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La ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino, concluyó una visita oficial a la República Popular China, donde participó en el Foro de Reducción de la Pobreza y Desarrollo y sostuvo encuentros con altos funcionarios del gobierno de ese país para fortalecer la cooperación bilateral y ampliar las oportunidades para el sector agropecuario colombiano.

Uno de los principales resultados de la gira fue el anuncio de la Administración General de Aduanas de China (GACC) sobre la aceleración del proceso de admisibilidad sanitaria y fitosanitaria del cacao colombiano. La ministra destacó que este producto es estratégico para el desarrollo rural, la sustitución de economías ilícitas y la construcción de paz, al tiempo que reiteró el interés de Colombia en aumentar las exportaciones de café, banano, lima Tahití, aguacate y otras frutas al mercado chino.

Durante una reunión con el viceministro de Agricultura y Asuntos Rurales de China, Zhang Zhili, ambas delegaciones acordaron profundizar la cooperación en transferencia tecnológica, investigación, industrialización agrícola, formación de talento humano y fortalecimiento de las cadenas productivas de café y cacao. Asimismo, se planteó ampliar el comercio agropecuario y promover nuevas inversiones chinas en el campo colombiano.

En el Foro de Reducción de la Pobreza, Carvajalino destacó la importancia de la reforma agraria, la inversión pública y la agroindustrialización para combatir la pobreza rural. También resaltó la experiencia china, país que logró sacar de la pobreza extrema a cerca de 800 millones de personas, como un referente para el desarrollo de otras naciones.

La agenda incluyó además la participación de Colombia en la Alianza Contra el Hambre y la Pobreza, reuniones con empresas interesadas en productos agrícolas colombianos y una rueda de prensa en la que la ministra presentó los resultados de la visita. Según señaló, los avances alcanzados fortalecen la apertura de mercados, la cooperación tecnológica y las relaciones bilaterales, generando nuevas oportunidades para el crecimiento y la modernización del sector agropecuario nacional.

Tras el caso de Yulixa Toloza, la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva (SCCP) pidió avanzar en una regulación más estricta para los procedimientos quirúrgicos con fines estéticos y reiteró la necesidad de fortalecer los controles frente al ejercicio ilegal de la medicina.

A través de un comunicado, el gremio señaló que esta situación reabre una discusión que la comunidad científica ha promovido durante años: establecer reglas claras sobre quiénes pueden realizar este tipo de intervenciones y bajo qué condiciones. La organización recordó que ha participado en varias iniciativas legislativas sobre la materia, aunque ninguna ha logrado convertirse en ley.

Según la SCCP, los debates adelantados en el Congreso permitieron identificar falencias relacionadas con la formación del personal médico, la vigilancia sanitaria, la habilitación de servicios de salud y los mecanismos para combatir las prácticas irregulares.

La entidad también manifestó preocupación por la creciente promoción de procedimientos estéticos en redes sociales y plataformas digitales, donde con frecuencia circula información insuficiente o no verificada. Por ello, insistió en que los pacientes deben contar con orientación clara y confiable antes de tomar decisiones que comprometan su salud.

La presidenta de la SCCP, Damaris Romero Chamorro, afirmó que la seguridad de los pacientes debe ser la prioridad y reiteró la disposición del gremio para aportar su experiencia técnica en futuras reformas. Además, recordó que en Colombia no existe una especialidad médica denominada “cirugía estética”, sino la de cirugía plástica estética y reconstructiva, que exige formación académica y entrenamiento quirúrgico certificado.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció que los próximos 3, 4 y 5 de junio realizará en Villavicencio la Audiencia de Reconocimiento por los casos de falsos positivos ocurridos en el Meta entre 2002 y 2007.

Durante la diligencia, los generales en retiro Francisco José Ardila y Carlos Ovidio Saavedra, excomandantes de la Brigada 7 del Ejército, junto con varios coroneles, oficiales y suboficiales retirados, reconocerán su responsabilidad y pedirán perdón por 209 ejecuciones extrajudiciales documentadas por el tribunal.

