Categoría: Actualidad

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia, anunció una inversión histórica de $377.639 millones para financiar proyectos de energías sostenibles en todo el país, como parte de su estrategia de transición energética.

La iniciativa hace parte del Plan Bienal de Convocatorias del Sistema General de Regalías 2025–2026 y busca promover proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación (I+D+i) que garanticen el acceso equitativo a energías limpias, fortalezcan capacidades locales y respondan a las necesidades de cada territorio.

A través de la convocatoria “Energía Sostenible para el Territorio: Transición Justa, Comunitaria e Innovadora”, se financiarán 24 proyectos en el país, con montos que van desde $13.000 hasta $15.734 millones por iniciativa y un plazo de ejecución de hasta 36 meses.

Las propuestas deberán desarrollarse mediante alianzas entre actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, comunidades energéticas y universidades, con el objetivo de fortalecer la articulación entre academia, Estado y territorios.

Entre las líneas estratégicas se destacan el impulso a fuentes no convencionales como la energía solar, eólica, biomasa y geotermia, así como el desarrollo de tecnologías emergentes como el hidrógeno verde, la energía nuclear de nueva generación y sistemas avanzados de almacenamiento energético. Además, se promoverá el uso de inteligencia artificial para optimizar la eficiencia y seguridad del sistema eléctrico.

La convocatoria también incorpora un enfoque diferencial que prioriza la participación de mujeres, víctimas del conflicto, población en proceso de reincorporación, personas con discapacidad y comunidades étnicas, con el fin de garantizar una transición energética inclusiva y con justicia social.

Los interesados podrán presentar sus propuestas hasta el 8 de mayo de 2026 a las 4:00 p. m., en lo que se perfila como una oportunidad clave para fortalecer la soberanía energética y el desarrollo sostenible en Colombia.

Con esta inversión, el Gobierno reafirma su apuesta por una transición energética justa, comunitaria e innovadora que impulse el desarrollo de los territorios y contribuya a la sostenibilidad del país.

La Cancillería de Colombia confirmó la detección de un actor de amenaza cibernética tras las fallas e intermitencias registradas en la plataforma SITAC, sistema fundamental para la gestión de trámites consulares y expedición de documentos.

Las afectaciones se presentaron tanto en Colombia como en el exterior, impactando consulados en ciudades como Madrid, Barcelona, Miami, Orlando, Nueva York y en Chile, donde se suspendieron servicios como la expedición de pasaportes, trámites notariales, visados y registros civiles.

En el territorio nacional, ciudades como Bogotá y Cali también reportaron largas filas y aglomeraciones de usuarios que no lograron completar sus diligencias debido a las fallas del sistema.

Ante la situación, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en coordinación con el ColCERT, realizó un análisis preliminar que permitió identificar la posible afectación de parte de la infraestructura tecnológica por un actor cibernético. Como respuesta, se activaron protocolos de seguridad digital y se reforzaron las medidas de protección.

Por ahora, no hay una fecha definida para el restablecimiento total de los servicios. La plataforma continuará con suspensiones temporales mientras avanzan las labores técnicas para solucionar las fallas detectadas.

El sistema SITAC es clave para la operación consular, ya que permite la expedición de pasaportes y otros documentos oficiales. Además, su funcionamiento es determinante en la transición hacia el nuevo modelo de pasaportes, que involucra a la Casa de la Moneda de Portugal y la Imprenta Nacional de Colombia en el proceso de personalización de los documentos.

Las acciones de tutela por vulneraciones al derecho a la salud siguen en aumento en Colombia, evidenciando fallas estructurales en la prestación de los servicios. De acuerdo con cifras recientes de la Corte Constitucional de Colombia, las quejas más frecuentes están relacionadas con la falta de entrega oportuna de medicamentos y las demoras en la asignación de citas médicas.

El informe revela que ciudades como Bogotá y departamentos como Antioquia, Valle del Cauca y Norte de Santander concentran la mayor cantidad de tutelas por problemas en la atención en salud. En total, se han radicado 48.315 acciones, lo que mantiene a este derecho como el segundo más reclamado en el país.

