Categoría: Actualidad

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó la plena identificación de las cinco personas que fallecieron en el accidente registrado el pasado 1 de abril en el peaje de Casablanca, entre Zipaquirá y Ubaté, donde una tractomula, al parecer sin frenos, colisionó contra más de diez vehículos.

De acuerdo con el informe oficial, cuatro de las víctimas eran adultos pertenecientes a una misma familia que se movilizaba en uno de los automotores impactados, mientras que la quinta persona fallecida era un menor de edad.

Las víctimas fueron identificadas como Adelaida Pérez Garcés (46 años), Rosalba Pérez Garcés (64), Fredy Alfredo León Narváez (43) y Luz Amanda Pereira Garcés (41). Las autoridades no entregaron mayores detalles sobre el menor de edad.

Medicina Legal indicó que en los procesos de identificación participaron tres equipos interdisciplinarios, integrados por expertos en áreas como odontología, antropología y medicina forense, además de personal de apoyo especializado.

“Expresamos nuestra solidaridad con los familiares y reiteramos nuestro compromiso con el país en el cumplimiento de nuestra misión forense”, señaló la entidad.

El accidente dejó además más de 20 personas heridas y al menos 12 vehículos destruidos por el impacto. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las causas del siniestro.

El Gobierno nacional, a través del Departamento Nacional de Planeación (DNP), aprobó el documento CONPES 4188, que asegura una inversión de $2,04 billones hasta 2036 para poner en marcha el Plan Nacional de Formación Integral.

La política beneficiará a más de 3,6 millones de estudiantes en 5.500 instituciones educativas del país, con especial énfasis en zonas rurales, municipios PDET y ZOMAC, territorios históricamente afectados por la desigualdad y el conflicto armado.

Entre las principales apuestas del plan está la creación de 22.000 centros de interés que se integrarán al currículo escolar, con enfoque en áreas como artes, deporte, ciencia y programación. El objetivo es reducir la deserción escolar y potenciar la educación como eje de desarrollo y construcción de paz.

La estrategia también contempla inversiones en infraestructura educativa, dotación pedagógica y la formación de más de 82.500 docentes, con el fin de consolidar un modelo que fortalezca las capacidades de los estudiantes y la autonomía de las instituciones.

Con esta iniciativa, el Gobierno busca avanzar en la transformación del sistema educativo, ampliar oportunidades en las regiones y cerrar brechas históricas entre el campo y la ciudad.

El Ministerio de Salud y Protección Social informó que, desde enero de 2026, ha realizado pagos mensuales a más de 7.800 internos de medicina en el país, en cumplimiento de la Ley 2466 de 2025 y la Resolución 000010 de 2026.

Con corte al 25 de marzo, la entidad reportó 7.881 pagos correspondientes a enero (99,8 % de cobertura), 7.832 en febrero (99,5 %) y 7.631 giros en marzo (98,6 %). Según el balance, el proceso avanza de forma progresiva y busca garantizar una remuneración ordenada y transparente, en articulación con las Instituciones de Educación Superior y la Adres.

Durante una mesa de trabajo realizada el 31 de marzo, se acordó que las universidades tendrán acceso a la información de pagos, lo que permitirá a los estudiantes consultar su situación y tramitar eventuales reclamaciones a través de sus instituciones.

El ministerio explicó que el giro de los recursos depende del cumplimiento de requisitos como la correcta postulación, la afiliación al sistema de seguridad social y el pago de la PILA como cotizante independiente tipo 73. También aclaró que los aportes solo se reconocen desde la fecha de afiliación efectiva.

Frente a los pagos pendientes, la entidad señaló que obedecen a problemas como falta de postulación, inconsistencias en los datos, errores bancarios o ausencia de afiliación. Finalmente, reiteró que continuará trabajando con las universidades para completar los desembolsos y consolidar esta política en todo el país.

La senadora Clara López Obregón anunciará su renuncia a la candidatura presidencial para sumarse a la campaña de Iván Cepeda Castro. La decisión será oficializada el próximo lunes 6 de abril en la tarde, en un acto conjunto con el aspirante del Pacto Histórico.

Según fuentes políticas, esta movida busca consolidar una candidatura única del sector progresista y evitar la dispersión de votos de cara a la primera vuelta presidencial del 31 de mayo. López había inscrito su aspiración el pasado 31 de enero ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, junto a María Consuelo del Río Mantilla como fórmula vicepresidencial.

En ese momento, la senadora señaló que su propósito era promover un acuerdo nacional que permitiera superar la polarización y dar continuidad a las reformas impulsadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro. “El cambio que este gobierno abrió le pertenece a todo el pueblo colombiano”, afirmó entonces.

Frente a la renuncia, se confirmó que en el tarjetón electoral la casilla correspondiente a López y su fórmula permanecerá en blanco, con el fin de no modificar la ubicación de los demás candidatos.

En paralelo, la campaña de Cepeda, quien aspira junto a Aída Quilcué, continúa sumando respaldos. El senador Ariel Ávila oficializará su adhesión el próximo 7 de abril en Bogotá, y se prevé que otros sectores políticos también se integren en los próximos días.

La ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Carina Murcia, junto al gerente del Sistema de Medios Públicos, Hollman Morris, confirmaron el cambio de nombre de la sociedad que agrupa a los medios públicos del país.

La decisión fue aprobada en Asamblea de Accionistas y posteriormente registrada ante la Cámara de Comercio. Desde ahora, la entidad pasa a denominarse INRAVISIÓN – Sistema de Medios Públicos del Estado Colombiano S.A.S., conservando su naturaleza jurídica como sociedad conformada exclusivamente por entidades públicas.

El cambio representa un hito en la comunicación pública nacional, al recuperar una denominación histórica con alto valor simbólico dentro del sector de los medios estatales.

Aunque la nueva razón social no altera la estructura ni el funcionamiento de la entidad, sí busca fortalecer su identidad institucional y consolidar su papel dentro del ecosistema informativo del país.

Cabe recordar que la antigua INRAVISIÓN fue liquidada en 2004, en medio de una reestructuración del sector televisivo que generó amplio debate sobre el futuro de los medios públicos, sus condiciones laborales y su sostenibilidad.

Desde entonces, el modelo ha atravesado múltiples transformaciones orientadas a mejorar su cobertura, eficiencia y producción de contenidos. Ahora, con la recuperación del nombre INRAVISIÓN, el sistema de medios públicos busca reforzar su posicionamiento y proyectar una identidad renovada al servicio de la ciudadanía.

Caracol Televisión anunció la creación de una comisión independiente para investigar la cultura institucional del canal y evaluar los protocolos existentes frente al acoso sexual y la violencia de género. La decisión, divulgada este 1 de abril, responde al compromiso asumido por su presidente, Gonzalo Córdoba.

Según el comunicado oficial, la comisión tendrá como objetivo analizar las dinámicas organizacionales y revisar el funcionamiento interno de la compañía, con el fin de formular recomendaciones que fortalezcan los mecanismos de prevención, atención y protección frente a este tipo de conductas.

El grupo estará presidido por la abogada Catalina Botero Marino y contará con la participación de Alejandra Negrete Morayta, Mia Perdomo y Carlos Alfonso Negret. La empresa aseguró que este equipo tendrá plena independencia y autonomía técnica para desarrollar una investigación rigurosa y transparente.

El proceso se regirá por principios como la confidencialidad, el debido proceso y la no revictimización, y buscará traducir sus hallazgos en cambios estructurales dentro del canal. La comisión también propondrá una hoja de ruta con medidas concretas, mientras la compañía reiteró su compromiso con un entorno laboral seguro y habilitó un canal para que las personas puedan aportar información.

Colombia pone en marcha este 1 de abril un nuevo modelo de pasaportes, tras la entrada en vigencia del convenio de cooperación entre la Cancillería, la Casa de la Moneda de Portugal y la Imprenta Nacional, con el objetivo de modernizar la expedición de este documento.

A partir de ahora, la Imprenta Nacional asumirá el proceso de personalización de los pasaportes. Para ello, recibió tres máquinas provenientes de Portugal, con capacidad para producir cerca de 600 documentos por hora y hasta 12.000 al día, lo que permitirá optimizar la entrega a los ciudadanos.

Las nuevas libretas incorporan un diseño renovado y cumplen con los estándares de seguridad exigidos por la Organización de Aviación Civil Internacional. Entre sus características se destacan la lectura mecánica, microchips de última generación, fotografías fantasma y diversos elementos de protección que incluyen representaciones de la cultura colombiana.

Este cambio marca una actualización significativa, teniendo en cuenta que el diseño anterior llevaba cerca de una década sin modificaciones, lo que hacía necesaria su modernización frente a las nuevas exigencias internacionales.

El presidente Gustavo Petro señaló que esta implementación fortalece la soberanía informática del país, al incorporar indicadores de gestión que permiten garantizar una mayor seguridad en el manejo de la información de los ciudadanos.

Wilmar Mejía presentó su renuncia irrevocable como director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), en medio de la polémica desatada por el escándalo de los llamados “archivos de Calarcá”, que apuntan a una posible infiltración criminal en algunas de las instituciones más sensibles del Estado colombiano.

La crisis tiene su origen en un operativo realizado en 2024 en carreteras de Antioquia, cuando autoridades interceptaron una caravana de la UNP en la que se movilizaba alias ‘Calarcá’, señalado jefe de una facción de las disidencias de las Farc. Aunque el cabecilla quedó en libertad por el proceso de paz, en el procedimiento se incautaron dispositivos electrónicos cuyo contenido permaneció en reserva hasta que investigaciones periodísticas revelaron la existencia de una red de informantes dentro del Ejército, la Policía, la Fiscalía y organismos de inteligencia.

En esos documentos aparece mencionado Mejía bajo el alias de ‘El Chulo’. Según las indagaciones, el entonces director de la DNI, junto con el general Juan Miguel Huertas, jefe de comando de personal del Ejército, habría filtrado información sensible a ese grupo armado, lo que intensificó el escándalo y la presión pública sobre su continuidad en el cargo.

