Categoría: Nacional

El trámite del Presupuesto General de la Nación para la próxima vigencia abrió una nueva disputa política en el Congreso. Mientras el Gobierno Nacional defiende una propuesta por $634 billones, sectores de la oposición y algunos actores económicos cuestionan la viabilidad de la cifra y advierten sobre el deterioro de las finanzas públicas del país.

El debate se concentra ahora en las comisiones económicas del Congreso, donde se analiza cómo financiar el presupuesto sin generar un déficit fiscal insostenible. El senador Christian Garcés, integrante de la Comisión Tercera del Senado, ha defendido la necesidad de realizar ajustes que permitan priorizar la austeridad y garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Garcés también llamó la atención sobre el incremento en el servicio de la deuda, que, según señaló, pasó de $100 billones a $155 billones. Ante este escenario, propuso reperfilar las obligaciones de deuda como una alternativa para generar mayor margen financiero. El congresista sostuvo que esta estrategia no significaría dejar de pagar, sino buscar mejores condiciones y, eventualmente, el respaldo de organismos internacionales para convertir parte de esas obligaciones en inversión.

“Yo no voy a dejar tirados a los damnificados del terremoto. Es lo que siempre se ha hecho”, afirmó Garcés, al explicar que otros gobiernos han optado por renegociar o reperfilar compromisos de deuda para obtener mayor oxígeno financiero.

Oposición plantea un presupuesto de $596 billones

Por su parte, el representante a la Cámara Santiago Osorio, de Alianza Verde, cuestionó la propuesta del Gobierno y anunció un presupuesto alternativo por $596 billones, es decir, $38 billones menos que los $634 billones planteados por el Ejecutivo. Según el congresista, la cifra oficial no tendría respaldo suficiente y podría resultar difícil de financiar.

Osorio también rechazó que la situación fiscal sea atribuida exclusivamente a la administración anterior y señaló que Colombia arrastra problemas estructurales de inflexibilidad presupuestal desde 1991. A su juicio, durante el gobierno de Gustavo Petro se han priorizado áreas como la inversión social, la educación pública y la salud.

El debate incluye además las advertencias del Comité Autónomo de la Regla Fiscal sobre el crecimiento de la deuda pública y su impacto en la capacidad de inversión del Estado. En este contexto, Garcés insistió en la necesidad de reducir los gastos de funcionamiento y planteó que el ajuste debería acercarse a $40 billones para contribuir a la estabilización de las finanzas nacionales.

Dos movimientos sísmicos fueron registrados durante la mañana de este lunes 14 de septiembre en el departamento del Chocó, donde fueron percibidos en diferentes sectores del Pacífico colombiano. Los temblores ocurrieron con apenas cuatro minutos de diferencia y generaron atención entre los habitantes de la zona.

El primer sismo se presentó a las 9:57 de la mañana y tuvo una magnitud de 4,1. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento tuvo como zona de influencia el municipio de Sipí, en el Chocó, y fue reportado como sentido en distintos puntos del departamento.

Minutos después, a las 10:01 de la mañana, se registró un segundo movimiento telúrico, esta vez de magnitud 3,7 y con una profundidad de 46 kilómetros. Nuevamente, el epicentro estuvo localizado en jurisdicción de Sipí, generando un nuevo movimiento en esta zona del Pacífico colombiano.

Según el boletín del SGC, el epicentro del segundo sismo fue localizado a 11 kilómetros del municipio de Sipí, en el departamento del Chocó. La cercanía temporal entre ambos eventos hizo que fueran percibidos de manera consecutiva por habitantes de la región.

Hasta el momento, el reporte de los movimientos sísmicos corresponde a los registros oficiales del SGC. Las autoridades mantienen el monitoreo de la actividad sísmica en la zona y se recomienda a la ciudadanía consultar únicamente los canales oficiales para conocer cualquier actualización.

El presidente Abelardo De La Espriella confirmó la muerte de alias ‘Niche’, señalado como cabecilla de zona de la subestructura Uldar Cardona Rueda del Clan del Golfo, durante una operación militar desarrollada en el municipio de Caucasia, Antioquia. Según el mandatario, el integrante de la organización criminal llevaba cerca de siete años en sus filas y estaría relacionado con actividades como extorsiones, secuestros, homicidios, amenazas y acciones contra integrantes de la Fuerza Pública en el Bajo Cauca.

