Categoría: Actualidad

El Gobierno Nacional, a través de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), anunció una inversión de $275.000 millones para intervenir los aeropuertos de Bogotá, Cartagena, Santa Marta, Riohacha, Montería y Palmira. Las obras buscan modernizar, ampliar y adecuar estas terminales concesionadas, mejorando la operación y el servicio para los más de 95 millones de pasajeros que se movilizan cada año por el país.

Según la ANI, también se adelanta una reconfiguración de la zona de inmigración con una inversión adicional de $18.608 millones, destinada a reducir los tiempos de ingreso al país. “Más del 90% de los viajes en Colombia se realizan desde o hacia un aeropuerto concesionado. Con el aumento de la demanda, debemos garantizar capacidad operativa y una mejor experiencia al usuario”, explicó Milena Jiménez Hernández, vicepresidenta de Gestión Contractual de la entidad.

El incremento del tráfico aéreo, que pasó de 65 millones de pasajeros en 2019 a 85 millones en 2024, ha impulsado al Gobierno a priorizar inversiones estratégicas en infraestructura aeroportuaria para atender la creciente demanda y fortalecer la competitividad del transporte aéreo nacional.

En el caso de Cartagena, el gerente del concesionario OINAC, Carlos Cuartas, advirtió que la terminal Rafael Núñez requiere intervención urgente. “No podemos traer más viajeros sin ampliar el aeropuerto. Este proyecto es un anhelo de los cartageneros y tiene un atraso de infraestructura de casi 12 años”, aseguró.

Cuartas agregó que el proceso de adquisición de predios en el barrio Crespo avanza positivamente, con el 80% de las propuestas de compra ya aceptadas, lo que permitirá iniciar las obras que reforzarán los servicios del principal aeropuerto turístico del Caribe colombiano.

El presidente Gustavo Petro defendió este viernes la compra de 17 aviones de combate Gripen a la empresa sueca Saab, un contrato por 16,5 billones de pesos firmado con el Ministerio de Defensa. Durante su alocución televisada, el mandatario destacó que, después de medio siglo, Colombia contará con una flota aérea moderna, tecnológica y adquirida sin corrupción.

Petro rechazó las críticas de algunos medios y sectores de oposición que cuestionaron la pertinencia de la inversión. “Discúlpenme, señores que han gobernado este país durante siglos, no fueron capaces de cambiar una flota vieja israelí de 50 años. No pensaban en la vida de los pilotos ni en la de los soldados”, afirmó, señalando que su Gobierno sí priorizó la seguridad y la dignidad de las Fuerzas Armadas.

El jefe de Estado insistió en que el proceso de compra fue transparente y que los nuevos aviones fortalecerán la defensa nacional. “Aquí no estamos robando. Después de medio siglo, Colombia tiene una flota decente, poderosa y de alta tecnología”, subrayó.

Frente a los cuestionamientos sobre la oferta estadounidense de aviones F-16, Petro explicó que Estados Unidos solo ofreció aeronaves de segunda y tercera mano. “No voy a poner a los pilotos de Colombia en aviones que se pueden caer”, advirtió, aclarando además que la propuesta norteamericana no era vinculante ni incluía equipos adicionales.

Durante la firma del acuerdo, el mandatario también destacó los beneficios sociales del contrato, que contempla compensaciones en proyectos de desarrollo tecnológico, médico y ambiental. Entre ellos, la instalación de paneles solares flexibles en zonas vulnerables y plantas desalinizadoras en La Guajira, además de cooperación sueca para el fortalecimiento del Hospital San Juan de Dios en Bogotá.

La Fiscalía General de la Nación profirió una resolución de acusación contra nueve exintegrantes del Ejército Nacional por su presunta responsabilidad en actos de tortura y tratos crueles cometidos durante los hechos del Palacio de Justicia en 1985.

La decisión fue adoptada por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, quien concluyó que los entonces militares habrían participado en torturas contra varias personas rescatadas durante los enfrentamientos y posteriormente trasladadas a sedes militares y de Policía, entre ellas la Casa del Florero, donde fueron sometidas a maltratos físicos y psicológicos.

