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La viceministra de Infraestructura, María Fernanda Santa, destacó la necesidad de articular los esfuerzos del Gobierno Nacional, las autoridades territoriales y el sector privado para definir el futuro de la infraestructura aeroportuaria de Bogotá y su conexión con la región. Durante el panel “El Dorado Max como propósito de Estado: Nación, Bogotá y región en una sola causa”, la funcionaria señaló que se trata de proyectos de largo plazo y que, por ello, es necesario aprovechar los avances que ya se han alcanzado. “Estos son proyectos de larga data. Entonces, hay que empezar diciendo que hay que construir sobre lo construido”, afirmó.

Santa explicó que la participación de los distintos actores debe responder a la etapa en la que se encuentre cada proyecto, con el propósito de evitar que nuevos procesos de articulación terminen retrasando iniciativas que ya están en marcha. En ese sentido, planteó la necesidad de identificar las fases de cada proyecto y generar espacios de diálogo desde el Gobierno Nacional para escuchar a las autoridades y sectores involucrados. La viceministra también resaltó la importancia de fortalecer la coordinación interna entre entidades como la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Aeronáutica Civil.

De acuerdo con la funcionaria, una vez se consolide esa articulación dentro del Gobierno, se podrán establecer mesas de trabajo con autoridades regionales y municipales, además de representantes del sector aeronáutico. Entre los actores que podrían participar se encuentra la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), con el objetivo de abordar de manera conjunta los retos relacionados con la conectividad y el crecimiento de la infraestructura aeroportuaria. La discusión busca avanzar hacia una visión integral que permita responder a las necesidades de Bogotá, Cundinamarca y el resto de la región.

Durante el encuentro también se destacó el papel que puede desempeñar El Dorado como motor del desarrollo económico de Bogotá y Cundinamarca. Entre los principales desafíos se mencionaron el mejoramiento de la conectividad terrestre con el aeropuerto, el fortalecimiento de la infraestructura para pasajeros y carga y el aprovechamiento del potencial turístico y logístico de la región. En este contexto, se resaltó que Bogotá concentra cerca de una cuarta parte del PIB nacional y que, al sumar Cundinamarca, la participación llega aproximadamente a un tercio de la economía colombiana. También se planteó aprovechar el aeropuerto para impulsar el turismo mediante estrategias como los stop over, que incentiven a pasajeros en tránsito a permanecer algunos días en la capital y sus alrededores.

Otro de los retos está relacionado con la operación de carga, debido a la importancia de El Dorado como principal aeropuerto de carga del país. Durante el panel se propuso incorporar nuevas tecnologías y mecanismos de inspección no intrusiva que permitan agilizar los procesos y facilitar el flujo de las exportaciones. Asimismo, se planteó la posibilidad de convertir a Bogotá en un hub de mantenimiento aeronáutico, con capacidad para recibir aeronaves de otros mercados que requieran este tipo de servicios. La viceministra reiteró que el Gobierno Nacional tendrá un papel central en la coordinación de estas iniciativas, con el propósito de construir junto con los diferentes actores el modelo de aeropuerto y conectividad regional que necesita el país.

El exministro de Educación y exrector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria, advirtió sobre la amplia brecha que existe entre Colombia y los países con mejores resultados educativos en las Pruebas PISA.

Señaló que mientras en China más del 35 % de los estudiantes alcanza un alto desempeño en Ciencias, en Colombia esa proporción no llega al 1 %. En Matemáticas, afirmó, la diferencia es todavía mayor.

“En América Latina hay una especie de tolerancia con la mediocridad de la educación. Y ese cambio en la sociedad es fundamental”, dijo.

Gaviria también cuestionó la importancia que América Latina le concede a la educación y sostuvo que existe una cierta tolerancia frente a los bajos resultados. Como ejemplo, recordó que durante la pandemia las escuelas y colegios de la región estuvieron entre los primeros en cerrar y entre los últimos en reabrir.

Para el exministro, mejorar los resultados exige un cambio cultural que otorgue a la educación una mayor relevancia y centralidad en la sociedad: “si queremos tener los niveles asiáticos, tenemos que tener la misma actitud, dijéramos cultural, de importancia o relevancia, centralidad, de la educación en la sociedad. No la tenemos, desafortunadamente, en América Latina”.

Una fuerte controversia política se desató tras las declaraciones del ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, quien planteó modificar la denominación con la que tradicionalmente se identifica a los trabajadores del sector rural. Según el funcionario, la intención del Gobierno es “elevarle el estatus” a quienes producen los alimentos del país y pasar de llamarlos campesinos a “pequeños empresarios del campo”.