El operativo fue adelantado durante el fin de semana por tropas del Ejército Nacional, con apoyo de la Fuerza Aérea, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Además de la neutralización de alias ‘Niche’, las autoridades lograron rescatar a siete personas que permanecían secuestradas por integrantes de esta estructura criminal en Caucasia. De acuerdo con la información entregada por el presidente, seis de las víctimas serían menores de edad.

Durante la operación también fueron incautados cuatro fusiles, una pistola, 873 cartuchos, 18 proveedores, equipos de comunicación y documentación que, según el Gobierno, estaría relacionada con las finanzas del Clan del Golfo. El mandatario señaló que estos elementos hacen parte de las acciones dirigidas a afectar las capacidades logísticas y económicas de las estructuras criminales que operan en distintas regiones del país.

En otro resultado operacional, De La Espriella informó sobre la captura de dos presuntos integrantes de la estructura Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, en Popayán, Cauca. En este procedimiento fueron incautadas armas, municiones, 13 celulares, una tableta y cinco millones de pesos en efectivo. Asimismo, en Dibulla, La Guajira, se desarrolló una operación contra integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, donde fueron encontrados un mortero artesanal, ocho granadas de 40 milímetros, 13 artefactos explosivos, municiones, detonadores, equipos de comunicación y dos antenas Starlink.

Con estos operativos, el Gobierno aseguró que mantiene desplegadas acciones militares y policiales contra diferentes organizaciones criminales, con el objetivo de afectar a sus cabecillas y reducir sus capacidades armadas, logísticas y financieras. Los resultados se producen en medio de las operaciones que las autoridades adelantan en varias regiones del país para combatir el secuestro, la extorsión, el homicidio y otras actividades asociadas al crimen organizado.

La Fiscalía General de la Nación reactivó las órdenes de captura contra tres de los principales jefes del Clan del Golfo que, durante el gobierno de Gustavo Petro, participaron como representantes de esa organización criminal en los acercamientos de paz con el Estado. La decisión se produce luego de que el Gobierno Nacional diera por terminado el espacio de conversación sociojurídico con el grupo, también denominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).

Entre los señalados está Orosman Osten Blanco, alias ‘Rodrigo Flechas’, quien asumió el mando del Clan del Golfo tras la muerte de alias ‘Gonzalito’, ocurrida en el río Esmeraldas, en jurisdicción del municipio de Tierralta, Córdoba. También figura Elkin Casarrubia Posada, alias ‘El Cura’, antiguo integrante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y cercano al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.

El tercer hombre incluido en la decisión es Luis Armando Pérez Castañeda, alias ‘Bruno’ o ‘Jerónimo’, identificado por las autoridades como una de las principales figuras políticas del Clan del Golfo. Los tres habían sido incluidos dentro de los mecanismos establecidos durante los acercamientos entre el Gobierno y la organización criminal.

La decisión quedó consignada en una resolución firmada el 11 de septiembre por la fiscal general Luz Adriana Camargo y fue adoptada después de la resolución presidencial que puso fin al espacio de conversación sociojurídico entre los representantes autorizados del Gobierno Nacional y el EGC. Con la terminación de este proceso, quedaron sin efecto las condiciones que habían permitido la suspensión de las órdenes de captura contra los tres integrantes de la organización.

En el documento de la Fiscalía también aparece un listado de otros 15 integrantes del Clan del Golfo incluidos en la solicitud presidencial. Sin embargo, el ente acusador aclaró que estas personas nunca estuvieron cobijadas por la suspensión de las órdenes de captura, por lo que la decisión adoptada ahora se concentra en quienes sí habían recibido ese beneficio durante el proceso de acercamiento con el Gobierno.

El abogado penalista José Luis Moreno, defensor del exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López, cuestionó el manejo que habría recibido un celular entregado voluntariamente por su cliente a la Fiscalía General de la Nación, en el marco del proceso por el escándalo de corrupción en la entidad.

Moreno aseguró que la defensa recibió preguntas de un medio de comunicación relacionadas con información que, según sostuvo, haría parte de contenido reservado de las investigaciones contra López. Para el jurista, esta situación genera interrogantes sobre el origen, la trazabilidad, la integridad y el contexto del material. “Si se trata de información sometida a reserva, resulta indispensable establecer quién tuvo acceso a ella”, afirmó.

