Categoría: Actualidad

Francisco Javier Zuluaga, más conocido como ‘Gordolindo’, puso en aprietos ante la Procuraduría a las directivas del Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta Media y Minima Seguridad de Bogotá -COBOG -, que, presuntamente, lo dejaron en libertad de manera irregular.

Las informaciones dadas por distintos medios de comunicación llevaron al Ministerio Público a requerir a la Dirección General del Inpec, sobre el paradero de ‘Gordolindo’, recluido en la cárcel la Picota y de donde habría salido el pasado 29 de noviembre de 2022, al parecer, no solo de forma irregular sino con deudas pendientes con la justicia .

De acuerdo al ente de control, el Inpec deberá explicar la situación en la que se encontraba el procesado y si efectivamente fue dejado en libertad, no sin dejar de remitir copias de la boleta de libertad y las constancias de verificación .

Asimismo, el director del Inpec tendrá que entregar un informe detallado de los protocolos que se siguen para conceder la salida a un privado de la libertad.

De la recopilación de pruebas exigida por la Procuraduría también hacen parte las comunicaciones emitidas por la Fiscalía General en las que se advertía al Inpec sobre la situación jurídica de ‘Gordolindo’.

De igual forma, los requerimientos hechos por el órgano de control abarcan toda información sobre el personal asignado, los turnos, las actas de firmas, y las funciones de cada uno de los guardianes que intervinieron en la fecha de los hechos.

En su más reciente columna de opinión, José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de Fedegán, planteó sus reparos contra el proyecto de decreto reglamentario que modifica las normas relacionadas con la extinción de dominio.

¿Quién está detrás de la extinción de dominio? ¿Quién está detrás de esto?, se preguntó al tiempo que manifestó que la Ley del Plan de Desarrollo, promulgada el pasado mes de mayo, terminó con un “añadido” de última hora, los numerales 5 y 6 del artículo 61, sobre “Mecanismos para facilitar y dinamizar los procesos de compra de tierras por oferta voluntaria”.

Manifestó que el título es engañoso, “pues al eliminar garantías procesales y endurecer los términos de la extinción de dominio, la convirtió en un instrumento sumario y administrativo, es decir, sin la intervención de un juez, reemplazado por la Agencia Nacional de Tierras, ANT, para ‘obligar’ al propietario a la ‘oferta voluntaria’”.

Dilema extorsivo

El alto ejecutivo agregó que esto es gravísimo porque lo que plantea el artículo es un verdadero “dilema extorsivo”: o me vende la tierra que quiero comprar…, o se la quito; no en vano fue bautizado como “expropiación exprés”, un término que le queda corto, pues la expropiación conlleva indemnización, en tanto que la extinción de dominio es un castigo equiparable al impuesto a un criminal.

“Semejante mecanismo representó un mensaje contrario a lo que el presidente, pocos meses atrás, calificaba de histórico: el Acuerdo entre Fedegán y el Gobierno para la compra directa y voluntaria de tierras para Reforma Agraria, bautizado como ‘Acuerdo para la materialización de la paz territorial’”, indicó.

El dirigente gremial recordó que en ese entonces, manifestó que “Los ganaderos seguiremos cumpliendo el acuerdo (…) a pesar de la inclusión del artículo 61, que abre caminos sumarios a la expropiación y alcanzó a destruir la confianza…”, añadiendo, en modo de reclamo, que “construir confianza está detrás de los resultados, y los resultados están detrás de la paz”.

“Nosotros no estamos proponiendo expropiación”, dijo Petro

Otro recorderis de la columna fue que Petro, desde el comienzo de su gobierno, reiteró que no habría expropiación, sino compra, muy en línea con el Acuerdo firmado con Fedegán. En mayo, a raíz de las reacciones al artículo 61, desde España dejó claro algo que es cierto: “Nosotros no estamos proponiendo expropiación, eso existe en la ley. No necesitamos ley para eso”; pero al mismo tiempo quedó el interrogante, que hoy resurge con el proyecto de decreto reglamentario.

Y se cuestionó que si ya existe ley para eso…, entonces, ¿por qué el artículo 61, que le resta garantías al propietario y convierte en sumaria y administrativa la extinción de dominio?; ¿por qué, ahora, un decreto que rebasa la potestad reglamentaria del Gobierno y concentra en la ANT competencias ambientales y hasta tributarias? ¿Quién está detrás de esto?

En su escrito, Lafaurie Rivera sostuvo que en un país con una institucionalidad ambiental “autónoma” y “clientelizada” a nivel regional, y una normatividad inaplicable en vastas regiones, ya sea por falta de gestión o por la presencia de grupos ilegales; es más, en un país en que 300.000 hectáreas de coca no logran ser objeto de extinción judicial de dominio, ¿esta misma figura se aplicaría sin reparos, como una mera decisión administrativa contra propietarios legales que no quieran vender?

Minagricultura anunció Mesa de trabajo para revisar el proyecto de decreto

“Si el Gobierno ha decidido comprar la tierra; si tiene 5 billones para ello en esta vigencia, y si hay tierras disponibles, como manifestó el director de la ANT en reciente entrevista, entonces, ¿para qué minar la confianza y enrarecer el ambiente, cuando hay un proceso de oferta voluntaria que ha funcionado, a pesar de la lentitud en la compra, de apenas 33.000 hectáreas? Repito, ¿quién está detrás de esto?”, reiteró.

Y concluyó reconociendo en la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica Flórez, una actitud asertiva. Según reveló Lafaurie, la alta funcionaria ofreció una mesa de trabajo para revisar el proyecto de decreto. “Allá estará Fedegán y, en el entretanto, los ganaderos… seguiremos expectantes”.

a Procuraduría General de la Nación requirió información a 40 gobernaciones y alcaldías del país sobre la ejecución de los recursos destinados para la expedición del certificado de discapacidad para las víctimas del conflicto armado. 

En desarrollo de una acción preventiva, la Procuraduría Delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz realizó la solicitud a los mandatarios locales para verificar el estado en el que se encuentra el trámite, pues ese documento es esencial para que la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas -UARIV- les otorgue la indemnización administrativa por la ruta prioritaria. 

En la comunicación enviada, el órgano de control resaltó que el cumplimiento del proceso es de vital importancia para garantizar a las personas con discapacidad que son víctimas del conflicto armado, el goce efectivo de sus derechos y el respeto por su dignidad. 

Este sábado, 26 de agosto, se registró un fuerte enfrentamiento entre el presidente Gustavo Petro y la senadora de la oposición Paloma Valencia, en el que se está último lo criticó por la polémica propuesta del mandatario de pagar 1 millón de pesos a los jóvenes por no matar.

