Categoría: Actualidad

El Partido Alianza Verde se reunió este lunes para definir su postura frente a las elecciones presidenciales, en medio de un escenario de tensiones internas sobre el rumbo que debe tomar la colectividad.

Durante el encuentro, la Dirección Nacional anunció la creación de una comisión encargada de construir un acuerdo programático con la campaña del senador Iván Cepeda Castro. El objetivo es que las propuestas del partido sean incluidas dentro del programa de gobierno de la denominada Alianza por la Vida.

La decisión generó inconformidad entre varios congresistas. La representante Catherine Juvinao expresó que algunos sectores del partido podrían apelar a la objeción de conciencia para no respaldar a Cepeda, al considerar que no los representa programáticamente. Además, manifestó que esperaba que se permitiera a la militancia apoyar otras opciones como Sergio Fajardo o Claudia López.

Por su parte, la senadora Angélica Lozano calificó la determinación como “antidemocrática” y criticó su cercanía con el estilo del presidente Gustavo Petro. También advirtió que esta decisión marca una etapa de “cierre triste” para el partido y cuestionó el rumbo frente al legado de Antanas Mockus.

En medio de este panorama, la colectividad también aprobó el inicio del proceso jurídico de escisión, a solicitud del senador Jonathan Pulido, en el marco de lo establecido por la ley y los estatutos internos del partido.

La embajada de Colombia en Bélgica promovió un encuentro entre la directora de sustitución de cultivos de uso ilícito, Gloria Miranda, maestros chocolateros, compradores de cacao y distribuidores de café europeos, con el propósito de generar nuevas oportunidades comerciales para comunidades campesinas del país.

En la reunión participaron reconocidas casas como Le Cercle du Cacao, Maison Jacobs, Carré Noir, Legast Artisan Chocolatier y Rombouts Coffee, así como representantes de la UNODC en Bruselas.

Durante el evento se realizó una cata de chocolates que permitió a los asistentes conocer la calidad del cacao colombiano, caracterizado por sus bajos niveles de cadmio. También se destacó el café proveniente de regiones como Nariño, Putumayo y Cauca, reconocido por su perfil y estándares de producción.

En el marco del encuentro, la embajada informó que el gobierno de Bélgica respaldará el programa de sustitución de cultivos ilícitos en Colombia, como parte de su compromiso en la lucha contra el narcotráfico.

Este apoyo se formalizó con la firma de una declaración de intención, convirtiendo a Bélgica en el primer país de la Unión Europea en asumir este tipo de compromiso. Según su canciller, Maxime Prévot, la meta es consolidar una alianza “fiable, eficaz, segura y sincera” que se traduzca en acciones concretas para el desarrollo sostenible y la construcción de paz en las zonas rurales colombianas.

Durante un consejo de ministros realizado en Nariño, el presidente Gustavo Petro anunció el traslado de los voceros de bandas criminales recluidos en la cárcel La Paz de Itagüí, luego del escándalo por una fiesta vallenata dentro del penal.

“Los señores que hicieron la fiestica salen de esa cárcel y serán trasladados a otra. Salen de Itagüí, se acabó el tema”, afirmó el mandatario, dejando clara su postura frente a lo ocurrido.

La decisión de mover a los cabecillas implicados también derivó en la salida de varios directivos regionales del Inpec, medida que fue comunicada por el jefe de Estado durante la misma sesión del consejo de ministros.

Entre tanto, el Gobierno mantiene suspendida la mesa de paz con estas estructuras criminales. Además, se ordenó la suspensión de siete funcionarios del Inpec mientras avanzan las investigaciones por las irregularidades.

De acuerdo con los concejales Andrés Tobón y Claudia Carrasquilla, la celebración habría sido organizada para festejar la salida de prisión de Sebastián Murillo Echeverry, alias ‘Lindolfo’, condenado a 18 años por homicidio. También se denunció el ingreso de al menos 16 vehículos de alta gama sin los controles de requisa obligatorios.

En el marco de la estrategia nacional para proteger la economía legal y fortalecer el comercio formal, la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) reportó la incautación de más de 1,7 millones de unidades de productos de contrabando, avaluados en más de $108 mil millones, según estimaciones de la DIAN.

Los operativos se desarrollaron en diferentes regiones del país, incluyendo puertos como Buenaventura y ciudades clave como Cúcuta, Cali, Cartagena y Barranquilla. Entre los productos incautados se encuentran medicamentos, textiles, tecnología, cigarrillos y mercurio, todos sin la documentación que acreditara su ingreso legal al territorio nacional.

