El Presidente Gustavo Petro anunció este miércoles a través de su cuenta de Twitter que el nuevo Director de la Policía Nacional será el general (r) William Salamanca, “mayor general de la reserva, con más de 37 años de experiencia en la institución”.
El Jefe de Estado, a su vez, agradeció el arduo trabajo del general Henry Sanabria y la general Yackeline Navarro, al frente de la institución hasta la fecha.
De acuerdo a lo anunciado por el Mandatario, “mientras el general William Salamanca se reincorpora a la institución, asumirá en calidad de encargado el general Tito Castellanos, quien se venía desempeñando como jefe del servicio nacional de Policía”.
Perfil del general (r) William Salamanca
Es administrador de empresas y administrador policial, con especializaciones en Relaciones Internacionales y Seguridad Integral; maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Externado de Colombia y de la Universidad de Columbia, en Nueva York; maestría en Seguridad Pública y alumno del Centro Hemisférico de Defensa en Washington D.C., donde ha adelantado estudios sobre lucha contra el terrorismo, manejo de crisis y liderazgo.
También, adelantó el Curso Integral de Seguridad y Defensa Nacional en la Escuela Superior de Guerra de Colombia.
El Presidente Gustavo Petro instaló este martes el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, en el que indicó que, de acuerdo a los datos de la Unidad para las Víctimas, el valor de la indemnización asciende a $301 billones para la totalidad de colombianos y colombianas afectadas por la violencia en el país.
Durante el evento, que se desarrolló en el Salón Rojo del Hotel Tequendama, el Jefe de Estado indicó que al ritmo que ha avanzado el proceso, el Estado tardaría cerca de 125 años en completar la tarea, por lo que planteó la importancia de explorar alternativas sobre este tema.
“Hay que construir otro camino y otro camino en las condiciones concretas. Si no es el presupuesto y no son los victimarios, ¿de dónde puede ser? Solo hay uno, en mi opinión, lo dejo como discusión, de pronto ustedes tienen otras ideas. La emisión que hace el Banco de la República rutinariamente, en vez de ir a los bancos, debería ir en bonos para la indemnización de víctimas de la violencia en Colombia y creo que acortaríamos los tiempos”, expresó el Mandatario.
Aclaró que esta no debe ser una imposición del Gobierno, teniendo en cuenta la independencia de la Banca Central, sino que debería ser el fruto de un Acuerdo Nacional.
“Si de verdad estamos hablando de un Acuerdo Nacional –pacto, dijimos en campaña, es decir, de un encuentro de la diversidad de la sociedad colombiana–, pues entonces uno de los primeros puntos del pacto social es: ¿Se indemniza a las víctimas o no? Y si se indemniza, la única opción, de acuerdo a estos cálculos, a menos que estén mal hechos, es que el poder de emisión del Estado pase en primer lugar, en vez de los bancos, a las víctimas de la violencia que, económicamente, da lo mismo porque finalmente el dinero circula, pero políticamente no es lo mismo, socialmente no es lo mismo”, aseguró.
El Presidente Gustavo Petro condecoró este martes en la Escuela de Cadetes General Francisco de Paula Santander a 64 miembros de la Policía y 36 del Ejército Nacional, por su labor cumplida en Los Pozos, Caquetá, en marzo pasado y rindió un homenaje póstumo al subintendente Ricardo Arley Monroy Prieto, quien falleció como consecuencia de los hechos registrados.
Durante la ceremonia, el Jefe de Estado aseguró que es fundamental establecer la unidad férrea entre la sociedad civil y la Fuerza Pública, como base de quitarle el territorio a la violencia y de entregárselo a la paz, la democracia y la justicia social.
Por tanto, a pesar de la situación presentada en esta zona del país, “se puede enseñar que de ahora en adelante la unidad entre el pueblo y las armas de la nación; entre la nación, toda, entre la sociedad civil y la Fuerza Pública, se vuelve fundamental algo para construir algo que nos pareciera lejano, ilusorio, que a veces se nos escapa: el que podamos vivir en paz”, dijo.
De igual manera, fue enfático al señalar que, “porque no hubo un enfrentamiento a muerte entre la población civil y la Fuerza Pública, entonces somos débiles. Eso no es cierto; débiles quienes la propugnan” y precisó que lo son aquellos que promueven lo contrario al diálogo.
Es por esto que el Presidente Petro impartió la orden a la Fuerza Pública de copar todo el territorio, permitiendo recuperarlo de la violencia hacia la paz, y puso de ejemplo la experiencia en el norte y del nordeste de Antioquia, donde se mantienen 12.000 hombres y mujeres de las Fuerzas Militares y de Policía.
“Lo mismo que hemos ya hecho y se mantendrá en el norte y en el nordeste de Antioquia, ahora pasará a otros territorios que algunas personas creen vedados para el Estado. Eso implicará sacrificios e implicará una ley de oro que la Fuerza Pública que se ubique allí, que tendrá que rotarse para descansar y para evitar incluso los contagios de este tipo de organizaciones, que hoy asolan el país”, aseveró el Mandatario.
Homenaje al subintendente Ricardo Arley Monroy Prieto
El Presidente Gustavo Petro hizo un homenaje póstumo al subintendente Ricardo Arley Monroy Prieto, otorgándole la Orden Nacional al Mérito y la medalla militar ‘Ministerio de Defensa Nacional, Servicios Distinguidos’.
