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La Fiscalía General de la Nación solicitó formalmente la imputación de cargos contra la exembajadora de Colombia ante el Reino Unido, Laura Sarabia Torres, por su presunta responsabilidad en la práctica de una prueba de polígrafo a Marelbys Meza, quien se desempeñaba como su niñera.

La solicitud fue presentada por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia ante el Centro de Servicios del Complejo Judicial de Paloquemao. La audiencia de formulación de imputación quedó programada para el próximo lunes 14 de septiembre.

Sarabia será imputada por los delitos de abuso de función pública y constreñimiento ilegal agravado, debido a hechos ocurridos entre el 27 y el 29 de enero de 2023, cuando, según la investigación, Meza habría sido obligada a someterse a la prueba tras la pérdida de una maleta de propiedad de Sarabia que contenía dinero y documentación.

Para ese momento, Sarabia se desempeñaba como jefe de Gabinete de la Presidencia de la República durante el gobierno de Gustavo Petro. La Fiscalía investiga si tuvo responsabilidad como determinadora de las actuaciones que llevaron a la práctica del polígrafo a su entonces empleada.

El caso se originó luego de que Marelbys Meza fuera sometida al procedimiento en medio de las investigaciones internas por la desaparición de la maleta. La eventual imputación marcará una nueva etapa en el proceso judicial contra Sarabia, quien ha manifestado respeto por las autoridades y confianza en las decisiones que adopte la justicia.

La Presidencia de la República impugnó el fallo de tutela que ordenó al presidente Abelardo de la Espriella excusarse por el acto religioso realizado durante su ceremonia de posesión, el pasado 7 de agosto en Cali. La decisión judicial se produjo tras una tutela presentada por Omar Alberto Franco, quien consideró vulnerados sus derechos fundamentales a la libertad de culto y de conciencia.

En la impugnación, la Presidencia sostiene que el principio de neutralidad religiosa y la laicidad del Estado no impiden realizar referencias a la espiritualidad durante actos oficiales. Según el documento, mencionar a Jesucristo no constituye automáticamente una adhesión institucional a una religión ni implica que el Estado colombiano esté privilegiando un credo determinado.

Otro de los argumentos presentados por el Ejecutivo está relacionado con la organización de la ceremonia de posesión, al señalar que se trató de una sesión del Congreso de la República en pleno. La Presidencia aseguró que el juez no demostró que el mandatario hubiera intervenido para modificar el orden del día o incluir actos de carácter religioso, y recordó que el presidente no hace parte de la corporación legislativa ni participa en las decisiones internas relacionadas con su agenda.

El documento también cuestiona que el fallo no haya demostrado que el presidente hubiera ordenado, autorizado o coordinado la instalación de una imagen de la Virgen de Fátima en el recinto donde se desarrolló la ceremonia. Para la Presidencia, no existen elementos que permitan atribuir directamente al mandatario la responsabilidad sobre la presencia de símbolos religiosos durante el acto.

La impugnación también responde a los argumentos del fallo relacionados con las expresiones utilizadas por De la Espriella durante su discurso, entre ellas el agradecimiento a Jesucristo y la frase “¡Que viva Cristo Rey!”. Según la Presidencia, la intervención tuvo un carácter político y protocolario y el juez confundió una referencia personal a la espiritualidad con una declaración institucional de adhesión a una religión. Por ello, solicitó revisar la decisión judicial y reiteró que la neutralidad del Estado debe diferenciar las referencias religiosas de una eventual promoción o privilegio oficial de un credo.

A partir de este martes entró en vigencia la Resolución 101 120 de 2026 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), una medida que busca incentivar el ahorro de energía y aplicar cobros adicionales a quienes incrementen considerablemente su consumo. La decisión responde al crecimiento de la demanda eléctrica nacional, que en julio registró un aumento anual cercano al 6,5 %.

El esquema funcionará tomando como referencia el consumo histórico de cada usuario durante los últimos 12 meses. De acuerdo con Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras de Energía (Andeg), los usuarios que logren reducir su consumo en más de un 10 % frente a su promedio podrán recibir un reconocimiento económico por los kilovatios ahorrados. Por el contrario, quienes superen en más de un 10 % su consumo habitual deberán pagar un mayor valor por cada kilovatio adicional.