Entre los comparecientes también figuran los excomandantes del Batallón Vargas, coroneles retirados Alejandro Cabuya y Néstor Sánchez Aguirre, así como antiguos mandos del Gaula Meta. Además de los falsos positivos, los exmilitares se pronunciarán sobre los vínculos que mantuvieron con estructuras paramilitares que operaban en la región.

Según la investigación de la JEP, apoyada en expedientes de la Fiscalía y de Justicia y Paz, integrantes del Batallón Vargas habrían coordinado acciones con el Bloque Centauros de las AUC. El tribunal estableció que, en el marco de esa relación, se cometieron al menos 117 ejecuciones extrajudiciales con participación de miembros de las Autodefensas.

La JEP señaló que estos hechos causaron graves afectaciones a las víctimas, sus familias y comunidades. Asimismo, informó que los coroneles retirados Jorge Enrique Galarcio y Fernando Ortiz González, quienes no aceptaron responsabilidad, fueron remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación para avanzar hacia juicio. En cuanto al general retirado Carlos Eduardo Ávila, su situación jurídica continúa siendo evaluada por la Sala de Reconocimiento.

A pocas horas de la apertura de las urnas para las elecciones presidenciales de 2026, Colombia se prepara para una nueva jornada democrática en la que los ciudadanos elegirán al sucesor del presidente Gustavo Petro.

Más de 41 millones de colombianos están habilitados para votar este domingo 31 de mayo. La jornada electoral se desarrollará entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde en los puestos de votación dispuestos por la Registraduría Nacional del Estado Civil en todo el país.

Los candidatos que aspiran a la Presidencia son Iván Cepeda, junto a Aída Quilcué como fórmula vicepresidencial; Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo; Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo; Sergio Fajardo y Edna Bonilla; Claudia López y Leonardo Huerta; Santiago Botero y Carlos Fernando Cuevas; Sondra Macollins y Leonardo Karam; Roy Barreras y Martha Lucía Zamora; Mauricio Lizcano y Pedro de la Torre; Miguel Uribe Londoño y Luisa Fernanda Villegas; y Gustavo Matamoros con Mila María Paz.

Aunque en el tarjetón también aparecen los nombres de Luis Gilberto Murillo y Carlos Caicedo, ambos retiraron sus candidaturas para respaldar la aspiración de Iván Cepeda. Por esta razón, el Consejo Nacional Electoral informó que los votos depositados a su favor serán contabilizados como tarjetas no marcadas.

En caso de que ningún candidato obtenga la mayoría absoluta de los votos válidos, los dos aspirantes más votados avanzarán a una segunda vuelta presidencial, de acuerdo con lo establecido en la Constitución y la legislación electoral colombiana.

El Gobierno de Colombia respondió al anuncio realizado por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, sobre la eliminación de los aranceles a los productos colombianos a partir del próximo 1 de junio, aclarando que esta decisión no puede interpretarse como resultado de gestiones del candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

A través de un pronunciamiento, la Cancillería señaló que el levantamiento de los aranceles corresponde al cumplimiento de las normas y compromisos establecidos en el marco de la Comunidad Andina (CAN), y no a acuerdos o iniciativas de carácter electoral.

Además, el Gobierno expresó su rechazo a lo que considera una intervención indebida en la campaña presidencial colombiana. Según indicó, las declaraciones realizadas durante la transmisión representan una vulneración al principio de no intervención en los asuntos internos de otro Estado.

“Rechazamos la deliberada injerencia en el proceso electoral en curso en Colombia. Esta intromisión constituye una flagrante conculcación del principio de no intervención en los asuntos internos”, señaló la Cancillería en su comunicado.

La controversia surgió luego de que Daniel Noboa anunciara la eliminación de los aranceles durante una conversación transmitida por redes sociales junto a Abelardo de la Espriella, asegurando que la medida entrará en vigencia desde el 1 de junio de 2026.