“Arquímedes Monroy (padre), tenga usted mi abrazo solidario; a su esposa, a sus hijos, que sepamos que la caída de Arley Monroy no fue en vano, que en su entierro no estuvimos solamente por hacer un acto simbólico y no más, sino que sentimos su dolor, obviamente no tanto como ellos mismos. Y esperamos que la vida de Arley Monroy se pueda reivindicar a partir de la efectividad misma de nuestros actos, construyendo en esa misma región donde cayó, una región de paz”, mencionó.
Durante más de dos horas, el Presidente de la República, Gustavo Petro, y el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, sostuvieron una conversación provechosa este lunes en el despacho presidencial sobre los alcances del proyecto de Ley de Sujeción a la Justicia, que establece mecanismos de sujeción a la justicia ordinaria, garantías de no repetición y desmantelamiento de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto.
En el encuentro, que comenzó poco después de las once de la mañana, el Jefe de Estado le reafirmó al Fiscal Barbosa que el proyecto de sujeción tiene el firme propósito de enfrentar con contundencia las acciones del narcotráfico.
De hecho, el proyecto contempla que a los jefes o cabecillas de la estructura armada organizada de crimen de alto impacto se les imponga una pena de privación efectiva de la libertad en establecimiento carcelario de seis a ocho años, de acuerdo al grado de responsabilidad individual, sin derecho a detención domiciliaria, libertad condicional, permiso de 72 horas, ni redención de penas por trabajo o estudio; y un periodo de cuatro años de componente restaurativo con mecanismos de vigilancia y monitoreo, extramural, con participación en programas de justicia restaurativa y de reintegración.
Además, prevé la protección de los cultivadores de la hoja de coca –el eslabón más débil de la cadena– a través de una estrategia integral que, a su vez, descriminalice su actividad.
En el diálogo fueron atendidas las dudas del Fiscal General frente al proyecto de ley, con lo cual se acordaron mesas técnicas para un trabajo conjunto y se reafirmó el compromiso en la lucha contra el narcotráfico.
Otro de los temas en la agenda versó sobre el proyecto de ley que pretende modernizar y humanizar la política criminal y penitenciaria para que las cárceles se conviertan en espacios de vida, educación, dignidad, oportunidades, arrepentimiento y
reparación a las víctimas.
Finalmente, el Jefe de Estado y el Fiscal Barbosa acordaron fortalecer esfuerzos en materia de operaciones de interdicción. En este sentido, refrendaron continuar las reuniones semanales entre delegados de la Fiscalía y de la Fuerza Pública para consolidar las cifras de incautación de drogas ilícitas.
En la reunión de este lunes estuvieron presentes -además- el Ministro de Justicia, Néstor Osuna; la Jefa de Gabinete, Laura Sarabia; y, la Vicefiscal, Martha Mancera.
Luego de la reunión que sostuvo el presidente de la República, Gustavo Petro, con el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, el Gobierno Nacional informó a la opinión pública y a los medios de comunicación que, en aras de seguir avanzando en la lucha contra el narcotráfico, reafirman que el proyecto de sujeción a la justicia tiene el firme objetivo de enfrentar con contundencia las acciones del narcotráfico y, también, proteger a los cultivadores,
“Quienes son el eslabón más débil en la cadena. Para ello se requiere de una estrategia integral que además vele por la preservación del medio ambiente”, indicó el Gobierno Nacional en un comunicado.
Asimismo, entre los puntos de dudas atendidos por el presidente Petro al Fiscal General frente al proyecto de ley, está el de acordar mesas técnicas para un trabajo conjunto.
“Se reafirmó el compromiso de lucha contra el narcotráfico y además de fortalecer la colaboración en materia de operaciones de interdicción, se continuarán las mesas semanales con la Fiscalía y la Fuerza Pública que permitan consolidar las cifras de incautación de drogas ilícitas”, agregaron.
Durante la reunión, considerada como provechosa y cordial, participaron el Presidente de la República, Gustavo Petro; el Ministro de Justicia, Néstor Osuna; la Jefa de Gabinete, Laura Sarabia; el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, y la Vicefiscal, Martha Mancera.
La Procuraduría General de la Nación apeló la decisión de la Sala Amnistía o Indulto (SAI) de la JEP, sobre el atentado con un ‘burro bomba’ perpetrado por las Farc en 1996, tras considerar que no se hizo un estudio integral del caso y se dejaron de lado los demás hechos cometidos durante el ataque, tales como el cierre de vías de acceso al municipio y la retención a sus pobladores, además de los daños ocasionados a las estructuras de la alcaldía municipal, el colegio, el centro de salud y las casas aledañas.
El episodio ocurrió el 12 de marzo de 1996 en el corregimiento de Chalán, municipio de Ovejas, Sucre. Las Farc llevaron a cabo una acción militar que comprendió, entre otras, la toma de la estación de policía frente de la cual detonaron a control remoto un explosivo oculto bajo racimos de plátano, en la carga puesta a un burro.
El procurador delegado ante la JEP, Jairo Acosta Aristizabal, aseguró que estos ataques y afectaciones que no estudió la SAI, evidencian la infracción del principio de humanidad y denotan que se trató de una conducta con efectos y daños colectivos al municipio de Chalán y a la población civil, y no solo a la estación de policía y a los miembros de la fuerza pública que fallecieron.