En el marco de investigaciones de alto impacto, las autoridades realizaron 125 diligencias de registro y allanamiento en centros de acopio ilegal, logrando la incautación de más de 4,5 millones de unidades adicionales de mercancía, con un valor comercial superior a los $215 mil millones.

De acuerdo con la POLFA, los sectores más afectados por el contrabando son confecciones, calzado, cigarrillos y automotores. Como resultado de estos operativos, se han realizado 58 capturas —17 por orden judicial y 41 en flagrancia— y 111 imputaciones por delitos relacionados con el contrabando.

Las acciones también contaron con cooperación internacional, lo que permitió la incautación de armas de fuego y accesorios provenientes de Estados Unidos, presuntamente vinculados a estas estructuras criminales.

Desde la institución señalaron que estos resultados buscan frenar las fuentes de financiamiento de organizaciones ilegales, proteger la industria nacional y garantizar condiciones equitativas para el comercio formal en el país.

En el marco de la mesa pública realizada en la Corte Constitucional sobre la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el fiscal delegado Jorge Alberto Giraldo advirtió sobre presuntas irregularidades en el manejo de los recursos del sistema de salud en Colombia, que podrían comprometer su transparencia y sostenibilidad.

Según explicó el funcionario, en la última década se han detectado inversiones con dineros de la salud que no tendrían relación directa con la prestación de servicios. Además, señaló posibles alteraciones en la información contable con el fin de evitar sanciones o mantener indicadores de solvencia que permitan a algunas entidades seguir operando dentro del sistema.

El fiscal también alertó sobre la eventual existencia de Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) utilizadas como fachada dentro de esquemas irregulares de contratación, conocidos como “carrusel”, mediante los cuales se gestionarían reclamaciones de recursos ante aseguradoras.

A estas prácticas se sumarían, según indicó, la manipulación de información clínica para acceder a pagos por servicios no incluidos en el plan de beneficios, así como adjudicación de contratos sin contar con la capacidad técnica ni financiera necesaria para su ejecución.

Ante este panorama, Giraldo hizo un llamado a las entidades del sector a fortalecer la verificación y calidad de la información reportada, más allá del simple registro de datos. Aseguró que este análisis es clave para determinar si los recursos asignados a través de la UPC son suficientes para garantizar la atención en salud.

La intervención del fiscal se da en medio del debate nacional sobre la sostenibilidad del sistema y los controles requeridos para asegurar el uso adecuado de los recursos públicos en salud.

El Ministerio del Trabajo publicó un borrador de decreto que busca actualizar las reglas de contratación en la industria de hidrocarburos, con un énfasis en la vinculación de mano de obra local. La iniciativa pretende que las comunidades donde se desarrollan estos proyectos se beneficien directamente, al tiempo que promueve la equidad laboral y la inclusión social.

Uno de los principales cambios establece que al menos el 50 % de los empleos calificados —como técnicos, tecnólogos y profesionales— deberán ser ocupados por residentes del área de influencia. Asimismo, se mantiene la obligación de que el 100 % de la mano de obra no calificada provenga de estas comunidades.

El borrador también introduce criterios de inclusión para poblaciones vulnerables, como mujeres, jóvenes, víctimas del conflicto armado y habitantes de municipios PDET y ZOMAC, con el objetivo de ampliar las oportunidades laborales en sectores históricamente excluidos.

En cuanto a situaciones especiales, como cargos transversales —que prestan servicios a varios proyectos— y emergencias operativas, la propuesta contempla procedimientos más flexibles que permitan responder con rapidez sin incumplir las normas generales de priorización.

Otro de los puntos clave es la promoción de la reconversión laboral, incentivando la capacitación de trabajadores locales para adaptarse a los retos de la transición energética y la carbono neutralidad. Además, las empresas deberán reportar periódicamente su nómina y vacantes al Ministerio del Trabajo, lo que permitirá fortalecer la supervisión del cumplimiento.

La propuesta se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, que fija metas de empleo local en proyectos regionales, y refuerza el principio de priorización territorial. En ese sentido, las empresas deberán seguir un orden: primero contratar en el área de influencia, luego en municipios vecinos, después en el resto del departamento y, solo en última instancia, a nivel nacional.

El jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Miroslav Jenča, rechazó las recientes amenazas contra los candidatos presidenciales Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, y pidió garantizar la seguridad en el proceso electoral.