Más allá del debate por la denominación, el Ministerio de Agricultura anunció la suspensión temporal del desembolso de recursos destinados a la adquisición de predios. La cartera ordenó una auditoría forense para revisar las operaciones comerciales realizadas durante el Gobierno anterior y, mientras se verifica la legalidad de los procesos, quedaron congelados cerca de 1,4 billones de pesos pendientes de pago a propietarios.

Dangond también cuestionó las cifras reportadas previamente sobre la reforma agraria. El ministro aseguró que, aunque se había planteado la compra de tres millones de hectáreas durante el cuatrienio, finalmente se habrían adquirido unas 350.000 hectáreas. Además, confirmó que para 2027 no está contemplada una nueva compra masiva de predios y que la política será revisar cada operación antes de continuar con los desembolsos.

Los anuncios provocaron reacciones entre congresistas y sectores políticos que respaldaron la política agraria del Gobierno anterior, entre ellos los parlamentarios David Racero y Aída Abella. En medio de los cuestionamientos, Dangond rechazó las acusaciones relacionadas con posibles alianzas o irregularidades en su gestión y aseguró que su actuación está orientada a revisar las operaciones realizadas con recursos públicos.

“Yo no trabajo para particulares, no sea mentiroso, hombre. Mi firma trabaja es para los sistemas financieros”, respondió el ministro, quien insistió en que investigará las compras de tierras en las que presuntamente se hayan presentado precios inflados. El Ministerio reiteró que el nuevo Gobierno verificará predio por predio con el propósito de proteger los recursos públicos destinados al sector agropecuario.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegó a Barranquilla para reunirse con el presidente Abelardo de la Espriella y abordar acuerdos orientados a la reconstrucción de Colombia tras el terremoto del pasado 10 de agosto, así como a la recuperación de la economía nacional.

Durante el encuentro, Rubio respondió a diferentes preguntas sobre la relación entre ambos países y se refirió particularmente a la posibilidad de instalar una base militar estadounidense en territorio colombiano, una iniciativa que, según explicó, todavía se encuentra en discusión y evaluación.

El funcionario estadounidense señaló que cualquier decisión requeriría la autorización del Gobierno colombiano. “Hay que estudiarlo y además eso tiene que venir con unos permisos del Gobierno colombiano”, afirmó Rubio, quien aseguró que no está en contra de la iniciativa y consideró que podría ser viable.

Sin embargo, el secretario de Estado aclaró que el planteamiento aún no ha sido discutido ampliamente y que por ahora se encuentra en una etapa preliminar de estudio. Por ello, todavía no existe una decisión definitiva sobre la eventual instalación de una infraestructura militar estadounidense en Colombia.

Rubio también planteó que la alternativa podría ser una base conjunta entre Colombia y Estados Unidos, en lugar de una instalación exclusivamente estadounidense. “Si no una base militar, sería una base conjunta que podamos usar los dos países”, explicó, al tiempo que destacó que Colombia, como nación soberana, tiene la facultad de decidir quién puede ingresar y operar en su territorio.

El Gobierno de Abelardo De La Espriella reportó nuevos presuntos hallazgos de irregularidades en una de las entidades del Estado. Esta vez, las alertas se encendieron en el Departamento de Prosperidad Social (DPS), donde se adelanta una revisión de contratos, recursos y otros instrumentos financieros que quedaron de la anterior administración.

Según confirmó el vocero del Gobierno, Miller Soto, en el DPS fueron identificados cerca de 1 billón de pesos en fiducias, convenios y otros instrumentos que estarían pendientes de aclaración o legalización. El funcionario señaló que estos recursos hacen parte de los asuntos que están siendo revisados por las autoridades.

A esto se suman más de 900 contratos de prestación de servicios cuya necesidad, según el Gobierno, no habría sido verificada. Soto también mencionó contratos de altos montos cuya ejecución se habría concentrado durante la campaña presidencial, además de donaciones realizadas durante el primer semestre de 2026 sin suficiente claridad sobre sus beneficiarios finales.

“Contrataron, entregaron donaciones, dejaron recursos en fiducias y multiplicaron contratos”, afirmó Soto, quien agregó que también están bajo revisión algunos nombramientos para establecer si los funcionarios designados cumplían con los requisitos legales exigidos para ocupar sus cargos.

El vocero precisó que las investigaciones se encuentran en etapa de verificación y que se respetará el debido proceso para determinar si existe responsabilidad fiscal, disciplinaria, administrativa o penal. “Si se establece que se desviaron recursos o se los apropiaron, el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella hará uso de todos los instrumentos legales que estén disponibles para recuperarlos y para hacer que los responsables respondan y paguen las consecuencias”, afirmó.

