Categoría: Actualidad

  • Gobierno y ELN instalaron mecanismo de verificación del cese el fuego en Arauca

    Las delegaciones de paz del Gobierno Nacional y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), pusieron en marcha el Mecanismo de Monitoreo y Verificación del cese el fuego bilateral, nacional y temporal en el departamento de Arauca.

    La instalación de esta instancia regional contó con la participación de la viceministra de Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos, del Ministerio del Interior, Lilia Clemencia Solano Ramírez; el gobernador (e) de Arauca, Wilinton Rodríguez Benavides; del Obispo de la Diócesis de Arauca, monseñor Jaime Cristóbal Abril González; y el alcalde de Arauca, Édgar Tovar.

    El cese el fuego bilateral y temporal de carácter nacional con el ELN  fue ordenado por el presidente Gustavo Petro mediante el Decreto 1117 del 5 de julio del 2023, y estará vigente entre el 3 de agosto de 2023 y el 29 de enero de 2024, y podrá ser prorrogado por acuerdo entre las delegaciones de paz en la Mesa de Diálogos de Paz.

    También participaron representantes de los cuatro componentes de la Instancia Nacional del Mecanismo de la que forman parte ambas delegaciones, al igual que la Conferencia Episcopal de Colombia y la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, estas dos últimas en calidad de acompañantes del Mecanismo.

    Al término del tercer ciclo de conversaciones en La Habana, Cuba, se acordó la implementación plena del cese el fuego y se creó el Mecanismo de Monitoreo y Verificación.

    Dada la coyuntura actual del departamento de Arauca, a la instalación del mecanismo regional de verificación tuvo una significativa presencia de sociedad civil y de autoridades locales, que expresaron un particular interés en el tema.

    “Esperamos que la puesta en marcha del mecanismo en Arauca contribuya a prevenir incidentes, resolver problemas, bajar la intensidad del conflicto, permitir la participación de la sociedad en el proceso de paz y mejorar la situación humanitaria de la población”, informó la Oficina de Alto Comisionado para la Paz.

    Ambas delegaciones invitaron a la comunidad de Arauca a participar en calidad de veeduría social mediante sus aportes y comentarios a través de los correos:  unvmcmmvnacional@un.org y mecanismodemonitoreo@cec.org.co

  • Mis obligaciones con los ganaderos son irrenunciables: Lafaurie

    El país rural se puso en alerta por el proyecto de decreto publicado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, “Por medio del cual se promueve la movilización y organización campesina por la reforma agraria”, al cual reaccionó José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de FEDEGÁN, cuestionando la medida e invitando a la solidaridad ganadera frente a los eventuales riesgos de la movilización.

    “Advertir no es provocar”, señaló el dirigente gremial. No cuestionamos el derecho del campesino a movilizarse, pero el país conoce en qué puede terminar la movilización, cuando es instrumentalizada por grupos armados que ejercen control en los territorios.

    “El pasado mes de marzo, la movilización en Los Pozos, Caquetá, terminó con un campesino muerto y un policía degollado, y con el secuestro de la Fuerza Pública”, recordó el dirigente gremial.

    Proyecto inconveniente

    Agregó que “el proyecto es inconveniente, pues la movilización es un derecho que surge espontáneo de la inconformidad de las comunidades y, por tanto, no se convoca por decreto; pero, además, es inoportuno, pues la grave situación de orden público en los territorios lo que menos necesita es que el gobierno mismo incite a la movilización, pacífica por supuesto, pero impredecible bajo la presencia de grupos armados ilegales”.

    En ese contexto, el presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGÁN) precisó:

    1. Mis obligaciones con los ganaderos del país son irrenunciables, y han sido muchos los mensajes de preocupación y angustia que he recibido a raíz del proyecto de decreto.

    2. Yo escribí el trino a que se refiere el presidente Petro -no necesito ocultarme-, en respuesta a la zozobra que generó un decreto que, desde el título, “promueve la movilización” en defensa, entre otras cosas, del “acceso a la tierra” (Artículo 1).

    3. La preocupación ganadera no es gratuita; hace pocos días se publicó otro proyecto que reglamenta el Artículo del Plan de Desarrollo que elimina las garantías judiciales en la Extinción de Dominio por presunto incumplimiento de la función social o ecológica de la tierra, reemplazando a los jueces por la Agencia Nacional de Tierras.

    4. Los dos decretos alarmaron a la comunidad ganadera, pues van en contravía del Acuerdo firmado con el Gobierno para la venta directa de tierras, que venimos cumpliendo. Si la ANT tiene ofertas por más de millón y medio de hectáreas, más de la mitad calificadas para compra, además de las tierras de la SAE, más de 90.000 hectáreas extinguidas y más de 400.000 en proceso, que pueden ser entregadas a la ANT con un depósito del 30 %; es decir, sí hay tierras, lo que se debe promover, antes que la movilización campesina, es el fortalecimiento de la ANT, para que cumpla su cometido de comprarlas y entregarlas con proyectos productivos.

    5. La movilización, como mecanismo de participación, es un derecho colectivo para pedirle algo al Gobierno, en este caso tierras, que ya están a su disposición, pero también vías, crédito, asistencia y todo lo que se necesita para emprender un proyecto productivo que los redima de la pobreza y dignifique sus vidas; todas ellas necesidades que le corresponde al Gobierno atender. Entonces, ¿para qué promover la movilización, si es el Gobierno quien tiene las respuestas? 

    6. De ninguna manera, bajo ninguna interpretación, he incitado al paramilitarismo. Las Brigadas Solidarias Ganaderas, que promovimos cuando los anuncios del Gobierno sobre reforma agraria incitaron, esos sí, las invasiones de tierras son una expresión de solidaridad ganadera, un apoyo a las autoridades, un acompañamiento al vecino en dificultades, bajo el poder disuasivo de la presencia pacífica, en virtud, si se quiere, del derecho a la movilización que hoy se invoca.

    7. Finalmente, los ganaderos seguiremos cumpliendo lo firmado y esperamos una pronta reunión de la Mesa del Acuerdo, con presencia de la ONU y la Iglesia, porque lo nuestro es la civilidad y el diálogo, en pro de un desarrollo rural fraterno.

  • Procuraduría requirió al Ministro de salud claridad en la información de los pagos de presupuestos a las EPS

    La Procuraduría General de la Nación solicitó al Ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, claridad en la remisión de información relacionada con el pago de los presupuestos máximos a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) al entregar reportes para la vigencia 2021. 

