Categoría: Actualidad

  • Petro afirma que comandante del Ejército no ha ocultado información sobre presunto atentado contra el Fiscal General

    El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, se refirió este miércoles a la decisión de la Procuraduría General de la Nación de abrir indagación preliminar contra el comandante del Ejército Nacional, general Luis Mauricio Ospina, por presuntamente haber ocultado información sobre el supuesto atentado contra el Fiscal General, Francisco Barbosa, por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

    “Según mi investigación interna y como Comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, debo decir que no fue así”, afirmó el Presidente a través de su cuenta de Twitter.

    El jefe de Estado indicó que “la información de inteligencia que le entregan al Fiscal General no llegó al conducto regular: la comandancia del ejército ni al presidente. Tanto Fiscalía como inteligencia deben establecer la veracidad de la fuente”.

    El mandatario además recordó que “como medida de prevención, desde el momento en que fuimos enterados por el Fiscal General ordené al general Ospina fortalecer la seguridad del General (en retiro, Eduardo Enrique) Zapateiro y, a la Policía Nacional, la seguridad del Fiscal General de la Nación y la de las demás personas amenazadas”.

    Le invitamos a leer el trino del Presidente sobre este tema en:

    Presidente brindará protección requerida al Fiscal

    El pasado 11 de agosto, como lo informó la Casa de Nariño, el Presidente Gustavo Petro se reunió de manera privada en su despacho con el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, para abordar su situación de seguridad.

    El encuentro se realizó por solicitud del Presidente de la República y, al término del mismo, le expresó que el gobierno nacional le brindará toda la protección requerida y solicitó a los entes competentes una investigación con la mayor celeridad y de manera exhaustiva, para determinar la gravedad de los hechos.

  • Póliza de seguro que deben entregar los CDA con cada revisión técnico – mecánica es constitucional: Procuradora

    La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, indicó que la ley que establece la obligación de los Centros de Diagnóstico Automotor -CDA- de tomar una póliza de seguro para amparar los daños a terceros por cada vehículo al que le realicen la revisión técnico – mecánica (2283 de 2023 art. 6) se ajusta a la Carta Política. 

    En concepto enviado a la Corte Constitucional, la jefe del Ministerio Público señaló que la norma es adecuada para amparar a los ciudadanos afectados por siniestros viales, así como garantizarles el pago de una indemnización, pues está orientada a lograr el “mayor grado de prevención posible frente a daños a la integridad física, salud, patrimonio y bienes”. 

    Precisó que la ley demandada persigue un propósito que no está prohibido por nuestra Constitución, por el contrario, se adecúa a varias de sus disposiciones que hablan de la solidaridad ante situaciones de peligro para la vida o la salud, “así como del control de los servicios prestados a la comunidad para garantizar la seguridad y el interés social”.

    Finalmente, sostuvo que el trámite de la norma en el Congreso de la República se cumplió adecuadamente, y su redacción no desconoció el principio de unidad de materia, pues hay relación entre el objeto planteado y el artículo demandado.    

  • Procuradora pide al Gobierno que escuché a los gobernadores por violencia en sus territorios.

    La Procuradora General, Margarita Cabello Blanco, llamó la atención al Gobierno Nacional para que escuche las súplicas de gobernadores que reclaman acciones para combatir la inseguridad y el recrudecimiento de la violencia que se han tomado a sus departamentos.

    Ellos son los representantes de sus comunidades y no están diciendo nada que no sea cierto”, dijo la jefa del Ministerio Público tras recalcar que se deben articular mecanismos que permitan el retorno de la paz a sus regiones.

    Y es que, en departamentos como Nariño, Chocó y Valle, entre otros, sus pobladores sienten el rigor de las acciones de las bandas criminales con boleteos, extorsiones y asesinatos, lo que ha originado el desplazamiento masivo de cientos de personas ante los ojos impotentes de gobernadores y alcaldes.

    Es por eso que, ante esta situación, los gobernadores le han hecho un urgente llamado al gobierno para que atienda sus reclamos y de esta manera se puedan definir medidas que mitiguen la crítica situación de orden público que viven en sus territorios.

    En solidaridad con los mandatarios regionales y ante la angustiosa solicitud, la Procuradora Cabello Blanco reiteró sus cuestionamientos a la política de la ‘Paz Total’ del Gobierno Nacional de la que dijo que “si no está dando resultados se debe trabajar en conjunto para organizar un plan integral que genere tranquilidad y seguridad a los ciudadanos

    Por último, la jefa del organismo de control instó al Jefe del Estado para que dialogue y les permita a los gobernantes escuchar sus reclamos.

  • Fiscal General radicó ante la CIDH medidas cautelares para garantizar sus derechos y los de su familia ante amenazas recibidas

    El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, radicó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una solicitud de medidas cautelares a su favor y de su núcleo familiar, con el fin de que se le garanticen los derechos a la vida, honra, integridad personal y dignidad.

    La solicitud de medidas cautelares incluye la garantía de las condiciones de seguridad necesarias para continuar desarrollando con autonomía e independencia sus funciones como Fiscal General de la Nación hasta la terminación de su periodo, el próximo 12 de febrero 2024, sin ser objeto de actos de intimidación, hostigamiento o amenazas, así como cuando termine su ejercicio en el cargo.

    Fundamentos medidas cautelares

    La solicitud de medidas cautelares fue radicada con fundamento en los hechos de relevancia y gravedad que se han venido presentando como la existencia de un plan para atentar en contra del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, por parte del Grupo Armado Organizado al margen de la Ley autodenominado Ejercito de Liberación Nacional (ELN), el cual fue desestimado por el Alto Comisionado para la Paz de la Presidencia de la República, a pesar de existir tres fuentes de carácter oficial que dan cuenta de esta información.

