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La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Carolina Restrepo Cañavera, aseguró ante la Comisión Séptima del Senado que la entidad contará con cerca de $12 billones para su operación en 2027, pese a que el anteproyecto presupuestal contemplaba inicialmente $21,5 billones. La funcionaria afirmó que no acudió al Congreso a solicitar recursos adicionales porque considera que el presupuesto disponible es suficiente para cumplir las obligaciones del Instituto y realizar cambios en la ejecución del gasto.

Restrepo explicó que el ICBF tendrá un recorte de aproximadamente $300.000 millones frente al presupuesto del año anterior, además del impacto de la inflación. Sin embargo, aclaró que no considera que exista una desfinanciación, sino una reducción frente a los recursos que anteriormente recibía la entidad. El presupuesto incluye aportes de la Nación, recursos propios y contribuciones parafiscales, entre otras fuentes, y el Gobierno nacional aportaría alrededor de $7 billones.

La directora sostuvo que los $11,9 billones disponibles permitirán mantener los programas proyectados y realizar ajustes en la administración de los recursos. Como ejemplo de las situaciones que están siendo revisadas, mencionó tres programas de Familias y Comunidades que, según dijo, ya habían terminado y, pese a ello, tenían 1.407 personas vinculadas. La funcionaria cuestionó además que se pretendieran realizar adiciones a contratos relacionados con estos programas y anunció cambios en su denominación.

La revisión también contempla los contratos y la ejecución de los recursos del Instituto. Restrepo afirmó que la administración está analizando “contrato por contrato, funcionario por funcionario, operador por operador” y señaló que, si se detectan posibles irregularidades, los casos serán remitidos a la Fiscalía General de la Nación. Entre los recursos que serán examinados están los destinados a La Guajira, departamento al que, según la directora, se giraron cerca de $3 billones durante los últimos cuatro años.

Finalmente, Restrepo cuestionó algunos cargos de asesores de la Dirección General y aseguró que encontró más de 30 personas vinculadas a estas funciones, entre ellas asesores de narrativa, un músico y un muralista. La funcionaria indicó que se revisará cuáles cargos y funciones son necesarios, aunque aclaró que el proceso no implica la salida de todos los contratistas u operadores. Según explicó, quienes estén cumpliendo adecuadamente sus labores continuarán, mientras que los casos que presenten posibles irregularidades serán evaluados y, de ser necesario, trasladados a las autoridades.

La ponencia para el primer debate del Presupuesto General de la Nación de 2027 ya está lista y mantiene el monto global de $634,9 billones. El documento, de más de 340 páginas, incorpora modificaciones en diferentes sectores luego de las reuniones entre el Gobierno Nacional y las bancadas del Congreso. Las comisiones económicas comenzarán la discusión del articulado este miércoles 23 de septiembre.

Uno de los principales cambios está relacionado con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Aunque inicialmente se había planteado reducir en alrededor de $100.000 millones los recursos destinados a esta entidad, la ponencia propone finalmente un recorte de $170.000 millones. De acuerdo con el texto, se mantendrían los recursos considerados necesarios para garantizar el funcionamiento de la entidad.

Los recursos liberados con esta modificación serían redistribuidos hacia otros sectores. Según lo reportado sobre la ponencia, $100.000 millones serían destinados a la Rama Judicial, mientras que los $70.000 millones restantes se orientarían al sector deporte. La Rama Judicial también aparece entre las áreas que recibirían recursos adicionales para atender sus necesidades de gestión.

Los ajustes también alcanzan a otros sectores del Presupuesto de 2027. Salud recibiría una adición de $2 billones, mientras que Planeación tendría una reducción de $13.500 millones. En Transporte se contempla un recorte de $15.600 millones, correspondientes a recursos destinados específicamente a la Aeronáutica Civil, de acuerdo con la ponencia divulgada.

El proyecto continuará ahora su trámite en las comisiones económicas del Senado y la Cámara de Representantes antes de pasar a las plenarias, si supera el primer debate. El monto de $634,9 billones ya había sido aprobado por las comisiones económicas el 14 de septiembre y constituye la base sobre la que se discuten las modificaciones incorporadas en la ponencia.

