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El Gobierno nacional oficializó el incremento del arancel para la importación de buses eléctricos, que pasará del 0 % al 10 %. La medida busca fortalecer la industria local en un momento en que Colombia es reconocida como el único país de América del Sur con capacidad para ensamblar buses eléctricos biarticulados, en gran parte con autopartes nacionales.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo explicó que la decisión se tomó tras comprobar que el país cuenta con una industria madura, capaz de atender la demanda interna y regional. Actualmente, el sector tiene una capacidad de producción de hasta 1.500 unidades al año, con potencial para duplicarse a 3.000 vehículos, gracias a nuevos inversionistas y proveedores locales.

“La transición energética adquiere sentido económico cuando se convierte en capacidad productiva. Proteger esa industria es una decisión estratégica que asegura empleo, innovación y competitividad para el país”, destacó la ministra de Comercio, Diana Morales.

En la actualidad, el ecosistema industrial de movilidad eléctrica cuenta con 47 proveedores directos y cerca de 280 indirectos, generando más de 13.000 empleos en manufactura, ingeniería, diseño y tecnología. Este crecimiento ha impulsado la creación de un clúster regional de movilidad eléctrica sustentado en talento y cadenas productivas nacionales.

Según el decreto expedido, el nuevo arancel del 10 % entrará en vigor el 16 de diciembre, quince días después de su publicación oficial. Con ello, el Gobierno espera un ajuste en las importaciones y un impulso adicional a la producción local.

El director del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Jorge Eduardo Londoño Ulloa, aseguró que la reforma laboral marcó una transformación histórica para los aprendices del país, al convertir el antiguo contrato de aprendizaje en un verdadero contrato de trabajo con acceso a prima, seguridad social y demás prestaciones.

Según Londoño, gracias a estos cambios cerca de 400.000 hogares recibirán prima de Navidad este año. “La reforma dignificó las condiciones de los jóvenes aprendices, quienes ahora cuentan con garantías laborales plenas”, señaló.

El SENA informó que ya cumplió el 100 % de la meta de 370.000 contratos de aprendizaje, superando los resultados del año anterior. El director destacó además que los empresarios han entendido los beneficios de vincular aprendices, ya que el costo de no hacerlo puede ser significativamente mayor, alcanzando hasta $15 millones adicionales en algunos casos.

Ante las demandas de inconstitucionalidad que buscan revertir la medida, Londoño afirmó que el trámite legislativo fue transparente y ajustado al reglamento del Congreso. “No vemos vicios de forma ni de fondo. Confiamos en que la Corte Constitucional respaldará este avance en materia de justicia laboral”, indicó.

El funcionario también resaltó los avances en la transformación del SENA hacia un “SENA campesino”, con presencia rural fortalecida. A través de proyectos como las placas huella, más de 16.000 campesinos han sido capacitados y se ha mejorado la movilidad en zonas apartadas del país.

Colombia afrontará una de las temporadas aéreas más concurridas de los últimos años. El Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil proyectan que entre el 5 de diciembre de 2025 y el 13 de enero de 2026 se movilizarán 7,4 millones de pasajeros en los aeropuertos del país, cifra que exigirá una coordinación especial en toda la red aérea.

Solo entre el 5 y el 9 de diciembre se prevé el desplazamiento de 957.736 viajeros, de los cuales 613.773 lo harán en vuelos nacionales y 343.963 en internacionales. Las rutas más demandadas serán San Andrés, Cartagena, Santa Marta, Medellín–Rionegro, Cali y Leticia, mientras que en el ámbito internacional destacan Miami, Panamá, Madrid, Quito, Lima y Santiago de Chile, con un incremento hacia Buenos Aires y São Paulo en la última semana de diciembre.