Fenómeno de macrovictimización presente
Lo anterior cobra especial relevancia cuando se analiza el fenómeno de macrovictimización, pues entender que solo los policías fueron objeto de ataque limita la posibilidad de comprender que la población civil en su conjunto también fue víctima, de ahí que el homicidio ordinario fue agravado por sus fines terroristas, añadió el procurador Acosta Aristizábal.
Para la Procuraduría el análisis global de los hechos permitirá que el concepto de víctima sea lo más amplio y garantista, haciendo posible que los reconocimientos y acreditaciones se den no solo a los familiares de los policías asesinados, sino a la población perjudicada por el ataque terrorista.
También solicitó que el caso se estudie bajo las luces del Derecho Internacional Humanitario contemporáneo, que armoniza las convenciones de La Haya y Ginebra, lo cual permitirá analizar lo ocurrido a partir de los principios de permisión (derivados de la ventaja militar de una operación), y protección (que se desprenden de la distinción) que incluyen precaución, humanidad, proporcionalidad y necesidad militar, que no fueron previstos por la JEP.
Contrario a lo dicho por la JEP, para la Procuraduría sí se puede inferir tanto la eventual existencia de una función continua de combate por parte de los policías, como una ventaja militar concreta y directa, derivada de la presencia de armamento de largo alcance (12 fusiles Galil, 5 revólveres calibre 38) en el comando, lo cual convertiría a los policías de esa estación en objetivo militar.
“Al reducir la magistratura el análisis al principio de distinción, sin evaluar los fines o propósitos militares perseguidos con el ataque –ventaja militar– en virtud del conflicto armado, podría perder competencia material la JEP y la investigación le correspondería a la justicia ordinaria”, se explica en el documento.
Para el agente del Ministerio Público, el problema expuesto anteriormente se subsanaría con la evaluación integral del caso de cara a la totalidad de los principios de conducción de las hostilidades, ya que la Sala dejó de lado el análisis de los otros daños causados, como fue el colegio, la alcaldía municipal, el centro de salud y las casas aledañas, mismo que quedaron por fuera de la evaluación de la SAI.
El Presidente Gustavo Petro refrendó este domingo el compromiso de su Gobierno con el proceso de reparación a las víctimas del conflicto armado al tiempo que las invitó a convertirse en un gran movimiento social por la paz, durante la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas.
“Las víctimas en Colombia son millones. Si esos millones de personas pudieran organizarse podríamos tener el primer movimiento social en Colombia cuyo objetivo es alcanzar la paz. Me parece fundamental que las organizaciones de víctimas, de todo tipo, de cualquier origen, pasen a convertirse en un Movimiento Social por la Paz”, dijo.
En un diálogo con sobrevivientes del conflicto, coordinado por la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas, el Mandatario hizo énfasis en que su Gobierno está comprometido con el cumplimiento del Acuerdo de Paz con la antigua guerrilla de las Farc-Ep, que ordenó reparar de forma integral a las víctimas.
“La mayor reivindicación hacia ustedes es que no haya más víctimas y que su número no siga creciendo. En ello, mi Gobierno va a ayudar en todo lo que se pueda, en avanzar en la reparación, para que no sean sus nietos los que reciban (las indemnizaciones); quiere ayudar a que el Centro de Memoria sea eso realmente, a que las asociaciones de víctimas puedan ser ese gran movimiento y acelerar los procesos de adjudicación de tierra”, enfatizó.
Frente a ese punto, el Primer Mandatario dijo que es insuficiente el número de jueces de Restitución de Tierras que hoy ejercen en Colombia y que, en consecuencia, los procesos de adjudicación se tardan mucho tiempo en resolverse. “Los fallos son lentos porque el número de jueces es insuficiente. Hay que aumentar los jueces de tierras”, señaló.
“Si a partir de la experiencia de los jueces de restitución de tierras, de las demoras que estos procesos tienen en varias regiones, deberíamos hacer un gran esfuerzo con el poder judicial, ahora que se agrega una adición presupuestal, para que se creen muchísimos más jueces de tierras; hombres y mujeres que acojan no solamente este tema de la restitución de tierras, sino en general todo el conflicto sobre la tierra en Colombia”, dijo.
También anunció la importancia de la figura de la Policía de Paz. “Hemos visto que cuando se restituyen tierras el peligro en las zonas se mantiene. Le he pedido a la Policía que construya la Policía de Paz, de tal manera que tenga un número de efectivos lo suficientemente grande para que cuide los puntos de restitución de tierras, los puntos de Reforma Agraria, los puntos de vivienda y vida agraria de los excombatientes que firman la paz”, precisó.
El Presidente dijo que los predios entregados al Estado por parte de antiguos jefes paramilitares deben ser rápidamente monetizados para que producto de ello se indemnice a las víctimas. “He observado cómo muchas haciendas paramilitares están hoy ocupadas por testaferros de los paramilitares o por el Clan del Golfo, que es lo mismo”, denunció.
“No es posible que después de procesos judiciales estas tierras sigan siendo campamentos de organizaciones armadas ilegales. Los antiguos jefes paras, que han pagado sus condenas, hoy dicen públicamente que estarían dispuestos a reunirse conmigo. Creo que esa reunión debe darse”, señaló.
Según el Presidente, dicha eventual reunión serviría para que “establecer qué pasó con la ley (de Justicia y Paz), qué pasó con sus bienes y en qué medida ese proceso de paz con los paramilitares quedó trunco o se puede finiquitar”.