Además, durante los primeros meses del año se registró un incremento significativo en las tutelas relacionadas con servicios de salud, especialmente en enero y febrero, lo que refleja el deterioro en la oportunidad y calidad de la atención a los usuarios.

La presidenta de la Corte Constitucional, Paola Meneses, lanzó un fuerte llamado de atención sobre la situación del sistema de salud. “Este es un llamado a todos los actores: EPS, IPS, entes de control, Gobierno Nacional, al Congreso y a la sociedad civil. La transformación que el país exige no puede ser un simple cambio de nombres (…) La sostenibilidad financiera jamás debe ser una excusa para negar la atención”, señaló durante un evento en Pereira.

El seguimiento a esta problemática no solo lo realiza la Corte. La Procuraduría General de la Nación también adelanta acciones preventivas, incluyendo visitas mensuales a las EPS, con el fin de evaluar la prestación del servicio y determinar posibles responsabilidades disciplinarias.

El Banco Mundial advirtió que América Latina y el Caribe crecerán apenas un 2,1 % en 2026, una cifra inferior en tres décimas frente al año anterior, debido a un entorno macroeconómico complejo marcado por altos niveles de endeudamiento, débil demanda externa y presiones inflacionarias derivadas de las tensiones geopolíticas.

Según la más reciente actualización económica del organismo, la mayoría de las grandes economías de la región mostrarán un desempeño inferior al de 2025. En ese sentido, se proyecta que Argentina crezca un 3,6 %, Brasil un 1,6 % y Colombia un 2,2 %, mientras que México alcanzaría un 1,3 %, impulsado en parte por la recuperación de la inversión.

El informe advierte que, aunque los niveles de deuda pública se han estabilizado tras el impacto de la pandemia de COVID-19, siguen siendo elevados en comparación con estándares históricos, lo que limita el margen de maniobra de los gobiernos y afecta el dinamismo económico.

Entre los principales factores que frenan la inversión privada y la generación de empleo se encuentran las presiones inflacionarias asociadas al conflicto en Oriente Medio, especialmente la guerra entre Estados Unidos e Irán. De acuerdo con el economista jefe para la región, William Maloney, las economías más dependientes de la importación de petróleo son las más expuestas a estos efectos.

Maloney subrayó además que las perspectivas económicas dependen en gran medida de la duración del conflicto, en un contexto en el que Washington y Teherán han acordado una tregua temporal que ha dado un respiro a los precios del crudo.

El documento también señala que el bajo crecimiento y la escasa creación de empleo de calidad han reactivado el interés por la política industrial como herramienta de desarrollo. No obstante, el organismo recomienda aplicar estos enfoques con cautela, priorizando el aprendizaje, el fortalecimiento institucional, la reducción de brechas en capital humano y un mayor acceso a financiamiento.

Finalmente, el Banco Mundial destacó el potencial de sectores como el de minerales críticos, aunque insistió en que la región debe apostar por un desarrollo más intensivo en conocimiento y tecnología. Asimismo, hizo un llamado a profundizar la integración comercial, superando barreras geográficas y regulatorias que aún dificultan el comercio entre países latinoamericanos.

La cifra de personas desaparecidas en medio del conflicto armado en Colombia ascendió a 136.010 casos, según la más reciente actualización de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas.

De acuerdo con la entidad, el aumento frente a registros anteriores —que en 2021 reportaban 99.235 casos— se debe principalmente a la integración de nuevas fuentes, la depuración de información y la consolidación de bases de datos que durante años permanecieron dispersas.

Para dimensionar la magnitud de la cifra, la Unidad de Búsqueda señaló que, si todas estas personas estuvieran en un mismo lugar, llenarían más de tres veces el Estadio Atanasio Girardot.

Por regiones, Antioquia concentra el mayor número de casos con 29.044 personas desaparecidas. De estas, 16.915 nacieron en el departamento y 13.500 fueron reportadas como desaparecidas allí, aunque provenían de otras zonas del país. Además, miles de casos se ubican en corredores que conectan con el Darién chocoano, el sur de Córdoba y el Magdalena Medio.