    Adicionalmente, la campaña de criminalización en contra del Fiscal Barbosa, materializada en más de 100 denuncias temerarias entre otros hechos por sedición, “traición a la patria”, abuso de autoridad, prevaricato, falsas alianzas con grupos paramilitares como las llamadas autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo.

    Es importante recordar que fue el propio Fiscal General de la Nación quien se negó a levantar las órdenes de captura contra miembros de este grupo armado ilegal por considerar que la solicitud elevada por el Gobierno Nacional no se ajustaba a las disposiciones constitucionales y legales vigentes.

    Asimismo, campañas de desprestigio en redes sociales en contra del Fiscal General de la Nación por parte de sectores sociales y políticos del Estado, que a través de cuestionamientos buscan obstaculizar e impedir el ejercicio autónomo e independiente del ente investigador y acusador. Estos hechos se han materializado en agresiones institucionales, como manifestaciones que terminan en actos de vandalismo contra los bienes públicos de la entidad.

    Por último, el aumento del nivel de amenaza y riesgo del Fiscal General de Colombia, como consecuencia del ejercicio autónomo e independiente de la función constitucional a su cargo, sin que exista la suficiencia de medidas que garanticen la protección a sus derechos fundamentales y los de su grupo familiar.

    Encuentro con Secretario General de la OEA

    Como parte de las reuniones de alto nivel que adelanta en Washington, el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, se reunió con el secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, para dialogar sobre los avances y logros obtenidos por la entidad en materia de justicia transicional, la articulación con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), además la investigación y la judicialización de las afectaciones contra defensores de Derechos Humanos en el país.

    Reunión con CIDH

    De igual forma, el jefe del ente investigador colombiano se reunió con la secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Tania Reneaum Panszi; la secretaria Ejecutiva Adjunta para el Monitoreo, Promoción y Cooperación Técnica en Derechos Humanos, María Claudia Pulido; y el secretario Ejecutivo Adjunto para el Sistema de Peticiones, Casos y Soluciones Amistosas, Jorge Meza Flores. En los diferentes encuentros se abordaron temas de afectaciones a los Derechos Humanos.

  • Procuraduría pide explicaciones a la JEP por no abrir aún el macrocaso 11 sobre violencia sexual y de género

    La Procuraduría General de la Nación pidió a la Sala de Reconocimiento de Verdad SRVR de la JEP, explicaciones por no cumplir con el plazo de 30 días ordenado por un juez del Tribunal de Paz para dar inicio al macrocaso 11 que investigará crímenes relacionados con violencia sexual y violencias basadas en género en el marco del conflicto armado. 

    En su memorial, los cuatro procuradores delegados ante la JEP aseguran que han transcurrido 36 días hábiles desde que fue comunicado el fallo de tutela que amparó el acceso a la administración de justicia, en un plazo razonable, así como la garantía de los derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas de estos execrables crímenes.

    Los agentes del Ministerio Público aclararon que, si bien la SRVR solicitó la suspensión de la orden proferida, la Sección de Apelación la rechazó por inconstitucional, y recordaron que incumplir las órdenes proferidas en un trámite de tutela habilita la adopción de medios adicionales de protección constitucional por parte del juez que ordenó el amparo.

  • Reducción de la jornada laboral aplica también para los trabajadores domésticos: Procuradora General

    La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, señaló que la reducción gradual de la jornada laboral, establecida en la Ley 2101 de 2021, debe aplicar a los trabajadores domésticos siguiendo criterios de proporcionalidad en función de la normativa vigente.  

    En concepto enviado a la Corte Constitucional, la jefe del órgano de control indicó que la norma se ajusta a la Carta Política bajo el entendido que debe incluir a quienes cumplen esas labores, pues dicha hipótesis no fue regulada por el Congreso al expedir la ley.

    Precisó que el personal que presta sus servicios en el hogar debe tener un tiempo máximo de trabajo diario, razón por la cual en las disposiciones que regulen la materia se debe fijar el límite respectivo.

    Recordó que, en sentencias anteriores, se ha señalado que la exclusión de dichos empleados de las normas que establecen los límites al tiempo de servicio semanal desconoce la dignidad humana y las condiciones justas en que han de cumplirse las tareas domésticas.

    Para la Procuradora General la omisión presentada en este caso carece de una razón suficiente, “ya que en la jurisprudencia constitucional se ha determinado que resultan arbitrarios los tratos diferenciales para el personal que labora en el hogar”, pues impiden la plena vigencia de sus garantías mínimas en igualdad de condiciones. 

    Señaló que, según los convenios de la Organización Internacional del Trabajo -OIT-, los Estados tienen la obligación de asegurar la igualdad de trato entre los empleados domésticos y la generalidad de trabajadores

    En los casos donde los trabajadores residen con el empleador y pueden llegar a prestar sus servicios por más de 48 horas a la semana, la jefe del órgano de control sostuvo que igualmente tienen derecho al beneficio, y la reducción deberá tener en cuenta las normas vigentes, como la circular 007 de 2022 del Ministerio del Trabajo. Ello, para que el beneficio se fije de manera proporcional y no entre en contradicción con lo que rige actualmente.

  • Procuraduría endureció vigilancia para escogencia de personeros

    a Procuraduría General de la Nación fortaleció los mecanismos de vigilancia para garantizar el proceso de selección de personeros 2024/2028 y para tal fin unió al proyecto a la Defensoría del Pueblo.

