La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), María Carolina Restrepo Cañavera, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación por una serie de mensajes intimidantes y presiones que, según manifestó, comenzó a recibir a través de redes sociales después de una polémica surgida tras un debate en el Senado. La funcionaria pidió que se investiguen los hechos y se determinen las responsabilidades correspondientes.
La controversia se originó luego de un debate de control político realizado el pasado 22 de septiembre en la Comisión Séptima del Senado, relacionado con el presupuesto del ICBF para 2027. Durante la sesión, Restrepo se refirió a la reorganización de los programas de la entidad y explicó cambios en su denominación. Una de sus intervenciones generó cuestionamientos del senador Duvalier Sánchez, quien interpretó sus declaraciones como un desconocimiento de la diversidad de las familias colombianas.
Restrepo sostuvo posteriormente que el senador difundió en sus redes sociales un video editado de su intervención y aseguró que en la publicación se omitieron partes de sus declaraciones y réplicas realizadas durante el debate. Según la denuncia, también se habrían incorporado imágenes de gestos suyos correspondientes a otros momentos de la sesión, presentándolos como reacciones a las afirmaciones del congresista. La directora aseguró que, después de esa publicación, comenzaron a aparecer mensajes intimidantes en sus redes sociales.
Según se ha conocido en algunos medios de comunicación, la funcionaria recibió en su cuenta personal de Facebook un mensaje con insultos, situación que inicialmente no consideró una amenaza. Sin embargo, al día siguiente, desde un perfil de la red social X, se publicó un mensaje en el que se hacía referencia a que Restrepo había sido vista en el aeropuerto de Cali y se expresaba la intención de acercarse a ella para cuestionarla. La directora consideró este último hecho como parte de las situaciones que debían ser investigadas.
La denuncia ya fue puesta en conocimiento de la Fiscalía, que deberá establecer el alcance de los mensajes y determinar si constituyen conductas sancionables. El caso se conoce en medio de otras controversias que ha protagonizado Restrepo desde su llegada al ICBF, entidad que actualmente adelanta una reorganización de varios de sus programas y estrategias.