    El Ministerio Público realiza seguimiento continuo al adecuado flujo de recursos en el sistema de salud, por tanto, solicitó al alto funcionario claridad en la información del pago de los presupuestos máximos del segundo semestre de 2023 y el pago de los ajustes del año 2022 y 2023. 

    A la fecha las EPS no han recibido el pago para los meses de julio, agosto y septiembre, pese a que es obligación que estos giros deben ser realizados con anterioridad y en los términos establecidos por la ley. 

    De otra parte, la entidad advierte sobre la obligación legal de la Comisión Asesora de Beneficios, Costos, Tarifas y Condiciones de Operación del Aseguramiento en Salud, de reunirse ordinariamente mínimo cuatro veces al año, de conformidad con la Resolución 4363 de 2012, con el objeto de aprobar la cancelación de los recursos. Esta Comisión en el transcurso del 2023 solo se ha reunido una vez . 

    Así mismo, la Delegada para asuntos del trabajo y la seguridad social pidió al Ministro Jaramillo el cronograma y los temas tratados en las mesas técnicas realizadas con Compensar, Sura y Sanitas, con el fin de efectuar el seguimiento y control a las mismas.

    Finalmente, el ente de control reiteró su solicitud al ministerio tomar las medidas necesarias para que las entidades promotoras, tanto del régimen contributivo como subsidiado puedan garantizar la prestación de los servicios  a más de 50 millones de colombianos.

  • ¡La inteligencia artificial llega al Congreso de la República

    El día de hoy fue radicado por el Senador Esteban Quintero el proyecto de ley de ARMONIZACIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y PROTECCIÓN AL DERECHO AL TRABAJO DE LAS PERSONAS, que busca impulsar el uso de la inteligencia artificial para potenciar al talento humano y proteger el derecho al trabajo, manteniendo las plazas que puedan ser desplazadas por el uso de las nuevas tecnologías, además beneficiar al sector productivo público y privado y abrir nuevas oportunidades

    laborales para estimular la innovación.

    El proyecto además busca

    1) La protección de los derechos de los trabajadores y la correcta utilización de la inteligencia artificial garantizando la estabilidad laboral y el derecho al trabajo de las personas, armonizando los avances científicos y tecnológicos con el trabajo de las personas.

    2) Regular el Uso de algoritmos para selección de personal.

    3) Incorporar de manera reglada el uso de la Inteligencia Artificial en el ejercicio de control, dirección y evaluación de desempeño de los empleados en las entidades públicas y privadas.

    4) Capacitación de personal frente al uso de la Inteligencia Artificial y armonización con las labores contractuales de los empleados.

    5) Uso de la Automatización Robótica de Procesos para optimizar y facilitar las labores repetitivas de los trabajadores pretendiendo potenciar el talento humano en pro de la mejora de los servicios prestados por las empresas y las entidades públicas volviéndolas más competitivas.

    6) Impulsar a las Instituciones de Educación Superior para que otorguen a sus alumnos una nueva visión del trabajo y preparen a sus estudiantes para interactuar de manera correcta con la inteligencia artificial.

    7) Mantener las plazas de trabajo que puedan ser desplazadas por el uso de las nuevas tecnologías recualificando la capacidad humana, física e intelectual de los trabajadores.

    8) Tener buenas condiciones de seguridad y salud en el trabajo para los trabajadores que interactúen con las nuevas tecnologías.

    Según explica el Senador Quintero, Colombia debe ponerse a la vanguardia de estas tecnologías, armonizar su uso para facilitar las labores de los trabajadores sin afectar sus derechos laborales todo lo contrario potenciarlos y hacerlos más productivos.

  • Propuesta de pago del transporte masivo, a través del recibo de la energía, es viable técnica y jurídicamente: Ministro de Transporte

    Garantizar el acceso a los sistemas de transporte masivos en el país, a través del pago de una cuota mensual recaudada en el recibo de energía, es una propuesta viable técnica y jurídicamente, explicó el ministro de Transporte, William Camargo.

    La iniciativa planteada por el presidente Gustavo Petro, recientemente, a través de su cuenta de X (antes Twitter), ha sido considerada por alcaldes y distintas voces conocedoras del tema de transporte masivo urbano.

    “La propuesta del presidente Gustavo Petro es viable técnica y jurídicamente. Traería importantes beneficios para mejorar sistemas de transporte público urbano y, así, también la movilidad y calidad de vida en ciudades”.

    Le puede interesar: Presidente Petro propone que uso de transporte masivo se pueda pagar con el recibo de la energía.

    El jefe de Estado señaló que, en apariencia, pero de manera real sería “para muchos, un transporte gratuito, y su pago real estaría distribuido en toda la sociedad de las ciudades respectivas con el peso que se les da a los estratos en las facturas”.

    La propuesta del mandatario surge surge ante el déficit financiero que enfrentan los sistemas de transporte en las ciudades capitales, que impacta la sostenibilidad, calidad, confiabilidad, seguridad y operación del mismo.

    Desde la cartera de Transporte se vienen buscando alternativas que garanticen la viabilidad del proyecto.

    El Ministro Camargo explicó, según un modelo preliminar, que si todos, pero todos, los hogares/predios de Bogotá pagaran, mensualmente, una tarifa por el transporte público de la ciudad, por ejemplo: 2,8 millones de hogares (con 2,79 personas promedio) y 2,7 millones de predios urbanos, se recaudarían más de $3 billones. No es ningún subsidio, “todo lo contrario, es una contribución al transporte público, esencial para hacer ciudades más habitables y sostenibles”.

    El costo operacional del sistema se distribuiría de acuerdo a variables como la tarifa del transporte público, avalúo del predio, la distancia del predio a la estación o el paradero, localización y destinación (residencial, comercial, dotacional, industrial, lotes), explicó el Ministro.

    “Fortaleciendo el transporte público se avanza en la dirección correcta. Necesitamos mejor y más transporte público, digno y eficiente para nuestras ciudades. Proponemos un pacto por la movilidad segura, sostenible y saludable. En el gobierno del Cambio seguimos explorando alternativas”, subrayó.

    Reacciones de mandatarios locales

    La propuesta del mandatario ha sido considerada por distintos alcaldes del país, que expresaron su interés de desarrollarla conjuntamente.

    Claudia López, alcaldesa del D.C. de Bogotá, ofreció a la ciudad como piloto de este proyecto.

    Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali, otra ciudad que presenta dificultades en las finanzas de su sistema de transporte local, expresó que le gusta la propuesta y “podría explorarse un financiamiento mixto”.

    Por su parte, Daniel Quintero, alcalde de Medellín, consideró que esta propuesta sería un cambio trascendental.