Para atender jornadas con volúmenes superiores a 127.000 pasajeros nacionales y más de 73.000 internacionales al día, el Gobierno activó un plan de coordinación que involucra a aeropuertos, aerolíneas, Migración Colombia y el sistema de control aéreo, con el fin de garantizar la seguridad, continuidad operativa y atención oportuna a los usuarios.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, afirmó: “Entramos a una temporada histórica. Nuestra prioridad es la seguridad aérea, el servicio al pasajero y la información clara. Estamos preparados y coordinados para que los colombianos viajen tranquilos, bien informados y con acompañamiento permanente del Estado”.

Las autoridades recomiendan llegar con anticipación —dos horas antes para vuelos nacionales y tres para internacionales—, verificar el estado del vuelo, revisar documentos y equipaje, y atender las indicaciones del personal aeroportuario. La Aerocivil continuará monitoreando la operación aérea en tiempo real y difundirá información actualizada en sus canales oficiales y los del Ministerio.

Las tiendas de barrio son una solución cotidiana para muchas familias gracias a su cercanía, atención personalizada y horarios amplios. Sin embargo, una práctica común en algunos de estos establecimientos podría ocasionar su cierre temporal si es detectada por las autoridades.

Durante una intervención de la Policía Metropolitana de Bogotá en el sector de Las Ferias, localidad de Engativá, las autoridades encontraron a un niño de 9 años sentado junto a su padre mientras este y otros adultos consumían cerveza dentro de una tienda.

El hallazgo fue hecho durante una megatoma de control a establecimientos abiertos al público. Funcionarios de la Secretaría de Seguridad que acompañaban la inspección advirtieron que la presencia del menor violaba la Ley 124 de 1994, la cual prohíbe la permanencia de niños en lugares donde se expendan bebidas alcohólicas.

Tras verificar el estado del menor, la Policía contactó a la madre para que lo retirara del sitio. Los padres firmaron un compromiso formal para no repetir la situación. Sin embargo, el establecimiento fue suspendido temporalmente por permitir el ingreso del menor mientras se consumía licor.

Las autoridades recordaron que los propietarios de tiendas y bares que incumplan esta norma se exponen a sanciones que incluyen el sellamiento temporal o definitivo del local.

La inflación anual en Colombia se redujo de manera significativa y se ubicó en 5,30% al cierre de noviembre, informó la directora del DANE, Piedad Urdinola. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación mensual de 0,07% y una acumulada del 5,30% en lo corrido del año.

Según explicó Urdinola, la disminución del IPC se debe principalmente al comportamiento de las divisiones de Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, así como Alimentos y bebidas no alcohólicas.

En los últimos 12 meses, los mayores incrementos se dieron en restaurantes (7,65%), educación (7,36%), salud (6,88%) y alimentos (5,74%). En contraste, las actividades artísticas y de información fueron las que menos aportaron al aumento del costo de vida.

El aumento mensual del 0,07% estuvo impulsado por los sectores de Alojamiento y Restaurantes, mientras que las mayores variaciones se observaron en Salud (0,71%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (0,44%).

Entre enero y noviembre, el IPC total subió 4,82%, ligeramente superior al 4,72% del mismo periodo en 2024. Esta cifra será un dato clave para la negociación del salario mínimo del 2026.

Durante su intervención en el Encuentro Nacional de Género y Enfoque Diferencial realizado en San Agustín (Huila) por la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial, el presidente Gustavo Petro hizo un llamado a aplicar de manera efectiva el artículo de la Constitución que consagra la “discriminación positiva” a favor de las mujeres, como una condición esencial para lograr la paz y la equidad en el país.

Invitado por el magistrado Vladimir Fernández de la Corte Constitucional, el mandatario reflexionó sobre las persistentes desigualdades que enfrentan las mujeres colombianas en diversos ámbitos, especialmente en la política, la justicia, el trabajo y los derechos sociales. “Ese artículo de la Carta Política debe ser aplicado profunda y completamente si queremos una sociedad en paz”, subrayó.

