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El Grupo de Tareas Especiales de la Fiscalía General de la Nación, creado para investigar hechos de violencia basada en género relacionados con el entorno de los medios de comunicación, solicitó una audiencia de imputación de cargos contra el periodista y presentador Ricardo Orrego Arboleda.

La petición hace parte de una investigación que adelanta el ente acusador por la presunta comisión de los delitos de acoso sexual y acto sexual violento. Según los elementos materiales probatorios recopilados hasta el momento, la Fiscalía ha identificado preliminarmente cinco posibles víctimas dentro del proceso.

De acuerdo con la información conocida sobre la investigación, los hechos que son materia de verificación habrían ocurrido entre 2012 y 2024. La Fiscalía continúa con la recopilación y análisis de los elementos correspondientes, mientras avanza el proceso judicial que deberá determinar las circunstancias de los hechos y las eventuales responsabilidades.

La imputación de cargos, en caso de realizarse, será el escenario en el que la Fiscalía expondrá ante un juez de control de garantías los hechos jurídicamente relevantes y la atribución concreta que pretende formular contra Orrego Arboleda. Esta diligencia no constituye por sí misma una declaración de responsabilidad penal, que deberá ser determinada por las autoridades judiciales conforme avance el proceso.

La solicitud de audiencia ya fue radicada ante el sistema judicial. Ahora corresponde al Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao, en Bogotá, fijar la fecha y hora en la que se desarrollará la diligencia.

El presidente Abelardo De La Espriella presentó un nuevo balance de las operaciones de seguridad desarrolladas durante las últimas 24 horas en diferentes regiones del país. Según las cifras divulgadas por el mandatario, las autoridades realizaron 61 capturas, registraron tres sometimientos a la justicia e incautaron 2.860 kilos de cocaína.

Dentro de la droga incautada, el presidente destacó 862 kilos decomisados en Valencia, España, en un contenedor procedente de Buenaventura. Las autoridades también reportaron la afectación de tres laboratorios destinados al procesamiento de estupefacientes y de cuatro unidades de producción minera ilegal, además de dos dragas y seis motores.

Entre los resultados mencionados por el Gobierno están las capturas de 11 presuntos integrantes del Clan del Golfo en operaciones adelantadas en Antioquia y Chocó. A estas acciones se suman 18 capturas de presuntos integrantes de las bandas conocidas como ‘El Mesa’ y ‘La Miel’, en Antioquia.

De acuerdo con el balance entregado por De La Espriella, estas operaciones hacen parte de las acciones de la Fuerza Pública contra organizaciones criminales y sus fuentes de financiación. “Mi orden es clara: perseguir a los criminales, cortar sus fuentes de financiación y proteger a los colombianos. ¡La ofensiva continúa!”, afirmó el mandatario.

Con los resultados reportados en las últimas 24 horas, el Gobierno señala que desde el 7 de agosto se han registrado 29.206 capturas, la incautación de 113.607 kilos de estupefacientes y el retiro de circulación de 3.096 armas de fuego. Estas cifras corresponden al balance presentado por el propio Ejecutivo sobre las operaciones realizadas desde el inicio del actual Gobierno.

La exsenadora María Fernanda Cabal anunció que decidió apartarse del Centro Democrático y emprender un camino político independiente, luego de asegurar que no recibió respuesta a la solicitud de escisión que presentó ante el partido el pasado 4 de agosto.

Durante una transmisión en vivo, Cabal explicó que la falta de una respuesta oficial terminó influyendo en su decisión. “Mi historia continúa con independencia política y con identidad propia”, afirmó la excongresista, quien anunció que el próximo sábado, 3 de octubre, entregará más detalles sobre el nuevo rumbo que tomará su actividad política.

Cabal manifestó además su gratitud y respeto por el expresidente Álvaro Uribe y por quienes fueron sus compañeros de bancada, pero sostuvo que existen diferencias de fondo que hacen necesario tomar distancia de la colectividad. En ese sentido, cuestionó que no haya recibido una respuesta frente a su solicitud de escisión y consideró que la ausencia de un pronunciamiento también constituye una señal.