El Gobierno nacional estaría preparando el nombramiento del general en retiro Jorge Andrés Zuluaga López como nuevo director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). El oficial cuenta con más de 30 años de trayectoria en el Ejército Nacional y experiencia en áreas como inteligencia militar, ciberseguridad, ciberdefensa y gestión de riesgos. Además, fue director de la Central de Inteligencia Técnica del Ejército (CITEC) y recibió formación en Estados Unidos.

De concretarse su designación, Zuluaga López asumiría la dirección de la principal agencia de inteligencia del país con un perfil directamente ligado a las Fuerzas Militares, a diferencia de sus antecesores, quienes no provenían de manera directa de esa institución. El general en retiro también cuenta con experiencia en inteligencia estratégica, prevención del delito, seguridad ciudadana y gestión de crisis, además de haber ejercido como profesor de la Escuela Superior de Guerra e instructor militar.

El eventual nombramiento se produciría en medio de los cuestionamientos que ha enfrentado la DNI durante los últimos años. Uno de los casos más recientes involucra a Wilmar Mejía, quien estuvo al frente de la entidad hasta la llegada del Gobierno de Abelardo de la Espriella y fue declarado insubsistente. Mejía es investigado por la Fiscalía por la presunta entrega de información reservada que habría terminado en poder de las disidencias de las Farc de alias Calarcá.

Otro episodio que generó polémica fue el caso de Willington Henao Gutiérrez, alias El Mocho Olmedo, señalado como segundo al mando del Frente 33 de las disidencias de las Farc. En 2025 se conoció que la DNI lo mantuvo durante 55 días en un apartamento de Bogotá, pese a que sobre él existía una orden de captura con fines de extradición a Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico y lavado de activos. En ese momento, desde la entidad se argumentó que Henao era considerado una fuente humana estratégica para los diálogos de paz.

Zuluaga López también tendría entre sus antecedentes su participación como estratega y ejecutor de la Operación Jaque, la misión militar realizada en 2008 que permitió rescatar a tres ciudadanos estadounidenses, a la excandidata presidencial Íngrid Betancourt y a once militares y policías que permanecían secuestrados por las Farc. Su experiencia y sus vínculos con agencias de inteligencia estadounidenses serían otros de los elementos que respaldarían su eventual llegada a la DNI.

Los estudiantes colombianos son los que más utilizan herramientas de inteligencia artificial para aprender en América Latina, según el estudio PISA 2025 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), divulgado este martes. El informe reveló que el 56 % de los alumnos en Colombia recurre semanalmente a estas tecnologías, una cifra que supera la media de la OCDE, ubicada en 46 %.

Colombia se ubicó dos puntos por encima de Perú, donde el 54 % de los estudiantes utiliza inteligencia artificial para actividades de aprendizaje, y tres puntos por delante de Uruguay, con 53 %. También superó a Argentina y Ecuador, ambos con 52 %, aunque quedó por debajo de países como Vietnam, con 69 %; Singapur, con 66 %, y Emiratos Árabes Unidos, con 64 %.

El informe puso especial atención en el impacto de la inteligencia artificial generativa en la educación y advirtió que, aunque estas herramientas pueden contribuir al aprendizaje en determinadas condiciones, su uso inadecuado puede convertirse en un mecanismo para evitar el esfuerzo cognitivo que busca desarrollar el proceso educativo. El alto uso de los chatbots contrasta con la utilización de dispositivos digitales en las aulas, donde los estudiantes colombianos destinan en promedio 1,6 horas diarias a actividades de aprendizaje, una cifra similar al promedio de la OCDE, de 1,7 horas.

El estudio también evidenció problemas relacionados con las distracciones y las condiciones de los centros educativos. El 36 % de los estudiantes aseguró que sus compañeros se distraen frecuentemente con dispositivos digitales durante las clases, frente al 28 % del promedio de la OCDE, mientras que en los colegios donde está prohibido el uso de celulares los alumnos tienen un 33 % menos de probabilidades de reportar este tipo de situaciones. Además, el 63 % de los estudiantes asiste a instituciones donde la falta de materiales educativos dificulta la enseñanza y el 62 % estudia en colegios con problemas de infraestructura, una cifra superior al 44 % registrado en 2022.

Las pruebas PISA 2025 fueron presentadas por 7.268 estudiantes de 266 colegios en Colombia, una muestra representativa de cerca de 597.500 jóvenes de 15 años, equivalentes aproximadamente al 75 % de la población de esa edad. El informe también señaló que todavía existen retos para fortalecer la capacidad de los estudiantes colombianos de autorregular su aprendizaje y establecer objetivos, en medio de la creciente incorporación de herramientas digitales e inteligencia artificial en la educación.