A través de su cuenta en X, el funcionario instó al Estado a proteger a todos los actores políticos y asegurar condiciones adecuadas para el ejercicio democrático. “Rechazo firmemente las recientes amenazas contra candidatos y candidatas presidenciales”, señaló.

Jenča advirtió que la realización de elecciones libres y seguras es fundamental para la construcción de paz en el país, en medio de un contexto de preocupación por la seguridad de los aspirantes.

El pronunciamiento se produce luego de que circulara en redes sociales un video en el que aparece una corona fúnebre con el nombre e imagen de Paloma Valencia, lo que generó rechazo y alertas por posibles riesgos.

A estos hechos se suman intimidaciones contra Abelardo de la Espriella, lo que ha incrementado la preocupación sobre las garantías para los candidatos en plena contienda electoral en Colombia.

La propuesta de eliminar los exámenes de admisión en universidades públicas volvió a generar debate en Colombia, luego de que el ministro de Educación, Daniel Rojas, defendiera la iniciativa como parte de un modelo que busca garantizar el acceso a la educación superior como un derecho.

El funcionario explicó que la medida no sería inmediata, sino un objetivo a mediano plazo, ligado al aumento de la cobertura educativa, que según cifras oficiales ha pasado del 53 % al 60 %, aún por debajo de los niveles de países de la OCDE.

Rojas sostuvo que los exámenes de admisión representan una barrera, especialmente para jóvenes de bajos recursos, al limitar sus oportunidades de ingreso al sistema educativo superior.

Uno de los pilares de la propuesta es el fortalecimiento financiero de las universidades públicas, cuyo presupuesto ha pasado de 8 a 14 billones de pesos en los últimos tres años, permitiendo ampliar cupos y llevar programas académicos a regiones donde antes no existía oferta.

El ministro también destacó el papel de la educación técnica y tecnológica dentro del sistema, al señalar que su fortalecimiento es clave para aumentar la cobertura y generar oportunidades en territorios históricamente afectados por la falta de acceso a la educación.

Un intento de hurto registrado este en el sector del CAN, en Bogotá, terminó en un intercambio de disparos entre presuntos delincuentes y unidades de la Policía.

De acuerdo con información preliminar, uniformados de la Dirección de Protección y Servicios Especiales (Dipro) reaccionaron de forma oportuna ante el hecho delictivo, logrando frustrar el robo.

Durante el procedimiento se presentó una balacera en la que uno de los sospechosos resultó herido y fue reducido en el lugar por las autoridades.

La Policía confirmó la captura de dos personas, quienes fueron puestas a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización.

Entre tanto, las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer los hechos y establecer si hay más personas involucradas en este intento de hurto.

El Gobierno nacional rechazó las amenazas contra la candidata presidencial Paloma Valencia, luego de que circulara en redes sociales un video en el que aparece una corona fúnebre con su nombre e imagen, hecho que ha generado preocupación por las garantías electorales en el país.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, condenó de manera categórica estos actos, así como la vandalización de una sede de campaña en Santander, y aseguró que se han brindado medidas de seguridad a todos los aspirantes, especialmente a los de la oposición, sin ningún tipo de sesgo político.

El funcionario indicó además que las autoridades ya avanzan en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y reforzar el esquema de protección de la candidata, en medio del proceso electoral.

Por su parte, el Ministerio de Defensa anunció una recompensa de hasta $1.000 millones por información que permita prevenir cualquier atentado contra candidatos presidenciales, tras las recientes amenazas conocidas.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, calificó como inaceptable cualquier acto de intimidación contra la democracia y aseguró que la Fuerza Pública, en coordinación con otras entidades, mantiene operativos para garantizar la seguridad de todos los candidatos en el país.

Los bloqueos en vías principales de Santander ya comienzan a impactar con fuerza la economía regional, con pérdidas que podrían alcanzar los 120 mil millones de pesos diarios, según alertaron los gremios.

De acuerdo con Fenalco Santander, su director ejecutivo, Alejandro Almeyda, señaló que las restricciones en la movilidad han provocado la cancelación de cerca de 60 vuelos y afectaciones a más de 7.500 pasajeros, golpeando sectores como el turismo.

Uno de los frentes más críticos es el avícola. La directora ejecutiva de Fenavi Santander, Martha Ruth Velásquez, advirtió que hay 57 millones de aves en riesgo y al menos 1.200 granjas sin abastecimiento, debido a las dificultades para transportar alimento, agua e insumos.