El Gobierno Nacional informó que culminó el pago total del Total Return Swap (TRS), una operación que hace parte de la estrategia de manejo de deuda pública y que, según el Ministerio de Hacienda, contribuirá a fortalecer las finanzas del país y reducir su vulnerabilidad frente a choques externos.

La cartera destacó que la cancelación de este instrumento permitió disminuir los costos de endeudamiento, mejorar la posición financiera de la Nación y avanzar en la reducción de la exposición a la volatilidad de los mercados internacionales.

Como resultado de esta estrategia, la deuda externa pasó de representar el 41,8 % del total de la deuda pública al cierre de 2022 a cerca del 24,1 % en mayo de 2026, uno de los niveles más bajos registrados en los últimos años.

Asimismo, el Ministerio señaló que la deuda neta de la Nación se ubica actualmente alrededor del 57 % del Producto Interno Bruto (PIB), por debajo de las proyecciones del Marco Fiscal de Mediano Plazo, que estimaban niveles cercanos al 63 % para 2026.

El presidente Gustavo Petro destacó que la reducción de la deuda externa fortalece la capacidad del país para enfrentar eventuales crisis económicas internacionales y mejora la estabilidad de las finanzas públicas.

De igual forma, Hacienda informó que el Tesoro Nacional cerró la última semana de mayo con niveles de liquidez cercanos a los 27 billones de pesos, lo que, según la entidad, proporciona una mayor capacidad para atender las necesidades de financiamiento del Estado y consolidar una posición fiscal más sólida.

La industria de autopartes y motopartes en Colombia genera actualmente más de 560.000 empleos, pero enfrenta un desafío persistente: la alta informalidad laboral. Así lo advirtió la Asociación del Sector Motriz y sus Partes (Asopartes), al presentar los resultados más recientes del Radar de las Autopartes-CVN, elaborado con base en cifras del DANE.

Según el gremio, las actividades de reparación, mantenimiento, comercialización y fabricación de autopartes representan el 2,32 % del empleo nacional. Sin embargo, cerca del 48 % de los trabajadores del sector aún se desempeña en condiciones de informalidad, lo que limita el acceso a estabilidad laboral, protección social y mayores niveles de productividad.

Asopartes señaló que la formalidad laboral alcanzó el 52 % en febrero de 2026, una mejora frente al año anterior, aunque todavía persisten importantes retos. Para el presidente del gremio, Carlos Andrés Pineda Osorio, el objetivo ya no es únicamente conservar los puestos de trabajo, sino avanzar hacia mejores condiciones laborales y mayores niveles de competitividad.

“El gran reto ahora no es solo seguir generando empleo, sino avanzar decididamente en la formalización y en mejores condiciones de competitividad para quienes hacen parte de esta actividad económica”, afirmó el dirigente.

Las cifras muestran que el segmento de comercio, reparación y mantenimiento de vehículos concentra más de 407.000 trabajadores, equivalentes al 72,7 % del empleo sectorial. A esto se suman cerca de 116.000 empleos vinculados al comercio y reparación de motocicletas, alrededor de 12.000 en fabricación de partes y piezas, y otros 25.000 en actividades complementarias de la industria motriz.

El informe coincide con la recuperación del mercado laboral colombiano. De acuerdo con datos del DANE citados por Asopartes, el país registró 24,1 millones de personas ocupadas a febrero de 2026, con más de 600.000 empleos adicionales frente al mismo periodo del año anterior. En este contexto, la rama de comercio y reparación de vehículos y motocicletas continúa siendo la actividad económica que más empleo genera en Colombia, con 4,1 millones de ocupados y una participación del 17,3 % sobre el total nacional.

Además de combatir la informalidad, el gremio considera prioritario fortalecer la capacitación técnica del talento humano, promover la legalidad y mejorar las condiciones de competitividad para garantizar la sostenibilidad de la industria frente a las nuevas exigencias del mercado automotor.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció que a partir del próximo 1 de junio quedará eliminada la denominada «tasa de seguridad» que gravaba las importaciones provenientes de Colombia.