Uno de los principales puntos de su intervención estuvo relacionado con la identidad ideológica del Centro Democrático. Cabal señaló que, aunque el partido lleva la denominación de “Centro Democrático”, su base política es de derecha y, a su juicio, esas ideas se han desdibujado, especialmente durante la última campaña. También manifestó que percibe reservas frente al uso explícito del concepto de derecha dentro de la colectividad.

La exsenadora también se refirió al gobierno del presidente Abelardo de la Espriella y aseguró que respaldará su agenda mientras considere que hacerlo es conveniente para el país. Finalmente, anticipó que el sábado revelará detalles de lo que, según personas de su entorno, sería un nuevo movimiento político de derecha que buscaría incorporarse al escenario político alrededor del actual Gobierno.

La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), María Carolina Restrepo Cañavera, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación por una serie de mensajes intimidantes y presiones que, según manifestó, comenzó a recibir a través de redes sociales después de una polémica surgida tras un debate en el Senado. La funcionaria pidió que se investiguen los hechos y se determinen las responsabilidades correspondientes.

La controversia se originó luego de un debate de control político realizado el pasado 22 de septiembre en la Comisión Séptima del Senado, relacionado con el presupuesto del ICBF para 2027. Durante la sesión, Restrepo se refirió a la reorganización de los programas de la entidad y explicó cambios en su denominación. Una de sus intervenciones generó cuestionamientos del senador Duvalier Sánchez, quien interpretó sus declaraciones como un desconocimiento de la diversidad de las familias colombianas.

Restrepo sostuvo posteriormente que el senador difundió en sus redes sociales un video editado de su intervención y aseguró que en la publicación se omitieron partes de sus declaraciones y réplicas realizadas durante el debate. Según la denuncia, también se habrían incorporado imágenes de gestos suyos correspondientes a otros momentos de la sesión, presentándolos como reacciones a las afirmaciones del congresista. La directora aseguró que, después de esa publicación, comenzaron a aparecer mensajes intimidantes en sus redes sociales.

Según se ha conocido en algunos medios de comunicación, la funcionaria recibió en su cuenta personal de Facebook un mensaje con insultos, situación que inicialmente no consideró una amenaza. Sin embargo, al día siguiente, desde un perfil de la red social X, se publicó un mensaje en el que se hacía referencia a que Restrepo había sido vista en el aeropuerto de Cali y se expresaba la intención de acercarse a ella para cuestionarla. La directora consideró este último hecho como parte de las situaciones que debían ser investigadas.

La denuncia ya fue puesta en conocimiento de la Fiscalía, que deberá establecer el alcance de los mensajes y determinar si constituyen conductas sancionables. El caso se conoce en medio de otras controversias que ha protagonizado Restrepo desde su llegada al ICBF, entidad que actualmente adelanta una reorganización de varios de sus programas y estrategias.

Horas después de presentar su renuncia a la presidencia de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Bruce Mac Master recibió este jueves 1 de octubre la Orden Civil al Mérito José Acevedo y Gómez, en el grado Gran Cruz, por parte del Concejo de Bogotá. Durante el acto, el dirigente empresarial se refirió a la importancia de la separación de poderes, el respeto y el trabajo conjunto entre distintos sectores.

En su intervención, Mac Master destacó la necesidad de preservar las instituciones y mantener espacios de diálogo incluso en medio de las diferencias. “La defensa de la separación de poderes, la defensa del respeto por el otro, la defensa de la capacidad positiva que existe de que trabajemos todos juntos y de que podamos nosotros sacar las cosas adelante”, afirmó durante el reconocimiento.

El mensaje se produjo el mismo día en que se conoció su salida de la ANDI, gremio que dirigió desde 2013. En la carta enviada a la Junta de Dirección General, Mac Master señaló que durante las últimas semanas se habían presentado circunstancias que hicieron más complejo el entorno de la organización y aseguró que “múltiples presiones” habían afectado su capacidad para actuar libremente y cumplir sus funciones con autonomía.