Finalmente, el Presidente Petro instó a los magistrados de la Justicia Especial para la Paz (JEP) un “mayor esfuerzo por conseguir la verdad integral sobre los acontecimientos de la violencia “caiga quien caiga”.
“La verdad debe ser un objetivo a ultranza, y no debe haber ningún temor, ningún miedo tiene que darnos de alcanzarla. Tengamos la absoluta certeza de que mientras más verdad aparezca, más posibilidades de paz tendremos”, puntualizó Petro tras hacer un homenaje al líder político Jorge Eliécer Gaitán, asesinado el 9 de abril de 1948 en Bogotá.
“En este día de las víctimas, que es también el día de Jorge Eliécer Gaitán, víctima de la violencia política por la defensa de sus ideales de justicia social, tengan ustedes el mayor respaldo del Gobierno”, puntualizó.
El Servicio Geológico Colombiano (SGC) dio a conocer en las últimas horas, que mantiene su estado de alerta naranja sobre el volcán Nevado del Ruiz.
“La actividad sísmica asociada a fracturamiento de roca al interior del edificio volcánico continúa localizada en el sector suroccidental del volcán, a profundidades entre 2 y 4 km y a una distancia del cráter similar a las reportadas en días anteriores (2 a 4 km). El pasado 7 de abril, se registraron 3400 eventos, alcanzando una magnitud máxima de 2,3 ML correspondiente al sismo de las 11:23 a.m. hasta ayer 8 de abril ya al cierre del día, se registró alrededor de 1400 eventos”, indicó el SGC en un comunicado.
Asimismo, las autoridades revelaron que la sismicidad relacionada con el movimiento de fluidos al interior de los conductos volcánicos estuvo asociada a varias emisiones pulsátiles y continuas de ceniza que fueron confirmadas a través de las cámaras web utilizadas para el monitoreo volcánico y por reportes de habitantes en los sectores de la vereda La Cabaña (Murillo, Tolima).
“La altura máxima de la columna de gases y/o ceniza observada fue de 1500 m, medidos desde la cima del volcán con una dirección de dispersión que osciló entre suroriente y nororiente. La salida de dióxido de azufre a la atmósfera se mantiene en niveles similares a los observados en días anteriores. Se tuvo el reporte de anomalías térmicas localizadas en el cráter Arenas”, agregaron las autoridades.
Finalmente indicaron que es importante recalcar que el el SGC continuará recordándolo, que la actividad del volcán en NIVEL NARANJA puede fluctuar y por momentos disminuir con respecto a días anteriores, sin que ello signifique que este haya retornado a un menor nivel de actividad.
El día de ayer en horas de la noche, la gobernación del departamento de Caldas informó que se declarará calamidad pública en todo el departamento debido al riesgo de erupción del volcán Nevado del Ruiz.
Según las fuentes oficiales, esta decisión fue tomada durante el Consejo Departamental de Gestión de Riesgo, con la intención de que las autoridades se encuentren alertas frente a posibles cambios en la actividad del volcán Nevado del Ruiz.
Con la decisión del Gobernado de Caldas, se suma a Risaralda dejando ya dos departamentos declarados en calamidad pública. El gobernador de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo, informó desde su cuenta de Twitter que, tras llevarse a cabo el Consejo departamental de Gestión del Riesgo Ampliado, el cual se realizó en el municipio de Santa Rosa de Cabal, se determinó la decisión de declarar calamidad pública en el departamento.
Ante el anuncio del levantamiento del paro minero en el Bajo Cauca Antioqueño, el Gobierno del Cambio ratificó este jueves la prioridad por alcanzar, mediante el diálogo y la concertación, soluciones efectivas a las problemáticas de la comunidad minera de esta región del país.
A través de un comunicado, el Ministerio del Interior ratificó que el Gobierno Nacional mantiene su presencia en los municipios del Bajo Cauca, tal como ha sucedido desde el inicio de la protesta social, donde se han realizado mesas de diálogo con la comunidad buscando garantizar los derechos de esta población y trabajar por soluciones efectivas y concertadas frente a la problemática del sector minero.
Esta cartera recordó que el anuncio de suspensión del paro minero en el Bajo Cauca se produce horas después haberse realizado un Consejo de Ministros, encabezado por el Presidente Gustavo Petro, en el municipio de Caucasia, donde se tomaron importantes decisiones, entre las que se destaca la creación de una mesa técnica de alto nivel ministerial.
Durante el Consejo de Ministros en Caucasia, el Jefe de Estado ordenó la urgente conformación de esta instancia que estará integrada por representantes de los ministerios de Minas, Interior, Defensa, TIC, Ciencias, Agricultura, Ambiente y Comercio, Industria y Turismo.
También se garantizó la prioridad en la atención humanitaria a la población que labora en la extracción minera artesanal de la región.
De acuerdo con el Ministerio del Interior, en esta mesa técnica integral se buscarán alternativas tecnológicas que puedan ser utilizadas en la extracción y el beneficio del oro en la región del Bajo Cauca, así́ como avanzar en la caracterización integral de la pequeña y mediana minería, con miras a la formalización.
Por su parte, la Ministra de Ambiente, Susana Muhamad, través de su cuenta de Twitter, reiteró “el deber legal y constitucional irrenunciable de controlar la minería para la protección del agua y del ambiente, como uno de nuestros pilares de gestión”.