Tras presentar su renuncia, Mejía aseguró que su decisión busca facilitar las investigaciones de la Procuraduría y la Fiscalía, señalando que debía ser coherente y evitar afectaciones a la entidad. Pese a su salida, negó ser un infiltrado y sostuvo que sus contactos con cabecillas se dieron en el marco de gestiones relacionadas con la paz.

El exfuncionario también ha reconocido en declaraciones previas haber entregado “información sensible” al presidente Gustavo Petro, lo que, según él, contribuyó a su ascenso dentro del Gobierno, aunque insiste en que esto no lo convierte en informante de las disidencias. Cabe recordar que el mandatario había defendido y reintegrado tanto a Mejía como al general Huertas tras una suspensión inicial impuesta por la Procuraduría.

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una alerta en la que recomienda a sus ciudadanos reconsiderar viajar a Colombia debido a riesgos asociados con el crimen, el terrorismo, los disturbios civiles y los secuestros.

La advertencia señala que, aunque el país recibe turistas, existen zonas con mayor nivel de riesgo en las que se aconseja no desplazarse bajo ninguna circunstancia.

La alerta establece restricciones específicas para varios territorios. Entre ellos se encuentran Arauca, Cauca (con excepción de Popayán), Norte de Santander y la región fronteriza entre Colombia y Venezuela.

En estas zonas, según el informe, confluyen factores como la presencia de grupos armados, la delincuencia organizada y el riesgo de secuestro o detención, lo que eleva significativamente los peligros para los viajeros.

Delincuencia y riesgos para turistas

El documento advierte que los delitos violentos son frecuentes en distintas regiones del país, incluyendo homicidios, asaltos y robos. También se reportan casos de extorsión, secuestro y hurtos a mano armada, incluso en lugares turísticos o de alojamiento.

Además, se subraya que la delincuencia común puede escalar rápidamente a situaciones violentas, por lo que se recomienda no oponer resistencia ante un robo.

Las autoridades estadounidenses también alertan sobre diferencias en los procesos judiciales, indicando que no todos los delitos contra turistas llegan a ser procesados, lo que puede generar frustración en las víctimas.

Amenaza de terrorismo

Otro de los puntos clave del informe es el riesgo de ataques terroristas. Según la advertencia, estos pueden ocurrir con poca o ninguna anticipación y afectar múltiples objetivos, como instalaciones gubernamentales, zonas turísticas, centros comerciales, transporte público, hoteles, restaurantes y aeropuertos.

Asimismo, se recuerda que en el pasado se han registrado atentados con explosivos, granadas y otros métodos, incluso en grandes ciudades.

Protestas y movilidad

El reporte también menciona que las manifestaciones son comunes en todo el país y pueden generar bloqueos de vías, interrupciones en el transporte público y dificultades para movilizarse entre ciudades.

En algunos casos, estas protestas pueden derivar en hechos violentos con saldo de personas heridas o fallecidas.

Finalmente, la alerta incluye advertencias sobre riesgos naturales. Colombia cuenta con múltiples volcanes activos y es un país con actividad sísmica frecuente, lo que podría derivar en emergencias como terremotos o incluso alertas de tsunami en zonas costeras.

También se advierte sobre deslizamientos de tierra, especialmente en regiones montañosas y ciudades con asentamientos en laderas, como Bogotá y Medellín.

El Gobierno nacional autorizó un nuevo incremento en el precio del galón de gasolina para abril, en línea con el alza del petróleo en los mercados internacionales, cuya cotización supera los 100 dólares por barril en medio de la tensión en Oriente Medio.

De acuerdo con la Comisión de Regulación de Energía y Gas, el ajuste será en promedio de 375 pesos por galón y responde a la actualización de todos los componentes que integran el precio del combustible, con el objetivo de ofrecer mayor claridad y trazabilidad a los consumidores.

La nueva metodología establece que el valor final incluirá el ingreso al productor o importador, que contempla tanto el combustible fósil como los biocombustibles en la mezcla, además de costos de transporte, márgenes de distribución, impuestos y otros factores asociados.

Asimismo, la resolución incorpora cargos relacionados con el Plan de Expansión de la Red de Poliductos (PERP) y el Plan de Continuidad, elementos clave dentro de la estructura tarifaria.

Con este ajuste, el precio del galón de gasolina en las principales ciudades del país quedó así: en Bogotá alcanza los $15.891; en Medellín, $15.811; en Cali, $15.900; en Barranquilla, $15.524; en Villavicencio, $15.991; y en Ibagué, $15.805.

Desde el sector gremial, David Jiménez advirtió que no ajustar los precios en medio de presiones internacionales incrementa el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, lo que genera mayores cargas fiscales para el país.

El vocero también señaló que mantener precios artificialmente bajos puede provocar distorsiones en el mercado y enviar señales equivocadas sobre el costo real de los combustibles, afectando la sostenibilidad del sistema a mediano plazo.

En cuanto al ACPM, se confirmó que tendrá un incremento cercano a los 100 pesos por galón bajo la nueva metodología aplicada por el Gobierno.