Mac Master también agradeció el reconocimiento y extendió el mensaje a los trabajadores de la ANDI, sus empresas afiliadas y las familias vinculadas al sector empresarial. “Muchas gracias a nombre de todos los 300 funcionarios de la ANDI, pero también a nombre de los 1.700 afiliados que tenemos y de sus familias y de los trabajadores y de las regiones y de todo lo que significa el tejido empresarial que nosotros representamos”, expresó.

En su comunicación de renuncia, el dirigente sostuvo que había procurado manejar las dificultades mediante los canales institucionales y priorizando los intereses de la ANDI. También resaltó el valor de las libertades, la autonomía de las instituciones y la existencia de espacios para que ciudadanos y organizaciones puedan expresar sus posiciones y participar en la conversación pública. Su salida se produce después de más de 13 años al frente del principal gremio empresarial del país y en un contexto de tensiones entre la organización y el Gobierno nacional.

El precio de la gasolina corriente en Colombia aumentará $46 por galón a partir del 1 de octubre de 2026, de acuerdo con la actualización anunciada por los ministerios de Minas y Energía y de Hacienda. Con el ajuste, equivalente al 0,29 %, el precio promedio nacional de referencia llegará a $15.933 por galón, mientras que el valor del diésel (ACPM) permanecerá sin modificaciones.

Este incremento corresponde a una actualización de los precios reconocidos a los productores de etanol. Las tarifas de la gasolina habían permanecido estables previamente como parte de las medidas adoptadas tras la emergencia generada por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Con el nuevo ajuste, el precio de referencia del galón de gasolina corriente será de $16.377 en Bogotá, $16.386 en Cali y $16.297 en Medellín. En Barranquilla el valor llegará a $16.010, mientras que en Cartagena se ubicará en $15.967.

En otras ciudades, los precios de referencia también presentan diferencias. En Cúcuta, el galón tendrá un valor de $14.328, manteniéndose entre los precios más bajos del país. Estas tarifas corresponden a valores de referencia y pueden variar de acuerdo con las condiciones y componentes aplicables en cada mercado.

El ajuste representa el primer incremento de la gasolina corriente bajo el Gobierno de Abelardo De La Espriella y se produce mientras el precio del ACPM permanece congelado. La actualización comenzará a regir desde este jueves 1 de octubre y modificará los valores de referencia establecidos para las principales ciudades del país.

Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, reapareció durante una audiencia de reparación realizada mientras permanece privada de la libertad en la cárcel Picaleña de Ibagué. En la diligencia se formalizó un acuerdo con TransMilenio relacionado con los daños ocasionados en una estación del sistema durante los hechos ocurridos en noviembre de 2019.

Como parte de la reparación, la influenciadora realizó un pago de $100 millones y asumió el compromiso de cubrir el valor restante mediante la producción de contenidos audiovisuales de carácter pedagógico. El objetivo de esta iniciativa será promover entre los usuarios el cuidado de la infraestructura de TransMilenio y el ingreso legal a las estaciones.

Los hechos que dieron origen al acuerdo ocurrieron en noviembre de 2019, cuando Barrera ingresó a una estación ubicada en el sur de Bogotá y ocasionó daños utilizando un martillo. Durante la audiencia, el apoderado de TransMilenio explicó que el Comité de Conciliación de la empresa aprobó la fórmula acordada con la defensa de la influenciadora.

El componente pedagógico contempla la realización de 55 videos, orientados a promover el respeto por las estaciones y buses, el cuidado de los espacios públicos y el cumplimiento de las normas de acceso al sistema de transporte. Según explicó el representante de TransMilenio, estos contenidos fueron incorporados al acuerdo porque pueden ser cuantificados y verificados como parte de las obligaciones establecidas para la reparación.

De esta manera, el acuerdo combina el pago de una parte de la reparación con una estrategia de pedagogía dirigida a los usuarios del sistema. La diligencia permitió formalizar esta fórmula mientras Epa Colombia continúa recluida en la cárcel Picaleña, en Ibagué, en cumplimiento de la decisión judicial relacionada con los hechos ocurridos en 2019.