El periodista Yamid Amat, de 84 años, permanece hospitalizado en la Fundación Santa Fe de Bogotá luego de presentar una complicación de salud relacionada con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) que padece desde hace varios años. El comunicador se encuentra bajo atención médica y permanece en la unidad de cuidados intensivos del centro asistencial.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, Amat habría presentado una descompensación de su condición respiratoria, por lo que requirió atención especializada. El periodista convive desde hace varios años con la EPOC, enfermedad que afecta el flujo de aire hacia y desde los pulmones y puede generar dificultades para respirar. Como parte de su tratamiento habitual, utiliza oxígeno.

Hasta ahora no se han conocido mayores detalles sobre su evolución ni sobre la condición médica que habría provocado su ingreso a cuidados intensivos. Amat permanece acompañado por sus familiares, mientras se mantiene a la espera de información oficial sobre su estado de salud y evolución durante su hospitalización.

Yamid Amat es uno de los periodistas con mayor trayectoria en Colombia, con más de seis décadas de ejercicio profesional en radio, televisión y prensa. A lo largo de su carrera estuvo al frente de diferentes espacios informativos y de entrevistas, además de participar en proyectos como CM&, noticiero que dirigió durante varias décadas, y mantener vínculos profesionales con otros medios y espacios periodísticos.

En los últimos años, el periodista continuó desarrollando actividades relacionadas con su profesión, pese a su retiro de CM& en 2024. Entre sus proyectos recientes se encontraba la elaboración de una biografía sobre su vida y trayectoria junto con su esposa. Por ahora, se mantiene bajo atención médica en Bogotá y se espera que sus familiares o la Fundación Santa Fe entreguen información adicional sobre su evolución.

El municipio de Chaparral (Tolima), registra desde la madrugada del 20 de septiembre un incremento de la actividad sísmica, informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC). Los movimientos comenzaron a las 4:52 de la mañana de ese día y, aunque los eventos registrados han sido superficiales, la entidad mantiene un monitoreo permanente sobre el comportamiento sísmico en la zona.

De acuerdo con Freddy Tovar, coordinador de la Red Sismológica Nacional de Colombia, con corte a las 3:30 de la tarde del 21 de septiembre se habían registrado más de 130 eventos sísmicos con magnitudes superiores a 2,0. De ese total, cinco movimientos alcanzaron magnitudes superiores a 4,0. El funcionario explicó que los sismos detectados han tenido profundidades inferiores a los 30 kilómetros.

La actividad ha sido percibida en diferentes zonas del país. El SGC informó que hasta ese momento había recibido más de 1.000 reportes ciudadanos relacionados con los movimientos telúricos, principalmente desde los departamentos de Valle del Cauca, Quindío, Risaralda, Huila y Tolima. Estos reportes permiten a la entidad complementar la información obtenida mediante la Red Sismológica Nacional.

Tovar recordó que el Tolima está atravesado por diferentes estructuras geológicas activas, capaces de generar movimientos sísmicos. Sin embargo, señaló que el comportamiento observado durante los últimos dos días se encuentra por encima del promedio registrado en las semanas anteriores, razón por la cual las autoridades mantienen especial seguimiento sobre la evolución de esta actividad.

El SGC continúa analizando los registros para determinar el comportamiento de la secuencia sísmica y reiteró la importancia de que la población permanezca atenta a la información oficial. Hasta el corte señalado, los eventos registrados se caracterizan por ser superficiales, mientras la Red Sismológica Nacional mantiene el monitoreo de la zona de Chaparral para identificar posibles cambios en la actividad.

El Gobierno colombiano retiró la candidatura de Carolina Olarte-Bácares para ocupar una de las plazas de jueza de la Corte Penal Internacional (CPI), cuya elección de seis nuevos magistrados está prevista para diciembre de 2026. La jurista, que había sido postulada por Colombia y llevaba varios meses participando en el proceso de selección, aseguró que desconoce las razones que llevaron al Ejecutivo a retirar su nombre.

Olarte-Bácares se encontraba en La Haya adelantando actividades de promoción de su candidatura cuando recibió la información sobre la decisión. Según explicó, no fue notificada directamente por el Gobierno colombiano, sino que conoció el retiro a través de un representante de otro Estado miembro de la CPI. La candidatura había continuado su trámite después del cambio de administración, pues la jurista la consideraba una postulación del Estado y no de un gobierno en particular.