El Ministerio de Transporte aplazó la entrada en vigencia de un nuevo requisito que debía comenzar a exigirse desde el próximo 14 de septiembre de 2026 para quienes adelanten trámites de expedición inicial o recategorización de la licencia de conducción en Colombia. La medida suspende temporalmente la obligatoriedad de presentar el certificado de aprobación del examen teórico de conducción.

La decisión fue adoptada mientras el Ministerio realiza una revisión integral del funcionamiento y la capacidad de los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE), encargados de prestar el servicio relacionado con la aplicación de los exámenes teóricos. Según la entidad, no existe información suficiente para establecer si los 32 centros registrados cuentan con la capacidad física, tecnológica, humana y operativa necesaria para atender la demanda de ciudadanos que generaría la entrada en vigencia del nuevo requisito.

La circular establece una suspensión de tres meses y señala que el certificado de aprobación del examen teórico no podrá ser exigido durante ese periodo. Una vez concluya la evaluación, el Ministerio deberá realizar una nueva notificación a los organismos de tránsito y la exigencia solo podrá entrar en vigor un mes después de dicha comunicación, siempre y cuando se determine que la red de CALE tiene la capacidad suficiente para atender a los usuarios.

Entre los aspectos que serán analizados se encuentran el número de trámites de primera expedición y recategorización de licencias, la cantidad de puestos disponibles para realizar los exámenes, los horarios de atención, la duración de las pruebas, la capacidad diaria y mensual de los centros, los tiempos para obtener una cita y las distancias que deben recorrer los usuarios. El Ministerio también evaluará la cobertura territorial, luego de advertir que departamentos como Meta, Sucre, Córdoba, Caldas y Putumayo cuentan con un solo CALE, mientras que en Guainía, Vaupés y Vichada no existe una sede física.

Mientras no se realice una nueva notificación sobre la entrada en operación del esquema, los trámites para obtener por primera vez una licencia de conducción o solicitar una recategorización continuarán realizándose con los requisitos que se encontraban vigentes. La Dirección de Transporte y Tránsito tendrá 30 días hábiles para adelantar y documentar una evaluación técnica sobre la demanda, capacidad instalada, cobertura territorial, interoperabilidad, seguridad, continuidad y condiciones de acceso al servicio, cuyos resultados permitirán definir cuándo podrá volver a exigirse el certificado del examen teórico.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Colombia registró una variación anual del 6,24 % a corte de agosto de 2026, según el más reciente informe presentado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). La cifra evidencia una aceleración del costo de vida frente al mismo periodo de 2025, cuando la inflación anual se ubicó en 5,10 %. De acuerdo con la entidad, la variación mensual durante agosto fue del 0,39 %, mientras que el acumulado entre enero y agosto alcanzó el 5,35 %.

Los mayores incrementos anuales se registraron en restaurantes y hoteles, con una variación del 9,36 %, impulsada principalmente por el aumento en productos como el café, el tinto y el chocolate, así como por los consumos en bares, discotecas y establecimientos de comida. Le siguieron los sectores de salud, con un alza del 8,30 %; educación, con 7,45 %; muebles y artículos para el hogar, con 6,67 %, y alimentos y bebidas no alcohólicas, que acumularon una variación del 6,10 %. En contraste, prendas de vestir y calzado fue la división con el menor incremento anual, con 3,26 %.

Durante agosto, el comportamiento mensual de la inflación estuvo impulsado principalmente por los sectores de recreación y cultura, que aumentaron 0,89 %, e información y comunicación, con un alza del 0,81 %. Entre los productos y servicios que más incrementaron sus precios durante el mes se encuentran el transporte aéreo de pasajeros, con 4,89 %; el servicio de televisión por suscripción, con 3,02 %; los paquetes turísticos, con 1,01 %, y los útiles escolares, que también aumentaron 1,01 %.

Por el contrario, el DANE reportó reducciones mensuales en algunos productos y servicios, entre ellos los equipos de grabación y sonido, con una caída del 2,07 %; los productos para la limpieza de vehículos, con -1,22 %; las prendas de vestir para mujer, con -0,54 %, y los vehículos particulares nuevos o usados, que disminuyeron 0,32 % durante agosto.

En el comportamiento de los alimentos durante lo corrido de 2026, la papa fue uno de los productos que registró el mayor incremento, con una variación acumulada del 56,31 %. En contraste, otros productos presentaron reducciones en sus precios, como los dulces, con una caída del 18,14 %, y el plátano, que disminuyó 14,46 %, según las cifras entregadas por el DANE.

