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Autoridades de salud confirmaron la detección en Antioquia de un caso de una variante de la viruela símica, conocida como mpox clado Ib. El paciente se encuentra bajo seguimiento y, según indicaron, la situación está controlada y no hay evidencia de propagación en la comunidad.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, entre 2022 y la semana epidemiológica 13 de 2026, Colombia ha registrado 4.825 casos de mpox, todos correspondientes al clado II, distinto al recientemente identificado. Este nuevo caso fue confirmado mediante pruebas de laboratorio especializadas que permiten diferenciar variantes del virus.

Tras la confirmación, se activaron protocolos de respuesta como la identificación y seguimiento de contactos, visitas en terreno y vigilancia permanente, con el objetivo de evitar nuevos contagios. Las autoridades recalcaron que, hasta el momento, se trata de un caso aislado sin evidencia de transmisión activa.

La mpox es una enfermedad que se transmite principalmente por contacto cercano con una persona infectada. Entre sus síntomas están la fiebre, dolores musculares, inflamación de ganglios y lesiones en la piel, que suelen aparecer en rostro, manos y pies. A nivel global, la alerta por esta variante aumentó luego de que la Organización Mundial de la Salud la declarara en 2024 como emergencia internacional por su expansión en algunos países.

Como parte de la respuesta, el país dispone de vacunas dirigidas a poblaciones con mayor riesgo de exposición, como personal de salud y contactos estrechos de casos confirmados. La aplicación se realiza de forma focalizada, según criterios epidemiológicos.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a mantener las medidas de prevención: estar atentos a los síntomas, evitar el contacto cercano con personas enfermas, no compartir objetos personales y acudir a servicios de salud ante señales de alerta. También insistieron en evitar la estigmatización y en informarse a través de canales oficiales.

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, denunció a través de sus redes sociales que habría sido advertido por la Policía Nacional sobre un presunto plan de bandas criminales para atentar contra su vida y la de su familia, lo que ha generado inquietud en distintos sectores de la ciudad.

De acuerdo con el mandatario, la información recibida apunta a amenazas concretas en su contra. “He recibido información por parte de la Policía Nacional sobre un plan de bandas criminales para atentar contra mi vida y la de mi familia”, señaló.

Tras la denuncia, el ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció la activación de los organismos de inteligencia del Estado para verificar la veracidad de la información y adoptar medidas de protección. Indicó que ya se estableció contacto con el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección para atender la situación.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que se activaron las capacidades de inteligencia en articulación con distintas entidades, con el objetivo de garantizar la seguridad del alcalde y de su entorno familiar.

El presidente de Gustavo Petro anunció que interpondrá una demanda penal contra su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa, a quien acusó de incurrir en “calumnia”.

“Voy a demandar penalmente a Noboa por su calumnia”, afirmó el mandatario colombiano, quien además sostuvo que existiría una supuesta articulación internacional para desprestigiarlo. Según dijo, en esa estrategia participarían sectores de la oposición liderados por Álvaro Uribe Vélez.

Petro también vinculó estas denuncias con gestiones políticas en Estados Unidos. “Tal como pasó con el lobby que hicieron en la oficina de Marco Rubio y en sectores de la extrema derecha en Florida”, señaló.

El jefe de Estado se refirió igualmente a su visita a Manta durante la posesión presidencial en Ecuador, donde, según aseguró, contó con protección oficial. “El mismo Noboa dio la orden para que el Ejército ecuatoriano, día y noche, me cuidara en Manta”, afirmó, al negar cualquier irregularidad durante su estadía.

En ese contexto, defendió las condiciones de su alojamiento. “No encontraron ni lujo ni estridencias, ni condominio estrambótico, solo una cabaña de madera que fue un buen lugar donde mirar el mar”, expresó.

Finalmente, el mandatario reiteró su preocupación por la situación del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, al asegurar que se encuentra en condiciones de “extrema desnutrición” y señalar que ha solicitado a Noboa su entrega a Colombia.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) no ha entregado información oficial a Colombia sobre un supuesto plan para atentar contra el candidato presidencial Iván Cepeda.