    En ese sentido, el Ministerio Público llegó a un acuerdo para que los Defensores Regionales apoyen, en el marco de su competencia, la inspección para elegir los 1.104 personeros que deberán tomar posesión en marzo del próximo año.

    En esa misma línea, el ente de control intensificó la acción de los procuradores territoriales para que, en sus actuaciones preventivas, hagan seguimientos al proceso y generen las alertas cuando sea necesario.

    El organismo de control recordó a los concejos municipales y distritales la responsabilidad que tienen pues son los encargados de liderar los concursos de méritos para escoger a los personeros en los términos de ley.

    Con corte a 9 de agosto, se tiene información de 1.057 municipios, de los cuales 920 ya cuentan con autorización de la plenaria del concejo para adelantar el proceso y 656 ya tienen definido el operador para el mismo.

    Reiteró la Procuraduría que estos procesos de selección deben contar con los más altos estándares de objetividad, transparencia, y vigilar por que se cumpla con el principio del mérito en el acceso a estos cargos.

  • Judicializados hermanos que presuntamente facilitaron la fuga de la excongresista Aida Merlano

    El trabajo investigativo de la Fiscalía General de la Nación permitió identificar a los hermanos Juhass y Kerly Pineda Matallana, como presuntos colaboradores en la fuga de la excongresista Aida Merlano Rebolledo.

    Un fiscal adscrito a la Dirección Especializada contra la Corrupción demostró que el 1 de octubre de 2019 los procesados se encontraban a las afueras del consultorio odontológico al que había sido trasladada la excongresista.

    La investigación da cuenta que la mujer habría sido quien recibió a Merlano Rebolledo tras descender por una cuerda desde el segundo piso del edificio. El hombre por su parte, al parecer, fue quien condujo la motocicleta en la que se concretó la huida de la exparlamentaria.

    La Fiscalía imputó a los procesados como presuntos responsables del delito de favorecimiento de la fuga; cargo que fue aceptado por los hermanos.

    Los hermanos Pineda Matallana deberán permanecer privados de la libertad en su lugar de residencia, mientras son acusados y llamados a juicio

  • Juan Correa, Ministro de Cultura, le apuesta a impulsar en los territorios a donde se gestan las expresiones artísticas de la diversidad colombiana

    La gran apuesta del nuevo titular de la cartera de Cultura gira en torno al reconocimiento y protección de estas prácticas y liderazgos desde los territorios en donde se gestan las expresiones artísticas y los saberes que representan la diversidad colombiana, según reveló luego de que fuera posesionado en su cargo por el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño.

    Juan David Correa Ulloa considera fundamental “institucionalizar la cultura en las regiones del país”, y señaló que “esto exige que, a través de los colegios o de las bibliotecas públicas, – que son las instituciones que hay en cada municipio de Colombia-, el Estado cree condiciones necesarias para que los gestores culturales y los líderes sociales se apropien de estos espacios y sean reconocidos como líderes culturales con legitimidad y herramientas”.

    El ministro manifestó, igualmente, su interés por fortalecer el trabajo interinstitucional con el Ministerio de Educación para avanzar en la implementación del Sistema de Formación Artística y Cultural, que garantizará que las niñas, niños y jóvenes del país gocen de un componente académico en culturas, artes y saberes en su formación escolar.

    El funcionario insistió en la participación del Ministerio de Cultura en la construcción de la Paz Total, desde un programa que incluya la dimensión artística y cultural a la política de paz, para que los procesos culturales y de reconocimiento de saberes propicien espacios de encuentro, trabajo y diálogo para la reconciliación y la transformación hacia una Colombia Potencia Mundial de la Vida.

    Dentro de las prioridades del presidente Petro para el sector de las culturas también están temas como el Galeón San José y el proceso de revitalización del Complejo Hospitalario San Juan de Dios, que van a ser atendidos directamente por el despacho del ministro Correa.

    Desde su designación, Correa avanza en los procesos de empalme con las direcciones y grupos del Ministerio de Cultura y ha escuchado cuál es el estado de los planes, programas y proyectos que lideran principalmente los viceministerios de Patrimonio y Creatividad.

    ¿Quién es Juan David Correa Ulloa?

    Escritor, periodista, editor y gestor cultural bogotano nacido en 1976. Estudió Literatura en la Universidad de los Andes e inició su carrera profesional en el diario El Espectador, en donde se desempeñó como periodista cultural, corresponsal en Francia y columnista.

    Ha trabajado como gestor cultural en Fundalectura y la Biblioteca Nacional de Colombia, y se desempeñó como director cultural de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, desde la Cámara Colombiana del Libro.

    Fue director (2014-2018) y editor (2005-2009) de la revista cultural Arcadia; ha publicado, además, varios libros, entre los que se están las novelas “Todo pasa pronto” y “Casi nunca es tarde”, y la crónica “El barro y el silencio”, que relata la tragedia de Armero, Tolima ocurrida en 1985.

    Su más reciente trabajo fue como director literario del Grupo Planeta en Colombia, donde laboró desde 2018 hasta julio de 2023.

  • Ningún servidor público, incluyendo a los de elección popular, podrá estar por encima de la Constitución y la ley: Procuradora

    La Procuradora Margarita Cabello Blanco enfatizó en su visita a la ciudad de Santa Marta que, en Colombia, como Estado de Derecho, existe el «sistema de frenos y contra pesos, por lo que las actuaciones disciplinarias a cargo de la entidad seguirán su curso con todas las garantías, pero también hasta sus últimas consecuencias«.