Los exoficiales llamados a juicio como coautores impropios del delito de tortura son: el mayor general (r) Iván Ramírez Quintero, quien para la época era coronel y dirigía el Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia (COICI); el coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano, comandante de la Unidad de Inteligencia de la Brigada XIII; el coronel (r) Fernando Blanco Gómez, el mayor (r) Óscar William Vásquez Rodríguez, y los sargentos (r) Ferney Ulmardín Causayá Peña, Luis Fernando Nieto Velandia, Gustavo Arévalo Moreno, Antonio Rubay Jiménez Gómez y Bernardo Alfonso Garzón Garzón.

Según el expediente, estos uniformados habrían estado involucrados en tratos degradantes y torturas a 11 personas que fueron capturadas bajo la sospecha de participar en los hechos, aunque posteriormente se comprobó que varias eran civiles. Entre las víctimas se encuentran dos estudiantes de Derecho y un funcionario de obras públicas que fue detenido por error y recluido en la Escuela de Caballería del Ejército Nacional, donde permaneció privado de la libertad por 15 días.

La Fiscalía precisó que esta resolución es de primera instancia, en el marco de la Ley 600 de 2000, y que los acusados podrán interponer los recursos legales correspondientes antes de que el proceso sea remitido a juicio.

Tras un consejo de seguridad extraordinario convocado por el asesinato del teniente coronel Rafael Granados Rueda, oficial del Ejército Nacional adscrito a la Brigada Contra el Narcotráfico N.° 3, las autoridades anunciaron una recompensa de hasta $200 millones por información que permita capturar a los responsables del crimen ocurrido en Popayán.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, condenó el ataque y aseguró que no quedará impune. “El cobarde asesinato de nuestro teniente coronel Rafael Granados Rueda es un ataque directo a nuestro Ejército y a Colombia. No descansaremos hasta que los responsables sean ubicados y llevados ante la justicia”, escribió en su cuenta de X.

A la recompensa del Ministerio de Defensa se suma la ofrecida por la Alcaldía de Popayán, que dispuso hasta $30 millones adicionales para quien brinde información sobre los atacantes. El alcalde Juan Carlos Muñoz expresó su rechazo al crimen y envió un mensaje de solidaridad a la familia del oficial y al Ejército Nacional.

El hecho se registró cuando el oficial se movilizaba en un vehículo particular blanco y fue interceptado por hombres armados en motocicleta en el sector La Toscana, una zona residencial cercana a las instalaciones militares. Las autoridades investigan las causas y posibles responsables del ataque.

Como parte de las medidas de seguridad, se anunció un refuerzo del pie de fuerza durante el fin de semana en la capital del Cauca, con el fin de prevenir nuevos hechos violentos y garantizar la tranquilidad de los habitantes de Popayán.

El Dane publicó su boletín técnico más reciente sobre la Productividad Total de los Factores (PTF) y la productividad laboral en Colombia hasta el tercer trimestre de 2025, justo antes del inicio de las discusiones por el aumento del salario mínimo. Según el informe, la PTF creció 0,91%, mientras que la productividad laboral —es decir, la de los trabajadores— alcanzó un incremento del 1,23%.

La PTF mide la eficiencia de la economía combinando el uso del trabajo y el capital, reflejando cuánto del crecimiento proviene de “trabajar mejor” y no solo de “trabajar más”. Con la inflación proyectada en 5,3% para el cierre de 2025, los analistas estiman que el salario mínimo debería subir al menos 5,4%, equivalente a unos $76.869, sin incluir el subsidio de transporte. No obstante, desde el Gobierno y los sindicatos se insiste en un aumento de dos dígitos, de por lo menos 11%.

El reporte del Dane contrasta con el de Anif, que advertía una productividad estancada o incluso en descenso. Según el nuevo informe, los servicios laborales fueron los que más aportaron al aumento, con un 1,23%, mientras que los servicios de capital (maquinaria, construcciones, tecnología) generaron un 0,76%. En conjunto, esto significa que casi una tercera parte del crecimiento económico se debe a una mayor eficiencia productiva.