El funcionario explicó que, si bien existe un canal de cooperación con la agencia estadounidense, hasta el momento no se ha recibido ningún dato concreto. “Nos han indicado que, de contar con información, será compartida, pero actualmente no tienen reportes”, señaló. Con esto, se contradice lo manifestado por el presidente Gustavo Petro, quien había afirmado que la CIA contaba con información precisa sobre un posible atentado.

En relación con las amenazas denunciadas por los también aspirantes Paloma Valencia y Abelardo De la Espriella, el ministro indicó que ya se abrió una investigación formal en la Fiscalía General de la Nación, lo que permitirá avanzar en la identificación de los responsables.

Asimismo, recordó que se mantiene una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos para quien suministre información que permita prevenir atentados contra candidatos presidenciales.

Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, señaló que se han reforzado los esquemas de seguridad de los aspirantes y se adelanta monitoreo permanente a las sedes de campaña en todo el país, con el fin de evitar hechos de vandalismo como el registrado recientemente en una sede del Centro Democrático en Santander.

Las declaraciones se dieron en el marco de la reunión de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales (CORMPE), donde también se reiteró la necesidad de que los equipos de campaña informen oportunamente la ubicación de sus sedes para fortalecer las medidas de protección.

En una operación conjunta entre la Policía Nacional y agencias internacionales, fueron incautadas 3,7 toneladas de clorhidrato de cocaína en el sector de Playa Guápil, en la costa del Pacífico de Costa Rica. El cargamento pertenecería a la estructura criminal de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias ‘Iván Mordisco’.

Durante el operativo, que contó con el apoyo de la Unidad de Investigaciones Sensitivas, las autoridades capturaron a seis personas y lograron inmovilizar dos embarcaciones utilizadas para el transporte del alijo.

De acuerdo con las investigaciones, la droga habría salido del departamento del Cauca con destino final hacia Estados Unidos. Esta incautación representa un impacto económico superior a los 125 millones de dólares para la organización criminal.

El director de Antinarcóticos, brigadier general William Castaño Ramos, señaló que el cargamento estaría ligado al denominado Estado Mayor Central. “Con este resultado afectamos sus finanzas en más de 125 millones de dólares y evitamos la circulación de cerca de nueve millones de dosis en el mundo”, afirmó.

El oficial agregó que la operación constituye un golpe significativo a las rutas marítimas del narcotráfico y a las redes logísticas de organizaciones criminales con alcance internacional, debilitando su capacidad para producir, transportar y comercializar estupefacientes.

Mediante la Resolución 06630 de 2026, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) estableció que el primer ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa, la brucelosis bovina y la rabia de origen silvestre se desarrollará en el país entre el 4 de mayo y el 23 de junio de 2026, con el objetivo de preservar el estatus sanitario nacional.

Durante esta jornada se espera inmunizar a más de 30 millones de bovinos y bufalinos que conforman el hato ganadero colombiano. La gerente general del ICA, Paula Andrea Cepeda, destacó que este proceso es clave para mantener a Colombia como territorio libre de fiebre aftosa con vacunación, al tiempo que fortalece la producción de alimentos, el bienestar rural y el aporte del sector a la economía, que genera más de 1,1 millones de empleos directos.

La ejecución del ciclo estará a cargo de la Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGÁN), entidad responsable de administrar las cuotas de fomento ganadero y lechero. Desde allí se supervisará el trabajo de las Organizaciones Ejecutoras Ganaderas Autorizadas (OEGA), encargadas de implementar la estrategia en todo el país.

Por su parte, el presidente ejecutivo de FEDEGÁN, José Félix Lafaurie Rivera, hizo un llamado a los más de 700.000 ganaderos para cumplir con la vacunación de sus animales, recordando que Colombia mantiene desde febrero de 2020 el reconocimiento internacional como país libre de fiebre aftosa con vacunación, otorgado por la Organización Mundial de Sanidad Animal.

El dirigente gremial subrayó que tanto las autoridades como los productores comparten la responsabilidad de prevenir la enfermedad y preservar el estatus sanitario, considerado fundamental para el desarrollo del sector ganadero nacional.

El candidato presidencial Iván Cepeda lanzó un nuevo pulso en la campaña al invitar a sectores de derecha a sostener debates directos con la senadora Paloma Valencia y el abogado Abelardo de la Espriella.

El anuncio fue hecho desde Fusagasugá, donde el aspirante planteó abrir espacios de confrontación de ideas entre visiones opuestas de país, en un giro que busca dinamizar la contienda electoral.