El jefe de Estado señaló que la desigualdad de género se evidencia desde la conformación de las listas electorales, donde aún no se ha reglamentado el sistema de lista cremallera (hombre-mujer alternadamente). En este sentido, afirmó que corresponde a la Corte Constitucional garantizar el cumplimiento de los principios de paridad establecidos en la Constitución y revisar las leyes vigentes que perpetúan brechas entre hombres y mujeres.

Petro también cuestionó los sesgos de género en el Código Penal, elaborado históricamente —dijo— desde una mirada masculina. “Cuando una mujer es acusada de homicidio, muchas veces no se entienden las causas, y para ser justos, en todo delito hay que entenderlas. Peor aún cuando los delitos son contra la mujer”, expresó, señalando además que las víctimas de violencia sexual e intrafamiliar enfrentan procesos judiciales revictimizantes.

En materia laboral y social, el mandatario destacó que a igual trabajo, las mujeres siguen recibiendo menor salario, y que una gran parte de las mujeres mayores en el país no accede a una pensión. “Muchas quedan solas, sin respaldo, y dependen de la solidaridad familiar para sobrevivir”, lamentó.

Finalmente, el presidente enfatizó que la verdadera discriminación positiva “depende de cómo se configuren las instituciones”: las cortes, el Congreso, los partidos políticos y, sobre todo, la educación de la sociedad. “Solo cuando estos espacios garanticen la participación equitativa de las mujeres, podremos hablar de justicia e igualdad real en Colombia”, concluyó.

Desde Doha (Catar), representantes del Gobierno de Colombia y del Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), anunciaron una nueva serie de compromisos en el marco del Espacio de Conversación Sociojurídico, orientados a fortalecer la construcción de paz en los territorios donde tiene presencia ese grupo armado.

El acuerdo contempla la ampliación de las acciones piloto hacia nuevos municipios de Córdoba, Antioquia y Bolívar, sumándose a los inicialmente seleccionados en Chocó y Antioquia. En total, 15 municipios harán parte de las iniciativas comunitarias y de desescalamiento de la violencia.

Uno de los puntos más destacados es la creación de tres Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en Belén de Bajirá, Unguía (Chocó) y Tierralta (Córdoba), donde se realizará una ubicación progresiva de integrantes del EGC a partir del 1 de marzo de 2026. Para ello, se expedirá un acto administrativo que formalice su constitución y determine los listados oficiales de miembros.

La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA (MAPP/OEA) será la encargada de realizar el seguimiento, monitoreo y verificación de los compromisos, mientras que el Gobierno, el EGC y la MAPP/OEA adelantarán acciones humanitarias para conocer las condiciones de salud de los miembros del grupo armando en centros penitenciarios.

El documento fue suscrito por Álvaro Jiménez Millán, delegado del Gobierno, y Luis Armando Pérez Castañeda, por el EGC, con el acompañamiento de representantes de Catar, España, Noruega y Suiza, así como observadores de la Procuraduría General de la Nación y de la Fuerza Pública.

La excongresista Aida Merlano fue condenada a tres años y cinco meses de prisión por el delito de fuga de presos, tras el preacuerdo alcanzado con la Fiscalía y aprobado por la Juez 18 de Conocimiento de Bogotá. La decisión está relacionada con la escapatoria que protagonizó el 1 de octubre de 2019, cuando huyó de un consultorio odontológico en el norte de la capital.

En la audiencia del 6 de noviembre, Merlano aceptó su responsabilidad en los hechos, ofreció disculpas públicas y aseguró que, aunque no se arrepiente de haberse fugado, sí lo está de los delitos que la llevaron inicialmente a prisión. “He pasado siete años privada de la libertad, tres de ellos en Venezuela bajo condiciones deplorables. Me arrepiento de haber cometido los errores que me llevaron a esa situación, no de haberme fugado”, expresó desde su lugar de reclusión.

La excongresista relató que su tiempo en prisión le ha permitido reflexionar sobre su vida personal y familiar. “Ahora me siento tranquila; he aprendido de mis errores como madre y como ser humano”, agregó.