    En el marco del seminario Regional de Derecho Disciplinario, la Jefe del Ministerio Público aseveró que «ningún servidor público puede exonerarse por medio de un fuero insoslayable que signifique impunidad, ni siquiera, por solo citar el ejemplo más extremo, el Presidente de la República«.

    En su intervención, destacó que la sanción disciplinaria tiene como objetivo reafirmar la vigencia del ordenamiento jurídico en el país, «pues ningún servidor público (incluidos los de elección popular) podrá estar por encima de la Constitución Política y el imperio de la ley, pues esa particular forma de pensar solo puede tener sentido en regímenes totalitarios o absolutistas«.

    Sotuvo que Colombia es una democracia; es un Estado de Derecho y al mismo tiempo un Estado Social. «Para mantener a salvo estos tres elementos, debe respetarse y respaldarse la función de los jueces y de los organismos de control«.

    Además, llamó la atención a quienes critican la función disciplinaria de la entidad: «no puede seguir pasando que, cada vez que aparezca una situación digna de ser investigada, de forma automática e irreflexiva, se descalifique a quienes constitucional y legalmente están autorizados para ejercer dicha función«.

    Como jefe del órgano de control resaltó que la en función pública, hay dos males que afectan los deberes del Estado: «la corrupción y la ineficiencia administrativa; males que deben ser combatidos por ese instrumento general con que cuenta el país como es el derecho sancionador«.

    Finalmente, la Procuradora Margarita Cabello Blanco añadió qué «cuando se tienen una serie de reformas legales que inciden en la vida de los ciudadanos, en los mecanismos y el acceso a derechos fundamentales, es deber de la entidad hacer los pronunciamientos necesarios, participar y alertar en nombre de la sociedad que representa y en garantía de la defensa del ordenamiento jurídico, de los derechos fundamentales y humanos«.

  • Inflación sigue cediendo y llega a 11,78% en julio de 2023, de acuerdo con lo informado por el DANE

    El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reveló este martes que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) o conocido popularmente como inflación, registró en julio de 2023 una variación anual de 11,78%, mensual de 0,50% y año corrido de 6,68%.

    Al respecto, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla, aseguró que “llevamos cuatro meses con descenso en la tasa de inflación. Es un buen dato para el país. ¿Qué sucede? Que sigue bajando la inflación de alimentos, de otros bienes y que el único bien que sigue bien que sigue generando algún impacto es el precio de los combustibles”.

    Agregó que, de seguir esta senda, “para llegar al final del año al 9,2 o 8,8, que es lo que ya está pensando el Banco de la República, debemos tener en los meses de septiembre y octubre, una decisión del Banco Central de comenzar a bajar tasas” de interés.

    Estos resultados se ajustan a los logros presentados en la rendición de cuentas del primer año del Gobierno del Cambio, por parte del Presidente Gustavo Petro, quien señaló que: “Hemos vencido la inflación”, por lo que es “más natural que comencemos a notar que el dinero de la familia ya alcanza para comprar la misma canasta de bienes y servicios que antes”.

  • Omaira, la niña que falleció en la tragedia de Armero, podría ser declarada santa por la Iglesia Católica

    La tragedia de Armero que enlutó a Colombia en 1985 podría resultar en una alegría para los creyentes de la fe católica. Omaira, la niña que se convirtió en símbolo de este desastre natural, podría ser declarada como santa por parte del papa Francisco.

    La colombiana Natalia Bernal llegó hasta Roma para hacer una peculiar solicitud al papa Francisco luego de sus percances de salud entre junio y julio.

    La reconocida abogada Bernal se ha destacado en el panorama nacional por ser una defensora de la vida y se ha mostrado interesada por el proceso de beatificación de la niña Omaira, quien permanece en la memoria de los colombianos y es uno de los símbolos de la tragedia en Armero el 13 de noviembre de 1985.

    La jurista, quien ha sido insistente en la beatificación de la menor, habló con la revista Semana sobre cómo hizo llegar la solicitud al Papa.

    “No había un sistema de seguridad para impedirnos entrar al hospital. Nadie nos preguntó. Subimos al décimo piso donde fue la cirugía del Papa”, dijo la abogada a dicho medio.

    La jurista logró entregar la carta a una persona muy cercana del Papa: “Días después, le dieron de alta al papa y mucha gente estaba allá, fue necesario que acordonaran el lugar, en ese mismo momento entendí que Dios abrió caminos para que esa noche pudiéramos entrar con facilidad, no hay otra explicación”, contó.

    Sobre la solicitud de beatificar a Omaira, la jurista sostuvo que “el Señor tiene en cuenta el sacrificio de Omaira y el ofrecimiento de su vida para que se salven muchas vidas humanas y muchas almas se acerquen a Dios. Mucha gente frecuenta la tumba de Omaira y muchos hacen brujería y espiritismo allí, lo que buscamos es que se construya con el tiempo una iglesia o una capilla y la beatificación nos ayudará”.

  • Más de 100 mujeres del centro penitenciario El Buen Pastor se certifican en ideas de negocio, mercadeo y educación financiera

    La Ruta, impulsada por la Consejería Presidencial para la Reconciliación Nacional, en conjunto con el Ministerio de Justicia y del Derecho, y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), busca generar espacios de preparación personal y técnica para que las personas, una vez recuperen su libertad, cuenten con una formación idónea para iniciar sus emprendimientos, fortaleciendo la inclusión productiva y cortando así los círculos de violencia.