Cepeda también informó que a partir de la próxima semana comenzarán a definirse las fechas y condiciones de estos encuentros en el marco de la carrera presidencial. “Reto a la extrema derecha y a sus dos candidaturas a debatir sobre propuestas de fondo. Llegó el debate, ahora sí”, afirmó durante una concentración en la región del Sumapaz.

No obstante, el candidato dejó claro que su participación estará sujeta a reglas previamente acordadas. “No voy a prestarme a la política del espectáculo. Las condiciones, el temario, los moderadores y el escenario serán rigurosamente pactados”, señaló.

Finalmente, indicó que delegados de las campañas iniciarán en los próximos días la coordinación logística de estos debates, que calificó como un ejercicio democrático clave para el país.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció la activación de todas las capacidades de inteligencia del Estado tras la circulación en redes sociales de presuntas amenazas contra candidatos presidenciales.

La decisión se adoptó luego de una Junta de Inteligencia Conjunta extraordinaria realizada la noche del viernes 17 de abril, convocada para verificar la veracidad de las alertas. El caso más reciente fue mencionado por el presidente Gustavo Petro, quien aseguró que la CIA tendría información concreta sobre un posible atentado contra el candidato Iván Cepeda.

Según explicó el jefe de la cartera de Defensa, las autoridades trabajan para “confirmar o desvirtuar” estas denuncias. Los resultados serán evaluados en el Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral (CORMPE), instancia encargada de definir los esquemas de seguridad para los aspirantes.

El funcionario reiteró que la protección de los candidatos y la transparencia del proceso electoral son prioridades del Gobierno nacional. En ese sentido, recordó que desde hace un año se implementa el Plan Democracia, estrategia que articula a la Fuerza Pública y distintas entidades del Estado para garantizar la seguridad durante las elecciones.

Como medida adicional, el ministro anunció una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos para quienes suministren información “precisa, veraz y oportuna” que permita anticipar y evitar posibles atentados contra los candidatos.

Finalmente, Sánchez hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar con las autoridades, al señalar que la defensa del sistema democrático es una responsabilidad compartida. “La democracia la protegemos todos”, concluyó.

Fernando Rodríguez Mondragón se refirió a la delicada situación de salud de su tío, el exjefe del Cartel de Cali Miguel Rodríguez Orejuela, quien padece demencia y busca una liberación humanitaria anticipada en Estados Unidos.

Rodríguez Orejuela, de 82 años, fue extraditado junto a su hermano Gilberto Rodríguez Orejuela y condenado a 30 años de prisión tras declararse culpable. Actualmente permanece recluido en la cárcel federal de Big Spring.

Sobre el contexto actual del narcotráfico, Rodríguez Mondragón aseguró que la situación ha cambiado frente a las décadas de los 70 y 80, al advertir que hoy las organizaciones criminales tienen mayor control territorial en Colombia, con presencia en numerosos municipios y ciudades. También señaló que la polarización, la corrupción y la impunidad afectan la capacidad institucional del país.

En cuanto al estado de salud del exnarcotraficante, medios periodísticos indican que su condición es grave. Según documentos presentados ante la justicia estadounidense, sufre demencia vascular y daños cerebrales irreversibles que le impiden ubicarse en el tiempo y el espacio.

Se veía venir

Rodríguez Mondragón afirmó que este deterioro no es reciente y que comenzó a evidenciarse hace más de dos años, cuando fue trasladado desde una prisión en Pensilvania hacia Texas. Indicó que, además de la demencia, su tío ha padecido cáncer de próstata, problemas cardíacos y otras afecciones de salud.

Según explicó, el traslado y el estrés asociado habrían agravado su condición neurológica, llevándolo a un estado de senilidad avanzada. Incluso relató episodios en los que Rodríguez Orejuela cree estar en Colombia y confunde la realidad.

Para su familia, la permanencia en prisión en estas condiciones representa un sufrimiento innecesario. “Tiene derecho a morir dignamente”, expresó Rodríguez Mondragón, al considerar que la situación actual equivale a una forma de tortura.