Mediante la Resolución 0-0273, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, ordenó reactivar las siete órdenes de captura contra exmiembros representantes de la organización armada ilegal autodenominada Comuneros del Sur, quienes habían sido beneficiados con la suspensión de esas medidas mientras participaban en el proceso de diálogos de paz con el Gobierno Nacional.

La decisión cobija a Oliverio Orfilio Pai Rodríguez, alias Chuki; Gabriel Yepes Mejía, alias HH; Lorena Vanesa Sevillano Ortiz, alias Taliana; Santo Eligio García Natascuas, alias Santos; Jaime Eduardo Álvarez Riascos, alias Lalo; Leidy Paola Tapia Benavides y Víctor Alfonso Rodríguez Cantizuz.

La reactivación de las órdenes de captura se produjo luego de la Resolución Presidencial 365 del 3 de septiembre de 2026, mediante la cual el presidente Abelardo de la Espriella dio por terminada la mesa de diálogo con el autodenominado Frente Comuneros del Sur. Ese mismo día, a través de las resoluciones 366, 367 y 368, fueron revocadas las designaciones de los integrantes de ese grupo como miembros representantes.

De acuerdo con la resolución de la Fiscalía, la pérdida de la condición de miembros representantes implica la reactivación de las órdenes de captura que habían sido suspendidas en su contra como consecuencia de su participación en el proceso de paz. La fiscal Camargo señaló que, al quedar sin efecto esas designaciones, también desapareció el beneficio que permitía suspender la ejecución de las medidas judiciales.

La Fiscalía precisó, además, que no procede la reactivación de las órdenes de captura de otras personas cuya activación había sido solicitada por la Presidencia, debido a que algunas ya se encontraban vigentes y otras nunca habían sido suspendidas. Finalmente, la fiscal general ordenó comunicar la decisión a las autoridades de policía judicial para que adelanten las actuaciones correspondientes y hagan efectiva la medida.

Todo está listo en Barranquilla para el primer encuentro de alto nivel entre un funcionario internacional y el Gobierno colombiano durante la nueva administración. La reunión marcará un nuevo capítulo en las relaciones entre Bogotá y Washington, en un momento considerado clave para la agenda bilateral entre ambos países.

El presidente Abelardo De La Espriella sostendrá una reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien llegará a la capital del Atlántico como parte de una gira regional que se desarrollará entre el 8 y el 10 de septiembre y que también incluirá visitas a Ecuador y Perú.

El encuentro contará además con la participación del canciller Omar Bulla y se llevará a cabo en la sede de la Presidencia en Barranquilla. Durante la reunión, los mandatarios y representantes de ambos Gobiernos abordarán asuntos estratégicos de interés común para Colombia y Estados Unidos.

La agenda estará centrada en temas como la seguridad regional, los vínculos comerciales, la lucha contra el narcoterrorismo y el fortalecimiento de la cooperación internacional, especialmente frente a la emergencia ocasionada por el terremoto registrado el pasado 10 de agosto.

Los dos Gobiernos buscarán fortalecer la cooperación bilateral e identificar nuevas áreas de trabajo conjunto que permitan enfrentar los desafíos relacionados con la seguridad, la estabilidad y el desarrollo del hemisferio, en medio de una nueva etapa de diálogo y relaciones entre Bogotá y Washington.

El presidente Abelardo De La Espriella pidió al canciller Ómar Bula y a la embajadora de Colombia en Estados Unidos, María Consuelo Araujo, evaluar el proceso judicial que enfrenta el coronel en retiro Luis Alfonso Plazas Vega en ese país y determinar la posibilidad de brindar acompañamiento por parte del Estado. La solicitud se conoce previo a una nueva audiencia del proceso civil que se adelanta en Florida.

Un jurado estadounidense deberá determinar si Plazas Vega tiene responsabilidad en la tortura y muerte del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán, ocurrida en el marco de los hechos relacionados con la retoma del Palacio de Justicia en 1985. El proceso fue promovido por las hijas del magistrado, Xiomara, Mairée y Helena Urán Bidegain, quienes buscan establecer la responsabilidad del oficial retirado y obtener una indemnización.

El presidente sostuvo que, pese a que la Corte Suprema de Justicia declaró inocente a Plazas Vega después de un proceso judicial que, según afirmó, se extendió durante años, el coronel retirado ahora debe enfrentar un litigio fuera del país. En ese sentido, señaló que, si un integrante de las Fuerzas Armadas debe responder jurídicamente por hechos ocurridos durante el ejercicio de sus funciones y en defensa del país, el Estado debe evaluar la posibilidad de acompañarlo.