Por ejemplo, si un hogar registra un consumo promedio de 200 kilovatios, el sistema establecerá los márgenes de ahorro y de mayor consumo a partir de ese historial. Según lo explicado por Castañeda, los usuarios que excedan el límite establecido podrían pagar entre un 10 % y un 20 % adicional por cada kilovatio consumido por encima de ese rango. El dirigente gremial destacó que el mecanismo busca que cada usuario sea comparado con su propio comportamiento de consumo y no con un promedio nacional.

La aplicación de la medida tendrá inicialmente un periodo de transición. Septiembre funcionará como un mes de prueba y los resultados del consumo durante este periodo no se reflejarán en la factura de octubre. Los beneficios o penalizaciones comenzarán a medirse en octubre y se verán reflejados formalmente en la facturación que recibirán los usuarios en noviembre.

La regulación está dirigida al mercado regulado, que incluye hogares de los estratos 1 al 6, pequeños comercios y pequeñas industrias. Están excluidos los grandes consumidores industriales, así como hospitales, colegios y otras instituciones de carácter social. También estarán exentos los municipios afectados por el terremoto. Finalmente, desde Andeg recomendaron adoptar medidas cotidianas para reducir el consumo, como apagar las luces en espacios desocupados, desconectar equipos que permanezcan conectados sin estar en uso y utilizar los electrodomésticos de manera eficiente.

Colombia tendría una ventana de apenas tres años para tomar decisiones que permitan evitar una pérdida de su autonomía energética, advirtió la presidenta de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas), Luz Stella Murgas, durante la presentación del estudio Futuro de los hidrocarburos en Colombia: una mirada cuantitativa. El informe, elaborado por el Centro Regional de Estudios de Energía (CREE) y RGL Consultor EU, señala que las reservas probadas actuales alcanzan para 7,4 años de petróleo y 5,9 años de gas.

De acuerdo con Murgas, el punto crítico estaría entre 2029 y 2032, debido a que las reservas actuales llegarían a su límite hacia 2035. Bajo los escenarios analizados, Colombia podría verse obligada a importar cerca del 65 % del gas en 2035 y más del 90 % del petróleo hacia 2045, situación que, según la dirigente gremial, afectaría la competitividad del país y pondría presión sobre las metas establecidas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

El estudio también evidencia una reducción significativa de la actividad de hidrocarburos durante la última década. Desde 2015, la producción de petróleo ha disminuido 27,3 %, mientras que la de gas cayó 31,8 % y el número de pozos exploratorios se redujo 65,6 %. A esto se suma que desde agosto de 2022 no se ha firmado un nuevo contrato de exploración y producción, mientras que los bloqueos a las operaciones petroleras alcanzaron en 2024 su nivel más alto en una década, con 1.942 casos.

El presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP), Frank Pearl, advirtió además sobre el impacto que tendría esta situación en las finanzas públicas. Según el estudio, entre 2025 y 2050 el aporte fiscal del sector, que incluye regalías, impuesto de renta y dividendos de Ecopetrol, podría alcanzar hasta $695 billones en un escenario de mayor producción, frente a $162 billones si no se logra reactivar la exploración. La diferencia entre ambos escenarios sería de $533 billones.

Ante este panorama, los gremios del sector plantearon la necesidad de adoptar medidas que permitan reactivar la exploración, la producción y la actividad sísmica en el país. Según Pearl, estos recursos no solo contribuirían a recuperar la soberanía y la seguridad energética, sino que también podrían generar ingresos para financiar la transición hacia nuevas tecnologías y diferentes políticas sociales, en un contexto en el que Colombia enfrenta el desafío de garantizar el abastecimiento energético a largo plazo.

La Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) reportó pérdidas por $75.327 millones para el sector ganadero colombiano durante los últimos 86 días, como consecuencia de los efectos del fenómeno de El Niño, las altas temperaturas, las inundaciones y los incendios registrados en diferentes regiones del país.

Según José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de Fedegán, las afectaciones se han presentado en 19 departamentos, lo que representa cerca del 60 % del territorio nacional. Entre las regiones impactadas se encuentran Atlántico, Magdalena, Bolívar, Cesar, La Guajira, Tolima, Huila, Sucre, Meta, Boyacá, Santander, Norte de Santander, Caquetá, Arauca, Casanare, Caldas, Cauca, Valle del Cauca y Nariño.