El análisis histórico muestra que las desapariciones aumentaron significativamente desde mediados de los años 80, pasando de menos de 500 casos anuales en los años 70 a picos cercanos a 5.000 en 2005. Desde 2016, la cifra anual ha disminuido a alrededor de 1.500 casos.

En cuanto al perfil de las víctimas, la mayoría corresponde a jóvenes entre 15 y 29 años, mientras que las personas entre 18 y 59 años representan más del 75% del total. Además, el 85,6% de los desaparecidos son hombres y el 14,4% mujeres.

Esta corresponde a la décima actualización realizada por la Unidad de Búsqueda, entidad encargada de dar respuesta a las familias de las víctimas y avanzar en la localización de personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado.

La Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación contra el excanciller Álvaro Leyva por su presunta responsabilidad en el escándalo relacionado con la licitación para la elaboración de pasaportes. La audiencia de formulación de acusación quedó programada para el jueves 23 de abril a las 3:00 p.m.

El proceso judicial se remonta a diciembre de 2025, cuando el ente acusador imputó cargos al exministro por el delito de prevaricato por acción. Según la investigación, Leyva habría declarado desierta en 2023 una licitación cercana a los $600.000 millones, pese a que la unión temporal liderada por Thomas Greg & Sons obtuvo el mayor puntaje y cumplía con los requisitos para la adjudicación.

De acuerdo con la Fiscalía, el exfuncionario habría expedido actos administrativos que presuntamente contravenían la normativa vigente, en medio del proceso contractual adelantado durante su gestión en la Cancillería.

Los hechos se originaron en septiembre de 2023, cuando Leyva tomó la decisión de dejar sin efecto la licitación que, inicialmente, favorecía a la empresa Thomas Greg & Sons. Tras el fracaso de una conciliación, la compañía interpuso una demanda contra el Estado por $117.000 millones.

Por este mismo caso, la Procuraduría General de la Nación sancionó al excanciller con una suspensión e inhabilidad de 10 años para ejercer cargos públicos, en medio de un proceso disciplinario que generó controversia.

La audiencia será presidida por la magistrada Blanca Barreto, de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.

La Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a Rappi con multas que superan los cuatro mil millones de pesos, tras detectar fallas que afectaron los derechos de los consumidores en el país. La decisión se dio luego de dos investigaciones administrativas en las que se evidenciaron problemas en la calidad del servicio, como retrasos en las entregas, productos incompletos o en mal estado y deficiencias en la atención de quejas.

Durante las investigaciones, la entidad comprobó que en algunos casos los productos adquiridos no fueron entregados, vulnerando el derecho de los usuarios a recibir lo que pagaron. Además, señaló que múltiples solicitudes no fueron atendidas ni resueltas, pese a que los consumidores permanecían largos periodos en el chat de atención.

La autoridad también advirtió que el sistema dificultaba el contacto directo con asesores, debido a demoras, bloqueos y respuestas limitadas a mensajes automáticos del asistente virtual, lo que afectó la adecuada gestión de las reclamaciones.

En cuanto a prácticas comerciales, la Superintendencia identificó cobros no autorizados en membresías y falta de información clara sobre precios por unidad, lo que impedía a los usuarios tomar decisiones de compra informadas. Asimismo, encontró posibles casos de publicidad engañosa en el servicio ‘Turbo’, promocionado con entregas en 10 minutos que no siempre se cumplían, así como información incompleta en promociones y ofertas.

Según la entidad, algunas campañas publicitarias omitían condiciones clave como vigencia, requisitos de acceso, porcentaje mínimo de descuento o número de unidades disponibles. Finalmente, la Superintendencia destacó la reincidencia de Rappi en este tipo de sanciones y reiteró su compromiso con la protección de los consumidores y la transparencia en el comercio electrónico.