Sin embargo, no todo fue positivo. La productividad laboral por persona empleada cayó 0,32%, debido a menores horas trabajadas (-0,55%) y menor uso del capital (-0,48%). Solo la mejora en eficiencia (PTF) evitó un resultado más bajo. Además, la productividad por hora trabajada creció apenas 0,57%, mientras que la contribución del capital fue negativa (-0,14%).

En conclusión, aunque la economía colombiana demuestra mayor eficiencia, el informe del Dane deja claro que aún persisten retos en la cantidad de trabajo realizado y en el aprovechamiento del capital disponible, factores clave en el debate sobre el salario mínimo para 2026.

El Gobierno nacional anunció una decisión histórica: prohibir la producción, desvío y tráfico de fentanilo en Colombia, como medida preventiva para impedir que el país se convierta en productor o corredor de esta peligrosa sustancia. La resolución fue adoptada en sesión del Consejo Nacional de Estupefacientes, presidida por el ministro (e) de Justicia, Andrés Idárraga Franco, con la participación del ministro del Interior, Armando Benedetti, y otros representantes del Ejecutivo.

“Todos los precursores químicos utilizados para su elaboración quedan oficialmente cancelados, prohibidos y bajo control estricto”, declaró Benedetti, al subrayar que el Gobierno del presidente Gustavo Petro busca proteger la salud pública y reforzar la cooperación internacional contra el narcotráfico.

Aunque el fentanilo tiene usos médicos e industriales legítimos, el Ministerio de Justicia anunció una vigilancia reforzada para evitar su desvío hacia actividades ilegales.

Además, los ministros confirmaron que el próximo martes presentarán ante el Congreso un proyecto de ley que penaliza el ingreso, porte, distribución y exportación de fentanilo, cerrando vacíos normativos y endureciendo las sanciones.

Con esta medida, el Gobierno reafirma su compromiso con la seguridad nacional y la protección de la vida, frente a una sustancia responsable de crisis humanitarias en países como Estados Unidos, Canadá y China.

La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) sancionó la campaña Petro Presidente 2022 por presunta financiación irregular y violación de topes electorales que superan los 3.500 millones de pesos. La decisión, adoptada en sesión celebrada en Cartagena, fue aprobada con una votación de 6 a 3.

Según el fallo, en la primera vuelta presidencial la campaña superó los límites de gasto por más de 2 mil millones de pesos, mientras que en la segunda vuelta el exceso fue superior a 500 millones.

Votaron a favor los magistrados Altus Baquero, Alfonso Campo, Maritza Martínez, Benjamín Ortiz, Álvaro Hernán Prada y el conjuez Majer Abushihab. En contra lo hicieron el presidente del tribunal, Christian Quiroz, la magistrada Fabiola Márquez y el conjuez Jorge Iván Acuña.

El CNE sancionó al gerente de la campaña, Ricardo Roa —actual presidente de Ecopetrol—, a la auditora María Lucy Soto y a la tesorera Lucy Aidee Mogollón. Cada uno deberá pagar más de 2 mil millones de pesos por financiación irregular y otra suma similar por exceder topes en la primera vuelta.

En la segunda vuelta, las multas para los tres responsables alcanzan los 627 millones de pesos por financiación irregular y 596 millones por violar los topes.

Adicionalmente, los partidos Unión Patriótica y Colombia Humana fueron multados con 583 millones de pesos cada uno por la primera y segunda vuelta electoral.

Esta decisión marca un nuevo capítulo en la revisión de las cuentas de campaña del actual presidente y sus aliados políticos.

Un trágico hecho ocurrió la noche del miércoles 29 de noviembre en el Cantón Norte, en Bogotá, donde dos oficiales fueron encontrados sin vida tras escucharse varias detonaciones en la zona.

El Ejército Nacional informó que, tras verificar el lugar, los cuerpos fueron hallados dentro de un vehículo particular y que, de manera preliminar, los hechos podrían estar relacionados con situaciones de carácter personal.