    Otra de las voces a favor es la de Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, quien indicó que es una buena idea porque “es bueno subsidiar el transporte público por razones de equidad y ambientales”.

  • Por primera vez Colombia es sede de la Cumbre Mundial de Bancos de Desarrollo

    Cartagena recibe a la Cumbre de Finanzas en Común (FiCS) en su cuarta edición, que en su encuentro anual reúne a la red mundial de Bancos Públicos de Desarrollo (BPD).

    El objetivo común es alinear el sistema financiero con el Acuerdo de París y fomentar las finanzas sostenibles, a través de soluciones y herramientas financieras innovadoras, que permitan contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

    Consulte la agenda completa de FiCS 2023

    El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn; el presidente de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), Rémy Rioux; el presidente de Bancóldex, Javier Díaz; el presidente del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Sergio Díaz-Granados; el presidente del Banco Europeo de Inversiones (EIB), Werner Hoyer; entre otros, son algunos de los panelistas que participarán durante la Cumbre entre el 4 y 6 de septiembre.

    Seis sesiones plenarias, quince talleres, cinco paneles de discusión y seis eventos paralelos sobre cambio climático, se centrarán en cuatro temas principales:

    • Pymes e inclusión financiera: Las empresas más pequeñas, las mujeres o la población vulnerable, suelen quedar excluidas del sistema financiero formal.

    • Clima y biodiversidad: Desarrollo de nuevas herramientas para cerrar la brecha financiera en la mitigación y adaptación al cambio climático, así como la promoción de la protección del capital natural y la biodiversidad.

    • Infraestructuras sostenibles: Las economías emergentes enfrentan brechas en la inversión en infraestructura, sumado a la necesidad de afianzar la transición energética, aumentar la conectividad digital y garantizar el acceso sostenible a servicios básicos para todos y todas.

    • Agenda institucional de los BDP:  Los desafíos requieren una mejor capacidad institucional, regulación y gobernanza del ecosistema de la financiación para el desarrollo.

  • “Jamás he recibido un diagnóstico sobre el síndrome de Asperger”, informó el presidente Gustavo Petro

    “Jamás he recibido un diagnóstico sobre el síndrome de Asperger”, confirmó el presidente Gustavo Petro este lunes a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), al referirse a su estado de salud.

    “Es imposible que nos hayan diagnosticado ese síndrome cuando éramos niños porque esa enfermedad solo empezó a diagnosticarse en 1994, cuando tenía 34 años de edad, y dejó de estar en los tratados de diagnósticos en el 2013, porque la ciencia la rechazó como una enfermedad específica”, agregó el jefe de Estado.

    El síndrome de Asperger es un trastorno del espectro autista que afecta la forma en que las personas interactúan y se comunican con los demás.

    La red de Asperger/Autismo (conocida por sus siglas en inglés AANE), señala que el síndrome fue descrito por primera vez por el doctor austriaco Hans Asperger en un artículo publicado en Viena en 1944; dicha investigación “no se conoció en el mundo de habla inglesa hasta fines de los años 80 y no fue clasificada oficialmente como un trastorno psiquiátrico hasta 1994”.

    Hasta el año 2013, indica el hospital estadounidense Johns Hopkins All Children’s, solía considerarse una afección en sí misma, con su propio diagnóstico.

    A partir de ese momento la guía que utilizan los médicos: Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, comúnmente conocido como DSM-5, cambió la clasificación del síndrome de Asperger. En la actualidad, a los niños que presentan señales se les diagnostica autismo y se les considera como parte del ‘espectro autista’.

  • Desprotección a víctimas de trata de personas y explotación sexual advierte Procuraduría

    Frente a las alarmantes cifras de delitos de explotación sexual y trata de personas a nivel mundial y en el país, la Procuraduría General de la Nación realizó seguimiento y control al cumplimiento de las obligaciones de las administraciones y Comités locales de lucha contra la trata de personas, en términos de reconocer si están siendo operativos y efectivos en el restablecimiento de derechos de las víctimas.

    De acuerdo con lo citado por el ente de control, entre el 2020 y agosto de 2022, se registraron 396 casos de Trata de Personas en el país, según el Grupo de Lucha Contra la Trata de Personas del Ministerio del Interior. Sin embargo, la Procuraduría precisó que podría existir subregistro de información, dada la normalización de esta forma de violencia, así como la falta de credibilidad en las víctimas.  

    Así mismo, el Ministerio Público también refirió que, Colombia tiene un porcentaje de mujeres víctimas de trata superior a la media mundial: 83 % versus 65 %, con riesgos aprovechados por los tratantes frente a necesidades económicas, la condición migratoria irregular, antecedentes de conflictos familiares, principalmente en casos de niños, niñas y adolescentes. En el trabajo doméstico, el sector de la construcción, la agricultura, minería, son los sectores en donde mayor ocurrencia de casos de trabajo forzado se identifica.  

    Por su parte, frente al delito de explotación sexual, la Procuraduría precisó que ésta se mantiene como la principal finalidad de explotación en el mundo con el 50 % de los casos identificados, registrándose también un incremento con la finalidad de trabajo forzado y la mendicidad ajena. 

    Abordaje de la trata de personas:

    • – Los resultados del informe de la Procuraduría arrojaron que de los 24 Comités locales de Lucha contra la Trata de Personas consultados, (17 departamentales y 7 de ciudades capital), la solamente en seis departamentos y tres ciudades capitales, se dio cumplimiento durante el primer semestre de 2022 a las sesiones ordenadas legalmente. 
    • – En Bolívar, Boyacá, Casanare, Chocó, Córdoba, Huila, Meta, Nariño, Tolima, Ibagué, Neiva, Pasto, Pereira y Villavicencio, los comités no contaban para el año 2022, con un diagnóstico sobre la situación de trata de personas en sus territorios.
    • – Solo 10 de los comités territoriales cuentan con un presupuesto asignado para el desarrollo de acciones de prevención de la problemática.
    • – 11 de los departamentos y en 7 ciudades capital, se tiene adoptada una ruta de protección y asistencia a las víctimas de trata de personas, sin embargo, no todos la tienen implementada. En Chocó, Cesar y Valle del Cauca, no se tiene conocimiento sobre su adopción e implementación.
    • – Preocupante ausencia de casas refugios para víctimas de este delito, evidenciando que no existe la voluntad política ni los recursos presupuestales. Solamente el departamento de Sucre y la ciudad de Bogotá, cuentan con estos espacios seguros, que les permitan a las víctimas de forma transitoria, contar con una vivienda gratuita mientras se restablecen sus derechos.