De acuerdo con el abogado, al momento de entregar el dispositivo se habrían establecido condiciones sobre el acceso y utilización de la información contenida en el teléfono, por lo que, a su juicio, dicha entrega no podía interpretarse como una autorización ilimitada para acceder, reproducir o divulgar todo su contenido. Moreno recordó además que la Ley 906 de 2004 establece reglas relacionadas con la autenticidad, integridad y cadena de custodia de los elementos materiales probatorios.

El defensor también advirtió sobre el riesgo de que conversaciones, audios, capturas de pantalla o archivos sean presentados de manera fragmentada y fuera de su contexto original. A esto sumó su preocupación por el uso de herramientas de inteligencia artificial, debido a que algunas tecnologías permiten editar, reconstruir o conectar fragmentos de información para generar contenidos que aparenten ser originales, según señaló.

Por esta razón, Moreno pidió establecer quién tuvo acceso al dispositivo, quién realizó la extracción de la información, qué copias fueron generadas, cómo fueron preservadas y quién tuvo posteriormente acceso a esos archivos. La defensa de Olmedo López sostuvo que cualquier material que pueda tener incidencia en el proceso penal debe ser confrontado con su fuente original y sometido a las verificaciones correspondientes, al considerar que la verdad judicial debe construirse a partir de pruebas auténticas, íntegras y sometidas a contradicción.

El Ministerio de Agricultura, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), Fenavi y Porkcolombia firmaron un convenio para fortalecer la vigilancia y prevención de enfermedades que podrían afectar la producción avícola y porcícola en Colombia. El acuerdo contempla acciones frente a enfermedades como la influenza aviar, la enfermedad de Newcastle y la peste porcina clásica.

La estrategia incluye el desarrollo de vigilancia epidemiológica y controles sanitarios, con el propósito de verificar el cumplimiento de los protocolos establecidos por el ICA. Las autoridades y los productores buscan así mantener el estatus sanitario del país, una condición fundamental para conservar y ampliar el acceso de productos colombianos a los mercados internacionales.

Para ejecutar las acciones durante lo que resta de 2026 se destinarán $7.446 millones. De este monto, los gremios aportarán $3.624 millones, mientras que el ICA realizará aportes en especie por $3.821 millones. El convenio contempla, además, la posibilidad de ser renovado durante 2027 para dar continuidad a las medidas de prevención y control.

El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond Baquero, destacó la importancia del acuerdo para demostrar ante los países con los que Colombia tiene tratados de libre comercio que el sector cumple con las condiciones sanitarias exigidas para el ingreso de sus productos. Esto permitiría fortalecer la confianza en la producción nacional y mantener abiertas las oportunidades de exportación.

El convenio también apunta a mejorar la competitividad de los sectores avícola y porcícola y ampliar las posibilidades de los productores colombianos en el comercio internacional. Para las autoridades y los gremios, mantener una adecuada vigilancia sanitaria es clave para prevenir la propagación de enfermedades y proteger tanto la producción nacional como los mercados externos.

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) anunció un plan de choque para agilizar 553 trámites que actualmente se encuentran en curso y que están relacionados con permisos de uso, ocupación e intervención de la infraestructura vial y férrea bajo responsabilidad de la entidad. La estrategia comenzará a implementarse a partir de este lunes 14 de septiembre.

La medida dará prioridad a las solicitudes asociadas con la prestación de servicios públicos esenciales, como acueducto, alcantarillado, gas y energía, debido al impacto que estos proyectos tienen en las comunidades. Según la ANI, las obras relacionadas con estos permisos podrían beneficiar a más de 15 millones de personas en 11 departamentos, entre ellos Huila, Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico, Santander, Bolívar, Córdoba, Risaralda, Meta, Cesar y Cauca.

El presidente de la ANI, Ricardo Ayerbe, señaló que al asumir el cargo encontró expedientes que llevaban hasta dos años sin registrar avances. “Encontré en la entidad 553 trámites en curso, algunos engavetados hace 2 años”, afirmó. La entidad pretende fortalecer su capacidad de respuesta y reducir los tiempos de procesos como la expedición de resoluciones, la aprobación de pólizas y el cierre de expedientes.

Como parte de la estrategia, la ANI realizará un seguimiento semanal a los trámites mediante indicadores de gestión que permitan verificar el avance de cada solicitud hasta su conclusión. Con esta medida, la entidad busca evitar que nuevos expedientes permanezcan represados y mejorar la atención de los procesos relacionados con la infraestructura nacional.