Se notificó de inmediato a la Policía Nacional para que se coordinen las investigaciones correspondientes, con el fin de esclarecer la situación, determinar la causa, el lugar y la hora exacta del suceso.

Además, se activaron los protocolos institucionales para brindar apoyo psicosocial a los familiares de los oficiales. La institución expresó su profundo pesar y envió condolencias a los seres queridos de los fallecidos.

El caso se registró en el parqueadero del Casino de Oficiales de la Escuela de Infantería del Cantón Norte, y las autoridades continúan las investigaciones para determinar lo ocurrido.

Las alertas emitidas por autoridades internacionales continúan afectando la operación aérea entre Colombia y Venezuela. Recientemente, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitió advertencias que llevaron a varias aerolíneas a revisar y ajustar sus itinerarios.

En este contexto, Avianca anunció la reprogramación de los vuelos previstos para este jueves 27 de noviembre, trasladándolos al viernes 5 de diciembre, mientras se mantiene un seguimiento constante de la situación. La aerolínea aclaró que futuras modificaciones podrían ocurrir, dependiendo de las conclusiones de los estudios de seguridad realizados en coordinación con la Aeronáutica Civil.

Los pasajeros afectados podrán optar por reprogramar su viaje sin costo adicional, siempre que haya disponibilidad, y con la posibilidad de viajar hasta un año después de la fecha original. También se permite cambiar la ruta con origen o destino en Cúcuta sin cobros extra, sujeto a capacidad en los vuelos disponibles.

Quienes prefieran no acogerse a estas opciones podrán solicitar el reembolso por los trayectos no utilizados. Avianca recordó que todos estos cambios pueden gestionarse a través del contact center, puntos de venta oficiales o agencias de viaje, según corresponda.

La compañía reiteró que continuará priorizando la atención a los pasajeros mientras se realizan las revisiones de seguridad.

Colombia requerirá inversiones estimadas en $19 billones para ejecutar el plan carretero 2023-2035, según un informe presentado por la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) y el centro de estudios económicos ANIF en el XXII Congreso Nacional de Infraestructura. El análisis destacó los desafíos de financiamiento que enfrenta el sector de transporte.

Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente de la CCI, indicó que este monto es necesario para cumplir con los proyectos priorizados y no priorizados, equivalente al 1,1% del PIB proyectado para 2024. Además, señaló que se requieren $5,6 billones anuales para la rehabilitación y mantenimiento de la malla vial terciaria, lo que representa el 0,3% del PIB de 2024.

Por su parte, José Ignacio López, presidente de ANIF, explicó que las proyecciones para el segundo periodo (2036-2045) estiman una inversión promedio anual de $11,9 billones (0,7% del PIB de 2024) destinada a la construcción, rehabilitación, mejoramiento, mantenimiento y operación de 5.535 km de vías primarias y secundarias. Para intervenir 62.887 km de vías terciarias se requerirán $6,7 billones anuales (0,4% del PIB).

El informe también destacó los mecanismos complementarios, como el programa ‘Obras por impuestos’, que entre 2018 y 2024 movilizó a 210 empresas para ejecutar 409 proyectos. En los municipios Pdet se invirtieron 931.034 millones, mientras que el sector transporte concentró 92 proyectos valorados en $1,13 billones en los últimos siete años.

Durante un acto realizado en el Museo Nacional de Colombia, el presidente Gustavo Petro afirmó que la paz real del país dependerá de las decisiones políticas que tome la sociedad colombiana, al hacer un balance sobre la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 firmado entre el Gobierno y la antigua guerrilla de las Farc.

“El camino de la paz está en la mitad, no solo del acuerdo, sino de la paz real de Colombia”, señaló el mandatario, quien destacó que el Acuerdo “avanza a pesar del daño que quisieron hacerle quienes buscaron hacerlo trizas”.

Petro explicó que su Gobierno ha trabajado por rescatar e impulsar el cumplimiento del Acuerdo, pero insistió en que alcanzar una paz duradera depende de la voluntad colectiva del país. “Solo las decisiones políticas de la sociedad colombiana determinarán si es posible la paz o si seguimos en un ciclo de venganza y violencia”, enfatizó.