Un nuevo enfrentamiento político se registró la noche de ayer en el Congreso entre los senadores y precandidatos presidenciales Paloma Valencia y Iván Cepeda, en medio de la controversia por la suspensión de la orden de captura contra alias ‘Calarcá’.

Durante la plenaria del Senado, Valencia cuestionó al Gobierno y al Pacto Histórico, al advertir que este tipo de decisiones podría tener fines electorales en zonas afectadas por el conflicto armado. La senadora citó declaraciones del exsenador Roy Barreras, en las que se refería a presuntas presiones de grupos ilegales en procesos electorales.

Asimismo, criticó la suspensión de órdenes de captura, señalando que podría facilitar el fortalecimiento de estructuras criminales. También mencionó preocupaciones sobre seguridad en ciudades como Bogotá y cuestionó los resultados electorales del Pacto Histórico en territorios con alertas de riesgo.

En respuesta, Cepeda rechazó los señalamientos y cuestionó la legitimidad de Valencia para hacer estas acusaciones, haciendo referencia a casos judiciales que han involucrado a miembros de su partido. Además, la acusó de no presentar pruebas y de lanzar afirmaciones sin sustento.

El senador también trajo a colación al expresidente Álvaro Uribe Vélez, en medio de su réplica, elevando aún más el tono del debate político en el Congreso.

La Fiscalía General de la Nación acusará formalmente a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco el próximo 29 de abril ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, por su presunta participación en el desfalco de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Bonilla enfrentará el juicio en libertad, luego de que el Tribunal Superior de Bogotá le concediera este beneficio por vencimiento de términos. La decisión se produjo al considerar que la Fiscalía no presentó a tiempo el escrito de acusación dentro de los plazos legales, tras la medida de aseguramiento que pesaba en su contra desde diciembre de 2025.

De acuerdo con el ente acusador, ambos exfuncionarios habrían participado en un supuesto “pacto criminal” para asegurar apoyos en el Congreso mediante la asignación irregular de contratos y proyectos por más de 612.000 millones de pesos, provenientes de la UNGRD y del Instituto Nacional de Vías.

La investigación, liderada por la fiscal María Cristina Patiño, señala que entre mayo de 2023 y febrero de 2024 se habría estructurado esta red, con el objetivo de garantizar mayorías parlamentarias para aprobar iniciativas del Gobierno nacional y facilitar operaciones de crédito público.

Según la Fiscalía, en el desarrollo de este esquema se habrían direccionado 74 proyectos a congresistas —69 a través de Invías y 5 desde la UNGRD— como contraprestación por su respaldo en el Legislativo. Del total de recursos comprometidos, que superan los 612.000 millones de pesos, solo siete proyectos se habrían concretado.

Asimismo, la investigación vincula a exdirectivos de la UNGRD, entre ellos Olmedo López y Sneyder Pinilla, quienes habrían tenido un rol clave en la asignación de obras y contratos conforme a los acuerdos ilícitos.

Los desacuerdos entre el presidente Gustavo Petro y el Banco de la República continúan, luego de que la entidad decidiera aumentar en 100 puntos básicos la tasa de interés, dejándola en 11,25%.

En respuesta, el mandatario realizó una alocución presidencial este martes 7 de abril, en la que expuso las implicaciones de esta decisión sobre la economía nacional. El pronunciamiento se da en medio de tensiones con la Junta Directiva, tras la salida del ministro de Hacienda, Germán Ávila, luego de un desacuerdo sobre la política monetaria.

El incremento se produce en un contexto en el que la inflación sigue lejos de la meta del 3%, según explicó Leonardo Villar Gómez. Además, desde el Emisor advirtieron que las expectativas inflacionarias para 2026 han aumentado por factores como el alza del salario mínimo, el gasto público y presiones internacionales en alimentos y energía.

Durante su intervención, Petro cuestionó la decisión del Banco, señalando que el aumento de tasas encarece la deuda pública y puede agravar la situación económica de los colombianos, especialmente en medio de factores externos como los conflictos en Medio Oriente, el precio del petróleo y los efectos del clima.