La ANI indicó que el plan de choque también busca fortalecer la eficiencia y transparencia en estos procedimientos y facilitar la ejecución de proyectos destinados a ampliar o mejorar la prestación de servicios públicos. De esta manera, la entidad espera acelerar intervenciones que tienen impacto directo en las comunidades de diferentes regiones del país.

Un integrante del Frente 36 de las disidencias de las Farc murió y otro fue capturado luego de un combate con tropas del Ejército Nacional registrado en el municipio de San Andrés de Cuerquia, Antioquia. La información fue entregada por el presidente Abelardo de la Espriella, quien destacó el resultado de la operación militar.

Según el mandatario, durante las acciones las tropas lograron incautar dos fusiles, un arma corta, 19 proveedores y 977 municiones, además de un cañón de repuesto para ametralladora. El material quedó en poder de las autoridades como parte de la operación adelantada contra esta estructura armada.

El operativo también permitió el hallazgo de cuatro artefactos explosivos improvisados y una granada de mano, así como diferentes elementos de intendencia. De acuerdo con la información oficial, estos elementos harían parte del material utilizado o almacenado por los integrantes del Frente 36.

De la Espriella calificó el resultado como un “contundente golpe” contra esta organización y señaló que uno de los integrantes murió durante el enfrentamiento, mientras que otro resultó herido y fue capturado por las tropas. “En San Andrés de Cuerquia, nuestro Ejército Nacional sostuvo combate contra integrantes del Frente 36. Resultado: un narcoterrorista dado de baja y otro capturado, herido en combate”, manifestó.

Finalmente, el presidente aseguró que las operaciones militares contra los grupos armados continuarán en diferentes zonas de Antioquia. Asimismo, advirtió que quienes integran estas estructuras deberán someterse a la justicia o enfrentar las acciones de la Fuerza Pública.

El presidente Abelardo De La Espriella ordenó a los ministros de Defensa, general (r) Jorge Eduardo Mora, y de Justicia, Iván Cancino, coordinar en un plazo máximo de una semana el sometimiento a la justicia de Fredy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’, jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), quien manifestó su intención de entregarse, aunque bajo determinadas condiciones.

“Señores ministros de Defensa y de Justicia, por favor, coordinen, en un plazo perentorio de una semana, el sometimiento a la justicia de este sujeto”, afirmó el mandatario. La instrucción se conoció luego de que Castillo expresara públicamente su disposición a entregarse, pero De La Espriella fue enfático en señalar que su Gobierno no negociará con organizaciones criminales ni concederá condiciones diferentes a las establecidas por la ley.

En ese sentido, el presidente advirtió que, si alias ‘Pinocho’ no se somete a la justicia y continúa enfrentándose al Estado y delinquiendo, las Fuerzas Militares y de Policía actuarán en su contra. “Aquí no hay negociaciones, dilaciones ni exigencias. Si no se entrega y continúa enfrentando al Estado, delinquiendo y haciendo daño, la orden es darle de baja, como en derecho corresponde”, aseguró el mandatario a través de su cuenta de X.

La posición del Gobierno se conoce después de que De La Espriella anunciara el viernes 11 de septiembre el fin de cualquier diálogo o espacio sociojurídico con grupos criminales. En esa ocasión, el presidente aseguró que quienes decidan no someterse a la justicia serán enfrentados con toda la capacidad del Estado. “Se acabó la falsa paz. En mi Gobierno los criminales no tendrán estatus político, contemplaciones ni impunidad”, manifestó.

Alias ‘Pinocho’ había expresado su intención de someterse a la justicia una semana después de la muerte de alias ‘Bendito Menor’, ocurrida durante una operación de las Fuerzas Militares en Riohacha, La Guajira. El comandante de las ACSN también envió un mensaje al presidente en el que propuso crear una norma para establecer las condiciones y penas para quienes decidieran acogerse a la justicia. “Estoy dispuesto a someterme a la justicia, pero con unas garantías”, afirmó Castillo en diálogo con Semana. Sin embargo, el Gobierno rechazó estas condiciones y reiteró que no habrá negociaciones con grupos armados o estructuras criminales.

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi) y la Asociación Colombiana de Porcicultores (Porkcolombia) suscribieron un convenio para fortalecer el estatus sanitario de Colombia y proteger al país de enfermedades que afectan los sectores avícola y porcícola. El acuerdo busca mantener al territorio nacional libre de influenza aviar, enfermedad de Newcastle y peste porcina clásica, entre otras patologías, y favorecer el acceso de estos productos a los mercados internacionales.