El jefe de Estado estructuró su análisis en tres ejes principales: la Reforma Rural Integral, la inclusión del territorio y la verdad en el marco de la Justicia Especial para la Paz (JEP). Sobre la reforma agraria, aseguró que el Fondo de Tierras ya se acerca al millón de hectáreas adquiridas, de las tres millones previstas en el Acuerdo, y subrayó que “el 80% se ha logrado durante el Gobierno del Cambio”.

En cuanto a la transformación territorial, criticó que el Estado haya descuidado las zonas dejadas por las Farc, lo que permitió la presencia de nuevos grupos armados, y cuestionó la concentración de la inversión pública en las grandes ciudades. Además, advirtió que la verdad sigue incompleta debido a las limitaciones impuestas a la JEP, que “ha sido debilitada por decisiones judiciales que impiden investigar a los verdaderos responsables de la guerra”.

El más reciente Índice Global de Pasaportes 2025, elaborado por la consultora Global Citizen Solutions (GCS), ubicó a Colombia en el puesto 75 entre 200 países evaluados. El ranking mide la fuerza de los documentos de viaje a partir de tres factores: movilidad internacional, calidad de vida e inversión.

Suecia lidera el listado global y Europa concentra nueve de los diez primeros lugares. Sin embargo, América Latina muestra una tendencia positiva con avances en varios países, incluido Colombia.

El pasaporte colombiano permite actualmente viajar sin visa a 84 países, entre ellos Alemania, Francia, Hong Kong, Andorra, Palestina, Emiratos Árabes Unidos y Antigua y Barbuda. No obstante, 37 naciones aún exigen visa, como Estados Unidos, Reino Unido, China, Japón y Australia.

En la región, Chile se mantiene como el país mejor posicionado, en el puesto 47, seguido por Brasil (50), Argentina (51) y Uruguay (54). Según GCS, Latinoamérica mantiene una mejora constante gracias al fortalecimiento de sus relaciones internacionales y la estabilidad de sus políticas de movilidad.

A nivel global, el informe destaca la caída de Estados Unidos, que en solo cuatro años pasó del primer al puesto 14, un descenso que los analistas asocian con la creciente polarización política y las restricciones migratorias.

De cara a las elecciones legislativas y presidenciales del próximo año, la Registraduría Nacional del Estado Civil inició el proceso de inscripción de ciudadanos en los puestos de votación, con el objetivo de facilitar la participación electoral en 2026.

El proceso se desarrolla en dos jornadas nacionales: la primera se realizó del 6 al 9 de noviembre y la segunda se llevará a cabo del 27 al 30 de noviembre de 2025, en más de 11.000 puestos de votación habilitados en todo el país, en horario de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Los ciudadanos deben presentar su cédula amarilla con hologramas o la cédula digital (física o móvil). Deben inscribirse quienes hayan cambiado de residencia, retornado al país de forma permanente o tengan una cédula expedida antes de 1988 y no aparezcan en el censo electoral. Antes de asistir, se recomienda consultar el puesto actual de votación en el portal oficial de la Registraduría.

De acuerdo con el calendario electoral, el plazo para inscribirse de cara a las elecciones de Congreso vence el 8 de enero de 2026, mientras que para las elecciones presidenciales la fecha límite es el 31 de marzo de 2026.

Además, la entidad dispone de cerca de 400 puntos fijos de inscripción en ciudades capitales e intermedias, junto con 514 campañas móviles ubicadas en universidades, plazas y centros comerciales. Con la estrategia “Votar cerca, te acerca”, la Registraduría busca promover la participación ciudadana y fortalecer la democracia colombiana.

El gobierno de Gustavo Petro busca evitar que la reforma tributaria se caiga por completo y estaría diseñando una estrategia para garantizar su aprobación.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que cuentan con un plan para persuadir a varios de los senadores que inicialmente votaron en contra de la iniciativa. “No está tan hundida como han dicho los medios de comunicación y algunas personas que firmaron la carta ya se echaron para atrás y firmaron la ponencia positiva”, afirmó.