    Abordaje de la Explotación sexual:

    • – El informe elaborado por la Procuraduría evidenció que en el 70.83% de territorios para los que se dio respuesta, se informa la existencia de la problemática de explotación sexual en menores de edad y se considera que es grave en el 29% de estos (Risaralda, Nariño, Amazonas, Bolívar, Cesar y Valle del Cauca) y muy grave en el 25% (Chocó, Quindío, Norte de Santander y Casanare).
    • – Por su parte, en el 83.33% de territorios para los que se dio respuesta, se informa la existencia de la problemática de explotación sexual en mayores de edad y se considera grave en el 38% de estos (Risaralda, Nariño, Amazonas, Quindío, Cesar, Sucre y Valle del Cauca) y muy grave en el 29% (Chocó, Bolívar, Norte de Santander y Casanare).
    • – Según el ente de control, solo los departamentos de Quindío y Cesar tienen un diagnóstico de la problemática de explotación sexual y 8 entidades territoriales se conoce que cuentan con presupuesto asignado.
    • – Llama la atención que Amazonas ubicado en la triple frontera y Bolívar, con la problemática que se advierte en la ciudad de Cartagena, no cuenten con diagnóstico para un plan de acción para la lucha contra la explotación sexual.
    • – Para el Ministerio Público, el delito de explotación sexual se presenta en muchas regiones del país, sin ser un asunto fundamental en la agenda de muchos gobiernos territoriales y dejando a la deriva a muchas de sus víctimas, quienes no encuentran una respuesta institucional reparadora, integral, no revictimizante.

    Finalmente, el órgano de control precisó que, si bien el informe contiene recomendaciones para las autoridades competentes, advirtió la necesidad de afianzar herramientas técnicas que permitan fortalecer estas vigilancias preventivas, para lograr mayor eficiencia, oportunidad y un óptimo rigor técnico, que permita incidir efectivamente en la lucha contra este delito.

  • Corporaciones Autónomas Regionales estarían incumpliendo sus obligaciones al trámite para la titulación minera

    La Procuraduría General de la Nación exhortó a las Corporaciones Autónomas Regionales – CARS-, a que cumplan con lo dispuesto por el Consejo de Estado y deleguen un funcionario para que atienda las citaciones interinstitucionales convocadas los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Minas y Energía, frente al trámite de certificaciones ambientales para nuevas solicitudes de concesión minera en defensa de ecosistemas estratégicos.

    De acuerdo con el ente de control, a pesar de que es fundamental la información técnica sobre la identificación y delimitación de las áreas de importancia estratégica ambiental en los territorios que disponen las CAR y demás autoridades ambientales competentes, muchas vienen incumpliendo las órdenes impuestas por el Consejo de Estado en la sentencia del 4 de agosto de 2022, que estipula que los representantes legales de cada entidad deben designar un delegado con facultades para la toma de decisiones, sin perjuicio de la participación de los propios directores cuando se requiera su asistencia indelegable.

    El Ministerio Público reiteró a las autoridades ambientales del país que deben expedir los certificados a quienes pretendan obtener un título minero, siguiendo los parámetros señalados por el Consejo de Estado y cumpliendo los lineamientos necesarios definidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de manera que se logre garantizar no solo la protección a los ecosistemas de especial importancia ecológica, sino también el debido proceso y seguridad jurídica a los proponentes y titulares mineros.

  • Obligación de afiliar a trabajadores del Estado a la ARL Positiva es inconstitucional: Procuradora General

    La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, indicó que la norma contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026 (Ley 2294 art. 97) que impone la afiliación obligatoria de los trabajadores de entidades y corporaciones del Estado a la administradora de riesgos -ARL- de carácter público Positiva Compañía de Seguros S.A. no se ajusta a la Constitución. 

    En concepto enviado a la Corte Constitucional, la jefe del Ministerio Público señaló que la norma demandada vulnera el principio de unidad de materia, pues no guarda relación con el desarrollo de los artículos que conforman el Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026. 

    Además, la norma desconoce la jurisprudencia que señala que, por regla general, no se pueden modificar las leyes ordinarias de seguridad social por medio de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo. En efecto, se reforma la disposición que establece la facultad que tienen los empleadores públicos de seleccionar de manera libre y voluntaria las entidades que administran los riesgos laborales de sus empleados. 

    No se advirtió que en los debates parlamentarios se haya presentado una justificación clara y suficiente en torno a la necesidad de la medida para cumplir alguno de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, precisó la jefe del órgano de control.

    La Procuradora General indicó que la modificación pretendida por el legislador debió realizarse por medio de una ley ordinaria a fin de debatir de manera abierta y democrática su conveniencia, pues “resulta un elemento extraño a las características de las leyes que aprueban los planes nacionales de desarrollo incluir una enmienda permanente sobre la referida materia, dado el carácter eminentemente planificador y la vocación temporal de los referidos cuerpos normativos”

    Indicó que la norma acusada desconoce el precedente constitucional según el cual es válido que el legislador establezca determinados tratos preferenciales en materia de contratación con instituciones del Estado para favorecer a las aseguradoras de riesgos profesionales públicas, siempre que no llegue a anular las libertades económicas o a violentar el principio de igualdad por medio de la exclusión de las ARP del sector privado de una parte del mercado. 

    “En consecuencia, no parece razonable que, a través de una norma del Plan Nacional de Desarrollo, se pretenda eliminar del mercado la competencia entre los agentes existentes en el sector, por medio de la exclusión de las aseguradoras privadas de riesgos laborales”, puntualizó la Procuradora General en su concepto.

  • Masacre laboral en Colpensiones en la mira de la Procuraduría

    La salida masiva de personal de Colpensiones y la renuncia de algunos directivos, a solicitud del presidente Jaime Dussan, llamó la atención de la Procuraduría General de la Nación que inició vigilancia preventiva sobre el proceso de desvinculación que se está dando en la entidad.

    Tan solo en seis meses, según informaciones difundidas por medios de comunicación, de la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones- salieron, por lo menos, 110 personas por las que ahora Dussan tendrá que dar explicaciones sobre las razones de la terminación de esos contratos.

    Dentro de los requerimientos hechos por Gabriel del Toro, Procurador Primero Delegado para la Vigilancia de la Función Pública, se encuentran, entre otros, la relación de funcionarios y contratistas, con cargos y sueldos, que fueron despedidos de diciembre de 2022 a la fecha.  Asimismo, el Presidente de Colpensiones deberá relacionar la carga presupuestal que costaría en caso de eventuales indemnizaciones. 