    Durante esta primera fase de la Ruta Emprendedora, 75 mujeres se capacitaron en Emprendimiento, 10 en Belleza Integral y 21 en Educación Financiera, programas realizados por la Cámara de Comercio de Bogotá, Prosalón y Asobancaria, respectivamente, que destaca la alianza público privada para fortalecer la resocialización en los centros penitenciarios.

    La Consejera Presidencial para la Reconciliación Nacional, Eva Ferrer Galcerán, destacó que esta estrategia es fundamental porque empodera a la mujer y enseña a dar valor al trabajo que realizan.

    “Dar valor a nuestro trabajo es dar valor a nosotras mismas y ustedes hoy cuentan con herramientas para valorar todo ese conocimiento y ponerlo al servicio de los demás. Esta estrategia reafirma que el cambio es posible cuando todos y todas trabajamos por reconstruir el tejido social de Colombia”, precisó.

    La Ruta para generar empleo

    Este proyecto busca ser un enlace para generar empleo e impulsar iniciativas enfocadas en promocionar los centros penitenciarios como espacios productivos que fortalezcan el proceso de resocialización de las personas privadas de la libertad.

    En ese sentido, el Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Camilo Umaña Hernández, recordó que, para el Ministerio de Justicia y del Derecho este tipo de iniciativas son muy importantes, pues “las pequeñas luces nos van mostrando grandes indicadores. Ustedes van a tener la oportunidad de trabajar y demostrar que pueden hacer mucho y de esto van a estar orgullosos la sociedad y sus hijos”, señaló.

    De igual manera, el Coronel Rolando Ramírez, Director de Custodia y Vigilancia del INPEC, afirmó que: “Desde la institución buscamos que las personas privadas de la libertad adquieran diferentes tipos de habilidades, y mejor aún si estas cuentan con certificaciones que respalden sus capacidades. Lo anterior no sería posible sin el trabajo interinstitucional de quienes nos apoyan. Este es el resultado del trabajo comprometido de todos los que hoy están aquí demostrando que la resocialización en las cárceles ¡sí es posible!”.

    Espacios productivos y de segundas oportunidades

    ‘Hoy cerramos la ruta de #FortalecimientoEmpresarial para mujeres emprendedoras en el Buen Pastor con la que estamos generando oportunidades de inclusión económica. Nos enorgullece poder acompañarlas para que sus emprendimientos puedan convertirse en negocios rentables y sostenibles una vez recuperen su libertad, sumando acciones para garantizar estas “segundas oportunidades”, con herramientas para desarrollar sus habilidades y competencias, sacar sus emprendimientos adelante, y brindar así mejores posibilidades y condiciones para ellas y sus familias”, dijo Ricardo Nates, Presidente Ejecutivo (e) Cámara de Comercio de Bogotá.

    En este primer ciclo de formación la Ruta Emprendedora certificó en ideas de negocio, mercadeo y educación financiera a más de 100 mujeres privadas de la libertad del centro penitenciario El Buen Pastor de Bogotá.

    Gracias los logros alcanzados por La Ruta Emprendedora, se iniciará un nuevo ciclo de capacitaciones en el centro penitenciario La Modelo en Bogotá, con una formación enfocada a fortalecer las habilidades, capacidades, sueños y metas de los aprendices, así como ser un enlace para promocionar los centros penitenciarios como espacios productivos y de segundas oportunidades.

    El evento contó con la participación de la directora del Centro de Reclusión El Buen Pastor, Miryam Helena Calle; el Vicepresidente de Fortalecimiento Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá, Juan David Castaño; el Gerente de Transformación Humana y Digital de Prosalón, Javier Baquero y cerca de 150 mujeres privadas de la libertad.

  • Tribunal Internacional de Justicia Ambiental, para juzgar crímenes contra la Selva Amazónica propone Colombia

    Un conjunto de iniciativas presentó el presidente de Colombia a sus homólogos de Brasil, Bolivia, Ecuador, Guyana, Perú, Venezuela y Surinam para adoptar de manera conjunta, durante la primera jornada de la Cumbre de la Amazonía «Unidos por nuestros bosques» que se realiza en Belém do Pará , Brasil.

    Una de esta iniciativas es la creación de un Tribunal Internacional de Justicia Ambiental para juzgar los crimenes contra la Selva Amazónica a escala global, idea que señaló el presidente Gustavo Petro, se la escuchó a Rafel Correa, expresidente de Ecuador y que «podríamos hacerla en particular para la región amazónica”, precisó. 

    En su intervención en el acto inaugural de la Cumbre de la Amazonía, el mandatario colombiano planteó, también, la suscripción de un Tratado que permita el uso de las armas en defensa de la Selva tipo «OTAN» (Organización para el Tratado del Atlántico Norte), que proteja la Selva Amazónica del delito y la deforestación.

    ¿Cómo defendemos la vida en la Selva?

    “Les propondría un tratado militar y judicial, pues el «motor» cada vez es más ilegal y representa un crimen contra la humanidad. ¿Cómo defendemos la vida en la Selva? Se defiende con razones, pero también con nuestras armas”, dijo el presidente Petro, quien invitó a los ministros de defensa de los países que comparten la región amazónica a abordar el tema.

    “Deberíamos crear una OTAN Amazónica, un tratado de cooperación militar para hacer interdicción de lo que vaya contra la selva amazónica en todos nuestros países, respetando, obviamente, nuestras soberanías, pero coordinando la fuerza”, enfatizó.