El mercado laboral colombiano registró un aumento en la tasa de desocupación durante agosto, que se ubicó en 9,4 %, frente al 8,6 % reportado en el mismo mes de 2025, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). La tasa global de participación también disminuyó, al pasar de 63,9 % a 63,3 %.

De acuerdo con el informe, en agosto Colombia tenía 23,6 millones de personas ocupadas, 1,4 millones de desocupadas y 15,1 millones fuera de la fuerza laboral. El número de ocupados se redujo en 126.000 personas durante el último año, al pasar de 23,81 millones a 23,69 millones.

Entre las actividades que más contribuyeron a la reducción del empleo estuvieron las industrias manufactureras, con 240.000 puestos menos, seguidas por las actividades artísticas y de entretenimiento, con una disminución de 102.000, y la agricultura, que perdió 91.000 ocupados. En contraste, el comercio y la reparación de vehículos incorporaron 150.000 trabajadores, mientras que la administración pública, educación y salud sumaron 96.000.

Por ciudades, Quibdó presentó la mayor tasa de desocupación, con 23,8 %, seguida de Cartagena, con 14,4 %, y Sincelejo, con 12,9 %. Las menores tasas se registraron en Bucaramanga, con 7,3 %, Medellín, con 7,5 %, y Bogotá, con 7,9 %, mientras que el promedio nacional para el trimestre móvil junio-agosto fue de 8,5 %.

El DANE también reportó que 15,16 millones de personas estaban fuera de la fuerza laboral en agosto. De este grupo, el 53,9 % se dedicaba principalmente a oficios del hogar y el 23,5 % se encontraba estudiando, cifras que hacen parte del panorama general de participación de la población en el mercado laboral colombiano.

La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá declaró la extinción de dominio sobre seis bienes relacionados con el cantante Carlos Alberto Sánchez Ramírez, conocido artísticamente como Charlie Zaa. Los inmuebles, ubicados en Cundinamarca y Tolima, tienen un avalúo conjunto de $23.755 millones y la decisión está relacionada con una investigación sobre presuntos recursos provenientes del extinto Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Entre los bienes afectados se encuentran dos locales comerciales del Centro Comercial Oasis, en Girardot, dos lotes urbanos ubicados en Guamo y Lérida, la Hacienda Guamal, en San Luis, y otro lote con mejoras en Girardot. Uno de los locales del Centro Comercial Oasis es el inmueble de mayor valor, con un avalúo de $15.840 millones.

La decisión hace parte de un proceso judicial contra exintegrantes del Bloque Tolima de las AUC. Según lo expuesto en el expediente, las autoridades investigaron el posible uso de terceros y movimientos de dinero para ocultar el origen de recursos atribuidos a esa estructura paramilitar y destinarlos a inversiones inmobiliarias. La Fiscalía había ocupado los bienes meses atrás como parte de las actuaciones sobre su procedencia.

Charlie Zaa ha sostenido que su patrimonio fue construido durante más de tres décadas de trayectoria musical y que los bienes fueron adquiridos con ingresos provenientes de su actividad artística y las regalías de sus producciones. En julio, tras conocerse las medidas sobre sus propiedades, el cantante manifestó su disposición a colaborar con las autoridades y defendió su derecho al debido proceso y a demostrar el origen de su patrimonio.

Con la extinción de dominio, los seis bienes quedan a disposición del Estado y su destinación estará vinculada a los mecanismos previstos para la reparación de las víctimas. La medida recae directamente sobre los activos y forma parte del proceso de extinción de dominio; por separado, continúan las actuaciones relacionadas con el origen de los recursos y la eventual responsabilidad penal que pudiera establecerse.

El presidente Abelardo De La Espriella se reunió en la Casa de Nariño con el ministro de Justicia, Iván Cancino, para revisar los avances del proyecto de Ley de Sometimiento que prepara el Gobierno nacional. Cancino confirmó que la iniciativa se encuentra en su etapa final y que será presentada ante el Congreso de la República en los próximos días.

Durante el encuentro también fueron analizados los resultados de los operativos adelantados en los establecimientos penitenciarios del país para combatir las extorsiones y limitar las comunicaciones utilizadas por estructuras criminales desde las cárceles.