    El Ministerio Público indaga si, al parecer, mientras se presentaba la masacre laboral, por el otro lado se daba una cascada de firma de contratos por los que el directivo del fondo pensional también deberá dar explicaciones.

    El Delegado de la Procuraduría advirtió que con estos despidos se pueda alterar el normal funcionamiento y calidad en la prestación del servicio de la entidad y se puedan transgredir los derechos laborales de los involucrados.

    El ente de control recalcó que continuará vigilante ante este tipo de situaciones que atenten contra los derechos de los trabajadores.

  • Más de 1.127.000 personas consiguieron empleo en julio 

    El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reveló este jueves que la tasa de desempleo para julio de 2023 se ubicó en 9,6%, lo que representa una disminución de 1,4 puntos porcentuales (p.p.) frente al mismo mes de 2022, cuando fue de 11%.

    Es así como este indicador se no se ubicaba en un solo dígito para los meses de julio, desde 2017, cuando fue de 9,9% y similar en 2015, cuando se ubicó en 9,2%.

    Según la entidad, las ramas de actividad que más contribuyeron a la variación positiva de la población ocupada con 1,2 p.p. fueron: construcción, con 1,7 millones de ocupados, y actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios con dos millones de ocupados.

    Puede consultar el informe completo del DANE acá.

    En julio de 2023 se registró un aumento de 674 mil mujeres ocupadas y 453 mil hombres ocupados. También, la brecha en la tasa de desocupación entre mujeres y hombres fue de 4 p.p., una de las más bajas desde julio de 2015, cuando se ubicó en 3,9%.

    De esta manera, en el séptimo mes del año la población ocupada del país fue de 23,2 millones de personas, una variación de 5,1% frente a los 22 millones ocupadas el mismo mes de 2022, es decir, que más de 1.127.000 colombianos y colombianas consiguieron empleo.

  • Procuraduría profirió cargos a agente interventor de Saludcoop EPS, Guillermo Enrique Grosso, por presunta autorización indebida de pagos

    La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos al agente especial interventor de Saludcoop EPS, Guillermo Enrique Grosso Sandoval (2013 – 2015), por la presunta autorización indebida de pagos a la IPS, sin que se hubiera validado la prestación del servicio de salud a sus afiliados.

    La Delegada para la Economía y Hacienda indicó que, al parecer, para la vigencia 2015 en el ejercicio de funciones públicas el servidor omitió el cumplimiento de la Resolución expedida por el Ministerio de Salud y Protección, y su obligación de reportar al Fondo de Solidaridad y Garantía, con lo que se pusieron en riesgo los recursos del Sistema General Social de Salud SGSSS.

    El Ministerio Público adujo que con su comportamiento Grosso Sandoval posiblemente pasó por alto su obligación de verificar los montos autorizados para pagarse, entregar información veraz a la cartera de Salud, usar y destinar de forma correcta e idónea los dineros parafiscales, entre otras responsabilidades.  

    Así mismo, el Ente de control sostuvo que con su presunto comportamiento el disciplinable pudo vulnerar los principios de responsabilidad, eficacia, moralidad y economía, por lo que calificó de manera provisional la conducta como falta gravísima cometida a título de culpa gravísima. 

  • Procuraduría llama al Gobierno a unir esfuerzos para mitigar incremento de la violencia

    Ante la ola de violencia que sacude a varias zonas del país y los reclamos de gobernadores, alcaldes y personeros para que el Gobierno Nacional les preste atención, la Procuraduría solicitó al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, que se adopten mecanismos que mitiguen esta situación.

    Para el Ministerio Público resulta preocupante el aumento de extorsiones, secuestros, homicidios, amenazas y atentados que se vienen dando en departamentos como Cauca, Nariño, Caquetá, Putumayo, Norte de Santander, Bolívar y Antioquia en donde sus pobladores sufren el acoso de los grupos ilegales.

    Allí no solo se registran ataques y amenazas contra miembros de la fuerza pública sino también contra candidatos, líderes sociales, concejales y alcaldes, muchos de ellos obligados a salir de sus territorios.  

    Es por esto que la Procuraduría demandó la necesidad de establecer una coordinación efectiva con autoridades territoriales y nacionales con el fin de diseñar e implementar un plan de acción integral que contemple estrategias de seguridad, fortalecimiento institucional y coordinación interinstitucional para hacer frente a la grave situación que enfrentan los funcionarios públicos y las comunidades en riesgo.

    Asimismo, el órgano de control urgió la necesidad de convocar a los gremios, organizaciones civiles, comunidades y al MinInterior a propiciar espacios de diálogo que busquen alternativas de salida a la crisis de orden público vivida en el territorio nacional.

    Por último, el Ministerio Público recalcó en el trabajo articulado que garantice la tranquilidad a los gobernantes y la paz retorne a sus territorios.

  • Por presunta omisión en uso de recursos exclusivos para la salud, Procuraduría formuló cargos a expresidente de Medimás

    La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos al expresidente de Medimás EPS S.A.S., Néstor Orlando Arenas Fonseca (2017 – 2019), por presuntamente omitir lo dispuesto por la ley sobre la destinación específica que tienen los de recursos de la salud.

    La Delegada para la Economía y Hacienda Pública señaló que el directivo, que también ejercía como representante legal de la empresa, posiblemente sobrepasó el porcentaje que se encuentra definido en los regímenes contributivo y subsidiario en la vigencia 2018, con lo que pudo incurrir en falta disciplinaria.

    El organismo de control indicó que, al parecer, Arenas Fonseca registró costos como gastos de tipo administrativo, entre los que estarían rubros de auditoría externa y servicios de call center, con lo que habría omitido el cumplimiento de sus deberes funcionales.

    Finalmente, la Entidad sostuvo que con su presunto comportamiento el disciplinable pudo vulnerar los principios de moralidad, responsabilidad, transparencia y economía, por lo que calificó de manera provisional la conducta como falta gravísima cometida a título de culpa grave.

  • Por presuntas irregularidades en modificación presupuestal, Procuraduría abrió investigación al expresidente de la SAE

    La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una investigación disciplinaria contra el expresidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) S.A.S., Andrés Alberto Ávila Ávila (2020 – 2022), por las posibles irregularidades en la modificación del presupuesto del Fondo para la Rehabilitación, Inversión y Lucha contra el Crimen Organizado, Frisco, del que fungía como administrador.  

    El Ministerio Público señaló que, al parecer, el directivo ordenó gastos de funcionamiento, avaló el pago de bonificaciones, autorizó el pago de indemnizaciones a directivos por cambio de gobierno, entre otras partidas que no estaban autorizadas para la vigencia 2022 ni por el Comité Técnico de Frisco, ni del Consejo Nacional de Estupefacientes. 