La candidatura había sido presentada oficialmente por Colombia durante la administración de Gustavo Petro. En marzo de 2026, la Cancillería destacó la trayectoria de Olarte-Bácares en el derecho internacional y señaló que su postulación buscaba reafirmar el compromiso del país con la justicia internacional y con la independencia de la Corte Penal Internacional.

De concretarse la elección de los nuevos magistrados en diciembre, Colombia no contará con una candidata en el proceso. La lista oficial de aspirantes para las seis vacantes incluye candidatos de diferentes regiones y registra a Diana Carolina Olarte Bácares como una de las postulaciones retiradas. La jurista había avanzado en distintas etapas del proceso, entre ellas la presentación de información sobre su candidatura, reuniones con representantes de Estados y evaluaciones ante el comité de selección.

Olarte-Bácares es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana, tiene estudios de posgrado en Derecho Internacional y un doctorado en Derecho. Además de su trayectoria académica, fue decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Javeriana y se desempeñó como embajadora de Colombia en los Países Bajos, país donde tiene su sede la CPI. Hasta el momento, la jurista ha manifestado que no conoce las razones oficiales del retiro de su candidatura.

El Gobierno de Abelardo de la Espriella inició el proceso para adquirir una moneda protocolaria propia, que sería utilizada como objeto conmemorativo durante actividades oficiales y entregada a invitados especiales, autoridades y visitantes ilustres. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) publicó el pasado 18 de septiembre el proceso de estudio de mercado para establecer las condiciones de una eventual compra.

La pieza tendrá un tamaño de seis centímetros y un baño en oro. De acuerdo con las características contempladas en el proceso de cotización, el diseño incluirá la fachada de la Casa de Nariño y una cabeza de tigre en tercera dimensión, además de las iniciales “A.D.L.E.”, correspondientes al nombre del actual mandatario. La moneda también contará con un estuche plástico para su presentación.

En el reverso estarán inscritas las frases “Jefe para la protección presidencial” y “Carlo Andrés Caicedo”, acompañadas por las imágenes de un operador de protección táctica, un casco espartano y un agente de protección ejecutiva. Estos elementos hacen parte de las especificaciones contempladas por el DAPRE para la pieza que sería utilizada en los actos protocolarios de la Presidencia.

Por ahora, el proceso se encuentra en una etapa de cotización, por lo que todavía no se ha establecido cuánto costará la fabricación de las monedas. Este tipo de piezas son utilizadas como obsequios institucionales para visitantes ilustres que llegan a la Casa de Nariño, diplomáticos, militares, deportistas reconocidos por la Presidencia, personalidades destacadas e invitados especiales.

La utilización de monedas protocolarias no es nueva en la Presidencia de Colombia. De acuerdo con registros disponibles en el SECOP, administraciones anteriores, entre ellas las de Iván Duque y Gustavo Petro, también adelantaron procesos relacionados con este tipo de piezas conmemorativas. Con el nuevo proceso, el Gobierno de De la Espriella busca contar igualmente con un elemento protocolario propio para entregar durante sus actividades oficiales.

El incendio forestal que afecta desde el pasado 19 de septiembre la vereda La Castellana y el cerro San Marcos, en Villa de Leyva, Boyacá, se encuentra controlado en un 75 %, según el más reciente reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Tras tres días de operaciones continuas por tierra y aire, permanecen activos dos focos, mientras que los demás sectores de la emergencia están bajo control.

La zona que concentra mayores dificultades se encuentra en la parte alta que conduce al Santuario de Fauna y Flora Iguaque, debido a las condiciones del terreno que impiden el ingreso de los equipos por vía terrestre. En los sectores cercanos a las viviendas, las llamas permanecen confinadas y, de acuerdo con el reporte operativo, actualmente no representan un riesgo para las comunidades. La afectación preliminar alcanza cerca de 1.200 hectáreas, de las cuales aproximadamente 715 corresponden al área protegida.

Durante la jornada fueron realizadas 75 descargas de agua mediante tres helicópteros: un MI-17 contratado por la Gobernación de Boyacá y dos UH-60, uno perteneciente a la Fuerza Aeroespacial Colombiana y otro al Ejército Nacional. En tierra permanecen desplegadas alrededor de 250 personas, entre integrantes de los cuerpos de bomberos, Ejército, Policía, Defensa Civil, Cruz Roja y diferentes organismos nacionales que participan en la atención de la emergencia.

