinencia.

5. Consolidación de un Sistema de Educación Superior Integral, Incluyente, Intercultural y Antirracista: que promueva el acceso y la admisión equitativa. Un sistema que desarrolle un currículo intercultural, diverso y antirracista, y garantice que las Instituciones de Educación Superior sean espacios seguros y libres de cualquier tipo de discriminación. También se buscará una vinculación equitativa de docentes y personal administrativo.

Los 8 ejes del proyecto Reforma de la Ley 30

En relación con el proyecto de reforma de la Ley 30 de 1992, la Ministra Aurora Vergara Figueroa afirmó que “con esta iniciativa buscamos que la educación superior sea reconocida como un derecho económico, social y cultural necesario para la realización humana”.

La titular de la cartera educativa indicó que los 8 ejes del proyecto son los siguientes:

1.            Visión de la educación

2.            Democracia, gobierno y autonomía

3.            Financiamiento

4.            Bienestar y Permanencia

5.            Relación IES – Sociedad

6.            Calidad, inspección y vigilancia

7.            Docencia e investigación

8.            Enfoques diferenciales e interculturalidad.

Cifras de contexto

•             El sistema de educación superior está conformado por 300 instituciones, de las cuales 216 son privadas y 84 son oficiales. 

•             De las 84 instituciones oficiales, 64 están vinculadas presupuestalmente al sector educación (34 universidades y 30 ITTU), las otras 19 cuentan con regímenes especiales o están vinculadas a otros sectores administrativos.

•             Para 2021 el indicador de tasa de cobertura en educación superior se ubicó en 53,9%, un crecimiento de más de veinte puntos porcentuales en los últimos quince años.

•             Sin embargo, más de dos millones de jóvenes entre los 17 y 21 años, no han tenido la oportunidad de ingresar a la educación superior.

•             Familias, jóvenes, Estado y sociedad están invirtiendo muchos recursos y esfuerzos para que apenas se titule 1 de cada 2 jóvenes que ingresan a la educación superior.

•             Según proyección del DANE, en 2024 tendremos 4.075.719 jóvenes entre 17 y 21 años.

•             Hoy, el aparato de educación superior tiene cupos apenas para 2.200.000 en programas de pregrado.

•             Según el SNIES, actualmente están matriculados más de 2.4 millones de estudiantes, de los cuales 2.2 millones cursan programas de pregrado (técnicos profesionales, tecnológicos y universitarios) y cerca de 200 mil programas de posgrado (especializaciones, maestrías y doctorados).

•             Del total de estudiantes en educación superior, el 55% es atendido en el sector público y el 45% en el sector privado. El 53,4% de estudiantes matriculados son mujeres.

•             Colombia se encuentra en el promedio de América Latina y el Caribe en temas de cobertura, pero aún estamos por debajo del promedio alcanzado por los países de la OCDE que registran tasas de más del 70%.