    Así mismo, la entidad indicó que no habría claridad sobre la legitimidad de las decisiones adoptadas al interior de la SAE, debido a que los hechos que motivaron la solicitud del cambio del monto presupuestal autorizado no fueron hechos cumplidos, lo que puede configurar una falta disciplinaria. 

    Con esta investigación, el organismo de control busca verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria; o si se ha actuado o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.

  • La humanidad tiene dos caminos, o el regreso del crimen al poder o la posibilidad de profundizar la democracia: Gustavo Petro

    Hoy en las redes aparece una noticia desapercibida en Colombia, pero que tiene un significado muy importante en la historia latinoamericana contemporánea.

    Jueces de la República de Chile decidieron condenar a los militares que asesinaron al cantor Víctor Jara en los días del golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende, del que conmemora, este mes, exactamente 50 años el 11 de septiembre.

    Iré a Santiago, al Palacio de la Moneda, a conmemorar con muchos presidentes y dirigentes democráticos del mundo, —conmemorar no sino lamentar— lo que nunca debió haber sucedido.

    A partir de ese golpe, prácticamente, toda América Latina, se bañó de sangre, no solo Chile, donde miles de personas fueron desaparecidas, torturadas y asesinadas.

    Se extendió por Argentina, se extendió por el Uruguay, se extendió por el Paraguay, se extendió por Brasil antes, se extendió por Centroamérica.

    Repetimos una historia dantesca que ya había ocurrido en Europa, España, Portugal, Grecia, y que arranca sus raíces realmente en otra época que no debió haber sucedido nunca. Mussolini, Hitler, Franco, el fascismo. Se ha dado por llamar al fascismo o al nazismo, en sus diferentes expresiones, una forma de pensamiento. Nunca fue una forma de pensamiento.

    Decir que un cuerpo étnico de la humanidad es inferior a otro no tiene nada de pensamiento, es una brutalidad.

    A partir de allí, pensar que los seres humanos, por su manera de pensar, de ser, de sentir, o por su color de piel, o por su origen étnico, deben morir en masa, por millones, no tiene base ni ideológica ni se puede considerar un sistema de ideas.

    Son criminales quienes piensan así, simplemente. Ese crimen desde el poder político, que termina ocasionando el genocidio, tiene raíces históricas, indudablemente, en los autoritarismos, en el poder mismo, pero nuestra historia contemporánea nace en esas épocas aciagas allá en Europa y se extiende en América Latina.

    Hoy, en cierta forma, conmemoramos que esté llegando a su final, ojalá, que no se pueda expandir, ojalá, como una nueva forma de gobernar en un mundo que está en crisis, en crisis económica profunda, en crisis del hambre, en crisis climática, en la crisis de la pobreza.

    Contrario a lo que cierto sueño hace unas décadas pregonaba como un mundo de prosperidad y de paz armónico, como si ya hubiera pasado la historia, como si hubiéramos entrado a una fase definitiva, décadas después, nos encontramos con que nos hemos sumido en una crisis civilizatoria, como dice el Papa. Una crisis integral que pone en cuestionamiento la existencia misma del ser humano en el planeta.

    Eso hace que las posibilidades de que vuelva a ascender el crimen al poder sean cercanas o sean contingentes, sean inmanentes hoy.

    La toma del Capitolio en Brasilia y la toma del Capitolio en Washington son dos hechos que no pueden ser considerados como anecdóticos, como pasajeros, son el síntoma de los nuevos tiempos.

    Y por eso este hecho alrededor de Víctor Jara y de lo que eso significa, me lleva a reflexionar, a pensar. Claro que la humanidad hoy tiene dos caminos: o el regreso del crimen al poder, o la posibilidad de profundizar la democracia, una democracia en movimiento. Las raíces del genocidio de mediados del siglo XX

    Otra vez estamos en la encrucijada de antaño.

    En Colombia hemos visto cómo se acerca el crimen al poder. Hemos visto episodios de nuestra historia contemporánea que así lo demuestran, no somos ajenos a esa historia que contamos desde los libros o desde los relatos.

    Indudablemente el genocidio de mediados del siglo XX es similar al genocidio que ocurrió en Europa y tiene raíces allí. Pensamiento usando tesis conservadoras terminó siendo la corriente fascista que desencadenó un crimen contra colombianos simplemente por ser liberales, por ejemplo.

    Poco tenía que pensar alguien que un liberal tendría que ser objeto de la pena de muerte por ser liberal, pero así fue en Colombia. Comenzó, quizás, con Jorge Eliécer Gaitán, pero venía de antes.

    Y terminamos en un genocidio muy parecido al que se desarrollaba en tierras europeas. Y posteriormente tuvimos ante nosotros la extinción de todo un partido político sólo por ser socialista, la Unión Patriótica, miles y miles de muertos, asesinados según las investigaciones judiciales, nacionales e internacionales, por una articulación entre el Estado o sectores del Estado y narcotraficantes, es decir, el acercamiento del crimen al poder político.

    Y, posteriormente, incluso ya por investigaciones incluso mías, siendo parlamentario, senador, nosotros denunciamos cómo ese narcotráfico se estaba tomando sectores enteros del Estado colombiano y cómo, repitiendo una tesis que se encuentra analizada en la experiencia del genocidio europeo, el crimen cuando se toma el poder político potencia el crimen y el homicidio pasa al genocidio.

    Por eso tuvimos 200.000 campesinos muertos en la década de los noventa. Por eso buena parte de la clase política, y gracias a la Corte Suprema de Justicia del entonces, pasó a la cárcel porque estaban las nóminas o eran los dirigentes del paramilitarismo.

    A mí me tocó ver cómo, el 35% del Senado de la República, mis colegas, iban a la cárcel por haber consentido, auspiciado, organizado el paramilitarismo, muchas veces cómo senadores de la República por la mañana hacían leyes y por la noche hacían la lista de los asesinados. Era el crimen en el poder.

    Y ahora estamos quizás en un momento de transición, quizás esa misma coyuntura que bifurca los dos caminos, el de aceptar el crimen en el poder, solo hay que no hacer justicia, o el de profundizar la democracia, pues es lo que se nos coloca al frente. Esas son las decisiones que quizás históricamente se están tomando en este momento.

    Proteger el poder judicial

    Por eso, en mi opinión, el poder proteger un poder judicial, el poder volverlo poder, disculpe la redundancia, es decir, empoderar la justicia, el lograr que la justicia colombiana pueda ser una barrera real contra el crimen en un espacio institucional que sea tomado por el crimen, como algunos hechos recientes, lamentablemente, nos pusieron este tema en la discusión pública.