Como parte de las acciones para controlar los dos focos que continúan activos, las autoridades tienen prevista la inserción aérea de personal especializado en las zonas de difícil acceso. Las operaciones continuarán mientras las condiciones de seguridad y visibilidad permitan el ingreso de los equipos. El objetivo es avanzar en la liquidación de los puntos calientes y evitar que el fuego vuelva a extenderse hacia otros sectores.

El ministro del Interior transmitió además el mensaje del presidente Abelardo De La Espriella, quien ordenó a la UNGRD y a la Dirección Nacional de Bomberos mantener las labores de extinción de manera ininterrumpida hasta lograr la liquidación total de los puntos calientes. Para las próximas horas también está previsto el desplazamiento por tierra de un grupo mixto integrado por Bomberos, Ejército y Policía, que apoyará las labores de control y extinción del incendio en las zonas donde sea posible el acceso terrestre.

El presidente Abelardo De La Espriella anunció, al término del Consejo de Ministros, la puesta en marcha de la primera fase del Plan de Choque en Salud, una estrategia extraordinaria y temporal con la que el Gobierno busca destrabar la atención de más de un millón de colombianos que tienen medicamentos o procedimientos médicos pendientes. En total, fueron identificados 1.069.196 usuarios con algún tipo de atención represada.

De acuerdo con las cifras presentadas por el mandatario, entre enero y julio de 2026 se registraron más de 1,2 millones de reclamos ante la Superintendencia Nacional de Salud, equivalentes a cerca de 5.772 quejas diarias. El 92 % de estos casos estaría relacionado con barreras para acceder a servicios y tecnologías en salud. Entre los pacientes afectados se encuentran personas con cáncer, trasplantes, enfermedades huérfanas, VIH, enfermedades neurodegenerativas, enfermedades cardiovasculares, enfermedad renal, EPOC y asma, además de mujeres gestantes que requieren tratamientos esenciales.

La primera fase del plan tendrá cobertura nacional y priorizará los casos según el nivel de riesgo. El Gobierno contempla atender a más de 700.000 usuarios con medicamentos pendientes y realizar seguimiento a más de 300.000 pacientes que esperan procedimientos. La estrategia contempla identificar cada caso, establecer cuál es la atención requerida y quién debe garantizarla, gestionar los recursos necesarios y hacer seguimiento hasta comprobar que el medicamento fue entregado o que el procedimiento efectivamente se realizó.

Para respaldar financieramente las atenciones represadas, el Gobierno anunció un mecanismo extraordinario de compra de cartera dirigida a las EPS, con una tasa de interés del 0 % y un periodo de gracia de un año. De La Espriella aseguró que la medida no busca duplicar pagos ni reconocer nuevamente servicios que ya hayan sido cancelados, sino facilitar liquidez para atender las obligaciones relacionadas con los servicios incluidos en el plan. Las EPS deberán identificar, reportar y gestionar los casos pendientes durante la ejecución de esta primera fase.

El seguimiento estará a cargo de una Mesa Técnica de Control, integrada por el Ministerio de Salud y Protección Social, la Superintendencia Nacional de Salud y la ADRES. Este organismo deberá vigilar tanto la entrega de medicamentos y realización de procedimientos como el manejo de los recursos destinados al mecanismo financiero. Con esta primera fase, el Gobierno pretende que la atención de los casos identificados no termine únicamente con el cierre de una reclamación, sino con la prestación efectiva del servicio requerido por cada paciente.

Un fuerte incendio registrado este 19 de septiembre en el cerro San Marcos, en Villa de Leyva, generó una amplia movilización de organismos de emergencia y autoridades. Las llamas afectaron una zona de cobertura vegetal y, según reportes de habitantes, la intensidad del fuego también generó afectaciones en las actividades turísticas y preocupación entre la población por las condiciones ambientales y de salud.

Más de 250 personas participaron en las labores de atención de la emergencia, entre bomberos, organismos de socorro, autoridades y otros equipos de respuesta. El ministro de Ambiente, Fabio Arjona, señaló que desde el Gobierno nacional se coordinaron las capacidades necesarias para atender la situación y proteger a las comunidades y el patrimonio natural de la zona.