El anuncio se produjo durante una conversación con el candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella, quien divulgó el encuentro en sus redes sociales a dos días de las elecciones. Según Noboa, la decisión se tomó tras dialogar con el aspirante y conocer su propuesta de fortalecer la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Por su parte, De la Espriella aseguró que, de llegar a la Presidencia, buscará estrechar las relaciones con Ecuador y adelantó que sostendría un encuentro con Noboa en la zona fronteriza para fortalecer el trabajo conjunto entre ambos países. El candidato figura segundo en varias encuestas de intención de voto, detrás de Iván Cepeda y por delante de Paloma Valencia.

La eliminación del arancel se produce en medio de las tensiones comerciales surgidas a comienzos de año, cuando el Gobierno ecuatoriano impuso el gravamen argumentando preocupaciones por la seguridad en la frontera común. La medida comenzó con una tarifa del 30 %, luego aumentó al 50 % y desde el pasado 1 de mayo había alcanzado el 100 %, generando críticas de empresarios y comerciantes de ambos países.

El Frente de Guerra Oriental del ELN informó que dejó en libertad a Alfredo Iván Guzmán, quien había sido secuestrado el pasado 25 de mayo en el municipio de Tame, Arauca.

A través de un comunicado, la guerrilla señaló que la retención obedeció a labores de seguridad y control territorial. Asimismo, aseguró que, tras realizar las respectivas verificaciones, no encontró vínculos entre Guzmán y las actividades atribuidas a su padre, el exalcalde de Tame, Alfredo Guzmán, a quien señala de presuntos secuestros, despojos y homicidios de campesinos en Arauca.

En la misma acción, el grupo armado también dejó en libertad a Plácido Ovallos, de 58 años y residente en el municipio de Fortul. Según el ELN, durante las indagaciones no se logró establecer ninguna relación del hombre con estructuras paramilitares.

La organización insurgente afirmó que ambas liberaciones se realizaron en cumplimiento de sus procedimientos internos y bajo los parámetros del Derecho Internacional Humanitario.

El Ministerio de Justicia y del Derecho, lanzó una advertencia sobre los graves riesgos para la salud asociados al consumo de la sustancia conocida como “Tusi”, luego de recientes casos de complicaciones médicas reportados por la Secretaría de Salud de Antioquia y atendidos en Medellín.

De acuerdo con la entidad, el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) del Observatorio de Drogas de Colombia realiza desde 2013 un seguimiento a esta droga mediante el análisis de muestras recogidas en entornos de consumo, evidenciando que el “Tusi” no tiene una composición fija y puede contener múltiples sustancias psicoactivas y adulterantes.

Entre los componentes identificados en distintas muestras se encuentran derivados anfetamínicos como MDMA, MDA y metanfetamina, además de ketamina, cafeína y paracetamol. También se han detectado otras sustancias como PMMA, oxicodona, tramadol, clonazepam, cocaína y catinonas sintéticas, lo que refleja la alta variabilidad y peligrosidad de su composición.

Asimismo, los análisis han encontrado adulterantes como fenacetina, fluoxetina, pregabalina, lidocaína, aminopirina, y en algunos casos medicamentos de uso veterinario como levamisol y xilazina. Según el Ministerio, algunas muestras pueden contener hasta nueve sustancias diferentes, lo que incrementa significativamente el riesgo para la salud y dificulta predecir sus efectos.

La entidad advirtió que esta variabilidad podría generar nuevos casos en diferentes regiones del país, debido a la expansión del consumo y a la naturaleza impredecible de las mezclas utilizadas en su fabricación. En los casos recientes se han reportado principalmente afectaciones vasculares, aunque también podrían presentarse daños en órganos como la vejiga y el sistema urinario.

El Ministerio de Justicia y del Derecho señaló que el Sistema de Alertas Tempranas ha puesto a disposición su equipo técnico para fortalecer la recolección y análisis de muestras, con el fin de generar evidencia científica que permita comprender mejor los efectos de esta sustancia.