A través del convenio se desarrollarán acciones de prevención, vigilancia epidemiológica y control sanitario, además de un seguimiento estricto al cumplimiento de los protocolos técnicos establecidos por el ICA. La estrategia pretende garantizar las condiciones sanitarias necesarias para fortalecer la producción nacional y ampliar las posibilidades de exportación de productos avícolas y porcícolas colombianos.

Para ejecutar estas acciones durante lo que resta de 2026 se destinarán 7.446 millones de pesos. De este monto, los gremios aportarán 3.624 millones de pesos, mientras que el ICA contribuirá con aportes en especie por 3.821 millones. El convenio contempla además su renovación durante 2027, con el propósito de dar continuidad a las medidas de vigilancia y protección sanitaria.

El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond Baquero, destacó que el acuerdo representa una señal positiva para los países con los que Colombia mantiene tratados de libre comercio y en cuyos mercados existe potencial para los productos nacionales. Según explicó, el cumplimiento de los protocolos sanitarios exigidos internacionalmente es fundamental para que los sectores avícola y porcícola puedan consolidar nuevas oportunidades comerciales.

Los presidentes ejecutivos de Fenavi, Gonzalo Moreno, y Porkcolombia, Jeffrey Fajardo, destacaron la rapidez con la que el Ministerio de Agricultura atendió la solicitud de los gremios. La iniciativa se suma a la política del Campo Milagro, que busca respaldar la industria agropecuaria nacional y generar mejores condiciones de competitividad para que los productos colombianos puedan llegar a más mercados internacionales.

El Juzgado Tercero Promiscuo del Circuito de Puerto Asís ordenó suspender temporalmente cualquier actividad de aspersión aérea con glufosinato de amonio en Putumayo, mientras recopila información sobre el plan piloto y adopta una decisión de fondo dentro de una acción de tutela. La medida se originó en una acción presentada por la Fundación Tiempo de Cambios para la Transformación Social contra el Gobierno y varias entidades, en la que se advierte sobre una posible afectación de derechos relacionados con la salud, el agua, el ambiente sano, la participación y la biodiversidad.

La decisión judicial se conoce después de que la Policía Nacional confirmara el pasado 10 de septiembre que implementará en Putumayo un plan piloto de aspersión aérea con este agroquímico. La operación fue presentada como experimental, limitada y temporal, y contempla inicialmente el uso de dos aeronaves AT-802. Ante la tutela, el juzgado solicitó información detallada para establecer las condiciones en las que se adelantaría el programa y sus posibles impactos.

Entre las primeras órdenes, el despacho judicial dio un plazo de 24 horas al Consejo Nacional de Estupefacientes, los ministerios de Justicia y Defensa, la Dirección de Antinarcóticos y la Gobernación del Putumayo para informar cuáles municipios y áreas están incluidos en el plan y entregar la cartografía correspondiente. Las entidades también deberán precisar cuántas hectáreas han sido tratadas, cuántos días de operación se han realizado y cuánto falta para alcanzar los límites establecidos de siete días y 1.000 hectáreas.

Las autoridades deberán explicar además si se cumplió con la divulgación previa de cinco días contemplada en la Resolución 007 de 2026, aportar las pruebas correspondientes y señalar si existe una fecha prevista para iniciar, reanudar o continuar las aspersiones durante los próximos diez días. En un plazo de dos días, el Consejo Nacional de Estupefacientes y el Ministerio de Justicia también tendrán que entregar los estudios técnicos, científicos, sanitarios y ambientales que sustentaron el piloto, además de información relacionada con comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas y un eventual proceso de consulta previa.

El juez igualmente requirió información al Ministerio de Ambiente, el Instituto Colombiano Agropecuario, el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud, Corpoamazonia, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Aeronáutica Civil, entre otras entidades. El despacho busca establecer los posibles riesgos de la aspersión para la salud, las fuentes hídricas, la biodiversidad, las abejas y otros polinizadores, los cultivos lícitos y los ecosistemas amazónicos. Con estos elementos, la justicia continuará el estudio de la tutela y determinará el alcance de las medidas adoptadas sobre el controvertido plan de aspersión.

El comercio exterior colombiano mantuvo un comportamiento positivo durante el primer semestre de 2026. De acuerdo con el más reciente informe del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, entre enero y junio los puertos marítimos concentraron el 94,5 % del movimiento nacional, con un volumen acumulado de 66.049 toneladas, cifra que representa un crecimiento del 6,8 % frente al mismo periodo de 2025. Para FITAC y ASONAV, el resultado evidencia la capacidad de respuesta de la cadena logística y portuaria y la importancia del transporte marítimo para la competitividad del país.