    Plan Marshall para la Selva

    En su intervención el gobernante colombiano reiteró su propuesta presentada desde el inicio de su mandato en distintos escenarios internacionales: cambiar deuda por acción climática en un tipo de Plan Marshall que otorgue beneficios a las naciones que emprendan la protección del medio ambiente mundial.

    “Hemos lanzado una propuesta que está en la declaración que ya es consenso en la reunión de presidentes de Sudamérica y de esta reunión: cambiar deuda por acción climática. Que no es cada país individual, porque nos fregarían las calificadoras de riesgo, sino es una reforma del sistema financiero”, agregó.

    ‘Una OTCA más social’

    El Presidente Petro Urrego también aplaudió la propuesta de contar con una ‘OTCA (Organización del Tratado de Cooperación Amazónica) Social’. “Nosotros tenemos derecho, por reglamento, a la Secretaría General en este periodo de la OTCA, tal como está, pero la OTCA tiene que repotenciarse, resignificarse, de una manera que es llenándola de pueblo, del pueblo amazónico, precisamente para discutir estos temas a profundidad”, enfatizó.

    Por último el mandatario colombiano porpuso un ‘Centro Científico de Investigación Común’ sobre la selva amazónica que piense y revitalice esta importante región.

    “Cosas de estas ya están en proceso, pero creo que deberíamos hacer un gran salto precisamente en el tratado de los países amazónicos para generar un fuerte centro de investigación científica nuestro, alrededor de la selva amazónica. Estas son las propuestas que dejaría para el debate”, concluyó.

  • Procuraduría pidió a la JEP dar respuesta a 15 solicitudes de acreditación de víctimas que están en el limbo, algunas desde 2021

    La Procuraduría General de la Nación pidió a la JEP responder las 10 solicitudes de inscripción individuales y cinco colectivas presentadas por víctimas que consideran deben ser acreditadas en el macrocaso 04: Situación territorial, de la región de Urabá, y que aún no han obtenido respuesta de la Jurisdicción.

    En su comunicación, el procurador primero delegado ante la JEP, Alonso Pío Fernández Angarita aseguró que, según información entregada por las víctimas, durante su visita a Urabá, dichas solicitudes de acreditación como intervinientes especiales, se encuentran a la espera de una decisión, algunas de ellas desde 2021 y otras fueron formuladas en 2022, sin que a la fecha hayan sido atendidas.

    Entre las solicitudes colectivas represadas están las de la Asociación de desplazados de Zungo embarcadero de Carepa, Antioquia, por hechos relacionados con desplazamiento, desapariciones y homicidios; la Asociación de víctimas de Antioquia de Apartadó (Asovima), por varias masacres ocurridas en la región, y el Colectivo de Víctimas del corregimiento de Churidó, Apartadó, por el desplazamiento forzado de 200 familias. 

    Para la Procuraduría, la demora en la decisión frente a estas solicitudes está afectando la garantía al derecho de participación efectiva de las víctimas dentro de las actuaciones procesales que allí se siguen, y a su vez desconoce el principio de estricta temporalidad.

    Con toda la batería política, constitucional y normativa que asegura un lugar central y preponderante a las víctimas en la construcción de la paz, se puede concluir que el rol de ellas es central y definitivo, sin ellas no puede haber justicia, restauración ni reparación, mucho menos alcanzar la tan anhelada paz que espera la sociedad de este modelo de justicia transicional”, aseguró el delegado en su carta. 

    Finalmente, el Procurador delegado aseguró que para dar cumplimiento al principio de estricta temporalidad le corresponde a la JEP adoptar medidas que contrarresten las demoras injustificadas y adoptar decisiones que satisfagan los derechos de las víctimas, en este caso en particular, el de participar de manera efectiva como intervinientes especiales en las distintas etapas procesales del trámite transicional.

  • “El cambio nos fortalece como nación y la igualdad y la justicia social nos ponen en la senda del crecimiento”, Petro en su rendición de cuentas del primer año de Gobierno

    El Presidente Gustavo Petro ofreció un pormenorizado balance de los logros alcanzados por el Gobierno del Cambio durante su primer año de gestión a manera de rendición de cuentas a la nación.

    En el Puente de Boyacá, lugar a dónde se celebró el Día del Ejército Nacional y se conmemoró la última Campaña de Independencia (1819), el presidente Gustavo Petro aseguró cómo todas las acciones de su administración han permitido fortalecer a Colombia como nación y poner al país por la senda del crecimiento y la prosperidad.

    “El cambio nos fortalece, no nos debilita. La búsqueda de igualdad y justicia nos pone en una senda de desarrollo de un crecimiento distinto que no deja a nadie atrás”, resaltó el Jefe del Estado en su informe en el que enumera algunos logros alcanzados por su administración.

    La paz avanza

    En su presentación y discurso al país el mandatario puntualizó que, en el ámbito de la paz, el gobierno está conversando con los grupos armados para buscar salidas, para salvar vidas. “Tenemos una mesa de diálogos con el ELN que ya nos ha permitido alcanzar un histórico e inédito cese al fuego bilateral que apoya la comunidad internacional”.

    “Los acercamientos con bandas criminales de Buenaventura y Medellín, han llevado a que en nuestro primer año logramos disminuir en un 54 % el número de las víctimas fatales de la Fuerza Pública”, y destacó que su Gobierno ha mejorado el bienestar de los integrantes de las Fuerzas Militares.

    Ni catástrofe, ni desestabilización

    El Jefe del Estado presentó evidencia de la mejoría económica del país desde la llegada de su administración.