Finalmente, indicó que hace cerca de un año y medio se envió una solicitud al presidente Gustavo Petro para gestionar su regreso al país por razones humanitarias, pero aseguró que no hubo respuesta ni acciones por parte del Gobierno o la Cancillería.

El municipio de Zipaquirá se convirtió en el primero del país en poner en marcha un consultorio médico dentro de una sede de Drogas La Rebaja, como parte de una estrategia para transformar estos establecimientos en puntos de atención primaria en salud. La iniciativa surge tras el proceso de extinción de dominio que permitió que estos activos pasaran a manos del Estado.

El modelo consiste en adecuar consultorios dentro de las droguerías para ofrecer consultas de baja complejidad, evitando que los usuarios deban acudir a centros hospitalarios. La propuesta se impulsa luego de que el presidente Gustavo Petro anunciara la conversión de estos puntos en espacios de atención primaria en distintas regiones.

Desde el primer punto habilitado, el asesor de gerencia de la cadena, Miguel Martínez, explicó que el modelo contempla cuatro líneas de atención: demanda directa, alianzas con entidades públicas, apoyo a salud pública y acciones de promoción y prevención. En el primer caso, señaló que los usuarios que acuden a la droguería podrán acceder a consulta médica para recibir diagnóstico, orientación o fórmula.

Según indicó, el servicio está enfocado en patologías básicas y en personas que suelen automedicarse, con el fin de que sean valoradas por un médico general y puedan acceder a tratamiento adecuado y a los medicamentos en el mismo lugar.

En cuanto a las alianzas, Martínez precisó que el piloto en Zipaquirá se desarrolla en coordinación con el Hospital La Samaritana, lo que permitirá facilitar citas prioritarias y mejorar la accesibilidad del servicio.

Los otros dos enfoques incluyen el respaldo a programas de salud pública y el fortalecimiento de estrategias de prevención. No obstante, la iniciativa ha generado cuestionamientos por parte del sindicato Asocopservir, que advierte posibles afectaciones para más de 5.300 trabajadores.

El presidente del sindicato, Deivis Carbonell, señaló que persisten dudas sobre el modelo de contratación, las responsabilidades operativas y la forma en que se manejarán las distintas unidades de negocio entre el Estado y Copservir.

Asimismo, indicó que existe incertidumbre sobre temas como arriendos, adecuaciones de los locales y distribución de costos, así como sobre la continuidad laboral de los trabajadores, en medio del cumplimiento de la decisión judicial que ordenó la entrega de los activos al Estado.

Frente a estas inquietudes, Martínez aseguró que el Gobierno ha definido lineamientos para garantizar la permanencia del personal y la viabilidad del modelo, con el objetivo de proteger a los trabajadores y asegurar el funcionamiento de la red de atención.

El director de la UNGRD, Carlos Carrillo; el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y la directora del Ideam, Ghisliane Echeverry, sostuvieron una reunión para evaluar los riesgos ante un posible fenómeno de El Niño en el segundo semestre de 2026.

Durante el encuentro también analizaron los eventuales impactos en Bogotá. Aunque coincidieron en que la ciudad está mejor preparada, insistieron en la necesidad de mantener un monitoreo constante.

Carrillo destacó que el Ideam aportó información técnica clave para la toma de decisiones conjuntas entre el Gobierno nacional y el Distrito, con el fin de evitar que se repitan situaciones como las vividas en 2024.

Por su parte, el alcalde señaló que revisaron el estado del sistema Chingaza y la capacidad operativa de las plantas Wiesner y Tibitoc, fundamentales para el abastecimiento de agua en la capital.

En cuanto a los incendios forestales, advirtieron sobre la importancia de proteger las zonas estratégicas de suministro hídrico. La UNGRD anunció medidas de preparación, como la incorporación de helicópteros Fire Hawk y otros equipos especializados para atender emergencias.

Galán aseguró que la adquisición de estos recursos representa un avance significativo, dado que el país no contaba con herramientas idóneas para enfrentar este tipo de situaciones.

Finalmente, el Gobierno nacional y el Distrito acordaron fortalecer la articulación y el intercambio de información para anticipar riesgos y proteger a la ciudadanía ante la posible llegada de El Niño.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, decidió aumentar los aranceles a varios productos importados desde Ecuador, con tarifas que oscilan entre el 35%, 50% y 75%, en medio de la creciente tensión comercial entre ambos países.