Finalmente, el Gobierno nacional hizo un llamado al sector salud para reforzar la vigilancia epidemiológica y el seguimiento a personas con antecedentes de consumo de “Tusi”, al tiempo que insistió en la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención y reducción de riesgos asociados a esta droga.

La Nueva EPS anunció el giro de más de 280.000 millones de pesos destinados a hospitales, clínicas, IPS y proveedores de servicios de salud en distintas regiones del país, en el marco de pagos correspondientes al régimen contributivo, presupuestos máximos y recursos de tesorería.

De acuerdo con la entidad, inicialmente se desembolsaron 68.989 millones de pesos dirigidos a 636 prestadores del régimen contributivo, entre los que figuran hospitales públicos y privados, centros oncológicos, fundaciones hospitalarias y empresas sociales del Estado.

Entre las instituciones beneficiadas se encuentran el Hospital Pablo Tobón Uribe, la Fundación Hospitalaria San Vicente de Paúl de Medellín, el Hospital de la Misericordia, el Centro Médico Oncológico de Neiva, Dávita Colombia, Clínica Internacional, Clínica Versalles y la Fundación Hospital San José de Buga, entre otras.

Nueva EPS explicó que algunas de estas instituciones presentan situaciones cercanas a saldo negativo, lo que ocurre cuando los recursos girados superan la capacidad de respaldo en bienes y servicios efectivamente prestados. En ese sentido, la entidad señaló la importancia de avanzar en la normalización de los recursos mediante contratos de capitación con las Empresas Sociales del Estado, con el fin de fortalecer la relación financiera y administrativa en la red de prestadores.

Adicionalmente, la EPS informó el giro de 87.685 millones de pesos por concepto de presupuestos máximos y 124.454 millones de pesos provenientes de recursos de tesorería, recursos que fueron destinados a 36 proveedores postulados para procesos de aforo de pago.

Finalmente, la entidad hizo un llamado a Cafam para mejorar la estabilidad en la entrega de medicamentos, al indicar que los pagos se han realizado de manera oportuna. No obstante, reconoció que persisten quejas de usuarios, aunque aseguró que se han evidenciado avances en la dispensación por parte del operador.

Como parte del Plan Democracia 2026, el Gobierno nacional anunció el cierre temporal de los pasos fronterizos terrestres y fluviales del país con el fin de garantizar la seguridad durante la jornada electoral del próximo domingo 31 de mayo.

La medida fue adoptada mediante el Decreto 0188 del 27 de febrero de 2026 y estará vigente desde las 6:00 p.m. del sábado 30 de mayo hasta las 6:00 a.m. del lunes 1 de junio.

La restricción contempla el cierre de los pasos fronterizos autorizados y el fortalecimiento de los controles migratorios en corredores terrestres y fluviales. No obstante, las autoridades precisaron que habrá excepciones en casos de fuerza mayor o situaciones fortuitas.

Durante el tiempo de la medida se limitará el tránsito de viajeros por las zonas fronterizas habilitadas, mientras que los demás puestos de control migratorio del país continuarán operando bajo los protocolos establecidos.

Migración Colombia informó que desplegará un operativo especial en las fronteras, en coordinación con las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, con el propósito de reforzar los controles de ingreso y salida de personas y prevenir situaciones que puedan afectar el orden público o el desarrollo de las elecciones.

La estrategia hace parte del Plan Democracia 2026, iniciativa liderada por el Gobierno nacional para garantizar la seguridad y el normal desarrollo de la jornada electoral en todo el territorio colombiano.

La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López, señaló que la restricción busca proteger la seguridad nacional y asegurar el adecuado desarrollo del proceso democrático.

Finalmente, la entidad recomendó a los ciudadanos y viajeros consultar los canales oficiales y tomar las medidas necesarias para evitar inconvenientes durante la vigencia de la disposición.

Colombia registra dos nuevas zonas de confrontación entre grupos armados ilegales, elevando a 16 los puntos de disputa territorial y social identificados en el país.