A su vez, el Ministro de Defensa, Iván Velásquez, indicó que “la suspensión del paro minero en el Bajo Cauca y el Nordeste de Antioquia es una decisión positiva de las comunidades que toman las riendas de su destino”.
Además, Velásquez anunció que en ese territorio del país “permanecerá la Fuerza Pública para garantizar la seguridad de la región”.
Una vez expedido el Decreto 490 del 4 de abril del 2023, que soporta jurídicamente los ajustes hechos al programa Mi Casa Ya para profundizar su alcance en términos de equidad, y luego de un importante espacio de discusión sobre los ajustes a este subsidio, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio informa que dará inicio al proceso de asignación. Así las cosas, a partir del lunes 10 de abril las familias podrán revisar su estado y los pasos a seguir para iniciar o continuar su proceso, a través de la página web: minvivienda.gov.co.
En el mismo sentido, se ajustó el requisito de clasificación del Sisbén IV para que más hogares se puedan postular. Se tendrá un único criterio a nivel nacional, por lo que hogares clasificados entre los subgrupos A1 y D20 podrán postularse.
Aquellos hogares clasificados entre los subgrupos A1 y C8 recibirán un subsidio a la cuota inicial equivalente a 30 salarios mínimos, y a los hogares entre C9 y D20 se les otorgará un subsidio equivalente a 20 salarios mínimos.
Teniendo en cuenta la importancia de la concurrencia de subsidios con las Cajas de Compensación Familiar, Gobernaciones y Alcaldías, entre otros, se mantendrán las condiciones requeridas para recibir este beneficio. Si el hogar cumple con los requisitos, podrá ser beneficiario de varios subsidios.
“Mi Casa Ya se fortalece para beneficiar a las familias con mayores necesidades, a quienes habitan en las zonas rurales y los municipios pequeños del país, donde nunca antes había llegado el programa”, afirmó la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Catalina Velasco, al mismo tiempo que anunció que durante el año 2023 se adelantará la etapa de transición del programa, con el fin de asignar subsidios a las familias que ya tienen crédito aprobado, han realizado su negocio inmobiliario y cumplen con los requisitos del programa.
Paso a paso
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio ha dispuesto en su página web un módulo de consulta, mediante el cual, a partir del lunes 10 de abril, usted podrá revisar su estado y los pasos a seguir para iniciar o continuar su proceso. Únicamente deberá digitar el número de identificación de alguno de los miembros del hogar.
• El lunes 10 de abril también se abrirá la plataforma para nuevas inscripciones. Por eso, si su hogar no se encuentra inscrito en Mi Casa Ya, tiene una inscripción previa o cuenta con una clasificación en Sisbén IV entre A1 y D20 y cumple con los requisitos del programa, deberá dirigirse al establecimiento de crédito o entidad de economía solidaria de su preferencia para iniciar el proceso.
• Si el hogar ya cuenta con una inscripción previa, pero aún no tiene clasificación en Sisbén IV, debe dirigirse a la oficina de Sisbén de su municipio y solicitar la aplicación de la encuesta, que es un requisito del programa.
• La etapa de transición de Mi Casa Ya se adelantará durante todo el año 2023 y tiene como propósito garantizar la vivienda de las familias a quienes solo les falta el subsidio para tener cierre financiero y culminar su negocio inmobiliario. Una vez el hogar haya cumplido con los requisitos del programa, el establecimiento de crédito o entidad de economía solidaria con el que realizó su inscripción debe certificar y acreditar: 1) Que el hogar cuenta con la aprobación de un crédito hipotecario o leasing habitacional y 2) Que su vivienda ya se encuentra lista para entrega y tiene prevista firma de escrituras en los próximos 6 meses. En ese momento, el estado del hogar cambia de “Interesado” a “Solicitante”.
• Una vez el establecimiento de crédito o la entidad de economía solidaria acredita estas condiciones, el Ministerio de Vivienda aplicará los criterios de priorización y verificará el cumplimiento de los requisitos. Si el hogar queda priorizado y cumple con la totalidad de requisitos del programa, se procederá con la asignación del subsidio.
La Agencia Nacional de Tierras (ANT) activó los escenarios judiciales y radicó las primeras cinco demandas con pretensiones agrarias para deslinde de tierras de la nación, clarificación de la propiedad y recuperación de baldíos indebidamente ocupados, en cumplimiento del punto 1 del Acuerdo de Paz de 2016, en lo relativo con la Reforma Rural Integral.
El Subdirector de Procesos Agrarios y Gestión Jurídica de la ANT, Ricardo Arturo Romero Cabezas, explicó que “esta radicación de las primeras demandas con pretensiones agrarias buscará dar solución a los conflictos de tierras en Colombia, a través del acceso a la justicia y es una demostración del compromiso institucional de la Agencia para resolver de manera definitiva las problemáticas rurales con estricto cumplimiento de la Constitución y la Ley”.
Tres de las demandas pretenden la declaratoria como bien de uso público, y con esto, su incorporación en los inventarios de la administración de tierras de la Nación y la correcta gestión ecosistémica de estos entornos ligados a cuerpos de agua.
Los procesos agrarios de deslinde de tierras de la Nación corresponden a los predios: playón entre la Finca Bonaire y Corralito 2, en Arjona, Bolívar (21 hectáreas + 3.767 m2 ); el Humedal Bocas de Palo 2, en la vereda Bocas del Palo, Jamundí, Valle del Cauca (3 hectáreas + 9.855 m2 ); y el Humedal Bocas de Palo 3, en la vereda Bocas del Palo, Jamundí, Valle del Cauca, con una extensión de 9.139 m2.