“Gobierno gastará 1,2 billones de pesos para jóvenes que dejen de matar. ¿Habrá que presentar certificado de defunción de la víctima asesinada o vale la declaración de culpabilidad del homicidio? ¿Si el homicidio no ha sido judicializado se le concede también impunidad? ¿Qué pasa con la obligación de denuncia”, trinó la senadora Valencia.

La crítica de Valencia no tardó en recibir la respuesta del mismo presidente Petro, quien dijo: “esta es una mentira. Si los jóvenes tienen oportunidades, universidad, educación en general, oportunidad de créditos para asociar en la producción, la creación y el arte, no tendremos jóvenes que maten jóvenes”.

Entre los apoya al actual Gobierno Nacional, esta la  de la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal, quien alzo su voz en contra de los declarado por Paloma Valencia.

“Mienten descaradamente. No tiene nada que ver con plata por no matar, sino con dar oportunidades para prevenir la delincuencia”, enfatizó la congresista del Pacto Histórico.

La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, advirtió que las problemáticas que se vienen presentando en el territorio nacional como la migración y la minería ilegal, podrían estar incidiendo en el incremento los casos de violencia en razón del género y el sexo en Colombia. 

En reunión con la Ministra de la Mujer y Equidad de Género de Chile y los representantes de la Corporación Nacional Del Cobre – CODELCO, la Procuradora Cabello Blanco refirió con preocupación que prácticas como la minería ilegal y su expansión en zonas rurales, han repercutido en que se presenten casos de violencia psicológica, física, sexual hacia las mujeres y niñas; además de la grave degradación ambiental y destrucción ecológica que causa en el medio ambiente. 

La jefe del Ministerio Público también advirtió que, contextos como los de la migración y el conflicto armado, sumado a las necesidades básicas insatisfechas, el abandono institucional y las situaciones de hambre y pobreza que se vive en diversas regiones del país, vienen afectando a las niñas y adolescentes pertenecientes a los pueblos étnicos (indígenas y afrocolombianas), con discapacidad o en desplazamiento forzado. 

Finalmente, Cabello Blanco destacó el trabajo liderado por el Ministerio Público en el marco de la estrategia “Promujeres: Una Procuraduría comprometida con las Mujeres», donde desde lo preventivo, disciplinario y de intervención, el órgano de control vela por la garantía y defensa de los derechos humanos de la mujer, para hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia de las mujeres y evitar su revictimización.

Por los delitos de discriminación y hostigamiento agravado, la jueza 39 de Conocimiento de Bogotá condenó el viernes 25 de agosto de 2023 a Luz Fabiola Rubiano de Fonseca, la mujer que llamó ‘simio’ a la vicepresidenta de la República, Francia Márquez.

La sanción judicial se da tras el caso que causó indignación en el país, ante la gravedad de los términos utilizados por la mujer.

La togada, tras revisar el material probatorio y la declaración del 10 de abril de 2023, en la que la Rubiano reconoció su culpabilidad en estos señalamientos, encontró motivos suficientes para comprobar ambos punibles y dar sentido condenatorio a su fallo.

 En principio, dicha decisión debía conocerse el 30 de mayo, pero la audiencia fue postergada. El próximo 11 de septiembre leerán la sentencia donde se conocerá el monto de la pena. Vale recordar que la Fiscalía solicitó 44 meses de cárcel, pero por la aceptación de cargos tiene derecho a que se descuente hasta la mitad de la pena.

Las Empresas Promotoras de Salud (EPS) no pueden dejar de atender a ningún paciente con la excusa de que no hay recursos, porque no es cierto que existan deudas del gobierno con ninguna.

El gobierno del presidente Gustavo Petro ha garantizado recursos para el financiamiento del sistema de salud en todo el país, ratificó el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo.

“Los recursos para financiar el sistema de salud son suficientes y se pagan a tiempo”, dijo.

Por lo tanto, si a un colombiano le niegan el derecho fundamental a la salud, “lo invito a que radique su queja ante la Superintendencia Nacional de Salud, porque desde el Gobierno del Cambio seguimos financiando la atención en salud de todos los colombianos”, puntualizó.

El cálculo para el incremento del 16,23% del Pago por Capitación (UPC) de 2023 se obtuvo con la información que reportaron las propias EPS, a partir de las frecuencias de uso y los costos de los servicios que prestaron en 2022, y el aumento de la inflación, subrayó el ministro.

“Nunca antes, dijo, un gobierno destinó tantos recursos para la salud. Los dineros que se giran a las EPS no son de las EPS; son dineros públicos, aportados por todas y todos los colombianos a través de sus impuestos y las cotizaciones que pagan las personas del régimen contributivo”.

Se escucha decir que mueren los niños en La Guajira estando afiliados al sistema de salud y que un niño menor de un año tiene una UPC de 4 millones de pesos, dinero que se le gira a la EPS para que lo cuide durante un año.

“¿En dónde se están quedando esos 4 millones de pesos si se mueren los niños? ¿Qué se está haciendo con ese dinero con el cual estamos todos contribuyendo?”, cuestionó el titular de la cartera de Salud. 

Presupuesto histórico

El Presupuesto General de la Nación asignado para el sector salud en la presente vigencia se incrementó en un 25% comparado con el año anterior, pasando de 40,3 billones a 50,59 billones de pesos, informó el Ministerio de Salud.

Hasta julio del presente año, el gobierno nacional, a través de la Administradora de Recursos del Sistema (ADRES), ha pagado, cada mes, de manera anticipada, lo correspondiente a la UPC, con lo cual las EPS deben garantizar la atención de sus afiliados, así como los recursos para los denominados presupuestos máximos, por un valor de 46,5 billones de pesos para asegurar la prestación de servicios de salud a los colombianos.

Durante el 2023 se han entregado 2,3 billones de pesos adicionales para financiar la prestación de servicios y entrega de medicamentos que no se respaldan con la UPC, en lo que se denomina presupuestos máximos y 1,4 billones para el pago de incapacidades y licencias.

Félix Martínez, director de la ADRES, explicó que entre enero y julio de 2023 se les ha girado a las EPS 46,5 billones de pesos, de los cuales el 98% fueron pagados mes anticipado y tan solo el 2% correspondió a pagos como los ajustes de presupuestos máximos y algunos recobros, que requieren procesos administrativos y de la debida verificación de las cuentas por pagar.

“No hay evidencia para afirmar que los cálculos de la UPC, realizados para el 2023 con base en la información de las EPS, resulten insuficientes ocho meses después”, subrayó el director de la Adres.

A través de una carta enviada a la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica Flórez, el presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGÁN), José Félix Lafaurie Rivera, formuló observaciones al proyecto de decreto reglamentario que modifica las normas relacionadas con la extinción de dominio.