Sobre el origen del incendio, el ministro indicó que, de acuerdo con información preliminar de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el fuego habría sido provocado. Las autoridades competentes adelantan las respectivas verificaciones para establecer las circunstancias en las que se inició la conflagración y determinar responsabilidades, por lo que la hipótesis aún está sujeta a investigación.

Arjona también explicó que las condiciones climáticas contribuyeron a la rápida propagación de las llamas. Según el funcionario, las altas temperaturas y los fuertes vientos asociados al fenómeno de El Niño incrementan el riesgo de incendios de cobertura vegetal. Por ello, hizo un llamado a la ciudadanía a evitar quemas abiertas y adoptar medidas de prevención para reducir el riesgo de nuevas emergencias.

La Alcaldía de Villa de Leyva pidió a los ciudadanos mantenerse alejados del área afectada y seguir las recomendaciones de las autoridades mientras continúan las labores de atención y seguimiento. La emergencia se presentó en un contexto de alta amenaza de incendios de cobertura vegetal en el municipio, relacionada con las condiciones de bajas precipitaciones y las altas temperaturas registradas en la región.

El Juzgado Décimo Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Cali sancionó en primera instancia al alcalde Alejandro Eder con cinco días de arresto y una multa equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales, dentro de un incidente de desacato relacionado con una tutela sobre información de cuatro convenios entre la Alcaldía y Propacífico. La decisión fue adoptada el 17 de septiembre de 2026.

El proceso se originó en una solicitud presentada por el abogado Elmer Montaña, quien pidió información y documentos relacionados con los convenios suscritos entre la administración distrital y Propacífico. En la tutela del 13 de agosto, el juzgado había ordenado a la Alcaldía responder de manera clara y entregar los soportes correspondientes, para lo cual estableció un plazo de tres días.

Aunque la Oficina Jurídica de la Administración Distrital presentó documentación ante el juzgado, el despacho consideró que la respuesta no atendía de manera clara, puntual y precisa las solicitudes formuladas por el accionante. El juez también señaló que no encontró constancia de que la respuesta hubiera sido enviada al correo electrónico que Montaña había suministrado para recibirla.

A partir de esa valoración, el juzgado determinó el desacato y estableció una sanción de cinco días de arresto y una multa de cinco salarios mínimos, que para 2026 corresponde a $8.754.525. La medida fue impuesta a Eder en su condición de representante legal del Distrito de Cali.

Sin embargo, la sanción todavía no está en firme ni implica que Eder deba cumplir de inmediato el arresto. La propia decisión ordenó remitir el caso en grado de consulta a un juez civil del circuito de Cali, quien deberá revisar la determinación y establecer si la confirma o la revoca. Mientras se surte este trámite, la ejecución de la medida permanece suspendida.

El vicepresidente José Manuel Restrepo viajó desde Bogotá hacia Nueva York para representar a Colombia en la Asamblea General de las Naciones Unidas. El funcionario salió a las 5:50 de la mañana del aeropuerto internacional El Dorado, en un vuelo comercial, y tendrá durante los próximos días una agenda que combinará compromisos diplomáticos, empresariales y relacionados con la atracción de inversión.

Además de su participación en la ONU, Restrepo sostendrá encuentros con organismos multilaterales, fondos de inversión, empresarios y otros actores internacionales. La agenda contempla conversaciones sobre inversión, crecimiento económico y asuntos relacionados con el futuro del país, así como reuniones de carácter académico y bilateral.

Para este lunes están previstas reuniones con Kristi Noem, enviada especial para el Escudo de las Américas, y con el presidente de República Dominicana, Luis Abinader. Posteriormente, el vicepresidente se reunirá con empresarios con el propósito de promover oportunidades de inversión en Colombia. Restrepo explicó que la visita busca aprovechar la agenda internacional para abordar temas empresariales y de atracción de capital.

La participación central de Restrepo será el próximo jueves 24 de septiembre, cuando intervendrá ante el pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El vicepresidente representará al Gobierno colombiano y durante su intervención leerá también el mensaje del presidente Abelardo De La Espriella, quien decidió no viajar a Nueva York para participar personalmente en la Asamblea.