Del total de las pérdidas reportadas, $70.833 millones corresponden a las afectaciones relacionadas con el fenómeno de El Niño, incluyendo la muerte de bovinos, la reducción en la producción de carne, leche y derivados lácteos, así como los costos generados por el desplazamiento de animales. Por su parte, los incendios han ocasionado pérdidas por $4.494 millones debido a la muerte de animales, la pérdida de producción y los costos adicionales para atender los animales en riesgo.

Entre los departamentos más afectados por los incendios se encuentra Tolima, donde 47 municipios han registrado más de 27.500 hectáreas afectadas y más de 183.000 animales en alto riesgo. Norte de Santander también presenta importantes impactos por las emergencias. En cuanto a los efectos del fenómeno de El Niño, Magdalena, Sucre y La Guajira figuran entre los territorios con mayores afectaciones, con miles de bovinos muertos y cientos de miles de hectáreas impactadas.

Ante este panorama, Fedegán reiteró su llamado al Gobierno Nacional para implementar una política permanente de gestión del riesgo y prevención que permita proteger la actividad ganadera y el patrimonio de miles de familias productoras. El gremio insistió en la necesidad de adoptar medidas que ayuden a mitigar las pérdidas, proteger el hato bovino y garantizar la producción de alimentos en las diferentes regiones del país.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) pondrá en marcha desde el 1 de septiembre de 2026 un programa transitorio de ahorro de energía dirigido a hogares y pequeños comercios. La estrategia, que tendrá inicialmente una duración de seis meses, busca incentivar la reducción del consumo eléctrico ante los riesgos asociados con la posible llegada de un fenómeno de El Niño de fuerte intensidad.

La medida establece metas individuales de consumo para cada usuario, calculadas con base en el historial de los últimos 12 meses. Quienes logren reducir su consumo en más de un 10 % podrán recibir un beneficio económico reflejado como saldo a favor en su factura, mientras que quienes superen su meta en más de un 10 % deberán asumir un cobro adicional únicamente por los kilovatios hora excedentes.

La CREG aclaró que la primera factura emitida tras la entrada en vigencia del programa tendrá un carácter pedagógico. Durante este primer ciclo no se aplicarán cobros adicionales por superar las metas de consumo, aunque los ahorros registrados por los usuarios sí serán tenidos en cuenta dentro de la estrategia.

La entidad explicó que el programa fue adoptado ante los pronósticos que advierten una alta probabilidad de que el fenómeno de El Niño alcance una fuerte intensidad entre octubre y diciembre de 2026. Esta situación podría afectar los aportes hídricos a los embalses, en momentos en que la demanda de energía en Colombia se encuentra en niveles elevados.

La CREG precisó que la estrategia no implica un cambio en la tarifa de energía y que los recursos obtenidos por los cobros adicionales serán redistribuidos entre los usuarios que logren ahorrar. Hospitales, instituciones educativas, organismos de emergencia, personas que dependan de equipos eléctricos por razones médicas y algunos otros usuarios estarán exentos de la medida, cuyo seguimiento estará a cargo de XM y de las autoridades del sector energético.

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, aseguró que su Gobierno logró avances para destrabar el Acuerdo de Asociación Económica entre Colombia y Japón, cuyas negociaciones permanecían estancadas desde hace cerca de 15 años. La administración busca impulsar la apertura de nuevos mercados, facilitar la llegada de tecnología y generar oportunidades para sectores como el campo y la industria nacional.

En el marco de esta estrategia, el Gobierno también busca atraer nuevamente a Mazda al país, con el propósito de que la compañía evalúe la posibilidad de volver a ensamblar vehículos en Colombia, luego del cierre de su planta en 2014. Asimismo, se pretende que Toyota considere al país como un destino para proyectos relacionados con la producción y movilidad de vehículos eléctricos.

El ministro de Comercio, Gómez Amín, sostuvo reuniones en Japón con representantes de importantes compañías, entre ellas Toshiba, Toyota y Mazda, para explorar posibles inversiones en áreas como manufactura, movilidad eléctrica, energía, infraestructura digital, innovación y desarrollo tecnológico. Estos acercamientos hacen parte de la estrategia del Gobierno para fortalecer las relaciones económicas entre ambos países.

Durante su visita a Tokio, el ministro también se reunió con el ministro japonés de Exteriores, Toshimitsu Motegi. En el encuentro, ambos funcionarios acordaron impartir instrucciones a sus respectivos equipos para buscar la reactivación de las negociaciones del Acuerdo de Asociación Económica, con el objetivo de ampliar las oportunidades para la agroindustria, la inversión y la transferencia de tecnología.