De acuerdo con los antecedentes del caso, dentro del proceso en Estados Unidos han sido incorporados diferentes elementos relacionados con la muerte de Urán. Entre ellos se encuentra un video en el que el magistrado aparece saliendo con vida del Palacio de Justicia, así como elementos asociados con su identificación que posteriormente fueron encontrados en instalaciones militares. Plazas Vega, quien reside en Florida, ya había permanecido privado de la libertad durante varios años en Colombia antes de recuperar su libertad.

El mandatario también insistió en la necesidad de respaldar a los integrantes de las Fuerzas Armadas que enfrentan procesos judiciales derivados de sus actuaciones durante el servicio. La familia de Carlos Horacio Urán está representada por una organización especializada en casos de graves violaciones de derechos humanos ante tribunales de diferentes países, por lo que el proceso contra Plazas Vega continuará ahora ante la justicia estadounidense.

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) oficializó mediante decreto la ampliación del plazo para la entrada en operación plena del Registro Universal de Ingresos (RUI), sistema que busca convertirse en el principal mecanismo para la focalización de subsidios y programas sociales en Colombia. Con la nueva decisión, la fecha límite para culminar la transición quedó fijada para el 31 de julio de 2027.

Según el DNP, uno de los principales motivos para extender el plazo fue el terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto, cuyas réplicas llevaron al Gobierno Nacional a declarar la situación como desastre nacional y a decretar el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. De acuerdo con el decreto, al 28 de agosto se reportaban afectaciones en 16 departamentos y 476 municipios, incluidos daños en oficinas del Sisbén y problemas de conectividad que dificultaron los trámites relacionados con la transición al nuevo sistema.

A esta situación se sumó el elevado número de reclamaciones ciudadanas por la nueva clasificación socioeconómica. Solo durante agosto de 2026, el DNP recibió más de 112.000 peticiones de inconformidad, una cifra diez veces superior a las 11.213 reclamaciones registradas por el Sisbén durante todo 2025. Para la entidad, este volumen de solicitudes evidenció la necesidad de revisar y calibrar los algoritmos de estimación de ingresos, además de fortalecer la información y pedagogía dirigida a los ciudadanos.

Este es el segundo aplazamiento en el cronograma de implementación del Registro Universal de Ingresos. Inicialmente, se había previsto que la información del RUI comenzara a utilizarse para el diseño y focalización de programas sociales desde el segundo trimestre de 2026. Sin embargo, el Decreto 662 del 26 de junio de ese año modificó el calendario y estableció el inicio de la transición para el 1.º de agosto de 2026, con fecha máxima del 31 de octubre para completar el proceso de los beneficiarios provenientes del Sisbén.

Ahora, debido a las consecuencias del desastre provocado por el sismo y al alto volumen de reclamaciones ciudadanas, el Gobierno decidió extender nuevamente el plazo. La fecha final de transición, que estaba prevista para el 31 de octubre de 2026, fue trasladada hasta el 31 de julio de 2027, mientras las autoridades avanzan en los ajustes técnicos, operativos y pedagógicos necesarios para la implementación definitiva del Registro Universal de Ingresos.

El presidente Abelardo de la Espriella anunció la puesta en marcha del Plan de Energía Ya, una estrategia con la que el Gobierno busca prevenir un eventual desabastecimiento de energía y reducir los riesgos durante el verano 2026-2027.

Según explicó el mandatario, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) aprobó dos medidas principales. La primera contempla incentivos para promover el ahorro de energía entre los usuarios, quienes podrán recibir beneficios en su factura si reducen su consumo mensual en más de un 10 % frente a su meta individual.

De acuerdo con el presidente, los usuarios que superen su meta de consumo en más de un 10 % tendrán un cobro adicional. No obstante, precisó que los usuarios regulados de los municipios afectados por el terremoto estarán exentos de la aplicación de este esquema.

La segunda medida está enfocada en garantizar la generación térmica necesaria, preservar las reservas de los embalses y reducir el riesgo de desabastecimiento durante el periodo de menor disponibilidad hídrica. El Gobierno también aseguró que la estrategia busca evitar incrementos desbordados en las tarifas y proteger especialmente a las regiones con mayor exposición al riesgo, como el Caribe y el Chocó.

Aunque reconoció que algunos usuarios podrían registrar incrementos en sus facturas, De la Espriella aseguró que el precio promedio nacional será inferior al que los colombianos habrían tenido que pagar bajo el esquema anterior. El mandatario defendió la implementación anticipada de las medidas y señaló que el objetivo es actuar antes de que se presente una crisis energética. “Ahorrar hoy es proteger la energía de Colombia mañana”, concluyó.