El crecimiento se presentó tanto en las exportaciones como en las importaciones. Las primeras alcanzaron 44.502 toneladas, un aumento del 6,1 %, mientras que las importaciones llegaron a 21.547 toneladas, con un incremento del 8,4 %. No obstante, el volumen registrado durante los primeros seis meses de 2026 todavía se encuentra por debajo de las 69.243 toneladas movilizadas en 2024, lo que, según las organizaciones del sector, plantea el desafío de continuar fortaleciendo la infraestructura y capacidad logística nacional.

El movimiento de carga estuvo concentrado principalmente en Cartagena, Santa Marta y Buenaventura, puertos que en conjunto movilizaron 50.772 toneladas, equivalentes al 76,9 % del total nacional. Cartagena lideró con 22.434 toneladas, seguida de Santa Marta con 19.298 y Buenaventura con 9.040. En materia de exportaciones, Cartagena, Santa Marta y La Guajira concentraron cerca del 90 % de la carga enviada al exterior.

Entre los productos exportados se destacó el carbón, que representó el 52,7 % del total, con 23.560 toneladas, seguido del petróleo crudo, que alcanzó una participación del 26,5 %, equivalente a 11.842 toneladas. En cuanto a las importaciones, Buenaventura, Cartagena y Barranquilla concentraron el 80,9 % de la carga que ingresó al país. Entre los principales productos se ubicaron el maíz, con el 20,2 %, y el petróleo refinado, con el 9,9 %.

Por otra parte, Turbo-Urabá fue el puerto con mayor crecimiento durante el primer semestre de 2026, al registrar un aumento del 44,7 % en su movimiento de carga. Este comportamiento estuvo impulsado principalmente por las exportaciones de banano. Las cifras muestran así un panorama de mayor actividad en el sistema portuario colombiano, aunque también evidencian la necesidad de seguir consolidando la infraestructura y la capacidad logística para responder al crecimiento del comercio exterior.

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia precisó que los pantallazos de conversaciones de WhatsApp pueden tener naturaleza de prueba documental dentro de un proceso laboral cuando son aportados en copia física impresa. La aclaración se fundamenta en el artículo 243 del Código General del Proceso y establece que, aunque este tipo de evidencia no tenga firma, puede ser valorada si la parte contra la que se presenta no la desconoce.

La Corte explicó que los mensajes impresos no corresponden, en este caso, a una emisión de datos digital o electrónica regulada por la Ley 527 de 1999, sino que adquieren naturaleza documental al ser incorporados físicamente al expediente. Por ello, señaló que un pantallazo de WhatsApp puede constituir una prueba calificada en casación, siempre que no haya sido controvertido o desconocido por la parte involucrada.

Sin embargo, la Sala hizo una precisión importante: que un pantallazo sea considerado una prueba documental no significa que por sí solo demuestre las pretensiones de quien lo presenta. Su eficacia dependerá del contenido de la conversación y de si los mensajes permiten acreditar de manera concreta el hecho que se encuentra en discusión dentro del proceso laboral.

La aclaración se produjo al resolver un caso en el que una demandante pretendía que el pantallazo de un mensaje enviado a su jefe fuera interpretado como una autorización del empleador para que un tercero se encargara de transportarla. Al revisar la imagen aportada al proceso, la Corte encontró que no aparecía ninguna respuesta o manifestación de asentimiento por parte del empleador, por lo que consideró que el mensaje no demostraba la autorización alegada.

De esta manera, la Corte Suprema diferenció entre la naturaleza documental, la autenticidad, la admisibilidad y la suficiencia probatoria de un pantallazo de WhatsApp. En otras palabras, que una conversación pueda ser incorporada y valorada como documento no implica que necesariamente pruebe el hecho que una de las partes pretende demostrar; para ello, será necesario analizar el contenido específico de los mensajes y su relación con el asunto debatido.

La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo y embargo sobre tres inmuebles que estarían relacionados con el patrimonio del excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga Escobar y su entorno familiar. Los bienes, ubicados en Bogotá y Pensilvania (Caldas), tienen un avalúo superior a 3.664 millones de pesos y fueron afectados dentro de las actuaciones por la presunta financiación de la multinacional brasileña Odebrecht a la campaña ‘Zuluaga Presidente 2014-2018’.