Otra de las demandas se preparó junto con la Subdirección de Seguridad Jurídica de la ANT y corresponde al proceso agrario de clarificación de la propiedad de la Finca Maracaná en Ayapel, Córdoba (5 hectáreas + 2.234 m2 ), en la que se hace solicitud de declaratoria como predio baldío de la nación ante el Juez Civil del Circuito.
Por último, en recuperación de baldíos indebidamente ocupados se espera la validación judicial de la indebida ocupación de un particular en el predio Santuario Hoy Gamerú O Macondo 2 en San Martín, Meta (9 has. + 7.229 m2), para su adecuada disposición agraria.
Cabe indicar que estas demandas y las demás que se seguirán presentando en desarrollo de la misión de la Agencia Nacional de Tierras, son las primeras que se radican desde la expedición del Decreto Ley 902 de 2017, y contribuyen a la implementación de la Reforma Agraria liderada por el Gobierno Nacional para agilizar la recomposición y el ordenamiento de los territorios.
En el encuentro, el Gobierno Nacional reconoció celeridad en la toma de decisiones preventivas en Caldas y aseguró que apoyará al territorio con recursos económicos, logísticos y maquinaria amarilla, requerimientos hechos por el mandatario de los caldenses y los alcaldes.
El gobernador señaló que se solicitaron 800 millones para robustecer el Sistema de Alertas Tempranas y 400 millones para combos de maquinaria, así como recursos económicos para ayudar a costear los arriendos de las personas que evacuen.
Al respecto, el director (e) de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Luis Fernando Velasco, dijo: “Aquí la gente ha hecho la tarea, están muy articulados los comités de riesgo y nos han pedido una serie de apoyos que daremos. Estamos concentrados en la prevención, así que adelantaremos varias acciones”.
El funcionario indicó que, entre los apoyos, están: la maquinaria amarilla, que operará a través de las fuerzas militares; la adecuación de centros de recepción de personas, indicó que algunas serán ubicadas con familiares y que se contempla adecuar coliseos o centros Sacúdete lejos de la zona de riesgo. “Se está trabajando en un plan para evacuar animales que son el sustento estas familias y sus animales de compañía”, agregó Velasco.
Entre tanto, el gobernador de Caldas, Luis Carlos Velásquez, agradeció el apoyo del Gobierno Nacional y el compromiso de los Alcaldes ante esta situación.
“Agradecemos al Presidente y al Director su apoyo y atención a Caldas, estamos seguros que en el PMU de mañana empezaremos a ver esos importantes recursos.
Decir que ya nos llegó un combo del gobierno nacional que está hoy trabajando en vías de Villamaría”, señaló.
El Gobierno Nacional exhortó este viernes a la guerrilla del Eln a manifestar su verdadera intención de paz frente al pueblo colombiano, tras los hechos de violencia ocurridos esta semana en la región del Catatumbo, en los que fueron asesinados nueve soldados.
Así lo dio a conocer el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, al concluir una reunión de trabajo convocada por el Presidente Gustavo Petro con los integrantes del equipo negociador del Gobierno en la mesa de diálogo con el Eln, la cual tuvo lugar en el Salón Bolívar de la Casa de Nariño.
“No es con más muertes de ningún colombiano ni ninguna colombiana como se consolida la paz. El Ejército de Liberación Nacional tiene en sus manos una responsabilidad inmediata de generar esperanza en la sociedad colombiana. Esperamos que escuchen al pueblo colombiano, que escuchen a las comunidades. Este Gobierno del Cambio ofrece ese espacio y esas posibilidades”, enfatizó el Comisionado en declaración a medios.
Al respecto, el Jefe del equipo negociador del Gobierno con el Eln, Otty Patiño, reiteró el llamado al Eln: “Antes de que comience este tercer ciclo (de negociación, en Cuba) es absolutamente necesaria una respuesta clara, para que sepamos a qué atenernos en las intenciones que tiene el Eln, con relación a este proceso”.
El ELN se refirió al ataque perpetrado en contra del Ejército Nacional en Villanueva, municipio de El Carmen, Norte de Santander, en el que murieron nueve uniformados, siete de los cuales eran jóvenes que estaban prestando el servicio militar obligatorio.
A través de un comunicado, la guerrilla aseguró que se trató de una respuesta a la militarización de la región y que el Gobierno Nacional no tiene la misma disposición que ellos para llegar a la ‘Paz Total’.
Por otro lado, la Casa de Nariño manifestó que buscan consolidar prontamente un cese bilateral con el Ejército de Liberación Nacional, esto después del reciente ataque que cometió el grupo armado en contra de un pelotón del Ejército Nacional en el municipio de El Carmen, Norte de Santander, que dejó nueve uniformados muertos.
“Que obren en coherencia y paren ese tipo de acciones y por eso la invitación ha sido desde hace meses atrás, justo porque ellos mismos lo plantean. La decisión que se va a tomar hoy va a ser generar un aceleramiento de esta decisión”, expresó el comisionado para la Paz, Danilo Rueda.