Entre los bienes afectados se encuentran camarones, langostinos, fríjoles, sandía, banano, arroz, aceites, azúcar, café, té, vinagre y sal, entre otros. La medida también impacta algunos productos farmacéuticos, incluidos ciertos medicamentos, así como materiales industriales como papel, cartón, plásticos, cauchos, pinturas, barnices e insumos químicos como insecticidas y raticidas.

La escalada de esta disputa comercial se remonta al 21 de enero de 2026, cuando Ecuador impuso una “tasa de seguridad” del 30% a las importaciones provenientes de Colombia. Según el presidente Daniel Noboa, la decisión respondió a lo que consideró una falta de acciones suficientes por parte de Colombia en la lucha contra el narcotráfico.

En respuesta, el Gobierno colombiano aplicó un arancel recíproco del 30% a 73 productos ecuatorianos. Sin embargo, la situación se intensificó cuando Ecuador elevó ese gravamen al 50% a partir del 1 de marzo de 2026 y posteriormente anunció un incremento hasta el 100%, bajo la misma “tasa de seguridad”, medida que entraría en vigor el 1 de mayo de 2026.

Frente a este escenario, el Gobierno colombiano advirtió que un arancel del 100% por parte de Ecuador hace prácticamente inviable cualquier exportación nacional hacia ese mercado, profundizando así el impacto económico de la disputa bilateral.

Tras las recientes amenazas contra Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, conocidas durante el fin de semana y ya puestas en manos de la Fiscalía, el presidente Gustavo Petro advirtió sobre un posible plan violento dirigido contra otro aspirante presidencial.

El mandatario aseguró que la CIA cuenta con información “real y concreta” sobre un eventual atentado que se estaría gestando contra el candidato Iván Cepeda, e insistió en que este tipo de amenazas deben ser neutralizadas de forma anticipada. “En Colombia amenazan por doquier, pero las informaciones de planes reales deben ser neutralizadas de antemano”, afirmó.

El pronunciamiento se dio luego de que desde Estados Unidos se advirtiera sobre “terribles consecuencias” para quienes intenten atentar contra candidatos presidenciales en el país.

En su declaración, Petro también evocó hechos violentos ocurridos en Estados Unidos, como el asesinato de Charlie Kirk y el ataque que sufrió Donald Trump durante un acto de campaña, señalando que estos episodios provienen de sectores de extrema derecha que, según dijo, utilizan el Estado con fines violentos y electorales.

En ese contexto, el presidente colombiano pidió a Donald Trump respaldo para garantizar la transparencia y seguridad de las elecciones en Colombia.

Por su parte, Iván Cepeda reaccionó a las declaraciones del jefe de Estado, indicó que verificará la información con las autoridades competentes y dejó claro que no se retirará de la contienda presidencial, asegurando que no se dejará intimidar por las amenazas.

El candidato presidencial Sergio Fajardo anunció una propuesta de alto impacto político durante un debate sobre temas energéticos en Cartagena: impulsar un referendo ciudadano para impedir que la Constitución de 1991 sea modificada mediante una asamblea constituyente en la próxima década.

La iniciativa, explicó el exgobernador, busca añadir un artículo que blinde la Carta Política hasta 2034, es decir, durante dos periodos presidenciales. Según señaló, el propósito es preservar la estabilidad institucional en un momento de alta tensión política. “La Constitución fue un llamado a unirnos”, afirmó, al insistir en que, aunque existen mecanismos de reforma, no es el momento para cambios estructurales de fondo.

Fajardo sustentó su propuesta en las críticas al clima político actual, que atribuye en parte al gobierno del presidente Gustavo Petro y a sus contradictores. A su juicio, el país atraviesa una etapa de fuerte polarización que podría agravarse con la convocatoria de una constituyente. “Una constituyente hoy sería confrontación y destrucción”, advirtió.

En esa línea, también cuestionó a sectores cercanos al senador Iván Cepeda, al señalar que estarían promoviendo la recolección de firmas para impulsar una asamblea constituyente, lo que calificó como un riesgo para la estabilidad del país.

El camino para materializar el referendo, sin embargo, es complejo. Fajardo reconoció que se requeriría recolectar cerca de tres millones de firmas, obtener el aval del Congreso y superar el control de la Corte Constitucional antes de someter la propuesta a votación ciudadana.