El dirigente gremial considera que las modificaciones y ajustes normativos del proyecto “incurren en afectaciones y excesos al ejercicio de la potestad reglamentaria”. Además, expresó que el Acuerdo para la materialización de la paz territorial – Compra directa de tierras para la construcción de la reforma rural integral que suscribieron FEDEGÁN y el Gobierno Nacional ha tenido respuesta positiva por parte de los ganaderos.

Esto “ha contribuido de manera sustancial a un relacionamiento institucional pacífico y armónico, de manera que considero que no se hace necesaria la expedición de normas como las contenidas en el proyecto de decreto- mencionado que, de acuerdo a diversos análisis desde el punto de vista jurídico, generan serios cuestionamientos y riesgos que más que contribuir a un adecuado ejercicio en la adquisición de tierras en la reforma rural integral, ponen en entredicho el respeto a derechos fundamentales”, agregó el alto ejecutivo.

Lafaurie Rivera recordó la voluntad y los esfuerzos que a diario “venimos adelantando desde FEDEGÁN para contribuir con el Gobierno Nacional en su firme propósito de materializar la reforma rural integral, propósito también usted sabe compartimos y defendemos plenamente, requiere ante todo como elemento fundamental contar con la seguridad jurídica y el respeto por el Estado de Derecho para que los objetivos propuestos se lleven a la realidad de la mejor manera posible”.

Manifestó que los ciudadanos que participen en el proceso de venta de tierras deben percibir que este se adelanta a través de mecanismos institucionales que cumplen a cabalidad con la Constitución Política de Colombia y el pleno respeto al Estado de Derecho.

Observaciones al proyecto de decreto reglamentario

A continuación compartimos las observaciones al proyecto de decreto reglamentario por medio del cual se modifica y adiciona el Decreto 1071 de 2015 Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, en cumplimiento del artículo 61 de la Ley 2294 de 2023 “Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 ‘Colombia Potencia Mundial de la Vida’ y se dictan otras disposiciones” y se reglamenta la Ley 160 de 1994:

1.            Aspectos generales:

•             Se pretende reglamentar la Ley 160 de 1994 (art. 53 que no está vigente), se debería reglamentar el Decreto Ley 902 de 2017 y respetar la etapa administrativa del procedimiento único.

•             Hace referencia a procedimientos y trámites que actualmente no tienen soporte legal (por ej., inversión de carga de la prueba, inspección ocular -en vez de visita predio a predio).

•             Amplía, por vía reglamentaria, los supuestos de hecho de la extinción del dominio, a pesar de que existe una reserva legal en cuanto a esas causales.

•             Suprime la obligatoriedad de la visita al predio para realizar la extinción del dominio, a pesar de que tanto la Ley 160 de 1994, como el Decreto Ley 902 de 2017 lo establecen como una medida para garantizar la verdad de la explotación del predio.

•             Desestimula el uso de las pruebas directas para determinar la explotación de un predio.

•             Modifica la prueba de la explotación económica, con ello se llevaría a que los usos que el gobierno no considere legítimos darían lugar a extinción del dominio.

2.            Aspectos sustanciales:

i.             Traslada sistemáticamente y por vía reglamentaria la carga de la prueba al propietario. Este asunto es de extrema gravedad y, por supuesto no puede hacerse por vía de reglamento. La carga de la prueba es una cuestión que goza de reserva legal, en la actualidad el Decreto Ley 902 de 2017 no la contempla.

ii.            Amplía de manera excesiva y por vía reglamentaria los supuestos que dan lugar a la extinción del dominio.

1.            Extiende los conceptos de utilización irregular a aspectos contenidos en planes y proyectos de explotación definidos por el Gobierno, con ello restringe los usos definidos en la Ley 200 de 1936 y 160 de 1994, que hablaban de explotación económica, sementeras, ganado, etc.

2.            Incluye como explotación irregular aquella que se produce con evasión tributaria, omisión de activos e inclusión de pasivos inexistentes. Estos asuntos no tienen nada que ver con aquellos respecto de los cuales es competente la ANT.

No queda claro si ella puede autónomamente realizar esa verificación o si debe hacerlo la DIAN.

Tal y como está redactado, la ANT se convierte en autoridad tributaria.

3.            Limita el concepto de explotación de terceros a la acreditación de un vínculo contractual -civil o comercial- o laboral, con lo cual buena parte de las relaciones de explotación de la tierra, basadas en la informalidad, no tendrían ningún valor.

4.            El artículo 2.14.19.4.8 es particularmente grave, toda vez que trae una lista de asuntos sobre los cuales tendría competencia la ANT, relacionados con:

Entendido esos usos con deterioro, entre otros:

– El uso de los predios, con contaminación de fuentes de agua

– El uso de los predios con procesos de deforestación

– El uso de los predios, cuando generen deterioro del suelo, que perturbe el derecho de ulterior aprovechamiento.

– El uso de los predios se dé, con violación de las condiciones establecidas en las licencias ambientales respectivas, según concepto de la ANLA

– Usos de los predios con violación o transgresión las determinantes ambientales

El proyecto convierte a la ANT en autoridad ambiental, sin ningún tipo de control por parte de las autoridades que legalmente deben cumplir esa función.

“El Batallón Guardia Presidencial tiene una misión central, cuidar las ideas, cuidar la Constitución, cuidar la democracia con lo que significa la palabra democracia original, el poder del pueblo”, fueron las palabras del presidente Gustavo Petro durante la ceremonia de celebración de los 95 años del Batallón de Infantería No. 37 ‘Guardia Presidencial’, que tuvo lugar en las instalaciones de la unidad militar, junto a la Casa de Nariño.

“Es el poder del pueblo lo que se cuida aquí y ustedes son del pueblo, el uniforme no cambia, no hace la diferencia, son el pueblo uniformado, un pueblo uniformado que siempre tiene que estar disciplinado y listo para cuidar la libertad y para cuidar la democracia, para cuidar el poder del mismo pueblo”.

En la ceremonia, presidida por el jefe de Estado, participaron el ministro de defensa, Iván Velásquez Gómez;  el vicealmirante Juan Ricardo Rozo, segundo comandante de la Armada y jefe del Estado Mayor Naval; mayor general Carlos Rueda Silva, segundo comandante y jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aeroespacial Colombiana; general José Bertulfo Soto Sánchez, comandante del Comando de Educación y Doctrina;  general Tito Yesid Castellanos, subdirector general de la Policía Nacional, y el teniente coronel Diego Alberto León Grimaldo, comandante del Batallón de Infantería No. 37 ‘Guardia Presidencial’.

El mandatario destacó el papel que cumple diariamente el Batallón de salvaguardar la seguridad de la Casa de Nariño, cuidar al Presidente de la República y a su familia.