    Lograr que los cuerpos de investigación del Estado, la Fiscalía General, las instancias que la Constitución ha creado y colocado para ese tema, puedan en realidad ser barreras contra el crimen, me parece fundamental.

    Lograr que el electorado colombiano no se supedite al crimen a partir de la compra de votos o que estos organismos del Ejecutivo o del Legislativo no sean simple apéndices de organizaciones criminales, creo que es fundamental si queremos evitar que la guerra perpetua en Colombia se mantenga y que el genocidio aparezca.

    En esas tareas, al Poder Judicial le corresponde una enorme responsabilidad, y como Presidente de la República es mi deber fortalecer esa posibilidad, evitar el camino que nos llevaría indefectiblemente a la disolución de la Nación, a la posibilidad de una profundización de la violencia.

    Es la democracia lo que queremos, una democracia multicolor y el movimiento, como le hemos afirmado. La democracia, al final, no es una estatua como estas cesáreas completamente estáticas de piedra.

    La democracia no es un recetario que inicialmente conocimos a partir de los primeros pensadores liberales y democráticos del mundo, que se instalaron precisamente a través de revoluciones, la Revolución Francesa, la inglesa, la norteamericana y la latinoamericana, porque fuimos parte de esa vanguardia.

    La democracia es un fluido, se profundiza, va enriqueciéndose, la profundización de la democracia es quizás la misión de la humanidad si quiere unirse, si quiere vivir en paz, si quiere vivir en este planeta e incluso, como decía ayer, extender la vida más allá de la tierra.

    Profundizar la democracia, por tanto, es nuestro camino, y la convocatoria que yo hago es que una de las piedras angulares para fortalecer la democracia es precisamente fortalecer la justicia. No permitir, por nada del mundo, que el crimen entre en la justicia. Como dijera la Biblia, si la sal se corroe, no hay nada más que hacer.

    Espero de usted, magistrado, y de todos los magistrados presentes y los que habrá en el futuro, y de los anteriores, que mucha gente valiente ha defendido estas mismas tesis desde las instituciones judiciales, la mayor de las ayudas en ese sentido.

    Colombia va hacia una democracia profunda, hacia aplicar a cabalidad la Constitución del 91, que es su bandera fundamental, hacia lograr la paz por ese camino, y hacia ser una nación grande.

    Colombia será una nación grande con una justicia grande, limpia, decente, profunda, concienzuda, y creo que ustedes son voceros y exponentes de esa posibilidad, así que felicito a usted, a su familia, que tengan las mejores decisiones en lo que acarrea en su trabajo cotidiano, y que sea usted uno de los baluartes de esta justicia poderosa que queremos generar en Colombia.

    Gracias y felicitaciones.

    Al acto de posesión de Jorge Hernán Díaz Soto, como magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, realizado en el Salón Gobelinos de la Casa de Nariño, asistieron Iván Leónidas Name Vásquez, presidente del Congreso de la República; el magistrado Gerson Chaverra Castro, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia; magistrado Aurelio Enrique Rodríguez Guzmán, presidente del Consejo Superior de la Judicatura; ministros y funcionarios del gobierno nacional; magistrados de las diferentes salas de Casación de la Corte Suprema de Justicia, y medios de comunicación.

  • Conflicto ideológico armado se transformó en economías ilícitas que no respetan fronteras: Presidente Petro

    El mandatario Gustavo Petro Urrego se convirtió en el primer presidente de Colombia en recibir el título de Doctor Honoris Causa otorgado por la Universidad para la Paz, centro académico creado por la Organización de las Naciones Unidas.

    El reconocimiento resalta la labor del presidente Petro en la búsqueda de la paz, la defensa de los derechos humanos y la justicia social.  Fue entregado por el rector Francisco Rojas, y el vicerrector de esta alma mater, Juan Carlos Sains-Borgo, en la sede del claustro en San José de Costa Rica.

    “El Doctorado Honoris Causa de la Universidad para la Paz reconoce a las personas por su labor humanitaria en el campo de la paz y la resolución de conflictos; en favor de la paz, la armonía, la protección de los derechos humanos”, destacó el rector Francisco Rojas.

    El jefe de Estado fue recibido con honores en la sede la Universidad para la Paz, en donde se descubrió una placa conmemorativa por su visita en la que se lee: “En conmemoración de la visita del Presidente de la República de Colombia, Gustavo Francisco Petro Urrego. Con ocasión de la inauguración del Año Académico 2023-2024. San José, Costa Rica – 28 de agosto 2023”.

    Luego de recibir el Doctorado Honoris Causa en la Universidad para la Paz, el presidente Gustavo Petro ofreció una conferencia sobre la violencia en Colombia y su involución hoy hacia las economías ilícitas. Explicó como esta tiene su origen en las desigualdades del país.

    La comunidad internacional ha manifestado su respaldo a la política de Paz Total. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres y los representantes permanentes de más de 10 países ante el Consejo de Seguridad de la ONU han brindado su apoyo unánime a los esfuerzos del gobierno para alcanzar la paz.

    Del conflicto armado a las economías ilícitas

    “Nuestro conflicto ideológico armado se transformó en el conflicto de las economías ilícitas; los ejércitos podrían vivir de estas economías ilícitas y permanecer perpetuamente allí. Ese es nuestro conflicto hoy. Solo que tiene una característica y es que puede salir de las fronteras. Ya no respeta la frontera”, expuso el mandatario al auditorio en su conferencia inaugural académica.

    “Este conflicto traspasó a las américas y al mundo. Las ciudades más violentas del mundo están aquí. Algunas norteamericanas, otras mexicanas, muchísimas centroamericanas, brasileras, colombianas, obviamente, venezolanas, ecuatorianas”, explicó.

    Dijo que “Colombia es uno de los países más desiguales de la tierra” y comparó a Colombia con Costa Rica.

    “Costa Rica no se caracteriza por ser una sociedad que se mate entre sí, ¿cuál es la diferencia? Yo encuentro una y no tiene que ver con la genética, tiene que ver con que las sociedades han encontrado con dificultad una manera de lograr cierta equidad dada la riqueza de un territorio. Costa Rica lo ha hecho mejor que Colombia; en esos términos, nosotros hemos fracasado”.

    Advirtió que hay sectores que están amenazando la democracia.