El excandidato presidencial y exsenador Roy Barreras anunció su retiro de la política, poniendo fin a dos décadas de trayectoria en la vida pública y luego de ocupar importantes cargos en el Congreso y el Gobierno. A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el dirigente aseguró que inicia una nueva etapa de su vida enfocada en la literatura.

“20 años ejercí como médico; otros 20 años en la vida política. La vida es cambio. Búsqueda permanente de sentido”, expresó Barreras al anunciar su decisión. El exsenador explicó que no continuará ejerciendo ni la medicina ni la actividad política, y que ahora dedicará sus esfuerzos a su formación y creación literaria.

Barreras llegó al Congreso de la República en 2006 y durante su trayectoria ocupó, entre otros cargos, la Presidencia del Senado. También fue embajador de Colombia en el Reino Unido y tuvo una participación destacada en el proceso de paz entre el Gobierno y las extintas FARC. En 2022 regresó al Senado y presidió esa corporación durante el primer año del gobierno de Gustavo Petro.

En 2025 lanzó su candidatura a la Presidencia de la República, pero ahora decidió cerrar definitivamente su etapa política. Barreras indicó que, tras obtener una Maestría en Literatura Creativa en la Universidad de Salamanca, quiere concentrarse en explorar una nueva faceta profesional. “No más medicina; no más política. Los dejo descansar”, manifestó.

El exsenador señaló que durante sus años como médico buscó estudiar y aliviar el dolor del cuerpo humano, mientras que desde la política intentó comprender el “cuerpo social” y contribuir a la construcción de paz y una sociedad más justa. Ahora, aseguró, quiere dedicar los próximos años a explorar el alma humana a través de la literatura. “Bienvenida la Literatura que espero dure otros 20 años. Hay vida más allá de la política”, concluyó.

El periodismo colombiano está de luto por la muerte de Juan Guillermo Ríos, reconocido periodista, presentador y director de noticias, quien falleció este domingo 6 de septiembre a los 75 años. El comunicador antioqueño desarrolló durante décadas una destacada trayectoria en la radio y la televisión y se convirtió en uno de los rostros más reconocidos de los informativos nacionales durante la década de los 80.

Ríos alcanzó gran popularidad durante su paso por El Noticiero de las 7 y posteriormente por Caracol Televisión. Su particular estilo frente a las cámaras y, especialmente, su tradicional despedida con la frase “paz, amor y buen genio”, se convirtieron en una de sus principales señas de identidad. Durante su etapa al frente de El Noticiero de las 7, el informativo llegó a registrar niveles de audiencia cercanos al 70 %.

Su carrera profesional fue más allá de la presentación de noticias. Ríos se desempeñó como periodista, director de informativos, asesor del Gobierno y docente universitario. Estudió Periodismo en la Universidad de Antioquia y posteriormente realizó estudios de especialización en Bélgica. Sus primeros pasos en los medios los dio en la radio, donde recibió una oportunidad de manos de Alfonso Lizarazo, antes de llegar a los principales espacios informativos del país.

En los últimos años, el comunicador enfrentó dificultades económicas y problemas de salud. Padeció, entre otras afecciones, un cáncer que inicialmente comprometió su estómago y posteriormente parte de sus pulmones, además de peritonitis. Sin embargo, estas circunstancias no borraron el reconocimiento alcanzado a lo largo de una carrera que lo convirtió en una figura representativa de una época de la televisión colombiana.

Con su fallecimiento, Colombia despide a uno de los periodistas que contribuyeron a construir la historia de los informativos nacionales. Para varias generaciones de televidentes, su voz, su particular forma de presentar las noticias y su recordada frase “paz, amor y buen genio” permanecerán como parte de la memoria de la televisión colombiana.

En el marco del Congreso Nacional Inmobiliario, la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz (Fedelonjas) presentó al Gobierno Nacional, autoridades locales, congresistas y representantes del sector un paquete de nueve propuestas para reactivar la demanda de vivienda, facilitar el acceso a financiación y reducir la informalidad en el mercado de arrendamiento. El gremio señaló que busca construir una hoja de ruta para recuperar el dinamismo de una actividad que representa cerca del 9 % del PIB nacional.

Entre las principales iniciativas se encuentra el restablecimiento efectivo de los subsidios de Mi Casa Milagro, como mecanismo para estimular nuevamente la demanda de vivienda VIS y No VIS. Fedelonjas también propuso crear un subsidio anticíclico a la tasa de interés para reducir el costo de financiación, fortalecer el leasing habitacional como alternativa para hogares que tienen capacidad de pago pero no cuentan con una cuota inicial y reglamentar plenamente la Ley 2434 de 2024, cuyo potencial como herramienta de facilitación financiera aún no se ha aprovechado.