Ustedes tienen la función de cuidar a una persona, el presidente; un ser humano común y corriente, con su propia historia personal y ustedes lo cuidan, pero no por ser persona, lo cuidan básicamente por lo que representa. Y lo que representa no es simplemente un sistema de poder. Hay poderes que hacen daño a la humanidad, quizás hay poderes que pueden beneficiar a la humanidad, porque en la figura del presidente se ha depositado una especie de confianza social que tiene que ver con la votación en la mayor parte de este tiempo republicano, indicó el presidente.

El jefe de Estado resaltó el trabajo que cumplió el Guardia Presidencial en la campaña libertadora al lado de Simón Bolívar e impartió instrucciones para que el origen y la trayectoria de esta unidad militar sean escritos en la historia de la República.

“Los felicito a todas y todos en este cumpleaños 95, ya va para un siglo, pero no recuerda la historia del Libertador, así que yo le pediría a nuestro jefe de educación y doctrina escribir la historia de este Batallón”, subrayó.

Durante la ceremonia de celebración, el presidente Petro condecoró a 37 miembros del Batallón por su desempeño en el ejercicio de sus funciones en la unidad.

La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, liderará a partir de este miércoles 23 de agosto, una misión internacional en Santiago de Chile, dónde se reunirá con Ministros del Gobierno Nacional, altos mandos de la rama judicial, autoridades ambientales y académicos, para abordar temáticas enfocadas en la protección del medio ambiente y frente a la garantía de los derechos de las mujeres.

La agenda en materia ambiental de Cabello Blanco, incluye espacios de articulación con los jefes de las carteras ministeriales de Minería, Medio Ambiente (MMA) y el Ministerio de Agricultura, para dialogar y analizar los retos comunes que enfrenta el sector minero en Colombia y Chile, el proceso de implementación del acuerdo de Escazú, la gestión del cambio climático, minería, entre otros. 

Por su parte, el abordaje de la misión para revisar temas de enfoque de género, se adelantará en las reuniones que la Procuradora sostendrá con la Jefe del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y  la Corporación Nacional Del Cobre – CODELCO, donde se profundizará sobre el enfoque de las políticas públicas en la garantía de los derechos de las mujeres, así como conocer la experiencia de la corporación en el desarrollo de mecanismos de protección de los derechos de las mujeres mineras.

Así mismo, la materialización del derecho al acceso a la justicia ambiental, como un aporte a la conservación y protección de los recursos naturales y la biodiversidad serán los temas centrales de las reuniones que Cabello Blanco sostendrá en la agenda, con el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, el Ministro Presidente del Tribunal Ambiental de Santiago, la Superintendencia del Medio Ambiente y la Corporación Nacional Forestal – CONAF.

Finalmente, la Procuradora asistirá a una actividad académica en la Universidad de los Andes, donde participará en un panel de discusión en torno a la protección del medio ambiente en su calidad de sujeto y objeto de derecho.

En un mes tendría Colombia las sentencias y decisiones de autoridades de Estados Unidos contra el Grupo Aval y Corficolombiana, en el caso de sobornos de Odebrecht, para dar trámite a un proceso sancionatorio en el país, estimó Marta Lucía Zamora, directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.

“Dada la gravedad de las conductas y la afectación económica al país, se hace la solicitud formal, a través de los canales diplomáticos, para iniciar el trámite ante las Cámaras de Comercio y la Superintendencia de Sociedades”, aseguró la funcionaria que recordó su pedido al canciller Álvaro Leyva de pedir dichas pruebas.

 “Si la Superintendencia de Sociedades aplica un procedimiento sancionatorio esto llevaría a la suspensión y pérdida permanente de los contratos de estas empresas con el Estado”, explicó la directora.

“Colombia tiene una legislación muy importante para el seguimiento de este tipo de decisiones proferidas en el exterior. Y es una función de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por disposición del Decreto 1358 de 2020, solicitar la inhabilidad sobreviniente que pueda llevar a terminar los contratos de esas empresas con el Estado por corrupción”, agregó.

La justicia estadounidense, a través de la Securities and Exchange Commission (SEC, por sus siglas en inglés) multó a las empresas colombianas Grupo Aval y Corficolombiana tras el reconocimiento en ese país de dichos grupos de haber pagado sobornos en Colombia, para obtener la adjudicación de obras de infraestructura vial Ruta del Sol II.

“En materia de lucha contra la corrupción el soborno transnacional genera inhabilidades, en este caso administrativas, y por esta razón se solicita formalmente el fallo para poder dar inicio al trámite ante las Cámaras de Comercio y la Superintendencia de Sociedades”, enfatizó Zamora.

Zamora recordó que, en caso de ser sancionadas, estas compañías estarían inhabilitadas de manera permanente para contratar con el Estado. “Es una inhabilidad permanente, recordemos cómo en la comunidad internacional, especialmente el soborno transnacional y los actos de corrupción tienen sanciones muy fuertes e inhabilidades permanentes”.

La Directora de la entidad que protege a Colombia en materia jurídica también reiteró que la legislación interna permite que toda prueba judicial que proviene de autoridades extranjeras puedan ser consideradas como tales por la justicia del país.

“Toda nuestra legislación trae artículos especiales en las cuales se consagra la validez de una prueba proveniente del exterior. Si bien la Fiscalía tiene toda la competencia para realizar el intercambio probatorio, en materia administrativa nuestra legislación también”, puntualizó.

La directora Zamora explicó que los casos de conglomerado económico Aval y Corficolombiana, su despacho tramita la solicitud de fallos relacionados con la empresa extractora de carbón Drummond, por acciones que afectaron los recursos del Estado colombiano.

Por instrucción del presidente Gustavo Petro, del pasado 15 de agosto, la Cancillería utiliza todos los mecanismos de colaboración jurídica con los gobiernos de EE.UU. y de Brasil “para establecer los daños y las reparaciones que la confesión del grupo Aval genera al Estado colombiano”, según dijo, entonces, el Mandatario.

El Jefe de Estado, igualmente, le solicitó a la Fiscalía General de la Nación, si es necesario, “reabrir los casos del proceso de Odebrecht/Aval y hallar los destinatarios de los sobornos”.

Siendo congresista, el hoy Presidente de la República, realizó sendos debates por el caso Odebrecht y, desde entonces, instó a las autoridades judiciales del país a incorporar los resultados obtenidos en tribunales estadounidenses contra estas compañías por este emblemático caso de corrupción.

Tanto Corficolombiana como Grupo Aval fueron acusadas y sancionadas en Estados Unidos de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). La SEC determinó que Corficolombiana, a través de su expresidente (José Elías Melo) y con el socio de la empresa conjunta, sobornó a funcionarios del gobierno de Colombia para obtener una extensión del contrato en la Ruta del Sol II.

En Colombia, el entonces Superintendnete de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, imputó cargos a Corficolombiana y a Grupo Aval por soborno, tráfico de influencias y acceso a información indebida, en septiembre de 2018.