El Gobierno Nacional, a través del Ministro del Transporte, Guillermo Reyes, anunció este viernes que las aerolíneas Avianca, Latam y Wingo, sumadas a la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), transportarán a pasajeros afectados en medio de crisis aérea que enfrenta el país por la suspensión de operaciones de la empresa Ultra Air.
El titular de la cartera de Transporte indicó que las medidas tomadas, por instrucciones del Presidente Gustavo Petro, están enfocadas a atender a los pasajeros de Ultra Air tanto en “el plan de evacuación como en el cumplimiento de sus itinerarios de viaje de Semana Santa y en lo que vendrá después de esta temporada”.
El Ministro Reyes informó que “Avianca ha ofrecido una serie de aviones y de cupos adicionales para trasladar a pasajeros hacia y desde el archipiélago de San Andrés hacia el centro del país, en un sentido de solidaridad y compromiso”.
En ese contexto, indicó que, en atención al llamado que hizo el Gobierno Nacional, Avianca ha dispuesto de cuatro aeronaves a partir de la madrugada del sábado.
Explicó que son “cuatro aviones saliendo en simultánea con capacidad para cerca de 600 pasajeros hacia San Andrés, saliendo desde Bogotá (dos vuelos), Cali (un vuelo) y Medellín-Rionegro (un vuelo), en su gran mayoría cumpliendo el sueño de las vacaciones de Semana Santa”.
Asimismo, estos aviones van a regresar más tarde con pasajeros desde San Andrés hacia Bogotá, Cali y Rionegro.
Adicionalmente, el Ministro de Transporte dijo que de aquí al 10 de abril la aerolínea Avianca dispondrá de 82 vuelos desde y hacia San Andrés con más de 15.000 sillas disponibles para atender la crisis.
Respecto a la empresa Latam, Reyes dijo que “ha ofrecido un vuelo, en la fecha, San Andrés Isla-Bogotá, con un total de 176 pasajeros movilizados, más tarifas adicionales a los pasajeros con tiquete reservado de Ultra. Se han logrado ocupar más de 2.000 pasajeros”.
“Por su parte, la aerolínea Wingo ha ofrecido algunas disponibilidades en sus vuelos, que con chárter se aproximan a 2.722 pasajeros”, agregó.
El apoyo de la Fuerza Aérea
Con relación a la disposición de aviones ordenada por el Presidente Petro en la FAC, el Ministro destacó que esto se ha traducido en tres vuelos, dos de ellos con aeronaves Boeing 707 y 737, lo que ha significa la movilización de 124 pasajeros desde San Andrés a destinos como Rionegro y Bogotá.
Igualmente, con el avión presidencial se adelantó la ruta Cartagena-Santa Marta- Bogotá para apoyar a 30 pasajeros.
“Solicitamos tranquilidad y respeto al personal en los aeropuertos, porque esta coyuntura no se soluciona con las vías de hecho. Se están ofreciendo disponibilidades para todos y no me cabe la menor duda que todos los pasajeros de Ultra serán atendidos para que junto con sus familias cumplan con el anhelado viaje de Semana Santa”, manifestó el titular de la cartera de Transporte.
Finalmente, el Ministro resaltó que frente a esta crisis el Gobierno Nacional ha respondido de manera pronta y ágil para ayudar a los pasajeros afectados.
El Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda, expresó este viernes que el cese al fuego bilateral con la guerrilla del Eln quedó contemplado en la agenda con ese grupo guerrillero, desde el último ciclo de conversaciones, por lo que “la decisión que se va a tomar va a ser generar un aceleramiento”.
En entrevista que concedió a los periodistas de Colombia Hoy Radio, el espacio informativo de la Presidencia, Rueda añadió que “la apuesta es pactar un cese y un desescalamiento. No es posible seguir construyendo escenarios de paz en medio de la fuerza. La fuerza lo que demuestra, en alguna forma, es debilidad”.
También dijo que en el Gobierno del Cambio “es innecesario el uso de la fuerza. El derramamiento de sangre de soldados, policías, campesinos, afros o indígenas o de cualquier habitante es inútil. Esa es una posición ética”.
El Comisionado indicó que el cese al fuego bilateral ha sido un “punto acordado con unos principios y criterios, igual que el de participación”, por lo que le exigió al Eln que, tal como ellos mismos lo han planteado, obren en coherencia, “respeten el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y generen confianza en la sociedad colombiana”.
Rueda enfatizó que el Eln “tiene que comprender que el país repudia este tipo de situaciones”, debido a que “la gente en los territorios está hastiada de la violencia”.
Además, recalcó que en la administración del Presidente Gustavo Petro “se comprende el respeto a los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario”.
En ese sentido, el Comisionado recalcó que, aunque “el Gobierno del Cambio ratifica la voluntad de paz, eso no significa debilidad en el ejercicio de la fuerza legítima del Estado”.
Respecto a la voluntad de paz del Eln, el alto funcionario reconoció que “hemos escuchado de manera directa a sus integrantes en la mesa de diálogo y observamos que hay esa disposición. Ahora, esto no está exento de situaciones dolorosas, trágicas, que hemos rechazado contundentemente”.
Acuerdo de paz con Farc se cumple como fue pactado
En cuanto a las conclusiones de la reunión de alto nivel sostenida ayer con los artífices y protagonistas del Acuerdo de Paz del Teatro Colón, el Comisionado Rueda reiteró que el ese pacto suscrito con las Farc “se cumple tal como fue pactado”.