Las nuevas áreas de conflicto se ubican en Vichada, donde se enfrentan el ELN y la Segunda Marquetalia de alias ‘Iván Márquez’, y en San Vicente del Caguán, Caquetá, escenario de tensiones entre la Segunda Marquetalia y las disidencias lideradas por alias ‘Calarcá’.

De acuerdo con expertos en seguridad y conflicto, el país nunca había alcanzado un número tan alto de zonas en disputa. El máximo registrado anteriormente ocurrió en 2022, cuando se identificaron siete focos de confrontación armada. Actualmente, se estima que más de 27.000 personas integran estructuras ilegales en Colombia.

Javier Flórez, director de Seguridad y Conflicto de la Fundación Ideas para la Paz, señaló que los grupos armados continúan expandiendo su presencia en nuevas regiones del país y fortaleciendo estrategias de adaptación, innovación tecnológica y mecanismos como el reclutamiento forzado.

El analista advirtió además que el panorama de seguridad sigue siendo complejo y que muchas de las propuestas planteadas por sectores políticos frente al conflicto no responden de fondo a las necesidades actuales del país.

Las nuevas zonas de confrontación coinciden con el mapa de riesgos electorales elaborado por la Misión de Observación Electoral (MOE), que ubica a Vichada y Caquetá entre los departamentos con riesgo extremo por factores de violencia de cara a las elecciones presidenciales previstas para este domingo 31 de mayo.

El Consejo de Estado ordenó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, abstenerse de difundir propaganda electoral a favor o en contra de partidos y movimientos políticos, al revocar un fallo de primera instancia dentro de una acción de cumplimiento promovida por FEDE Colombia.

La decisión señala que el mandatario y el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) utilizaron publicaciones en redes sociales, discursos y canales oficiales para promover el proyecto político del Pacto Histórico y cuestionar a sectores de oposición de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

Según el alto tribunal, el presidente, en su calidad de servidor público, debe respetar las restricciones constitucionales sobre participación en política. El fallo advierte que existió una conducta “reiterada y sistemática” de difusión de mensajes con contenido electoral mediante cuentas personales y canales institucionales.

Entre los hechos analizados aparecen publicaciones en la red social X, discursos públicos y mensajes oficiales emitidos entre 2023 y 2025. El Consejo de Estado destacó, entre otros, una convocatoria realizada por Petro en enero de 2024 para construir un “Frente Amplio” con miras a ganar las elecciones de 2026, además de publicaciones defendiendo el “proyecto progresista” y cuestionando a sectores opositores.

También fueron evaluados mensajes relacionados con el Pacto Histórico, críticas al Consejo Nacional Electoral (CNE) y un discurso pronunciado en Ibagué en octubre de 2025, donde el mandatario llamó a respaldar listas al Congreso y “reelegir el proyecto progresista”.

La corporación concluyó que estas actuaciones encajan dentro de la definición de propaganda electoral establecida en la Ley 1475 de 2011, al considerar que buscaban captar apoyo ciudadano a favor de un proyecto político en medio de la contienda electoral.

El fallo recalca que la prohibición de participación en política busca garantizar la imparcialidad del Estado y la igualdad de condiciones entre los distintos movimientos políticos. Además, aclaró que el DAPRE no podía ser responsabilizado directamente por tratarse de una entidad administrativa, por lo que las órdenes recayeron exclusivamente sobre el presidente de la República.

Finalmente, el Consejo de Estado ordenó a la Procuraduría General de la Nación vigilar de manera estricta el cumplimiento inmediato de la decisión por parte del jefe de Estado.

Las comunidades indígenas del Meta y Guaviare siguen siendo las más golpeadas por los enfrentamientos constantes entre las disidencias de las Farc. En las últimas horas cientos de indígena del (pueblo Jiw) se han visto obligados a abandonar sus territorios ancestrales en el municipio de Mapiripán (Meta) para buscar refugio en San José del Guaviare.