Merlano acumula dos condenas adicionales impuestas por la Corte Suprema de Justicia: una de cinco años por superar los topes de gastos de campaña y otra de 11 años y cuatro meses por compra de votos, ambas relacionadas con los hechos de corrupción electoral que marcaron su carrera política.

Con esta nueva sentencia, la excongresista deberá continuar cumpliendo sus penas dentro del sistema penitenciario colombiano.

La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó por unanimidad la fusión del Partido Progresistas con el Movimiento Político Pacto Histórico, tras la solicitud presentada por María José Pizarro y David Racero, copresidentes y representantes legales de Progresistas.

Según la resolución, el Pacto Histórico asumirá todos los derechos y obligaciones del Partido Progresistas, que se disuelve como resultado del proceso. El CNE también ordenó la inscripción de esta decisión en el Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos (RUPyM).

La autoridad electoral recordó que el miércoles ya se había otorgado la personería jurídica y autorización de fusión al Pacto Histórico, y que este viernes a las 10 de la mañana la coalición inscribirá sus listas para las elecciones legislativas de 2026.

Tras conocerse la decisión, la senadora María José Pizarro celebró el paso como un avance hacia la consolidación del proyecto político unitario. “Hoy somos cuatro fuerzas políticas las que integramos el Pacto Histórico. Falta la integración de Colombia Humana, que esperamos concretar para fortalecer la fuerza política más grande del país”, afirmó.

El ministro del Interior denunció públicamente que ni él ni su familia tienen acceso al servicio de medicina prepagada, a pesar de estar afiliados. Según explicó, el trámite fue realizado ante Colsanitas, pero no obtuvo ninguna respuesta efectiva.

El funcionario anunció que presentará una queja formal ante la Superintendencia de Salud, señalando que esta situación constituye una discriminación, especialmente hacia sus hijos menores de edad.

El ministro afirmó que el caso vulnera el principio de igualdad en la prestación de los servicios de salud y cuestionó el papel de las aseguradoras. También insinuó que esta negativa podría estar relacionada con su postura frente a la reforma de salud, por lo que presentará tutelas y las denuncias correspondientes.

La Corte Suprema de Justicia decidió acusar formalmente al exsenador Arturo Char Chaljub por su presunta participación en un esquema de corrupción electoral relacionado con la compra de votos en el Atlántico.

Según el alto tribunal, los hechos se remontan a octubre de 2017, cuando se habría concretado un acuerdo delictivo para manipular resultados electorales en el departamento. En esa red, habrían intervenido varias personas, entre ellas la excongresista Aída Merlano, condenada por la Corte Suprema en primera y segunda instancia por estos mismos hechos.

Las investigaciones apuntan a que el supuesto pacto no se limitó a un simple convenio político, sino que habría tenido como objetivo asegurar la elección de Merlano al Senado, la de Lilibeth Llinás a la Cámara y la reelección de Char como senador.

En septiembre de 2023, la Sala de Instrucción de la Corte ordenó la captura de Arturo Char, quien posteriormente recuperó su libertad mientras avanzaba el proceso. Ahora, con la decisión de acusarlo formalmente, el caso pasa a una nueva etapa judicial que podría determinar su responsabilidad en los hechos.

Esta acusación marca un nuevo capítulo en uno de los escándalos de corrupción electoral más recordados en la política del Caribe colombiano.

La Federación Colombiana de Enfermedades Raras (FECOER) lanzó una nueva advertencia sobre el deterioro de las condiciones que enfrenta esta población en el país. A la gravedad de sus padecimientos se suman fallas persistentes en el acceso a los servicios de salud.

Según datos recopilados por la organización, en lo corrido de 2025 han fallecido 2.033 personas con enfermedades raras, muchas de ellas por demoras, interrupciones y deficiencias en la atención médica que pudieron haberse evitado. En agosto, la cifra se ubicaba en 1.501 casos, lo que significa un aumento de más de 500 muertes en pocos meses.