En diciembre de 2016, Odebrecht – hasta entonces una firma de infraestructura en toda la región, firmó un acuerdo de culpabilidad con las autoridades judiciales de Estados Unidos, en el que confesó los sobornos.

Desde tempranas horas de la mañana ayer lunes festivo, la avanzada presidencial estuvo en el sector donde está ubicada la residencia del ex diputado del Atlántico y se especulaba con la visita del mandatario nacional a su hijo.

Fue después de las 4:00 de la tarde cuando el mismo presidente lo confirmó por medio de una publicación en redes sociales.

El proceso de Nicolas

Nicolás regresó a territorio atlanticense desde Bogotá el pasado 6 de agosto, luego de haber sido dejado en libertad por un juez. Sin embargo, el hijo mayor del presidente se le prohibió salir de Barranquilla y tener contacto con Samuel Santander Lopesierra, alias el Hombre Marlboro, y Alfonso Turco Hilsaca, quienes le habrían entregado un total de 1000 millones de pesos para la campaña de su padre. El proceso judicial que enfrenta Nicolás son por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

En un diálogo que sostuvo en la Casa de Nariño con los representantes demócratas de Estados Unidos, Alexandria Ocasio-Cortez, Nydia Velázquez, Greg Casar, y la jefa de gabinete del senador Bernie Sanders, Misty Rebik, el presidente Gustavo Petro propuso una alianza político–social por la vida y la naturaleza como eje de la unidad.

“Hoy no hay un movimiento político mundial que coloque como objetivo central el cambio del sistema (económico), porque tiene que ser así para superar la crisis climática”, sostuvo el presidente en el encuentro con los congresistas estadounidenses.

Le puede interesar: En visita oficial a los EE.UU. (21 de abril de 2023), el Presidente Petro dijo que se puso a ‘Colombia en el centro, en un papel de liderazgo’ para enfrentar los grandes problemas de la humanidad.

En la reunión previa al encuentro con el mandatario los congresistas norteamericanos dialogaron con los ministros de Defensa, Iván Velásquez; de Justicia, Néstor Osuna; el embajador de Colombia en Estados Unidos, Gilberto Murillo, y el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), Carlos Ramón González.

En esta intercambiaron conceptos y analizaron temas de transición energética, Paz Total, la transición ecológica en Colombia, y el enfoque del Gobierno con respecto a la ampliación de los derechos sociales y económicos.

En la reunión con el presidente Petro, el mandatario recordó su viaje a Washington, antes de la pandemia, donde propuso “una alianza americana, que llamé progresista” y explicó que esta alternativa la planteó porque “el diálogo de Estados Unidos con América Latina ha sido malo, cruzado por la historia”.

Y explicó que la idea “era cambiar esa historia uniendo movimientos. En ese momento no sabíamos que íbamos a ganar ni que iba a haber otra fuerza impulsando victorias en América Latina, pero ha sucedido: Chile, Guatemala ahora, el triunfo de Ecuador desde el punto de vista de la selva amazónica, (Luiz Inacio) Lula en Brasil, digamos, un ambiente progresista en América Latina”.

Esta unidad, expuso a los congresistas demócratas, es convencer a los movimientos progresistas que están muy impregnados de la defensa del petróleo y el carbón como recursos naturales que separan estos movimientos de la lucha mundial contra la crisis climática.

“A veces no entienden, a veces simplemente por intereses generados en cada país, que llevan medio siglo exportando, en unos países, básicamente materias primas fósiles: gas, carbón, petróleo. Sintonizarse con la lucha de la humanidad, que es por la vida, ha sido difícil”, dijo.

Esta situación sucede con más fuerza en Estados Unidos, porque “los intereses del carbón y del petróleo casi que limitan, en mucho, su accionar”, puntualizó.

“Y si en Estados Unidos fracasa la lucha, fracasa toda la humanidad. Por eso es que nos ha parecido importante, y a pesar de la historia, relacionarnos con el pueblo y con la institucionalidad norteamericana aún sin conocerla mucho”, aseguró.

Puede leer: Presidente Petro destaca potencial de América Latina para generar energías limpias y avanzar hacia una economía descarbonizada

En el encuentro, el presidente Petro recordó la reunión bilateral que sostuvo con el mandatario estadounidense Joe Biden y comentó que “ahí, quizás, la conclusión más importante, otra vez en Washington, fue lo que hemos llamado cambiar deuda pública por acción climática”.

Sustentó que “hay una expresión allí y al anterior que indica que se puede, que es una emisión de derechos especiales de giro que hizo el FMI (Fondo Monetario Internacional) en tiempos de la pandemia por la COVID, para tratar de impulsar las economías en ese momento”.

El mandatario sostuvo que esa experiencia de emisión de los bonos especiales en la pandemia muestra que es posible. La idea se ha generalizado en América del Sur, pero algunos gobiernos no la quieren. Sin embargo, es tenida en cuenta en todas las declaraciones comunes.

La propuesta de cambio de deuda por acción climática le gustó mucho al presidente Biden, “pero creo que el Gobierno de Estados Unidos está acorralado por una institucionalidad que niega ese propósito; lo hemos visto con Venezuela y lo estamos viendo con este tema. El Fondo de la Reserva Federal no quiere, en general los bancos centrales públicos no quieren, los gobiernos sí, pero eso impide actuar rápido”, dijo.

Le puede interesar: Biden respalda el tránsito hacia una economía descarbonizada propuesta por el Presidente Petro

Al hacer un relato sobre las dificultades que existen para enfrentar el cambio climático, el presidente Petro dijo que “el capitalismo lucha por ser verde, un sector del capitalismo, pero el otro sector lucha porque no”. Y manifestó: “Esto no se soluciona en un solo país, sino con un poder público que presione en Estados Unidos, China y la Unión Europea la transformación”.

“Así que, si no se une la humanidad, perdemos estratégicamente, porque dejamos de existir y ahí no hay como levantarse uno de derrotas”, sentenció.

Un encuentro de coincidencias

La representante a la Cámara del Congreso de Estados Unidos, Nydia Velázquez, coincidió con el jefe de Estado en la necesidad de construir la alianza progresista.

Recordó la congresista, que hace 31 años, cuando fue la primera mujer puertorriqueña en llegar al Congreso de Estados Unidos, era una de las pocas que hablaba de “políticas progresistas y de los derechos humanos en América Latina” y dijo que hoy, “por primera vez, 42 latinos electos a la Cámara de Representantes estamos decididos a utilizar nuestro mollero político para tratar de mover legislación progresista”.

“Tenemos que entender que para lograr la Paz Total hay que bregar con la crisis climática, que eso no es una responsabilidad de Colombia y que para proteger el Amazonas tenemos que buscar todos los esfuerzos de los diferentes países”, anotó.