Según la denuncia de una líder indígena de la región, quien habló bajo estricta reserva de su identidad para proteger su vida, el miedo a ser asesinados o reclutados los ha obligado a dejar su territorio. Hasta el momento según información oficial van más de 55 muertos por los combates entre disidentes de las Farc.

“Nosotros salimos por el temor. Ya estamos quedando poquitas familias porque todos están desaparecidos. Los que se han llevado nunca aparecen, nunca sabemos noticias de ellos”, señaló la líder.

Una de las principales razones de este éxodo masivo de comunidades indígenas obedece al fracaso de la Paz Total y al fortalecimiento que han tenido los grupos armados y criminales en estos últimos cuatro años; La disputa territorial están bajo el terror de las estructuras de alias ‘Iván Mordisco’ y las de alias ‘Calarcá’ entre los departamentos de Meta, Guaviare y Caquetá.

La Gobernación de Antioquia informó que durante el actual cuatrienio se han recuperado 234 cuerpos de personas reportadas como desaparecidas en el departamento, como parte de las acciones adelantadas para apoyar los procesos de búsqueda, identificación y entrega digna a las familias.

La cifra fue dada a conocer en el marco de la conmemoración de la Semana del Detenido Desaparecido. Según las autoridades departamentales, las recuperaciones se lograron mediante 30 diligencias de exhumación realizadas en distintas zonas de Antioquia.

Además, la administración departamental indicó que durante este periodo se han acompañado 221 casos de búsqueda urgente, 28 procesos de búsqueda inversa y 91 entregas dignas de cuerpos a familiares de las víctimas.

La directora de Derechos Humanos y Paz de Antioquia, Andrea Moseres Fernández, explicó que la Gobernación brinda acompañamiento psicosocial y jurídico a las familias que activan los mecanismos de búsqueda, además de apoyar la divulgación de información para facilitar la localización de personas desaparecidas.

La Gobernación también destacó su participación en el proyecto “Aquí florece la búsqueda de la verdad”, relacionado con los procesos restaurativos que se desarrollan en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba, lugar clave en las investigaciones adelantadas por la Jurisdicción Especial para la Paz.

La junta directiva de Ecopetrol informó que Ricardo Roa regresará a la presidencia de la compañía a finales de julio y no el próximo 27 de junio, como estaba previsto inicialmente.

La decisión se debe a una incapacidad médica presentada por Roa el pasado martes, situación que obligó a extender por 30 días adicionales el tiempo en que permanecerá alejado de sus funciones.

Inicialmente, el directivo cumplía un periodo de vacaciones y posteriormente iniciaría una licencia no remunerada desde este 27 de mayo. Sin embargo, el cronograma fue modificado por recomendación médica, por lo que retomará labores pocos días antes del cambio de gobierno en la Casa de Nariño.

Mientras tanto, Juan Carlos Hurtado Parra continuará desempeñándose como presidente encargado de Ecopetrol.

La salida temporal de Ricardo Roa había sido avalada previamente por la junta directiva de la petrolera, en medio de los procesos judiciales que enfrenta por presuntas irregularidades relacionadas con la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 y la compra de un apartamento de lujo en el norte de Bogotá.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) recibió dos denuncias contra el candidato presidencial Iván Cepeda por presuntas irregularidades relacionadas con eventos masivos realizados en plena recta final de la campaña electoral.

Las quejas hacen referencia al Decreto 0188 de 2026, norma que prohíbe la realización de actos públicos de campaña durante los ocho días previos a las elecciones presidenciales.

Una de las denuncias fue presentada por el ciudadano Santiago Arango, quien asegura que la restricción habría sido vulnerada el pasado 25 de mayo durante un evento realizado en Sincelejo, Sucre, en el polideportivo de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Sucre.

La segunda acción fue instaurada por Gabriel Guillermo Garrido Gallardo y está relacionada con actividades políticas adelantadas el 27 de mayo en Arauca. Aunque Iván Cepeda no habría asistido al evento, en la denuncia se señala que allí se difundió de manera masiva publicidad del candidato y de su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué.