“Esto evidencia que la situación no se está controlando y que las fallas del sistema siguen presentes”, señaló Diego Gil, presidente de FECOER, al insistir en que el sistema de salud atraviesa una crisis de desfinanciamiento y gestión, reflejada en la falta de medicamentos, demoras en autorizaciones y ausencia de insumos básicos.

Un hallazgo especialmente grave del informe es que cerca del 40 % de las víctimas estaban afiliadas a EPS intervenidas por el Gobierno, donde se registran mayores demoras e inestabilidad. “Las intervenciones no están resolviendo los problemas estructurales. Hasta hoy la respuesta oficial ha sido negar la crisis y cuestionar a quienes la documentamos”, afirmó Gil.

FECOER hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para que reconozca la situación, garantice el flujo de recursos y asegure la continuidad de los tratamientos. “No reaccionar ante el drama que viven tantas familias es indigno e inhumano”, concluyó la federación.

La primera dama de la Nación, Verónica Alcocer, rompió el silencio y se pronunció frente a las recientes acusaciones sobre su presunta vida de lujo en Suecia y una supuesta injerencia en la compra de los aviones Gripen. En una publicación en su cuenta de Instagram, calificó los señalamientos como “persecución y calumnia” dirigidas a dañar su reputación.

“Duele profundamente cuando la persecución y la calumnia intentan quebrar la verdad, la justicia y tu buen nombre. Duele aún cuando, conociendo los hechos, persisten los señalamientos”, escribió la esposa del presidente Gustavo Petro.

Esta es la primera reacción pública de Alcocer tras varias semanas de controversia, alimentada por informes del diario sueco Expressen, que la señalan de llevar una vida ostentosa en Estocolmo y de haber influido en el negocio de los aviones Gripen entre Colombia y la empresa Saab.

En su mensaje, Alcocer también hizo un llamado a la reflexión sobre el papel de las redes sociales y el daño que pueden causar las desinformaciones. “El odio y la mentira no pueden convertirse en las fuerzas que guíen nuestra convivencia. Necesitamos reconstruirnos desde el respeto, la empatía y la verdad”, concluyó.

Con estas declaraciones, la primera dama intenta frenar la polémica que ha marcado su estadía en Suecia, en medio de versiones sobre restricciones diplomáticas que le habrían impedido regresar al país.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, encabezó una mesa de trabajo con la Procuraduría General de la Nación para socializar los avances del proceso de contratación con la empresa sueca Saab, fabricante de los aviones Gripen, que reemplazarán la actual flota de Kfir.

Aunque la Procuraduría no tiene investigaciones abiertas sobre el contrato, cuyo valor ronda los $16,5 billones, el Ministerio solicitó su acompañamiento para garantizar la transparencia en la adquisición de las 17 aeronaves y los servicios asociados. Durante la reunión, Sánchez reiteró que cada fase del proyecto ha sido desarrollada con rigurosidad técnica y conforme a los protocolos de planeación establecidos, asegurando que toda la información ha sido compartida con los entes de control.

El encuentro se llevó a cabo un día antes de la reunión programada con la Contraloría General, que sí ha expresado inquietudes por la falta de información sobre el proceso previo y la firma del contrato. El contralor Carlos Hernán Rodríguez señaló que su entidad no ha recibido documentación oficial sobre una contratación que podría ser la más costosa en la historia del sector defensa.

Ante la falta de datos, la Contraloría convocó una mesa técnica urgente para este jueves a las 2:00 p.m., con el fin de obtener claridad sobre el uso de las vigencias futuras, los compromisos financieros y el posible impacto fiscal de la compra. Rodríguez advirtió que la figura de “reserva” no aplica en temas relacionados con recursos públicos.

Por su parte, la empresa Saab defendió la transparencia del contrato, afirmando que no hubo intermediarios ni terceros involucrados en el proceso y pidió no comparar las condiciones ofrecidas a Colombia con las presentadas a otros países, aunque no reveló los valores finales de la negociación.