“Creo que estamos en un momento en el que podemos lograr que el movimiento progresista de Estados Unidos le preste mayor atención a América Latina y el hilo que puede unir y reforzar esa relación es el cambio climático”, sostuvo la congresista Nydia Velázquez.

Para la representante Alexandria Ocasio-Cortez es evidente que “tenemos una esperanza en que nos podemos enfocar más en los derechos humanos, laborales y unir, no solo el movimiento progresista sino el mundo latino y cambiar las narrativas frente a América Latina y Colombia”.

Con preocupación, la Procuraduría General de la Nación alertó sobre el alarmante incremento de trastornos mentales y alteraciones en la salud mental de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el país, quienes cada vez más presentan síntomas de depresión, ansiedad y trastornos de comportamiento; factores que a su vez influyen el consumo de sustancias psicoactivas, deserción escolar, intentos de suicidio y casos de suicidio consumado en el país. de agosto de 2023 (@PGN_COL). Con preocupación, la Procuraduría General de la Nación alertó sobre el alarmante incremento de trastornos mentales y alteraciones en la salud mental de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el país, quienes cada vez más presentan síntomas de depresión, ansiedad y trastornos de comportamiento; factores que a su vez influyen el consumo de sustancias psicoactivas, deserción escolar, intentos de suicidio y casos de suicidio consumado en el país.

Según el Ministerio Público, en el primer semestre de 2023, fueron reportados 1.540 suicidios, de los cuales 479 fueron en jóvenes, 142 en adolescentes y 1 en infancia, En el año 2022, Colombia reportó en total 2.835 suicidios, de los cuales, 936 correspondieron a jóvenes, 312 a adolescentes y 3 a infancia.

Frente al preocupante panorama y en el ejercicio de su función preventiva, el ente de control elaboró un informe con los resultados del seguimiento a las acciones que los mandatarios han desarrollado en los territorios para la promoción de la salud mental y prevención del suicidio, de acuerdo con la Ley 1616 de 2013.

El reporte señaló que, que las edades con mayor índice de problemas en salud mental son los jóvenes de 17 a 24 años, seguido por los adolescentes de 12 a 16 años y la población infantil de 6 a 11 años. Así mismo, el informe determinó que por riesgos determinantes como las violencias de todo tipo en especial la intrafamiliar; el acoso escolar, el consumo de sustancias psicoactivas; ciber acoso; el reclutamiento por parte de grupos armados, entre otros, juegan un factor importante frente a la ideación y conducta suicida en estos ciclos de vida.

Las evidencias recolectadas por el ente de control también concluyeron que, el acceso a servicios en términos de capacidad instalada y oportunidad de atención, la falta de talento humano experto en los territorios, y el estigma que se presenta para acudir a un servicio especializado de salud mental, son las mayores barreras evidenciadas en los territorios, sumado a que el abordaje desde el entorno familiar, es insuficiente o nulo.

Ante los resultados, la Procuraduría, a través de la Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer, entregó a las entidades competentes, una serie de recomendaciones e hizo un llamado al sector salud, para que las consultas de psicología y psiquiatría, sean priorizadas, sin que se requiera pasar primero por una consulta con médico general.

Así mismo, exhortó a los entes territoriales, especialmente a las secretarías de salud y educación, con el fin de que revisen la asignación de recursos que han dispuesto para cumplir con las acciones planeadas orientadas a la prevención y atención en salud mental, el fortalecimiento familiar y la promoción de la convivencia escolar, buscando tener impacto en todos los contextos y entornos protectores en los que se desenvuelven estas poblaciones.

Con respecto a las posibles amenazas que habrían recibido funcionarios de la Unidad Nacional de Protección (UNP), entre ellos el director, Augusto Rodríguez, la Fiscalía General de la Nación se permite informar lo siguiente:

1. Sobre las declaraciones de la representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la Fiscalía reitera su compromiso con la investigación de los hechos que revisten delitos así como lo ha venido haciendo de manera prioritaria con todas las denuncias recibidas con relación a posibles amenazas en contra del director UNP, Augusto Rodríguez.

2. Desde el pasado 16 de agosto, el Grupo de Trabajo Nacional sobre Amenazas (GTNA) conoció por parte de una asesora de la UNP sobre las presuntas amenazas recibidas al director de la unidad por medio de correo electrónico y de manera inmediata le solicitó al Ministerio de Defensa un refuerzo urgente del esquema de seguridad del funcionario.

3. Esta solicitud de reforzamiento de medidas de seguridad incluyó a los jefes de las oficinas de control interno y jurídico de la entidad que también recibieron las supuestas amenazas.

4. Tras la denuncia recibida en la Fiscalía por parte del funcionario, se avanza en la recolección del material probatorio y evidencia física para esclarecer el origen de las posibles amenazas. Como parte de estas labores investigativas ya se solicitó información a la empresa administradora de la cuenta desde donde se originaron los correos.

5. Con respecto al supuesto atentado del que fue víctima Augusto Rodríguez, el 7 de marzo del 2023, la Fiscalía logró establecer que se trató de un hurto por parte de una estructura delincuencial dedicada al fleteo a la que se le atribuyen acciones similares.

6. Por este hecho, el ente investigador judicializó a Jairo Alexander Gómez Quintero, alias Muelas, por su presunta responsabilidad en este intento de hurto, quien permanece privado de la libertad en establecimiento carcelario. La próxima semana se realizará la audiencia de formulación de acusación por los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado; tentativa de hurto calificado y agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

7. Así mismo, por posibles hechos de corrupción al interior de la UNP, la Fiscalía ha adelantado acciones que han permitido la judicialización de Ronald Rodríguez Rozo, exsubdirector de la Unidad Nacional de Protección por su presunta participación en una estructura criminal al servicio del narcotráfico que habría transportado 168 kilos de clorhidrato de cocaína en un vehículo de la entidad.

La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa a la senadora Isabel Cristina Zuleta, por presuntas irregularidades en la financiación de campañas políticas a las que habría admitido haber hecho donaciones económicas.

La Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que, al parecer, en una entrevista radial la congresista aseguró que parte del salario que percibe actualmente lo ha entregado a algunos candidatos que aspiran a los cargos de elección popular en los comicios que se realizarán en todo el territorio nacional el próximo octubre.

Luego de ser consultada sobre si ese hecho no constituía una eventual participación indebida, Zuleta supuestamente afirmó tener facultades para hacer donaciones, al ser un hecho distinto a la prohibición existente sobre la financiación, con lo que según el Ministerio Público pudo incurrir en una falta disciplinaria.

Con la apertura de la indagación, el Ministerio Público busca verificar la ocurrencia de los hechos, determinar si son constitutivos de falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes, y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se pudieron cometer. 

La Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas y los representantes de los Pueblos Étnicos señalaron en el décimo informe de seguimiento y monitoreo a la implementación de la Ley de Víctimas, presentado al Congreso de la República, que se necesita con urgencia una articulación efectiva de las entidades públicas que hacen parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas -SNARIV- para cumplir con los derechos económicos, sociales y culturales de las víctimas.

Añadieron que se requerirían alrededor de $252,4 billones entre 2023 y 2031 que deberán ser asignados para cumplir con las medidas de asistencia, atención y reparación para las más de nueve millones de víctimas del conflicto armado.

La Comisión de Seguimiento y Monitoreo de la Ley de Víctimas (1448 de 2011) indicó que para 2022 se presentó un rezago de $732.100 millones disponibles que no fueron ejecutados por las entidades nacionales encargadas, y de $430.819 millones en productos y servicios que aquellas no recibieron dentro de la vigencia. Las entidades con menores recursos ejecutados fueron el Ministerio de Justicia, el Fondo Nacional de Vivienda y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Manifestó su preocupación por la constante reducción en términos reales de los recursos asignados a la Política Pública de Atención y Reparación a Víctimas -PPARIV-, pues para 2021 fue de $8 billones, en 2022 de $7 billones y para 2023 solo se programaron $5,7 billones, un 22% frente a la vigencia anterior.

Llamó la atención frente a la baja ejecución de recursos de departamentos como Cauca, con un 8%; Cundinamarca, con 26%; Boyacá, con 31%; San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con 48%; Vichada, con 55%, y Arauca, con 41%, y también evidenció grandes brechas en la asignación de recursos de las entidades territoriales en relación con el número de víctimas por ubicación, con una relación muy baja en regiones como Boyacá, Chocó, Cauca y Nariño.

Crisis humanitaria por desplazamientos forzados

La Comisión advirtió un complejo escenario de crisis humanitaria, caracterizado por fenómenos de revictimización y nuevas afectaciones, incluso en el marco de los procesos de acercamiento y negociaciones de la Paz Total. Según cifras de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas -UARIV- en 2022 se registraron 129 eventos por desplazamiento forzado de carácter masivo que afectaron a 56.558 personas, y 47 eventos de confinamiento de 41.106 ciudadanos y ciudadanas.

Sostuvo que los homicidios de líderes, lideresas y personas que defienden los derechos humanos tuvieron un incremento significativo del 32,5 %, respecto a lo registrado en 2021. Agregó que persiste la barrera en la ruta de protección individual y colectiva para la población con orientación de género diverso, en especial para los hombres gay, personas no binarias y los hombres transgénero.

En cuanto a la oferta de servicios, sostuvo que no se ha podido concretar la apertura de los Centros Regionales de Atención a Víctimas -CRAV- de Ibagué y Carmen de Bolívar (Bolívar) y llamó la atención sobre el notable deterioro de la infraestructura de las sedes de Valledupar, Curumaní (Cesar), Villavicencio y Barranquilla.

La Comisión estableció que en 2022 el 1,72 % de los hogares viables para entrega de atención humanitaria de emergencia no accedieron a esa medida y para el primer trimestre de 2023 el 14,46% de estos sujetos de atención por primer año no la recibieron, por lo cual, en los primeros tres meses del presente año no se cumplió con la meta formulada en el indicador del documento Conpes 4031 de 2021.

Señaló que persisten dificultades para las comunidades desplazadas forzosamente para ejercer de manera plena los derechos al retorno y la reubicación, pues a 31 de diciembre de 2022 solo el 12,71% superaron su condición de vulnerabilidad.

En cuanto al tema de rehabilitación indicó que el Gobierno nacional, pese a los esfuerzos realizados en materia presupuestal, debe establecer una destinación específica de recursos que garanticen la atención diferencial a niños, niñas y jóvenes.

Atención integral e indemnización a víctimas estancada

La Comisión agregó que continúa el estancamiento en el número de víctimas en general atendidas, lo anterior marcado con mayor énfasis en las zonas más apartadas del país, pues se registró una disminución en la atención brindada, pues en 2022, fueron 10.806, frente a 68.799 en 2021, lo que equivale a una reducción del 76 %.

Sobre restitución de tierras se evidenció una baja gestión en el trámite para la protección predial en el Registro Único de Predios y Territorios Abandonados – RUPTA-, por parte de la Unidad de Restitución de Tierras -URT-, pues de las 1.186 solicitudes para la inscripción en el RUPTA, 621 quedaron en trámite sin decisión de fondo, es decir solo el 52% del total de las presentadas en 2022.

Frente a los subsidios de vivienda entre el año 2000 y marzo de 2023, la Comisión precisó que de un total de 1’205.718 hogares integrados por víctimas de desplazamiento, solo se han asignado 316.127 subsidios para vivienda urbana y 56.915 de rural, número que resulta insuficiente frente a 1.205.718 hogares pendientes. De los cuales, no se han entregado 70.013 subsidios debido a proyectos de vivienda que no se han terminado, están paralizados o siniestrados.

En materia de generación de ingresos se requiere una política específica para población víctima ya que, según información del DANE (2021), esta población es más vulnerable dentro de los vulnerables del país. Las tasas de incidencia de pobreza para esta población son superiores al total nacional en 10,8% en pobreza monetaria y en 5,7% en condición extrema. En abril de 2023, en Sisbén IV se registraron 6.187.942 víctimas y un 79% de ellas continúan en los niveles más bajos de pobreza extrema y pobreza moderada.

La Comisión indicó que hay un total de 8.5 millones de eventos pendientes por indemnizar con un costo estimado por la UARIV de $67.4 billones. Señaló que el mayor número de personas indemnizadas corresponde a desplazamiento forzado, con un 64,4% (762.943), seguido de homicidio, con 27,5% (329.420) y desaparición forzada, con un 4,9% (56.738).

En cuanto al enfoque de género, la Comisión evidenció que a diciembre de 2022 se indemnizaron 8.816 mujeres víctimas de delitos contra la integridad y formación sexual en el marco del conflicto armado, que frente al universo de mujeres víctimas por este hecho (34.067), representa solo el 28 %, cifra que continúa siendo baja.

La Comisión llama la atención sobre el rezago en las indemnizaciones colectivas de sujetos étnicos de reparación. Entre 2016 y 2022 se han indemnizado colectivamente 83 Sujetos Étnicos de Reparación por un valor total de $25.372 millones de pesos, que corresponde al 13% de los sujetos de reparación colectiva pendientes.

Incumplimiento en sesiones de las Mesas Departamentales de Víctimas

Para la Comisión continúan las deficiencias para la coordinación y articulación entre la Nación y las entidades territoriales, relacionadas con la falta de planes para acompañamiento técnico a aquellas que cuentan con los recursos y las capacidades, pero presentan baja implementación de la Política Pública de Víctimas, que se evidencia en el incumplimiento con el mínimo de sesiones que deben realizar las Mesas Departamentales de Víctimas.