    “En economía han dicho que íbamos a desestabilizar la economía del país, que la inversión se iba a ir, que se perderían empleos, que subiría el dólar. La ‘catástrofe económica’ decían los que no creen y nunca han creído en el cambio”.

    Hoy podemos, por el contrario, subrayo el mandatario que “hemos vencido la inflación que es la que golpea los bolsillos de la gente más pobre de Colombia”, quien proporciono cifras para mostrar que su Gobierno logró aumentar el salario mínimo, elevar el nivel de vida real de los más pobres y crear más de un millón de empleos de calidad.

    El mandatario indició como, “en junio, los flujos de inversión extranjera directa alcanzaron $1.729 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 70% frente al mismo mes del 2022.  Si además agregamos que el déficit de la balanza comercial bajó comprenderemos por qué el peso de Colombia es la más revaluada divisa frente al dólar”.

    “Es tanta la confianza en el país que una de las grandes calificadoras de riesgo, como es el caso de Fitch Ratings, ratificó la calificación de Colombia”, enfatizó.

    Cuando llegamos, dijo el mandatario, prometimos que íbamos a poner la casa en orden, una casa con grietas producto de la mala situación económica por el COVID-19 y “una mala gestión que nos dejó una deuda pública que saltará de pagar 78 billones este año a pagar el año entrante $105 billones de pesos”, lamentó.

    Narcotráfico y criminalidad

    Frente al narcotráfico el Presidente indició que, en lo que va de este 2.023, su administración ha incautado de 1.100 toneladas de cocaína y la destrucción de laboratorios para el procesamiento de cocaína aumentó en un 16 % con respecto al periodo anterior. “En este año, tenemos 573 toneladas de cocaína incautada, la mayor cantidad en toda la historia en un periodo similar”, precisó.

    La criminalidad ha sido combatida con contundencia, afirmó. Reveló que se han capturado 9.030 personas de grupos armados y adelantado 290 combates contra grupos ilegales, mejorando la seguridad ciudadana. El presidente señaló que se ha reducido en un 29,7% los delitos sexuales, de manera fundamental, los feminicidios.

    El homicidio en Colombia también mostró una reducción significativa del 3,6% -dijo el Presidente-, comparando este semestre con el primer semestre del año pasado y los homicidios bajaron en 17 de los 32 departamentos. “En un 40% de los municipios de Colombia no hay homicidios en todo el año transcurrido”, enfatizó.

    Logros agrícolas

    “El cambio es con hechos”, dijo el Presidente al enumerar los logros alcanzados en el ámbito agrícola entre los que destacó la compra de la tierra, los convenios de conectividad y de justicia ambiental, la aprobación de licencias para proyectos de energías limpias y la implementación de programas para combatir la deforestación.

    Todo esto nos demuestra -puntualizo el presidente Petro- que a un año del Gobierno del Cambio el país está encontrando la forma de dejar atrás la historia de violencia y la resignación a un destino. No queremos excluir a nadie cuando, con nuestras palabras, hemos demostrado que buscamos un Acuerdo Nacional, puntualizó.

  • Colombia no puede ser indiferente ante el aumento de cifras de feminicidios y ola de violencia contra la mujer: Procuraduría

    La Procuraduría General de la Nación manifestó su total rechazo ante el atroz asesinato de Luz Mery Tristán, lamentable hecho de violencia contra la mujer registrado en Cali y ante lo cual, el Ministerio Publico adelantará seguimiento al accionar de las autoridades competentes en el esclarecimiento de los hechos y garantía de acceso a la Justicia; por lo que asignará agencia especial para la intervención penal, en el trámite de judicialización e investigación.

    El deplorable hecho, que hoy enluta al país y al sector deportivo, se suma a los repudiados y denunciados casos de mujeres víctimas en el país, cifras que vienen siendo alertadas por la Procuraduría, especialmente en el Valle del Cauca y Antioquia, departamentos que registran las cifras más altas de violencias de género y  feminicidios en lo corrido del año 2023.

    Según el Reporte Dinámico de Feminicidios Colombia, entre el 1° de enero y el 3 de julio de 2023, se han registrado 320 casos de feminicidios en el país, de los cuales 23 fueron en  Antioquia y 18 fueron víctimas de este delito en Valle del Cauca, cifra a la que lamentablemente se sumaría el caso de la patinadora Luz Mery Tristán.

    Así mismo, de acuerdo con lo reportado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 1.608 casos de violencia intrafamiliar (802 en el contexto de pareja) se han registrado en el departamento del Valle del Cauca, y se han practicado en el año, 367 exámenes medico legales a mujeres, por presunto delito sexual. En Antioquia, el reporte registró 1.572 casos de violencia intrafamiliar (943 en el contexto de pareja) y 342 exámenes a mujeres por presunto delito sexual en el mismo período.

    Frente al feminicidio de la deportista y las inquietantes cifras que se engrosan cada día en Colombia, el ente de control enfatizó en las acciones de prevención de estas violencias, confirmando que en el año 2023 ha remitido a las Personerías Municipales, 410 alertas por riesgo de feminicidios a nivel Nacional, 44 en Antioquia y en 10 alertas en Valle del Cauca.

    Finalmente, la Procuraduría reiteró su llamado a la sociedad por la defensa de los derechos humanos de la mujer​, especialmente a las autoridades competentes para que se priorice la atención oportuna de los casos alertados y de todas las denuncias por violencia de género, garantizando la protección de las víctimas y así evitar que las cifras de feminicidio sigan aumentando en el país.