La Cámara de Representantes aprobó con 94 votos a favor y 17 en contra el proyecto de ley que autoriza a Colombia a adherirse a la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios. Con esta decisión, la iniciativa supera su último debate en el Congreso y queda lista para sanción presidencial.

La nueva norma busca fortalecer las herramientas legales del país para evitar que ciudadanos colombianos sean llevados a conflictos en el extranjero, impedir la entrada de combatientes foráneos al territorio nacional y castigar el reclutamiento o la financiación de mercenarios. Además, promueve la cooperación internacional para investigar y sancionar estas prácticas.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, celebró la aprobación y explicó que esta ley “permite evitar el reclutamiento, el entrenamiento, el financiamiento y la utilización de mercenarios”, lo que refuerza la seguridad nacional.

Sánchez destacó tres beneficios: impide la llegada de combatientes extranjeros a zonas de conflicto interno como el Cauca, evita la fuga de militares entrenados hacia guerras ajenas y previene tragedias humanas, recordando casos de colombianos fallecidos en conflictos como el de Rusia y Ucrania.

El ministro precisó que la medida no afecta a quienes viajan legalmente por razones profesionales o laborales. “La norma solo aplica a quienes participan directamente en hostilidades”, aclaró.

El debate sobre la Ley de Financiamiento en el Congreso continúa marcado por la incertidumbre. La Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes suspendió la votación de la ponencia del Gobierno por falta de quórum y se reanudará el próximo martes.

Mientras tanto, las comisiones económicas del Senado votaron mayoritariamente a favor del archivo de la iniciativa que buscaba un recaudo de $16.3 billones para financiar el presupuesto de 2026.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, señaló que el rechazo a la reforma tributaria responde a intereses políticos y no a la protección de la población de menores ingresos. Según Ávila, la oposición busca aparentar una victoria frente al gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Aquí lo que se busca es una clara vendetta contra el gobierno nacional. Si eso es lo que quieren, díganlo, pero permitan que el debate se haga con seriedad y responsabilidad”, afirmó el ministro.

Ávila cuestionó además la postura de los congresistas contrarios a la ley y los instó a ser claros sobre a quién benefician con su rechazo. “Hagamos claridad de a quiénes se les está evitando tributar en este país y luego tomemos la decisión, pero sin falsedades frente a la sociedad colombiana”, concluyó.

Durante un debate de control político por el escándalo de los archivos de alias ‘Calarcá’, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, destacó que desde comienzos de 2025 lidera, junto a la cúpula militar y policial, una estrategia de contrainteligencia para detectar comportamientos irregulares dentro de la Fuerza Pública.

“No toleramos que un traidor esté al lado de uno de nuestros hombres. Un traidor al lado de nuestros hombres significa también la muerte”, afirmó el jefe de la cartera de Defensa. Según sus datos, este año se han recibido 18.093 llamadas en el marco de la estrategia, de las cuales 168 aportaron información útil y 26 derivaron en presuntos casos de corrupción actualmente en análisis.

Sobre el general Juan Miguel Huertas, involucrado en el escándalo por las memorias USB incautadas durante el operativo del convoy de ‘Calarcá’, Sánchez recordó que el oficial se retiró voluntariamente en diciembre de 2021. Los hechos investigados ocurrieron en julio de 2024, cuando ya no estaba en servicio, y solo regresó a la institución en julio de 2025 por decisión del presidente Gustavo Petro.

El ministro explicó que tras la publicación periodística del 23 de noviembre, el Ejército inició investigación al día siguiente, y que el 2 de diciembre ordenó una inspección especial sobre todas las actuaciones de Huertas durante su reintegro. “Si no da la confianza, lo retiraremos, sin duda alguna”, advirtió Sánchez, agregando que la Procuraduría también analiza su competencia disciplinaria, ya que los presuntos delitos habrían ocurrido mientras el general estaba retirado.