En su alocución, que se extendió por cerca de 30 minutos, el jefe de Estado anunció medidas para mitigar el impacto, entre ellas subsidios a fertilizantes, créditos con tasas compensadas para el sector agropecuario y las pequeñas y medianas empresas, así como alivios financieros.

Asimismo, confirmó acciones como el freno a las exportaciones de cárnicos, líneas de crédito especiales para zonas afectadas y ajustes en la banca pública y privada con el fin de redirigir recursos hacia el aparato productivo.

Finalmente, el presidente advirtió que, de ser necesario, podría decretar una nueva emergencia económica en el país.

Las tasas de interés para la compra de vivienda en Colombia han mostrado un incremento durante el último año. En promedio, los créditos hipotecarios se ubican actualmente en alrededor del 13,6%, frente a niveles cercanos al 11% registrados hace doce meses.

En este contexto, el presidente Gustavo Petro ha hecho un llamado a las entidades financieras para que reduzcan al máximo los márgenes de intermediación, con el objetivo de sostener la demanda de crédito de vivienda y facilitar el acceso a financiación para los hogares colombianos.

Sin embargo, el presidente de BBVA, Mario Pardo, explicó que el aumento de las tasas hipotecarias no responde únicamente a las decisiones del Banco de la República, sino también a factores estructurales como el costo de financiación de la deuda pública del país.

Según el directivo, los bancos se financian a un costo superior al del Estado, lo que implica que cuando aumenta el costo de fondeo de la República, este impacto se traslada al sistema financiero y, en consecuencia, a los clientes. “Si el coste de financiación de la República sube, el coste de las hipotecas para los colombianos acaba subiendo”, señaló.

En esa línea, Pardo destacó la importancia de mantener finanzas públicas sanas que permitan reducir el riesgo país y, con ello, lograr condiciones de financiamiento más favorables tanto para el Gobierno como para los ciudadanos.

Frente al comportamiento de otros productos financieros, el presidente de BBVA advirtió que los efectos del alza de tasas se reflejan con mayor rapidez en créditos de corto plazo, como las tarjetas de crédito, los CDT y la financiación de vehículos, mientras que en productos de largo plazo como las libranzas o los créditos hipotecarios, el impacto se da de forma más gradual.

Finalmente, Pardo señaló que el actual escenario de tasas elevadas invita a los consumidores a actuar con mayor prudencia en sus decisiones de gasto, especialmente en aquellas no esenciales o que puedan postergarse, en un entorno marcado por el endurecimiento de la política monetaria.

El proceso judicial que se adelanta contra el exciclista Lucho Herrera y su hermano, Rafael Herrera, por su presunta vinculación en la desaparición forzada de cuatro personas en 2002, enfrenta nuevas dificultades procesales.

De acuerdo con la información del expediente, luego de que varios recursos presentados contra la apertura de la investigación y la vinculación mediante indagatoria no prosperaran, ahora se tramita una nueva queja contra una decisión de la Fiscalía. Este nuevo recurso surge en medio de la expectativa por la diligencia de indagatoria prevista para este viernes, la cual se realizará en dos sesiones, a las 9:00 de la mañana y a las 2:00 de la tarde.

La queja deberá ser resuelta por un fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá. No obstante, dentro del proceso se advierte que, si no hay una decisión antes de la diligencia, podría solicitarse nuevamente el aplazamiento de la indagatoria, lo que implicaría otro retraso en el avance del caso.

La investigación se centra en hechos ocurridos el 23 de octubre de 2002 en zona rural de Fusagasugá, donde cuatro ciudadanos fueron desaparecidos. Según la Fiscalía, los hermanos Herrera habrían tenido un papel relevante en la presunta comisión de los hechos.

Las hipótesis del ente investigador señalan que los implicados habrían contactado a integrantes de las extintas Autodefensas Campesinas del Casanare, grupo armado ilegal que operó en el Sumapaz entre 2002 y 2003, para que las víctimas fueran retenidas contra su voluntad.