Pese a estos retos y a su posición actual en las encuestas, el candidato aseguró que avanzará con la iniciativa, al considerar que el país enfrenta una situación crítica que exige decisiones de fondo.

En materia energética, Fajardo también presentó ajustes en su postura. Señaló que ahora respalda la realización de proyectos piloto de fracking, siempre condicionados a la evidencia científica que garantice su viabilidad. Además, propuso implementar un “mínimo vital de energía” para los habitantes de la región Caribe, como una medida para aliviar las dificultades en el acceso al servicio.

El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, se refirió durante su visita al Quindío, a la problemática del hacinamiento carcelario en el país, señalando que se trata de una situación estructural ligada, en gran parte, a la permanencia de personas privadas de la libertad en estaciones de Policía.

El funcionario explicó que el nivel de hacinamiento en Colombia oscila entre el 119% y el 125%, una cifra que refleja la presión sobre el sistema penitenciario. En ese sentido, reiteró que las personas ya condenadas deberían estar recluidas en centros carcelarios y no en instalaciones transitorias como las estaciones policiales.

Cuervo indicó que, aunque el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario tiene la capacidad de recibir internos mediante convenios con gobernaciones y alcaldías, el traslado masivo de detenidos desde estaciones de Policía podría incrementar aún más el hacinamiento en las cárceles.

Frente a este panorama, el ministro planteó que no existe una única solución, pero destacó la necesidad de ampliar la infraestructura penitenciaria. En ese contexto, anunció la próxima entrega de un centro carcelario en Riohacha con capacidad para 1.400 personas, así como la gestión de recursos para la construcción de otro en San Ángel, que tendría alrededor de 3.400 cupos.

De igual forma, advirtió que actualmente muchos policías están destinados a la custodia de detenidos, lo que limita su labor en seguridad ciudadana. Por ello, propuso que los entes territoriales impulsen la creación de centros de reclusión para personas sindicadas, incluso mediante esquemas de asociación público-privada.

Finalmente, subrayó que, a raíz de decisiones de la Corte Constitucional de Colombia, las estaciones de Policía no están adecuadas para albergar detenidos por largos periodos, por lo que insistió en la necesidad de buscar alternativas estructurales que permitan enfrentar de manera efectiva el hacinamiento en el país.

Con el propósito de fortalecer la seguridad de niños, niñas y adolescentes en Internet, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) anunció la publicación de un nuevo proyecto de decreto abierto a comentarios de la ciudadanía.

La iniciativa busca reglamentar la Ley 2489 de 2025, enfocada en promover y garantizar entornos digitales seguros para la niñez en el país. De acuerdo con la entidad, el documento es resultado de un proceso participativo que incluyó el análisis de 239 observaciones ciudadanas, así como la realización de ocho mesas técnicas con diferentes sectores.

En la construcción del proyecto participaron organizaciones sociales, representantes del sector privado, la industria del software, gremios de telecomunicaciones, además de entidades como la Comisión de Regulación de Comunicaciones, el Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

El decreto plantea medidas orientadas a la protección de los menores en línea, procurando al mismo tiempo evitar acciones que puedan derivar en censura o vulneraciones desproporcionadas a la privacidad. En ese sentido, se resalta la corresponsabilidad entre el Estado, las familias, los proveedores de servicios digitales y la comunidad educativa.

Entre los principales componentes del proyecto se encuentra la creación de un sistema integrado de monitoreo que permita identificar y gestionar riesgos en entornos digitales, así como activar rutas de protección. También se propone un repositorio público de buenas prácticas, liderado por el sector educativo, que incluirá herramientas pedagógicas, controles parentales y contenidos para fortalecer la alfabetización digital en colegios y hogares.

Adicionalmente, se contemplan acuerdos de corregulación con la industria tecnológica para implementar estándares de seguridad desde el diseño, sin afectar el desarrollo e innovación del sector. A esto se suma el uso de recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FUTIC) para financiar programas de formación en el uso seguro de las tecnologías y la prevención de violencias digitales.

El MinTIC destacó que el proyecto estará disponible para consulta pública entre el 16 y el 26 de abril de 2026, e invitó a la ciudadanía a participar con sus aportes en la construcción de esta normativa.