El presidente de Fedelonjas, Mario Andrés Ramírez, insistió además en la necesidad de contar con reglas estables para invertir, arrendar y habitar. En ese sentido, el gremio pidió mantener el límite del canon de arrendamiento en el 1 % del valor comercial del inmueble, pero planteó revisar las distorsiones generadas por avalúos catastrales desactualizados. También solicitó que las actualizaciones catastrales estén acompañadas de tarifas previsibles y proporcionales, para evitar incrementos tributarios que puedan desestimular la inversión y presionar al alza los precios de los arriendos.

Otro de los asuntos planteados fue la informalidad en el sector. Fedelonjas propuso unificar en todo el país los requisitos para obtener la matrícula de arrendador, actualmente definidos de manera dispersa por distintas autoridades territoriales, así como estandarizar la información que deben reportar periódicamente las personas naturales y jurídicas dedicadas a esta actividad. El gremio también advirtió que los procesos de reconstrucción tras la emergencia provocada por el sismo registrado en San José del Palmar podrían aumentar la demanda de vivienda en arriendo en las zonas afectadas, por lo que pidió a las alcaldías establecer mecanismos de monitoreo de cánones y precios de materiales, además de herramientas ágiles para resolver conflictos entre arrendadores y arrendatarios.

Durante el Congreso, Fedelonjas expresó igualmente su solidaridad con las familias afectadas por la emergencia y anunció una alianza con la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO) para promover donaciones entre sus afiliados y los asistentes al evento. La agenda del encuentro incluyó además temas relacionados con la formalización de la profesión inmobiliaria, la digitalización del sector, las nuevas tendencias del mercado y los retos del desarrollo urbano de las ciudades colombianas.

El Juzgado Tercero Penal del Circuito de San José del Guaviare admitió una acción de tutela presentada por el ciudadano Roxemhberg Rozo Sánchez para proteger los derechos fundamentales de niños y adolescentes víctimas de reclutamiento forzado en el departamento. Como medida provisional, el despacho ordenó suspender temporalmente los bombardeos contra objetivos militares cuando exista información de inteligencia, una alerta preventiva u otro elemento objetivo que permita advertir razonablemente sobre la posible presencia de menores de edad que puedan resultar afectados en su vida o integridad física.

La medida estará vigente mientras el juzgado adopta una decisión de fondo sobre la tutela. El despacho explicó que su decisión tiene un carácter preventivo, al considerar que no puede descartarse el riesgo de que un niño o adolescente reclutado por un grupo armado resulte muerto o herido durante una operación militar. Para el juez, una eventual afectación de la vida o integridad de un menor constituiría un daño irreversible que no podría ser reparado posteriormente mediante una decisión judicial.

Entre los elementos analizados, el juzgado tuvo en cuenta antecedentes de menores de edad fallecidos durante operaciones militares. En el auto se cita información de Medicina Legal según la cual, desde agosto de 2025, fueron recuperados cuerpos en diferentes operaciones y los análisis forenses determinaron que 15 correspondían a niños o adolescentes. No obstante, el despacho aclaró que la decisión no implica la suspensión total de los bombardeos ni significa que toda operación militar en la que pueda haber menores sea automáticamente ilegal, pues se trata de una medida excepcional, temporal y limitada a las circunstancias establecidas en la orden.

Como parte del trámite, el juez ordenó al Ministerio de Defensa, el Ejército, la Fuerza Aérea y el ICBF que, en un plazo de 48 horas, informen sobre las medidas y protocolos implementados para identificar la posible presencia de menores en las zonas donde se desarrollan operaciones militares. Las entidades también deberán explicar cómo verifican la información de inteligencia sobre niños y adolescentes reclutados, cómo evalúan los riesgos para la población civil antes de las operaciones aéreas y qué mecanismos aplican para garantizar una protección especial a esta población.

Las demás entidades vinculadas tendrán igualmente 48 horas para responder los hechos expuestos en la tutela y aportar las pruebas que consideren necesarias. El proceso continuará con la participación de organismos como la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, personerías municipales, autoridades indígenas y organizaciones campesinas del Guaviare, además de entidades internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y UNICEF. Mientras se analiza toda la información y se adopta una decisión definitiva, la orden de suspender determinados bombardeos se mantendrá como una medida provisional para prevenir posibles afectaciones a niños y adolescentes.