Según Benedetti, de los 10 senadores de la Comisión Tercera que votaron negativamente la semana pasada, se espera que cerca de 9 cambien su voto a favor de la reforma.

La discusión de la iniciativa está programada para este hoy cuando los congresistas de la comisión analizarán la propuesta y se definirá su futuro.

Con este movimiento, el gobierno busca mantener firme la aprobación de la reforma tributaria pese a las críticas y las dificultades políticas registradas en los últimos días.

El Contralor General, Carlos Hernán Rodríguez, confirmó que el Ministerio de Defensa no entregó la información solicitada sobre el contrato para la compra de 17 aviones Gripen, valorado en cerca de 16 billones de pesos.

Debido a esto, citó al Ministerio a una reunión el próximo 4 de diciembre en la sede de la Contraloría, con el fin de recibir la documentación completa y definir las acciones a seguir. “Recibí una respuesta por parte del Ministerio de Defensa, pero en ella no se allega la información. Por eso envié nuevamente una carta al ministro convocando esta mesa de trabajo”, explicó Rodríguez.

El Contralor también se refirió al caso de Juliana Guerrero por el uso indebido de un avión y un helicóptero de la Policía Nacional, detectado tras revisar un convenio entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa. Rodríguez señaló que el hallazgo tiene presunta incidencia fiscal y que podrían darse tres determinaciones: devolver el caso, abrir una indagación preliminar o iniciar un juicio de responsabilidad fiscal. Además, el caso fue remitido a la Procuraduría para investigar posibles faltas disciplinarias.

En otro tema, la Contraloría recordó que el contrato con Vertol Systems Company para el mantenimiento de los helicópteros MI-17 venció el 15 de noviembre, sin aclarar el destino de 13 millones de dólares. La entidad había advertido previamente sobre dificultades en la trazabilidad de los recursos y la verificación del mantenimiento.

Actualmente, la Contraloría espera conocer la decisión del Gobierno sobre el contrato vencido y el estado operativo de la flota. Con esa información, evaluará posibles detrimentos patrimoniales y determinará si se deben abrir acciones fiscales.

En medio de la fuerte tensión generada por la investigación sobre un posible entramado entre funcionarios del Ejército Nacional, del Gobierno y las disidencias de las FARC, el presidente Gustavo Petro encabezó un consejo de ministros.

Durante la sesión se abordaron temas como la reforma tributaria, el proyecto de ‘Paz Total’, la sustitución de cultivos ilícitos, la deforestación y la reforma pensional. Sin embargo, el foco principal estuvo en la supuesta infiltración de las disidencias de las FARC en instituciones del Estado.

Petro ordenó realizar un examen de informática forense a los chats incautados durante un operativo en Yarumal, Antioquia. En estos registros se habrían detectado conversaciones entre el General Juan Miguel Huertas, director de Inteligencia Estratégica Wilmar Mejía y líderes de las disidencias de “Calarcá”. Según las investigaciones, también existiría evidencia de la supuesta participación de la vicepresidenta Francia Márquez en la financiación de la guerrilla durante la campaña presidencial.

“Con un aval de informática forense de la Fiscalía tomaremos decisiones”, señaló el mandatario, quien enfatizó la necesidad de verificar la veracidad de la información antes de evaluar posibles suspensiones o destituciones de los funcionarios implicados.

Además, el Presidente advirtió que si la disidencia de alias ‘Calarcá’ no cumple con criterios de respeto hacia la niñez y la población civil, especialmente respecto al reclutamiento forzado, no se avanzará en negociaciones de paz. Por ello, solicitó al equipo negociador un informe detallado sobre los progresos alcanzados con este grupo armado.

La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio, y el embajador de la República Popular China, Zhu Jingyang, sostuvieron una reunión en Bogotá para revisar los avances de la agenda bilateral y proyectar nuevas iniciativas conjuntas en materia de desarrollo, innovación y conectividad.