Según los datos entregados por el Gobierno, se han realizado 4.080 operativos de registro y control en los centros penitenciarios, en los que fueron desconectadas 10.716 redes eléctricas clandestinas que, de acuerdo con las autoridades, eran utilizadas para facilitar actividades de extorsión. Además, se confirmó el traslado de 682 personas privadas de la libertad identificadas como factores de riesgo.

Estas acciones se desarrollan en el marco de las medidas contempladas en el Decreto 851 de 2024, que incluyen el fortalecimiento de las requisas, mecanismos para agilizar el bloqueo de códigos IMEI e IMSI, rastreo de señales y planes piloto para implementar sistemas de inhibición técnica en los establecimientos carcelarios.

El proyecto de Ley de Sometimiento busca establecer un marco jurídico para que integrantes de organizaciones criminales puedan acogerse a la justicia bajo determinadas condiciones. El ministro Cancino ha señalado que la propuesta no contempla negociaciones políticas ni reconocimiento de estatus político y que el Gobierno espera radicarla próximamente ante el Congreso.

El Gobierno Nacional avanza en la reactivación del Centro Penitenciario Renacer, ubicado en Sabanas de San Ángel, Magdalena, una obra que lleva más de seis años en construcción y que busca convertirse en uno de los principales proyectos de infraestructura carcelaria del país. El complejo está construido sobre un terreno de 22 hectáreas y tendrá capacidad para 1.974 personas privadas de la libertad.

La obra, que había presentado retrasos, registra actualmente un 86 % de avance físico y 75 % financiero, de acuerdo con el corte reportado para 2026. El Gobierno de Abelardo de la Espriella definió una hoja de ruta para completar los trabajos pendientes y garantizó los recursos necesarios para avanzar hacia su puesta en funcionamiento.

El proyecto contempla instalaciones diseñadas bajo criterios de seguridad y control penitenciario, con celdas que incluyen baño y espacios básicos para los internos. También se han previsto sistemas de seguridad y tecnologías destinadas a restringir las comunicaciones no autorizadas y reforzar el control dentro del establecimiento.

La inversión inicialmente reportada para el proyecto supera los $275.000 millones, mientras que su culminación permitirá incorporar 1.974 nuevos cupos al sistema penitenciario. La USPEC, entidad encargada de la infraestructura penitenciaria y carcelaria, adelanta junto con el Ministerio de Justicia y el INPEC las acciones necesarias para determinar los trabajos pendientes y avanzar hacia la apertura del complejo.

Renacer hace parte de la política del actual Gobierno de ampliar la infraestructura penitenciaria. Abelardo de la Espriella ha planteado durante su administración la construcción de nuevas megacárceles de alta seguridad, mientras la USPEC continúa con proyectos para aumentar la capacidad del sistema. La fecha definitiva de entrada en operación de Renacer dependerá de la culminación de las obras y de los procesos necesarios para su puesta en funcionamiento.

El Ministerio de Hacienda (dirigido por Miguel Gómez, en la foto) radicó un proyecto de ley para modificar el Presupuesto General de la Nación de 2026, con el objetivo de adicionar $2,7 billones al Fondo Milagro para atender la emergencia ocasionada por el terremoto y destinar otros $1,2 billones al sector energético, específicamente para Air-e.

Para financiar los recursos destinados a la atención de la emergencia, el Gobierno plantea medidas como la reducción de sanciones e intereses sobre obligaciones en mora, además de la conciliación de procesos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Hacienda estima que estas medidas permitirían recaudar los $2,7 billones requeridos para el Fondo Milagro.

El Ministerio argumentó que la modificación presupuestal es necesaria debido a que las facultades ordinarias resultaron insuficientes para atender las necesidades derivadas de la emergencia. Según la cartera, la iniciativa permitiría adicionar recursos o transferir créditos hacia objetivos que no estaban contemplados inicialmente en el presupuesto nacional.