  • Investigación contra viceministro de cultura por presunta falsificación de título universitario

    a Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra Clímaco Esteban Zabala Ramírez, Viceministro de Cultura, por presuntas irregularidades relacionadas con una eventual falsedad documental y la supuesta utilización de tales documentos, con lo cual podría tener compromiso disciplinario.

    De acuerdo con una denuncia ciudadana conocida por la Procuraduría y difundida por los medios de comunicación, el Viceministro habría incluido en la información relacionada en su hoja de vida de la Función Pública, datos imprecisos sobre la realización de los estudios superiores en cuestión, que sustentó con un acta de grado falsa.

    Entre las pruebas solicitadas por la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa, están, la certificación de la universidad Externado sobre la veracidad de los estudios de maestría presuntamente cursados por el viceministro y del acta presentada por éste para sustentarlos.

    También requirió a la oficina de Talento Humano del Ministerio de Cultura, remitir copia de la hoja de vida con anexos entregada por el Viceministro Zabala Ramírez en su proceso de contratación, el acta de posesión y una certificación de los estudios que acreditó al momento de su vinculación. 

  • Más de 1,9 millones de hogares recibieron recursos del programa Tránsito a Renta Ciudadana

    Prosperidad Social entregó el balance del segundo ciclo de transferencias del programa Tránsito a Renta Ciudadana, en el que 96 % de los hogares, es decir, 1.931.000 beneficiarios, accedieron el incentivo.

    De 2.020.743 personas habilitadas para recibir pago en este segundo ciclo, solo el 4 % no acudieron al llamado para retirar el incentivo. Es por esto que, desde la entidad, explicaron que podrán retirar el pago acumulado, una vez inicie la dispersión del tercer ciclo. 

    Vale la pena resaltar que el Gobierno Nacional invirtió $791.328 millones para el pago de este segundo ciclo. Banco Agrario, operador de los pagos del programa, habilitó 496 oficinas, 27 cajas extendidas, de las cuales 10 se habilitaron para apoyar el pago de bancarizados en las principales ciudades y 17 en sitios sin presencia del banco; 9.836 corresponsales bancarios y más de 2.300 cajeros automáticos en todo el país, para facilitar el retiro del incentivo de los beneficiarios. A esta red, se sumaron 2.442 puntos de Efecty.

    Por otra parte, luego de una verificación entre Prosperidad Social y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el programa pudo validar a cerca de 800 mil titulares que se encontraban en estado de suspensión en los ciclos 1 y 2. A estos hogares se les modificó el estado a “validado” y podrán recibir los recursos en el tercer ciclo de pago de Tránsito a Renta Ciudadana, siempre y cuando cumplan con las condiciones de verificación y demás reglas operativas.

    Tránsito a Renta Ciudadana es un programa del Gobierno Nacional. No puede ser utilizado para hacer campañas políticas, y la vinculación de sus participantes no depende de ningún partido político.

  • Asignación presupuestal histórico que supera los 57 billones, entre los hitos del primer año del Gobierno Nacional al sector educativo

    La Ministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa, resaltó este viernes que la asignación de un presupuesto histórico de 57 billones de pesos hace parte de los hitos alcanzados en el sector educativo durante el primer año del Gobierno del Cambio, porque han sido orientados a atender las necesidades de los estudiantes en educación básica, media y superior.

    “En este primer año de gobierno uno de los retos importantes en educación es el financiamiento. Cómo garantizamos que las necesidades del sistema tanto en básica, en media y en educación superior se pueden cubrir adecuadamente. Logramos en este año un presupuesto histórico para educación, que supera los 57 billones de pesos; esto es la demostración de un Gobierno que ha puesto la educación en el centro”, destacó la Ministra en el informativo Colombia Hoy Radio.

    En ese sentido, la titular de la cartera de Educación subrayó como factor esencial la adición de 1,3 billones del presupuesto para educación, recursos que han sido orientados especialmente a atender las necesidades de los estudiantes, a través del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

    “En todo el territorio nacional las familias están buscando una oportunidad para que los niños y las niñas tengan un complemento alimenticio que les permita estar en buenas condiciones”, manifestó.

    Agregó que esos recursos de la adición presupuestal también han sido destinados a obras de infraestructura educativa tanto en básica como superior.

    “Es emblemático que hoy podamos contar con una estrategia que permita que más de 800 sedes de escuelas alrededor de todo el país se puedan mejorar. Eso es un rubro de 300.000 millones de pesos”, sostuvo la Ministra, quien además se refirió a los efectos de la inyección de más recursos para fortalecer las bases presupuestales de las instituciones de educación superior.

    “Los movimientos estudiantes han pedido durante muchos años que se fortalezca la base presupuestal. Se logró que la forma de financiamiento estuviera soportada en un mecanismo que denominamos IPC +4,65. La primera decisión de nuestro Gobierno fue subir el IPC a +5,0, lo que fue fundamental para que las universidades recibieran más estudiantes y adecuaran sus instituciones. Hoy podemos decir que cerramos el año con un IPC de +7,0, lo cual es emblemático y es la evidencia de un gobierno comprometido con la educación”, explicó.

    Finalmente, la Ministra puso de presente que con más recursos orientados a la educación se fomenta que los niños y niñas entre los 3 y 5 años puedan acceder al sistema.

    “Esta visión es fundamental para cualquier sociedad que quiera pensarse como una sociedad desarrollada. La Constitución hoy obliga la educación desde los 5 años hasta los 15 años. Con la apuesta que estamos desarrollando esperamos que desde los 3 años podamos garantizar que estén en el sistema en las mejores condiciones posibles”, concluyó la Ministra.