Durante el encuentro, celebrado en el Palacio de San Carlos, ambas partes coincidieron en la necesidad de fortalecer una asociación estratégica integral, que impulse proyectos en infraestructura, ciencia y tecnología, transición energética y digitalización, pilares de la cooperación entre ambos países.

Villavicencio resaltó que la relación con China ha permitido materializar iniciativas de alto impacto en las regiones, especialmente en aquellas con mayores desafíos sociales y económicos. “El trabajo conjunto con China ha sido fundamental para promover un desarrollo sostenible y equitativo”, señaló la canciller.

El embajador Zhu Jingyang expresó el compromiso de su país en ampliar los espacios de cooperación en áreas productivas y educativas, y en apoyar la transformación rural mediante proyectos agrícolas que fortalezcan la productividad local y la transferencia tecnológica.

La Cancillería colombiana destacó que el diálogo con China representa una oportunidad para potenciar el comercio, la conectividad y la innovación, en el marco de una política exterior orientada a generar resultados concretos y fortalecer alianzas internacionales para el desarrollo sostenible del país.

El Tribunal Superior de Antioquia condenó a Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, a 28 años y 4 meses de prisión por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado, este último en concurso con crímenes calificados como de lesa humanidad.

La decisión revoca la sentencia absolutoria emitida en primera instancia y concluye que el procesado tuvo participación en la conformación y funcionamiento del grupo paramilitar “Los 12 Apóstoles”, organización que operó en el municipio de Yarumal, norte de Antioquia, durante la década de los noventa.

Según el fallo, esta estructura ejecutó homicidios selectivos y acciones sistemáticas contra personas señaladas como presuntos delincuentes o colaboradores de grupos insurgentes. El tribunal determinó que existían elementos suficientes para establecer la responsabilidad penal de Uribe Vélez en la financiación y apoyo a dichas actividades.

La condena representa un giro judicial frente a la decisión de 2021 de un juzgado especializado de Antioquia, que había absuelto al empresario al considerar que las pruebas no eran concluyentes. Con este nuevo fallo, la sentencia en segunda instancia establece responsabilidad penal y deja abierta la posibilidad de que la defensa interponga los recursos correspondientes ante instancias superiores.

Tras conocerse la decisión, el expresidente Álvaro Uribe Vélez manifestó en su cuenta de X (antes Twitter): “Siento profundo dolor por la condena contra mi hermano. Dios nos ayude.” Por su parte, el congresista Juan Espinal expresó su respaldo, asegurando que Uribe Vélez es “un gran señor, empresario y ser humano de familia”, y confió en que tendrá la oportunidad de defenderse ante los tribunales.

La más reciente encuesta de CB Consultora Opinión Pública, correspondiente a noviembre de 2025, reveló los niveles de aprobación de los presidentes sudamericanos, ubicando al colombiano Gustavo Petro entre los tres mandatarios con peor imagen positiva de la región.

Según el estudio, el presidente venezolano Nicolás Maduro ocupa el último lugar del ranking con apenas 21,4 % de aprobación, seguido por el presidente peruano José Jerí, con 32,5 %, y en la tercera posición Gustavo Petro, con 36,7 % de imagen positiva.

En contraste, los jefes de Estado mejor valorados son el boliviano Rodrigo Paz, quien encabeza el listado con 51,7 % de aprobación, seguido por el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva con 48,5 %, y el argentino Javier Milei, con 47,2 %. En posiciones intermedias se encuentran el chileno Gabriel Boric, el ecuatoriano Daniel Noboa, el paraguayo Santiago Peña y el uruguayo Yamandú Orsi.

El sondeo fue realizado entre el 11 y el 16 de noviembre de 2025, en diez países de Sudamérica, con una muestra total de 11.548 encuestados. CB Consultora aplicó la metodología CAWI Research (Computer Assisted Web Interviewing), con un margen de error entre el 2 % y el 3 % y un nivel de confianza del 95 %.

El estudio refleja las tendencias políticas y de percepción ciudadana en la región, mostrando contrastes entre los países con mayor estabilidad y aquellos que enfrentan mayores desafíos de gobernabilidad.