De acuerdo con el ente acusador, la medida se deriva de las investigaciones adelantadas por el Grupo de Tareas Especiales de Odebrecht de la Delegada para las Finanzas Criminales. La Fiscalía asegura haber recopilado elementos materiales probatorios que darían cuenta de que la multinacional brasileña habría aportado recursos para cubrir servicios relacionados con la campaña presidencial de Zuluaga en 2014.

Según la investigación, Odebrecht habría asumido el pago de 1’610.740 dólares en servicios de publicidad que habrían beneficiado a la campaña. Para la Fiscalía, este aporte presuntamente no fue registrado en los balances ni informado a las autoridades electorales y, al provenir de una empresa extranjera, constituiría una fuente de financiación prohibida para las campañas políticas, de acuerdo con el artículo 27 de la Ley 1475 de 2011.

El ente investigador también estableció que los recursos presuntamente comprometidos fueron transferidos entre junio y julio de 2014 a una sociedad constituida en Panamá y vinculada al publicista brasileño José Eduardo Cavalcanti de Mendonça. En ese momento, los giros representaban más de 3.000 millones de pesos. La actuación sobre los bienes busca avanzar en el trámite de extinción de dominio relacionado con los recursos y activos que estarían vinculados a estos hechos.

Los bienes afectados corresponden a un apartamento y la tercera parte de una vivienda en Bogotá, además de un inmueble ubicado en Pensilvania, Caldas. La Fiscalía señaló que algunos de estos predios pertenecían directamente a Zuluaga, pero en junio de 2023 fueron transferidos mediante donación a integrantes de su círculo familiar. Con las medidas cautelares se pretende impedir que los activos sean vendidos, transferidos o comercializados mientras avanza el proceso de extinción de dominio.

El presidente Abelardo De La Espriella anunció el cierre de los procesos de negociación que se adelantaron durante el Gobierno de Gustavo Petro con diferentes grupos armados y estructuras delincuenciales. La decisión incluye la revocatoria de las mesas de diálogo con las bandas que operan en Medellín, Buenaventura y Quibdó, además de la terminación de las designaciones de los negociadores que habían sido nombrados para representar al Gobierno en estos procesos.

De acuerdo con el mandatario, durante el cuatrienio anterior se destinaron más de $7.000 millones exclusivamente al pago de honorarios de voceros, representantes y negociadores vinculados a estos escenarios de diálogo. Esta cifra, según explicó De La Espriella, no incluye otros gastos asumidos por el Estado, como esquemas de seguridad, viáticos, zonas de ubicación y demás recursos relacionados con el desarrollo de las negociaciones.

Durante el Gobierno Petro se adelantaron conversaciones con el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, además de acercamientos con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. De igual manera, se establecieron espacios de diálogo con estructuras delincuenciales de Medellín, Buenaventura y Quibdó, procesos en los que participaron representantes y negociadores designados tanto por las organizaciones armadas como por el Ejecutivo.

Frente a la nueva política, el presidente De La Espriella aseguró que su administración no mantendrá escenarios institucionales que, a su juicio, puedan ser utilizados para prolongar las actividades delictivas, obtener beneficios procesales o evadir la justicia. El mandatario señaló que quienes tengan una voluntad real de abandonar las armas deberán someterse a la justicia, mientras que aquellos que continúen ejerciendo violencia contra la población civil serán enfrentados por la Fuerza Pública dentro del marco de la ley.

Con estas decisiones, el Gobierno de De La Espriella marca un cambio frente a la estrategia de paz total impulsada por la anterior administración y pone fin a las mesas y mecanismos de negociación que permanecían vigentes con distintos grupos armados y bandas criminales. El Ejecutivo plantea ahora que cualquier eventual sometimiento o desarme deberá desarrollarse bajo las condiciones establecidas por la justicia y sin mantener estructuras de diálogo que, según el Gobierno, puedan ser aprovechadas por organizaciones ilegales.

La Corte Constitucional exhortó al Ministerio de Salud y Protección Social a expedir una regulación integral y vinculante que establezca un protocolo específico para el ingreso, permanencia y egreso de personas con discapacidad psicosocial en centros de salud mental. La medida hace especial énfasis en los casos de hospitalización involuntaria durante episodios agudos y busca garantizar que estos procedimientos se ajusten al modelo social de la discapacidad y a las normas constitucionales e internacionales de protección de derechos.