En cuanto a Air-e, el proyecto contempla reorientar recursos existentes mediante contracréditos, reduciendo apropiaciones de entidades que tengan saldos disponibles y no comprometidos, para posteriormente aumentar los recursos destinados a la Superintendencia de Servicios Públicos. Hacienda señaló que la medida busca responder a la insuficiencia de recursos propios del Fondo Empresarial.

El Gobierno también sustentó la modificación en la situación financiera del sector eléctrico. Según el reporte del administrador del mercado con corte al 21 de agosto de 2026, la deuda total del sistema eléctrico alcanzaba $4,06 billones, de los cuales el 57,6 % correspondía a obligaciones con empresas generadoras y, dentro de este grupo, el 79,15 % a generadores térmicos.

Los afiliados de EPS Sanitas deberán estar atentos a los cambios que tendrá la red de gestores farmacéuticos desde el próximo 1 de octubre de 2026. La modificación contempla la incorporación de nuevos operadores para la entrega de medicamentos incluidos y no incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS) en diferentes ciudades del país.

En Bogotá, uno de los principales ajustes será la salida de Cruz Verde de la entrega de medicamentos PBS en algunos puntos de dispensación. Entretanto, Audifarma transferirá a Colsubsidio la entrega de medicamentos no PBS. EPS Sanitas aclaró que estos cambios se limitan al operador farmacéutico y no afectan la afiliación de los usuarios.

En el caso de Neiva la EPS contempla dos puntos desde esta jueves, los cuales son los siguientes:

Ante la modificación, la EPS recomendó a sus afiliados consultar previamente el gestor farmacéutico y el punto de dispensación asignado en su municipio antes de acudir por sus medicamentos. Esta información puede ser consultada mediante los canales oficiales de la entidad o a través de WhatsApp, en el número 320 255 0525.

La entidad también precisó que las órdenes médicas vigentes continuarán siendo válidas. Para efectuar la entrega mediante el nuevo gestor asignado, la autorización correspondiente será emitida a partir del 1 de octubre, cuando comiencen a aplicarse los cambios en la red.

Por ello, EPS Sanitas aconseja revisar con anticipación el nuevo punto de dispensación, especialmente a quienes tienen tratamientos permanentes, con el fin de evitar desplazamientos innecesarios y posibles interrupciones en la entrega de sus medicamentos. La información sobre los gestores disponibles puede consultarse en los canales oficiales de la EPS.

El Tribunal Superior de Cali confirmó, en segunda instancia, la responsabilidad de Andrés Gustavo Ricci García por el feminicidio agravado de la excampeona mundial de patinaje Luz Mery Tristán, ocurrido entre el 4 y el 5 de agosto de 2023 en Cali. La decisión fue adoptada este lunes 28 de septiembre de 2026, luego de revisar las pruebas y argumentos presentados durante el proceso judicial.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, las pruebas permitieron establecer el ciclo de violencia física, verbal y psicológica al que Ricci García sometió a la deportista, en un contexto marcado por los celos. Posteriormente, el condenado le causó la muerte con un arma de fuego en la vivienda donde residían, ubicada sobre la vía que conduce al cerro de Cristo Rey.

Tras conocer los hechos, integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Policía Metropolitana de Cali acudieron al inmueble. En el lugar encontraron a Ricci García con un arma de fuego en la mano y el cuerpo de Luz Mery Tristán en una de las habitaciones, según lo establecido durante la investigación.

En la decisión de segunda instancia, la Sala Penal también acogió la solicitud de la Fiscalía de retirar la condena relacionada con el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, debido a que el procesado contaba con el permiso correspondiente para portar el arma.

Como consecuencia de esta modificación, el Tribunal Superior de Cali fijó la pena en 41 años y 5 meses de prisión por el feminicidio agravado de Luz Mery Tristán. La sentencia también mantuvo la inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un periodo de 20 años.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) destacó el compromiso expresado por las autoridades colombianas para recuperar la disciplina fiscal, fortalecer la transparencia y restablecer la confianza de los inversionistas, al término de la visita de tres días a Colombia de su subdirector gerente, Nigel Clarke. Durante su estadía, el funcionario sostuvo reuniones con autoridades, empresarios, representantes de la sociedad civil, estudiantes y académicos.