Durante la visita también se prevé el anuncio del prelanzamiento de las ‘Semanas Milagro’, una estrategia que busca promover la llegada de inversión extranjera y presentar proyectos colombianos ante potenciales inversionistas internacionales. La iniciativa fue incorporada entre las funciones asignadas a Restrepo por el Decreto 1373 de 2026, con el propósito de impulsar la internacionalización de la economía y la atracción de inversiones estratégicas.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, respaldó las recientes decisiones del presidente Abelardo De la Espriella relacionadas con el traslado de diferentes personas privadas de la libertad a establecimientos carcelarios. Entre los internos trasladados se encuentran políticos, exintegrantes del extinto DAS y miembros de grupos disidentes, algunos de los cuales permanecían recluidos en casas fiscales o guarniciones militares.

De acuerdo con Marín, estas medidas envían un mensaje dentro del sistema penitenciario sobre la aplicación de las normas de reclusión. La funcionaria sostuvo que con los traslados se reafirma el principio de que “nadie está por encima de la ley”, al tiempo que se busca que las condiciones de privación de la libertad se ajusten a las disposiciones vigentes.

Los movimientos también están relacionados con presuntas infracciones al régimen carcelario. Según la información divulgada, en diferentes establecimientos se han detectado internos utilizando dispositivos electrónicos no autorizados o accediendo a beneficios que no están permitidos dentro de las condiciones de reclusión.

La defensora del Pueblo señaló que los traslados contribuyen al cumplimiento de los reglamentos penitenciarios y a fortalecer los principios de transparencia e igualdad dentro del sistema. Las decisiones hacen parte de una serie de medidas adoptadas recientemente por el Gobierno para revisar las condiciones de reclusión de personas privadas de la libertad y determinar los casos que deben ser trasladados a establecimientos penitenciarios.

Finalmente, Iris Marín aseguró que la Defensoría del Pueblo continuará haciendo seguimiento a estos procedimientos para verificar que se respeten los derechos de las personas privadas de la libertad. La funcionaria indicó que la vigilancia busca garantizar que, independientemente de las condiciones o circunstancias de cada traslado, las garantías de los internos sean respetadas integralmente.

El movimiento Pacientes Colombia, integrado por 204 organizaciones de pacientes, pidió al presidente Abelardo de la Espriella y al Gobierno Nacional reconsiderar la decisión de retirar a Colombia de la Coalición por la Igualdad de Derechos (Equal Rights Coalition), mecanismo internacional que promueve la protección de los derechos de las personas LGBTIQ+. La salida fue anunciada por la Cancillería el 17 de septiembre, cuando Colombia ejercía la copresidencia de la organización junto con España.

La organización cuestionó la decisión y sostuvo que representa, a su juicio, una señal negativa frente al compromiso del Estado con la igualdad y la no discriminación. Pacientes Colombia señaló además que la salida podría afectar la participación del país en espacios internacionales de cooperación, intercambio de experiencias y construcción de políticas públicas relacionadas con los derechos humanos.

El movimiento también manifestó especial preocupación por las personas que viven con VIH y las comunidades LGBTIQ+, debido a que 44 de las organizaciones que lo integran trabajan directamente con estas poblaciones. Según la organización, las decisiones estatales en esta materia pueden tener efectos sobre el acceso a la salud, la protección de derechos y las condiciones de atención de grupos que han enfrentado situaciones de discriminación y exclusión.

Pacientes Colombia pidió al Gobierno reversar el retiro o, en su defecto, abrir un espacio público de diálogo con organizaciones de pacientes, colectivos LGBTIQ+, entidades de derechos humanos, expertos en salud pública y sectores técnicos. El propósito, según indicó, sería evaluar las posibles consecuencias de la decisión y discutir las acciones que permitan mantener los compromisos relacionados con igualdad y no discriminación.

La postura de Pacientes Colombia contrasta con la explicación entregada por el Gobierno. El viceministro de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional, Pedro Agustín Roa, afirmó que la participación en la coalición dejó de ser una prioridad para la actual administración y sostuvo que el retiro no implica un desconocimiento de los derechos de las personas LGBTIQ+, cuya protección está contemplada en la Constitución, las leyes y decisiones de la Corte Constitucional.

Una juez de control de garantías ordenó enviar a prisión a Deibi Gabriel Acevedo Sánchez y Anngi Natalia Díaz Sierra, señalados de estar involucrados en la agresión que causó la muerte de Cristian David Garzón, un guarda de seguridad de 27 años, en la estación Terreros de TransMilenio, en Soacha, Cundinamarca.