Es necesario reforzar las capacidades administrativas y de gestión de municipios como Cáceres, (Antioquia), Patía (Cauca), Bagadó (Choco), San Zenón (Magdalena), Colòn (Nariño) y Sucre (Sucre) que cuentan con niveles muy bajos de gestión, y es prioritario realizar un seguimiento a la gestión pública de los municipios como Mutatá (Antioquia), Cartagena (Bolívar), Puerto Concordia y Mapiripán (Meta), Colosó (Sucre) y Chiriguaná (Cesar), que reiteradamente siguen concernidos en las vigencias pasadas.

Por eso, recomendó al Gobierno nacional avanzar en la estrategia de coordinación Nación – territorio priorizando la asistencia oportuna, atención y reparación integral a la población víctima del conflicto armado.

Juliette de Rivero, representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, exhortó a la comunidad internacional y a las instancias nacionales a reforzar el acompañamiento de los funcionarios de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

“Urgimos a la Fiscalía General de la Nación hacer una investigación inmediata, exhaustiva”, de las amenazas de muerte contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez Ballesteros, y de sus funcionarios Daniel Augusto Jorge El Saieh e Israel Adalberto Franco y sus familias.

Mediante una declaración a través de su cuenta en Twitter, expresó su apoyo a las acciones de “limpieza de la corrupción en la institución y de mejorar los servicios para proteger a las defensoras y defensores de derechos humanos de este país”.

Luego de reunirse con el director y los asesores jurídico y disciplinario de la UNP, quienes han sido objeto de las amenazas, la representante de la ONU condenó este hecho y pidió a la comunidad internacional reforzar las medidas de acompañamiento a la UNP.

“Deploramos absolutamente estas amenazas de muerte y las condenamos. Queremos llamar a la comunidad internacional a reforzar todas las medidas de acompañamiento que tenemos con la UNP Colombia”.

Las amenazas de muerte fueron denunciadas por el director de la UNP, Augusto Rodríguez, quien reveló que las mismas llegaron a su correo institucional mencionando a su hija, a los funcionarios de la entidad Daniel Augusto Jorge El Saieh e Israel Adalberto Franco, quienes adelantan investigaciones penales y disciplinarias por “hechos de corrupción al interior y en el entorno proyectivo y de contratación de la entidad”.

El director de la UNP elevó la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y convocó a los miembros de la entidad a cerrar filas contra los violentos y los delincuentes.

El pasado 7 de marzo el director fue víctima de un atentado cuando regresaba a su residencia en las horas de la noche.

El Ministerio de Transporte informa a la comunidad y medios de comunicación de las siguientes restricciones para vehículos de carga con peso igual o superior a 3.4 toneladas (3400 kilogramos), en la red vial nacional, para el puente festivo de la “Asunción de la Virgen” del viernes 18 al lunes 21 de agosto de 2023.

Teniendo en cuenta la emergencia presentada en el corredor vial Bogotá – Villavicencio, donde las rutas alternas presentan diferentes restricciones de movilidad por afectaciones viales y conforme con lo establecido en las Resoluciones 761 del 01 de abril de 2013 y 0002307 del 12 de agosto de 2014, se comunica a los gremios, asociaciones del sector transporte, ciudadanos, usuarios de la red vial nacional y demás interesados, que se exceptúa la vía Bogotá – Villavicencio – Acacías de la medida de restricción para vehículos de carga del viernes 18 al lunes 21 de agosto.

De esta manera, se busca que el sector transporte esté enterado de las limitaciones que se presentarán en las principales vías del territorio colombiano. Además, reiteramos el mensaje de la conservación de la vida y el cumplimiento de las normas de tránsito. Así lo informó el viceministro de Transporte, Eduardo Enríquez Caicedo.

“Queremos hacer un llamado muy especial a todos los colombianos para que este puente festivo podamos conducir y cuidar la vida. Que portemos nuestra revisión técnicomecánica y que también podamos llegar a los hogares con el respectivo cuidado”.

Por su parte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) hace un llamado a los ciudadanos que durante este fin de semana festivo de la ‘Asunción de la Virgen’ se movilizarán por las diferentes carreteras y principalmente en las vías internas de los municipios del país para que se comprometan con la movilidad segura, pues el 58%de los fallecidos durante este fin de semana en 2022 provienen de vías urbanas, mientras que el 42% restante se registraron en vías rurales, lo que evidencia que el fenómeno de la fatalidad vial se concentra en el tránsito urbano.

Entre tanto, durante este festivo el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS), a través del Programa de Seguridad en Carreteras Nacionales (PSCN), brindará servicios para hacer más seguros y ágiles los desplazamientos. En este festivo en la opción 4 de la línea gratuita #767 se pueden reportar novedades o inconvenientes de orden público que observen en los corredores viales, información clave para que las FFMM y la Dirección de Tránsito y Transportes- DITRA puedan actuar de forma inmediata.

Adicionalmente y como apoyo para este festivo, el Programa de Seguridad en Carreteras Nacionales (PSCN) del INVÍAS tiene dispuestas 106 cámaras de video vigilancia, 130 dispositivos variables de apoyo, 68 imágenes visuales de las concesiones, 29 de peajes, así como 40 imágenes de las entradas y salidas de Bogotá, con el fin de brindar seguridad y prevención.

Desde el Gobierno nacional estamos comprometidos con la seguridad vial y la movilidad sostenible. Trabajamos mancomunadamente con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) y la Dirección de Tránsito y Transportes de la Policía Nacional (DITRA), para prestar atención y monitorear las vías del país, ofreciendo información y recomendaciones para el buen manejo y responsabilidad de los vehículos en las carreteras, sobre todo en los puentes festivos.

 La Procuraduría General de la Nación rechazó el anuncio de un nuevo paro armado en la región chocoana de Medio San Juan, hecho por el grupo armado ilegal ELN y le pidió al Gobierno intervención urgente para proteger a esas comunidades. 

Frente a esta grave situación, que tiene a más de 25.000 familias confinadas y sin posibilidades de acceso a alimentación, salud y educación, el Procurador Delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento Olarte, hizo un llamado al Gobierno Nacional para que cumpla con su deber constitucional de proteger la vida y los derechos de estas personas y revise las implicaciones de estos paros y acciones armadas, en las negociaciones que se adelantan con esos grupos al margen de la ley. 

“La población civil no puede seguir  siendo la víctima de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales que han manifestado su presunta voluntad de paz. Ni como Estado, ni como sociedad, podemos admitir ni permitir la ocurrencia de estos hechos” aseguró el Delegado Sarmiento Olarte.