Del mismo modo destacó que “hay un compromiso del Presidente Petro de que todos los ministerios hagan parte de este Gabinete de Paz para que la implementación sea eficaz”.
“Frente a la emergencia provocada por el cese de operaciones de las aerolíneas Viva Air y Ultra, he ordenado que todos los aviones de la FAC, incluido el avión presidencial, desde este momento sean dispuestos para el transporte de los usuarios afectados”.
Así lo anunció este jueves el Presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de Twitter, en la que también afirmó que todos sus viajes quedan suspendidos para responder a la situación.
“Suspenderé todos mis viajes para que el avión presidencial sea utilizado en medio de la crisis. Junto al equipo de MinTransporte y Aerocivil evaluaremos las medidas a tomar para atender la emergencia aérea”, escribió el Jefe de Estado.
Vale señalar que el primer vuelo del avión presidencial en medio de esta contingencia será a la isla de San Andrés.
Al anuncio del Mandatario, frente a la emergencia, la Superintendencia de Transporte manifestó que “reforzará su presencia en los aeropuertos del país para atender a los pasajeros que resulten afectados por la suspensión de operaciones anunciada por la aerolínea Ultra Air, generando canales de articulación con las empresas que cubren las rutas donde operaba la aerolínea en mención”.
En el mismo contexto, la Superintendencia del sector agregó: “Mediante oficio No. 20233000006819 se le solicita a la Superintendencia de Sociedades que se inicie el proceso de insolvencia de la aerolínea Ultra Air, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1116 de 2006”.
Finalmente, la SuperTransporte indicó que Ultra Air está obligada a responder con un plan de contingencia, sin excepción alguna, y menciona las acciones exigidas a la aerolínea.
• Reembolso del valor del tiquete a los pasajeros que lo soliciten.
• Reubicación de pasajeros en vuelos de otras aerolíneas en las rutas operadas por Ultra Air.
• Contratación de vuelos chárter con otras aerolíneas y operadores no regulares.
• Contratación de transporte terrestre en caso de no contar con vuelos regulares o no regulares.
• Así mismo, se les exige un plan especial para los pasajeros de San Andrés y Providencia y mantener los canales de comunicación con los usuarios para atender sus requerimientos.
Con el propósito de enriquecer el camino a la Paz Total, el Gobierno Nacional sostendrá este jueves el encuentro de alto nivel ‘Gobierno escucha, intercambio de experiencias de paz’ en Cartagena, en el que conocerá las experiencias de los actores políticos, de la comunidad internacional y representantes del cuerpo diplomático.
Este diálogo, que se comenzó a preparar desde inicios de marzo, busca avanzar en un gran Pacto por la Paz Total en Colombia.
En este encuentro participarán, entre otros, el Presidente Gustavo Petro; el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda; el canciller Álvaro Leyva; el expresidente y Nobel de Paz, Juan Manuel Santos; el Jefe de la Misión de Naciones Unidas en Colombia, Carlos Ruiz Massieu; el Partido Comunes, encabezado por Rodrigo Londoño, y representantes del cuerpo diplomático.
El encuentro servirá para escuchar aprendizajes, experiencias y propuestas que permitan avanzar en el diálogo con grupos armados ilegales y, además, ratificar el compromiso del Gobierno del Cambio en la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 con las extintas Farc Ep.
De la misma forma, es un espacio para dialogar, con visión crítica y reposada, sobre aciertos y oportunidades, en cuanto a la implementación del Acuerdo de Paz.
El Director General del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Jorge Eduardo Londoño, anunció en los micrófonos de Colombia Hoy Radio que el próximo 24 de abril vence el plazo para inscribirse en la certificación nacional de competencias laborales para el campesinado colombiano, que tendrá la posibilidad de formar parte del banco de instructores de la entidad.
“Un campesino y una campesina podrán ser formadores del SENA y eso es lo que estamos promoviendo y esperando, porque la formación de un campesino no es igual a la educación de un joven o de una joven del área urbana, ni siquiera de la cabecera municipal”, dijo el funcionario.
El programa aplica para sectores como acuicultura, agroindustria del banano, biotecnología, café, floricultura, pesca, producción agrícola, pecuaria y forestal, entre otros.
De acuerdo con el Director, “tenemos claro que es el SENA el que debe ir a donde el campesino y no el campesino al SENA y estamos trabajando para que el SENA no olvide, obviamente, su vocación empresarial, industrial, pero que también se involucre en los temas de la economía campesina”.
Dicha economía, explicó, está conformada por 1.600.000 familias dueñas de pequeños predios, que generan alrededor de 3,2 millones de puestos de trabajo y que, gracias a su indispensable labor, permite que lleguen el 72% de los alimentos a las casas de los y las colombianas.
¿Cómo inscribirse?
Los interesados deben ingresar a www.sena.edu.co, hacer clic en el banner de la convocatoria, diligenciar el formulario y enviarlo. También se pueden postular en el Centro de Formación más cercano o asociaciones campesinas aliadas del SENA.
El proceso de certificación se hará en modalidad presencial y virtual, según corresponda. Para este último caso es indispensable contar con un computador y conexión a Internet. Hay que tener en cuenta que la certificación no es un programa de formación y se realiza de manera gratuita.
Durante el 2022 se evaluaron y certificaron los conocimientos de más de 14.000 personas en sectores del campo como: fique y otras fibras naturales, cosecha y pos-cosecha de frutas y hortalizas, avícola, entre otros.