Ahora será el Consejo Nacional Electoral el encargado de evaluar ambos casos y determinar si existió o no incumplimiento de las normas electorales vigentes.

Los procesos ya fueron repartidos entre distintos despachos del CNE, que deberán establecer si las actividades denunciadas correspondían a eventos públicos o privados. Desde la campaña de Cepeda han sostenido que se trató de encuentros privados, argumentando que el evento de Sincelejo se desarrolló en propiedad de una asociación de trabajadores.

El Pacto Histórico anunció la conformación de un equipo nacional de cerca de 3.000 abogados para acompañar los escrutinios y defender los votos durante las elecciones presidenciales de 2026.

Según informó la colectividad, el despliegue jurídico respaldará la campaña presidencial de Iván Cepeda y tendrá presencia en las principales regiones del país con el objetivo de vigilar el conteo oficial y atender posibles reclamaciones electorales.

Bogotá concentrará el mayor número de juristas con 370 abogados, seguida por Antioquia con 262, Valle del Cauca con 254 y Bolívar con 200. También habrá representación en departamentos como Cauca, Atlántico, Cesar, Nariño, Córdoba, Santander, Boyacá, Norte de Santander y Meta.

El coordinador nacional de escrutinio del Pacto Histórico, Alí Bantú Ashanti, explicó que la principal función del equipo será revisar formularios electorales, acompañar los escrutinios y detectar posibles inconsistencias en el conteo de votos.

Asimismo, indicó que los abogados estarán facultados para presentar reclamaciones en caso de irregularidades y hacer seguimiento permanente al proceso electoral.

La colectividad señaló que este fortalecimiento jurídico responde a situaciones registradas en elecciones anteriores. Recordó que en los comicios legislativos de 2022 el movimiento recuperó cuatro curules al Senado tras la revisión de más de 600 mil votos que inicialmente no habían sido contabilizados.

También mencionó que luego de los escrutinios de las elecciones del 8 de marzo de 2026 se produjeron modificaciones en la composición del Congreso, permitiendo al Pacto Histórico recuperar dos curules adicionales en la Cámara de Representantes.

Además del componente jurídico, el movimiento aseguró que ya cuenta con más de 90 mil testigos electorales inscritos para las presidenciales y mantiene abierta la convocatoria para ampliar la cobertura antes del cierre fijado por la Registraduría Nacional.

La Universidad Nacional declaró alerta naranja en su sede Bogotá tras el ingreso de un grupo de encapuchados que, según denunció la institución, habría solicitado evacuar un edificio de Ciencias Humanas bajo la advertencia de que presuntamente “armarían y activarían allí artefactos explosivos”.

La situación llevó a la activación de los protocolos de emergencia dentro del campus, mientras estudiantes, docentes y trabajadores evacuaban de manera preventiva distintas zonas de la universidad para atender las recomendaciones de seguridad.

De acuerdo con la vicerrectora de la sede Bogotá, Lorena Chaparro, los hechos ocurrieron en horas de la tarde, cuando varias personas encapuchadas ingresaron al campus, repartieron panfletos y realizaron pintas en las paredes. Según la funcionaria, los individuos aseguraron pertenecer a la Unión Clandestina Popular y al Movimiento Bolivariano FARC-EP.

La universidad informó que la presencia del grupo generó tensión entre los miembros de la comunidad, algunos de los cuales rodearon a los encapuchados y solicitaron su salida pacífica del campus. La vicerrectora añadió que estudiantes y docentes rechazaron los hechos y recordaron el reciente asesinato de Mateo Pérez, estudiante de la sede Medellín.

Tras lo ocurrido, la Vicerrectoría de Bogotá mantuvo la alerta naranja y reforzó las medidas preventivas, pidiendo no acercarse a las zonas de riesgo y evacuar los edificios cuando fuera necesario. Hasta el momento no se han reportado capturas ni hallazgos de explosivos, mientras las autoridades universitarias continúan haciendo seguimiento a la situación.