Según la investigación, los hechos ocurrieron hacia las 9:30 de la mañana del 18 de septiembre, cuando Garzón habría intentado impedir que la pareja ingresara de manera irregular a la estación. Durante la discusión, Acevedo Sánchez presuntamente intentó atacar con una navaja a una compañera del guarda, por lo que Garzón se habría interpuesto para protegerla y recibió las heridas que posteriormente le causaron la muerte.

Tras la agresión, los compañeros del joven lo trasladaron a un centro médico cercano. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, Cristian David Garzón falleció. Las autoridades capturaron posteriormente a la pareja en vía pública y les incautaron el arma blanca que, según la investigación, habría sido utilizada durante el ataque.

La Fiscalía Seccional de Cundinamarca imputó a Acevedo Sánchez y Díaz Sierra el delito de homicidio agravado. Ninguno de los dos procesados aceptó los cargos. De acuerdo con la información presentada durante la audiencia, Díaz Sierra registra cuatro anotaciones judiciales por hurto calificado, inasistencia alimentaria, tráfico de estupefacientes y violencia intrafamiliar, mientras que Acevedo Sánchez no registra antecedentes judiciales.

Con la decisión de la juez, ambos procesados deberán permanecer privados de la libertad mientras avanza el proceso judicial para establecer las responsabilidades individuales en la muerte del guarda de seguridad. Las acusaciones formuladas por la Fiscalía corresponden a la etapa inicial de la investigación y deberán ser debatidas dentro del proceso.

Rodrigo Londoño, presidente del partido Comunes y excomandante de las extintas Farc, rechazó la propuesta del senador Enrique Gómez de reducir en $100.000 millones el presupuesto de funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y trasladar esos recursos al Consejo Superior de la Judicatura. La iniciativa, planteada dentro del Presupuesto General de la Nación de 2027, cuenta con el respaldo del presidente Abelardo De la Espriella.

Londoño defendió el papel de la JEP como mecanismo de justicia transicional surgido del Acuerdo de Paz y señaló que esta institución permite avanzar en procesos relacionados con verdad, justicia, reparación y no repetición. Según el dirigente de Comunes, el tribunal representa además una garantía jurídica para quienes comparecen ante el sistema y para las víctimas del conflicto armado.

El excomandante guerrillero sostuvo que el recorte presupuestal podría afectar las garantías de los excombatientes y cuestionó lo que considera una intención de debilitar la jurisdicción para llevar los procesos a la justicia ordinaria. “Quieren impedirnos decir la verdad y reparar a las víctimas en los términos en que nos comprometimos a hacerlo”, afirmó.

Londoño también destacó los beneficios que, según señaló, han recibido excombatientes y miembros de la Fuerza Pública mediante la justicia transicional. Aunque reconoció que la JEP “no es perfecta” y que, a su juicio, se ha alejado de algunos principios con los que fue creada, sostuvo que continúa siendo una herramienta para aplicar un modelo de justicia restaurativa frente a los hechos derivados del conflicto armado.

Finalmente, el presidente de Comunes cuestionó que el eventual recorte de recursos pueda convertirse en una forma de debilitar financieramente a la JEP. Por ello, pidió al Gobierno aclarar si pretende afectar el funcionamiento de la jurisdicción mediante una reducción presupuestal. La propuesta todavía hace parte del trámite del presupuesto de 2027 y requiere avanzar en el Congreso para convertirse en una modificación efectiva.

El director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), coronel Daniel Gutiérrez, anunció el inicio del operativo para trasladar a Edgar de Jesús Orrego, alias ‘Firu’, señalado jefe de las disidencias de las Farc, quien permanece recluido en la cárcel La Picota de Bogotá.

La decisión fue adoptada luego de una orden del presidente Abelardo De la Espriella, tras una denuncia presentada por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Según el mandatario departamental, alias ‘Firu’ estaría utilizando dispositivos electrónicos desde el centro penitenciario para realizar videollamadas y mantener contacto con otros integrantes de las disidencias, entre ellos alias ‘Primo gay’.

Ante esta situación, el presidente pidió al director del INPEC trasladar al señalado cabecilla a un establecimiento penitenciario con mayores restricciones de comunicación. “Señor director del INPEC, en el término de la distancia traslade a este delincuente alias ‘Firu’ a una cárcel en la que no entre ni siquiera la señal de la Santa Cruz”, afirmó De la Espriella, quien agregó que la medida busca impedir que el recluso continúe realizando actividades desde prisión.