A esto se suma el impacto en la logística. El Comité de Gremios reportó mercancía represada por cerca de 2.700 millones de pesos, pérdidas adicionales por 900 millones y cerca de 200 camiones diarios sin poder movilizarse por los bloqueos.

Desde la Alianza por Santander, que agrupa a distintos sectores, insistieron en la necesidad urgente de levantar las vías de hecho y avanzar en el diálogo, al advertir que la situación continúa afectando el abastecimiento, la movilidad y la actividad económica en medio de las protestas por el avalúo catastral.

Este 12 de abril de 2026, Satena celebra 64 años de operación consolidándose como la aerolínea con mayor cobertura en Colombia, especialmente en territorios donde no llegan otras compañías comerciales y la conectividad aérea es fundamental.

Desde su fundación en 1962, la aerolínea estatal ha enfocado su labor en integrar regiones apartadas, facilitando el acceso a servicios esenciales, dinamizando economías locales y fortaleciendo la conexión entre comunidades. “Nuestro propósito sigue vigente: llegar a donde nadie más llega”, afirmó el presidente de la compañía, mayor general Óscar Zuluaga Castaño.

Actualmente, Satena cuenta con 172 rutas activas en 29 departamentos, lo que la convierte en la red aérea más extensa del país. Entre 2025 y lo corrido de 2026, la empresa ha abierto 32 nuevas conexiones, ampliando su presencia en zonas estratégicas como el Pacífico, la frontera sur y el nororiente colombiano.

En 2025, la aerolínea movilizó cerca de 1,5 millones de pasajeros y registró un crecimiento del 18 %, impulsado por la alta demanda en rutas regionales. Para este año, proyecta seguir expandiendo su operación hacia destinos del Pacífico como El Charco, López de Micay y Magüí Payán, así como fortalecer la conectividad en el oriente del país.

Uno de los avances recientes es la consolidación de Barranquilla como hub estratégico para conectar el Caribe y el nororiente, sumándose a ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Villavicencio, Quibdó y San Andrés. Además, por primera vez, la aerolínea logró conectar por vía aérea al departamento de La Guajira, con planes de ampliar su cobertura hacia la Alta Guajira.

En cuanto a su operación, Satena cuenta con una flota de 19 aeronaves, entre ellas equipos ATR 42-72, ERJ145 y Twin Otter, diseñados para operar en condiciones geográficas exigentes. Durante este mes se prevé la incorporación de dos nuevas aeronaves, como parte de un plan que contempla sumar ocho equipos a lo largo de 2026.

La compañía también ha fortalecido su infraestructura técnica, ampliando sus capacidades de mantenimiento en Bogotá y Medellín, además de renovar certificaciones clave que respaldan sus estándares de seguridad y confiabilidad.

Con más de seis décadas de trayectoria, Satena se reafirma como un actor clave en la integración territorial de Colombia, llevando conectividad a zonas donde volar no es un lujo, sino una necesidad.

Desde el pasado 9 de abril, distintos gremios campesinos adelantan bloqueos en corredores viales del país como parte del paro nacional en rechazo a la Resolución 2057 del 30 de diciembre de 2025, que incrementó el impuesto predial en varios municipios tras la actualización catastral.

Frente a esta situación, la presidenta del Consejo Gremial Nacional, Natalia Gutiérrez, reconoció que las preocupaciones por los avalúos son válidas, pero cuestionó el uso de las vías de hecho. “Las inquietudes son legítimas y deben ser atendidas, pero los bloqueos no pueden ser el camino”, señaló.

Gutiérrez también advirtió que las protestas han afectado corredores estratégicos, incluidos accesos a zonas turísticas y vías hacia el aeropuerto Palonegro, en Santander, lo que ha impactado la llegada de visitantes y la dinámica económica regional.

En Santander, uno de los departamentos más afectados, cerca del 23 % de la producción avícola nacional está en riesgo debido a las restricciones de movilidad. Más de 10 municipios presentan dificultades de abastecimiento y conexión por cuenta de los bloqueos.

El presidente de Fenavi, Gonzalo Moreno, alertó que diariamente se requieren cerca de 7.000 toneladas de alimento para las aves, lo que ha generado represamiento tanto en granjas como en la distribución de productos como pollo y huevo hacia distintos mercados.

Aunque el dirigente gremial también cuestionó el impacto del incremento catastral en los costos del sector agropecuario, insistió en que las protestas no deben recurrir a bloqueos. Entre tanto, los gremios reiteran el llamado al diálogo para evitar mayores afectaciones a la economía y la movilidad en el país.