Clarke señaló que una reducción oportuna y creíble de los desequilibrios fiscales puede contribuir a fortalecer la confianza, disminuir los costos de endeudamiento y generar mejores condiciones para la inversión privada y la creación de empleo. El funcionario también resaltó la relación de larga duración entre Colombia y el FMI y manifestó la disposición del organismo para acompañar al país en la atención de sus desafíos fiscales mediante un programa de reformas definido por las propias autoridades.

Como parte de las conversaciones, una delegación del Ministerio de Hacienda viajará la próxima semana a Washington para continuar el diálogo con el organismo internacional. Clarke también planteó varias áreas que, a juicio del FMI, pueden contribuir a elevar la productividad y el potencial de crecimiento de Colombia, entre ellas la reducción de barreras a la inversión, el fortalecimiento de la seguridad, la atención de las brechas de infraestructura, la reducción de la informalidad y una mayor previsibilidad de las normas.

El funcionario agregó que las reformas deberán mantener la atención sobre el gasto social prioritario y los hogares en situación de vulnerabilidad. Asimismo, señaló la importancia de continuar las inversiones en infraestructura energética, educación y formación de habilidades, consideradas por el organismo relevantes para que Colombia pueda aprovechar oportunidades asociadas con la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes.

Durante su visita a Bogotá, Clarke agradeció la recepción del vicepresidente José Manuel Restrepo, el ministro de Hacienda Miguel Gómez y el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, además de los encuentros con empresarios, organizaciones sociales, estudiantes y académicos. El representante del FMI afirmó que estas conversaciones le permitieron conocer las prioridades de la nueva administración y distintas perspectivas sobre los desafíos económicos del país. Finalmente, expresó la solidaridad del organismo con los colombianos afectados por el terremoto y envió condolencias a las familias de las víctimas.

Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, anunció la cancelación de visas a jueces, altos funcionarios, empresarios y otras personas de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, a quienes señala de estar vinculados con actos de corrupción, narcotráfico o acciones que, según Washington, buscan afectar gobiernos elegidos democráticamente. La medida también alcanza a familiares de algunos de los sancionados.

En el caso de Colombia, entre las personas afectadas se encuentran el empresario Euclides Antonio Torres Romero, propietario de un conglomerado con operaciones principalmente en los sectores de energía, señalización vial e iluminación pública, y la senadora Martha Isabel Peralta Epieyu, integrante del Pacto Histórico y del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS).

La decisión hace parte, según el Departamento de Estado, de los compromisos asumidos dentro de la alianza Escudo de las Américas, iniciativa promovida por el presidente Donald Trump en marzo de este año. El Gobierno estadounidense aseguró que la política busca restringir la expedición de visas a ciudadanos extranjeros que, de acuerdo con sus investigaciones, socaven gobiernos democráticamente elegidos mediante actividades relacionadas con corrupción o narcotráfico.

En el caso de Martha Peralta, la medida está relacionada con las investigaciones que adelanta la Corte Suprema de Justicia por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La congresista es investigada por un presunto direccionamiento de contratos de la entidad, entre ellos uno por $2.170 millones para el alquiler de maquinaria y volquetas destinadas a trabajos en Riohacha, La Guajira. La investigación también recoge declaraciones del exdirector de la UNGRD, Olmedo López, sobre una reunión en la que, según su testimonio, Peralta habría solicitado contratar a empresarios de maquinaria.

Por su parte, Euclides Torres ha sido mencionado en las investigaciones relacionadas con la UNGRD y en declaraciones de exdirectivos de la entidad, en el contexto de presuntas gestiones políticas y contractuales. Torres también ha sido señalado públicamente como uno de los principales financiadores de la campaña presidencial de 2022, aunque varias de estas afirmaciones corresponden a señalamientos e investigaciones que deben distinguirse de decisiones judiciales definitivas. El Departamento de Estado sostuvo que, bajo la administración Trump, los funcionarios extranjeros señalados de corrupción no tendrán acceso libre a Estados Unidos.