Además del traslado, el INPEC realizó un operativo de requisa en la celda que ocupa alias ‘Firu’ en el pabellón de máxima seguridad de La Picota. De acuerdo con el reporte entregado por la institución, durante el procedimiento no fueron encontrados elementos prohibidos en el espacio donde se encontraba recluido el señalado integrante de las disidencias.

El operativo también incluyó el aislamiento de alias ‘Firu’ mientras se adelanta el procedimiento para definir su nuevo lugar de reclusión. El gobernador de Antioquia había solicitado reforzar los controles penitenciarios para impedir que integrantes de grupos armados ilegales mantengan comunicaciones con sus estructuras desde las cárceles. Por su parte, el INPEC aseguró que la respuesta ante la situación fue “rápida y contundente”.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) informó que el Gobierno Nacional puso en marcha un paquete de medidas tributarias, aduaneras y cambiarias para facilitar la atención de la emergencia y la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

El Decreto Legislativo 1419 establece beneficios para contribuyentes de todo el país con obligaciones en mora anteriores al 10 de agosto de 2026. Quienes se pongan al día, corrijan o presenten sus declaraciones pendientes antes del 19 de noviembre podrán acceder a una reducción del 85 % en las sanciones y a una tasa preferencial de interés moratorio del 4,5 % anual.

La norma también contempla beneficios para contribuyentes que tengan procesos ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, con demandas presentadas antes del terremoto. En primera instancia podrán conciliar el 85 % de las sanciones e intereses, mientras que en segunda instancia el beneficio será del 80 %, bajo las condiciones establecidas en el decreto. Estas medidas no aplican a los Grandes Contribuyentes.

Además, las donaciones o pagos en especie recibidos por las personas afectadas, hasta por 2.600 UVT por beneficiario, serán considerados ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. También se permitirá donar a la Nación saldos a favor reconocidos por la DIAN para financiar la atención del desastre, lo que dará lugar a un descuento tributario conforme a la normativa vigente.

Para los contribuyentes con domicilio fiscal en las zonas afectadas, se habilitaron facilidades especiales de pago. Podrán solicitar acuerdos de hasta 24 meses sin garantía o de hasta 36 meses con garantía personal cuando las deudas no superen las 6.000 UVT, equivalentes a $314.244.000. Asimismo, quienes ya tenían acuerdos de pago y entraron en mora después del terremoto podrán reprogramar, por una sola vez y hasta por 12 meses, las cuotas correspondientes al periodo entre el 10 de agosto y el 31 de diciembre de 2026.

Un nuevo sismo fue registrado durante la mañana de este sábado 19 de septiembre en el municipio de Istmina (Chocó), según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El movimiento telúrico tuvo una magnitud de 4,6 y una profundidad de 39 kilómetros, de acuerdo con el boletín actualizado número uno, emitido por la entidad a las 8:44 de la mañana.

El evento sísmico ocurrió durante las primeras horas de la jornada y tuvo como referencia el municipio de Istmina. Tras conocer el reporte, el SGC invitó a las personas que hayan sentido el movimiento a registrar su experiencia en la plataforma Sismo Sentido, herramienta que permite recopilar información sobre la percepción de los temblores en las diferentes zonas donde son reportados.

Este nuevo movimiento se suma a otros eventos sísmicos registrados en la región durante la madrugada. A las 12:01 de la madrugada, el SGC había informado sobre un sismo de magnitud 4,0 y una profundidad de 45 kilómetros, cuyo epicentro también fue localizado en Istmina, Chocó.

Posteriormente, a las 9:10 de la mañana, la entidad reportó una nueva réplica de magnitud 3,1, con una profundidad de 43 kilómetros y referencia en el mismo municipio chocoano. El SGC publicó el boletín correspondiente e insistió en la importancia de que los ciudadanos reporten si percibieron el movimiento a través de su plataforma de sismos sentidos.

Durante la madrugada también fue registrado otro evento sísmico en la región, aunque fuera del territorio colombiano. Según el SGC, a las 2:12 de la madrugada se presentó un sismo de magnitud 5,2, con referencia en Condorcanqui, departamento de Amazonas, en Perú, y clasificado como de profundidad superficial.