Prevención y control de corrupción en la Fuerza Pública

Frente a otros casos de corrupción en las Fuerzas Militares y la Policía, el ministro recordó que este año se emitió una directiva del Comando General de las Fuerzas Militares para reforzar la prevención y sanción de actos ilegales, incluyendo directrices claras para informar, denunciar, investigar y sancionar cualquier participación en conductas ilícitas.

Sánchez también señaló que el Ejército había emitido una circular en 2024 para identificar posibles casos de connivencia y que varias capturas recientes de miembros y exmiembros de la Fuerza Pública se lograron gracias a la propia contrainteligencia militar. “Fue por acción clara y transparente de nosotros, para protegernos nosotros”, concluyó.

El Gobierno nacional presentó ante el Congreso de la República el proyecto de ley “por medio del cual se penaliza de manera autónoma el tráfico, la fabricación, el desvío y el porte ilegal de fentanilo y sus análogos”, una iniciativa que incorpora un nuevo delito en el Código Penal y fortalece la capacidad del Estado para anticiparse a la expansión de esta sustancia en el país.

Durante la radicación, el ministro del Interior, Armando Benedetti, explicó que el proyecto tiene un enfoque preventivo y de control temprano frente al fenómeno del fentanilo. “Buscamos impedir que los laboratorios de fentanilo que operan en otros países lleguen a Colombia. Todo lo relacionado con su fabricación, transporte, desvío, distribución o exportación será penalizado con penas de 10 a 30 años”, afirmó.

La iniciativa crea el artículo 376A del Código Penal, con penas de 140 a 360 meses de prisión y multas entre 1.334 y 50.000 salarios mínimos legales para quienes, sin autorización, introduzcan, saquen, transporten, almacenen, financien, elaboren o suministren fentanilo. Además, fortalece los mecanismos de prevención, vigilancia sanitaria y pedagogía pública.

Por su parte, el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, señaló que el proyecto establece un tipo penal específico, con agravantes y exclusión de beneficios penales, que mejora la capacidad de judicialización, desincentiva el mercado ilícito y promueve la cero tolerancia frente al desvío de fentanilo desde el sector salud y entornos vulnerables.

La iniciativa también refuerza la vigilancia de la cadena de suministro, asigna responsabilidades claras a entidades como el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud, y fortalece las sanciones para profesionales que utilicen fentanilo fuera de la norma. Según el ministro Benedetti, es una respuesta integral, basada en experiencias internacionales, que protege la salud pública y la seguridad del país.

La sorpresiva salida de Angie Rodríguez de la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) volvió a evidenciar la inestabilidad que ha marcado al Gobierno del presidente Gustavo Petro durante más de tres años. La funcionaria, una de las personas de mayor confianza del mandatario, recibió de él mismo la solicitud directa de renuncia.

Rodríguez había asumido el cargo tras las salidas de Carlos Ramón González y Laura Sarabia, y había logrado imprimir algo de continuidad a una oficina caracterizada por los constantes relevos. Sin embargo, en los últimos días perdió el respaldo presidencial y su salida se hizo efectiva de inmediato.

El detonante de la crisis fue el caso de José Alexis Mahecha, exdirectivo del DAS y absuelto recientemente por el escándalo de las chuzadas del gobierno Uribe. Rodríguez lo había vinculado al Dapre por sus conexiones políticas con Guillermo Alfonso Jaramillo y el Tolima, pero su presencia generó divisiones y sospechas dentro del Ejecutivo.

Aunque Rodríguez terminó separándolo del cargo, Mahecha logró acercarse nuevamente al Gobierno y avanzaba hacia un nombramiento en el Ministerio de Hacienda, en un área clave de rentas y juegos. Al conocer esa gestión, Rodríguez decidió retirar la hoja de vida del exfuncionario, decisión que provocó el disgusto del presidente Petro.

El pulso lo ganó Mahecha. Su reaparición en la administración pública terminó costándole el puesto a Rodríguez, quien había acompañado al presidente en viajes oficiales y reuniones estratégicas, y mantenía un círculo de trabajo cercano con Armando Benedetti.