La decisión fue adoptada mediante la Sentencia T-268 de 2026, al estudiar el caso de Pedro, un docente diagnosticado con esquizofrenia y trastorno afectivo bipolar que fue hospitalizado en mayo de 2025 tras presentar un episodio agudo con conductas auto y heteroagresivas, ideas delirantes y mutismo selectivo. Durante su internación, el paciente manifestó en varias ocasiones que no quería continuar hospitalizado y solicitó su salida, pero permaneció internado hasta recibir el alta médica en junio de ese año.

Aunque Pedro ya había sido dado de alta cuando la Corte analizó el caso, la Sala Octava de Revisión estudió el fondo de la situación y concluyó que la institución médica vulneró sus derechos a la libertad, autonomía, dignidad, igualdad e integridad personal. Según el alto tribunal, no se implementaron los ajustes razonables ni los sistemas de apoyo necesarios para conocer su voluntad, tampoco se exploraron alternativas menos restrictivas y no se justificó adecuadamente la prolongación de la hospitalización.

A partir de este caso, la Corte estableció cinco criterios que deben cumplirse de manera concurrente para que una hospitalización involuntaria sea constitucional. Debe existir un riesgo cierto, grave e inminente para la vida o integridad del paciente o de terceros, sustentado en una valoración clínica especializada; además, debe evaluarse la voluntad del paciente y agotarse previamente los ajustes razonables y sistemas de apoyo. También deben descartarse alternativas menos restrictivas y garantizarse que la internación tenga una finalidad estrictamente terapéutica, con objetivos clínicos, un plan individualizado, metas revisables y criterios claros de alta.

Finalmente, el tribunal determinó que la hospitalización debe estar sometida a una temporalidad estricta y a revisiones periódicas, de manera que dure únicamente el tiempo indispensable para estabilizar el episodio agudo. La Corte advirtió que la medida no puede prolongarse con fundamento en conceptos como la “peligrosidad”. Además de exhortar al Ministerio de Salud a crear el protocolo nacional, ordenó a la Subred Integrada de Servicios de Salud Aurora ajustar sus prácticas y a la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá culminar la investigación preliminar y verificar que las instituciones de salud mental cumplan los parámetros establecidos.

La embajadora de Colombia en Estados Unidos, María Consuelo Araújo Castro, presentó las copias de estilo de sus cartas credenciales ante la jefa de Protocolo de ese país, Monica Crowley, con lo que inició formalmente su labor como representante diplomática colombiana en Washington. Su llegada se produce en un momento que el Gobierno considera clave para fortalecer la relación bilateral y avanzar hacia una etapa marcada por una mayor cooperación, confianza renovada y objetivos compartidos.

Araújo Castro aseguró que asume una responsabilidad de gran importancia para Colombia, especialmente por el momento que atraviesan las relaciones con Estados Unidos. Desde Washington, la embajadora trabajará de manera coordinada con el canciller Omar Bula y la Cancillería para impulsar la agenda bilateral y convertir los acuerdos alcanzados recientemente en Barranquilla en acciones concretas para ambos países.

Según la diplomática, los denominados Acuerdos de Barranquilla representan una hoja de ruta para esta nueva etapa de cooperación. Entre los principales objetivos se encuentran impulsar la reconstrucción y recuperación económica de Colombia, promover el comercio y la inversión, además de fortalecer la seguridad compartida y contribuir a la estabilidad de la región.

La embajadora también destacó que su misión comienza mientras cientos de colombianos continúan enfrentando las consecuencias del terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto. En ese contexto, resaltó la solidaridad expresada por Estados Unidos durante el proceso de recuperación y reconstrucción nacional, al considerar que este respaldo demuestra la profundidad de los vínculos entre los dos países y puede contribuir a consolidar la nueva etapa de la relación bilateral.

El fortalecimiento de los lazos entre Bogotá y Washington también quedó de manifiesto durante la visita del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien llegó a Colombia el martes 8 de septiembre como parte de una gira por América Latina. Tras reunirse con el nuevo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, Rubio habló de una nueva etapa de colaboración sin precedentes y señaló que existen posibilidades de que Colombia recupere su certificación como aliado antidrogas de Estados Unidos, perdida durante el Gobierno de Gustavo Petro en 2025. El funcionario destacó además las recientes acciones contra las bandas criminales y aseguró que en el último mes se han registrado más resultados que los alcanzados, según dijo, durante varios años anteriores.