    “Hoy más de una fuerza política no quiere la democracia en América Latina. Quiere quitar el proyecto democrático de la historia de América Latina, a pesar de que nosotros, con franceses y con gringos, fuimos la vanguardia de la humanidad en esa tesis hace dos siglos. No estábamos atrás, estábamos en el frente”.

    Aclaró que solo los centros de poder pueden resolver el problema de las economías ilícitas y la crisis climática, que son herederas de un sistema capitalista.

    “Esa discusión puede llevar a quitar la ilicitud, quitar la ilicitud podría degradar más a la humanidad o, al contrario, evitar la disolución incluso de la existencia de la palabra democracia en nuestra memoria”.

    La misión es “llevar este virus que llamamos vida” y “solo lo podremos hacer si superamos nuestra propia división mortífera, nuestro reinado de la muerte”, pero enfatizó que si se fracasa en este objetivo el resultado es: “ni más ni menos se llama la extinción de la especie humana del planeta”.

  • “Solo ampliando y fortaleciendo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos lograremos sociedades en paz”: Presidente Petro Urrego en la Corte IDH

    “No es acabando el Sistema Interamericano de Derechos Humanos como progresamos, es fortaleciéndolo, ampliándolo, como lograremos sociedades libres, sociedades alrededor del derecho y la libertad y la justicia, por tanto, sociedades en paz”.

    De esta forma exhortó el Presidente Gustavo Petro a las naciones que hacen parte del Sistema Interamericano para fortalecerlo, ampliando la Declaración de Derechos Humanos, durante su visita oficial a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

    Puede leer: palabras del Presidente Gustavo Petro en la posesión de los Embajadores de Colombia en la OEA, ONU, Argentina, Uruguay, Guatemala y Nicaragua

    El jefe de Estado colombiano indicó que la Carta de Derechos Interamericana debe ampliarse a la mujer, a la naturaleza y a los derechos colectivos y sociales.

    “Pusimos aquí sobre la mesa varios temas en la discusión. El primero, que, en lugar de acabar el Sistema Americano, lo que tenemos es que fortalecerlo”, señaló el mandatario.

    El Presidente Petro enfatizó en la necesidad de cumplir las sentencias que emite la Corte IDH por parte de los países que hacen parte del Sistema Interamericano.

    “La Convención Americana, la Declaración Americana, obliga a todas las partes que la firmaron a hacer obligatorias sus sentencias. Y de una u otra manera, esa obligatoriedad viene siendo combatida por quienes quisieran la destrucción de los derechos humanos, para quienes quisieran la destrucción de las libertades de nuestras gentes, de nuestras sociedades”.

    En ese sentido, “yo mismo soy un beneficiario de la Corte Interamericana. Soy presidente gracias a decisiones de nuestra justicia interna y a las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que generaron incluso una escuela de discusión jurídica”, subrayó el Presidente.

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    En la reunión en la Corte IDH, con el mandatario colombiano participaron su presidente, Ricardo Pérez Manrique; el vicepresidente de este organismo, Eduardo Ferrer Mac Gregor Poisot, y la secretaria general adjunta, Romina Sijniensky. 

    Plantearon mecanismos para ajustar los tiempos de las sentencias emitidas por la Corte IDH y así agilizar la aplicación de sus decisiones, al igual que su fortalecimiento financiero.

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    El alto tribunal de las américas “ha demostrado que es una barrera contra el autoritarismo, las dictaduras, las circunstancias que en muchos países de nuestras Américas destruyen los derechos de las personas y los derechos humanos fundamentales”, advirtió el jefe de Estado colombiano.

    El otro motivo de la visita tiene como antesala la reunión que hará la Corte IDH en Bogotá, en el cumplimiento de los 75 años de su creación el 9 de abril de 2024, fecha en la se celebró la IX Conferencia Panamericana, la cual dio vida al Sistema Interamericano.

    “Una fecha que para los colombianos es supremamente importante. El 9 de abril del 48, precisamente en la ciudad de Bogotá, y en unos momentos que se convirtieron en un determinante de nuestros días, de nuestros años y de nuestra historia contemporánea, porque en ese mismo día asesinaron a Jorge Eliécer Gaitán y le quitaron los derechos políticos, no solamente a través de quitarle la vida a quien era un gran dirigente del país, sino a los derechos políticos de buena parte de la sociedad colombiana”, explicó el mandatario.

    El jefe de Estado colombiano, previo a su intervención al tribunal interamericano, recibió de manos del Presidente de la Corte IDH, Ricardo Pérez Manrique, un mazo símbolo de justicia.

  • Fiscalía, Naciones Unidas, organizaciones sociales y Avianca sellan alianza interinstitucional contra la trata de personas

    La Fiscalía General de la Nación, a través del Grupo de Trabajo Nacional de Género y el programa de prevención social del delito ‘Futuro Colombia’, selló una alianza estratégica con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la Fundación Renacer y Avianca para poner a disposición un nuevo punto de atención y orientación relacionado con la trata trasnacional de personas.

    En ese sentido, en las sillas de 153 aeronaves serán instaladas 35.000 tarjetas de seguridad con un código QR que le permitirá a los viajeros acceder a la página https://www.esoescuento.com/, que brinda orientación sobre el delito de trata de personas; y al aplicativo ‘Denuncia fácil’ de la Fiscalía, en el cual podrán reportar si son víctimas o conocen de algún caso asociado a este delito.

    Los aviones que llevarán las tarjetas son aquellos que vuelan frecuentemente a los 72 destinos internacionales donde se ha detectado el mayor flujo de ciudadanos con fines de explotación sexual, trabajos o servicios forzados, prácticas análogas a la esclavitud y matrimonio servil, entre otras prácticas que afectan la dignidad y la integridad de las personas.

    Con esta alianza interinstitucional se espera evitar la salida de víctimas desde Colombia hacia los países que sirven de tránsito o en los que están instaladas redes trasnacionales dedicadas a la trata.

    Durante el lanzamiento de la estrategia, la Vicefiscal General de la Nación, Martha Janeth Mancera, entregó los resultados de la entidad en la lucha contra las organizaciones dedicadas a la trata de personas: “Puntualmente nosotros tenemos durante el último año más de 180 organizaciones impactadas, esas 180 organizaciones impactadas se han hecho en varias estrategias, una contra las finanzas de esas estructuras, dos contra los reclutadores de las personas en Colombia, y tres, que nosotros estamos tratando de identificar las redes a través de precisamente, de los canales de información que obtiene la Fiscalía General de la Nación”.

    La Vicefiscal aseguró que el compromiso de la Fiscalía General de la Nación siempre será el de recuperar las víctimas y lograr la judicialización de los reclutadores y las redes que están detrás de este flagelo.