El Gobierno considera que la reactivación de las conversaciones representa un paso importante para fortalecer la presencia de Colombia en los mercados internacionales. La administración de De La Espriella señaló que, mientras el país atiende la emergencia y avanza en los procesos de reconstrucción, también busca mantener activa la economía y generar nuevas oportunidades de inversión y crecimiento.

Durante su alocución presidencial de este domingo 30 de agosto, el presidente Abelardo De La Espriella anunció la creación inmediata de un bloque nacional de búsqueda contra la extorsión, una estrategia que concentrará las capacidades de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para combatir a las estructuras criminales dedicadas a este delito.

Según explicó el mandatario, el nuevo bloque contará con la participación del Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Armada de Colombia y la Fuerza Aérea, además de la articulación con la Fiscalía y la Judicatura. La estrategia combinará labores de inteligencia, investigación y capacidad operacional para identificar, ubicar y llevar ante la justicia a los responsables de las extorsiones.

La operación estará dirigida contra las organizaciones que extorsionan a diferentes sectores de la población, entre ellos comerciantes, empresarios, transportadores, campesinos y familias colombianas. “La instrucción es una sola: inteligencia, investigación y capacidad operacional, trabajando coordinadamente para identificar, ubicar, capturar y llevar ante la justicia a las estructuras que viven de extorsionar”, manifestó el jefe de Estado.

De La Espriella aseguró que la creación de este bloque hace parte de su política de seguridad y de su propósito de recuperar la autoridad del Estado en todo el territorio nacional. El mandatario también lanzó una advertencia directa contra quienes se dedican a este delito y afirmó que las autoridades buscarán a los responsables sin importar el lugar donde se encuentren.

“Se acabó eso de convertir el miedo de los colombianos en el negocio de los criminales”, señaló el presidente, quien reiteró su respaldo a la Fuerza Pública y aseguró que su Gobierno trabajará para recuperar la seguridad y la autoridad del Estado en cada rincón del país.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que nueve de los diez cuerpos recibidos tras la Operación Amón contra las disidencias de las Farc en Guaviare, ya fueron plenamente identificados. Un cuerpo continúa en proceso de abordaje forense debido a las condiciones en las que fue recibido.

De acuerdo con el comunicado divulgado por la entidad, entre los nueve cuerpos identificados se encuentran cuatro mujeres y cinco hombres. Medicina Legal también confirmó que tres de las personas identificadas eran menores de edad.

Los cuerpos fueron trasladados al Instituto Nacional de Medicina Legal para adelantar los respectivos procedimientos de identificación y análisis forense, luego de los hechos registrados durante la operación militar desarrollada en el departamento del Guaviare.

La entidad precisó que entre los nueve cuerpos plenamente identificados no se encuentra el de Juan Antonio Agudelo Salazar, conocido con el alias de ‘Urías Perdomo’, señalado como integrante de las disidencias de las Farc. Sin embargo, aclaró que aún permanece un cuerpo en proceso de análisis forense.

En el comunicado, firmado por el director general del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Ariel Emilio Cortés Martínez, la entidad aseguró que continuará con las labores técnicas necesarias para avanzar en la identificación pendiente y reiteró su compromiso con la independencia técnica, la transparencia y el adecuado desarrollo de sus funciones dentro de la administración de justicia.

Un nuevo ataque con explosivos contra una base militar de la Brigada 29 del Ejército Nacional, en zona rural del municipio de El Patía, al sur del Cauca, dejó un militar y tres civiles heridos. La acción estaba dirigida contra el Batallón de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento Número 29, ubicado en el corregimiento de El Estrecho.

De acuerdo con información preliminar, presuntos integrantes de la estructura Carlos Patiño, perteneciente a las disidencias de las Farc, habrían lanzado al menos siete artefactos explosivos improvisados tipo cilindro desde un vehículo acondicionado con rampas. Además, durante el ataque se registraron hostigamientos con ráfagas de fusil y el uso de drones, según reportó la Policía Nacional.

El militar herido no reviste gravedad y permanece fuera de peligro mientras recibe atención médica en el dispensario. Entre tanto, los tres civiles lesionados fueron trasladados al centro asistencial de nivel uno de El Bordo, según confirmó el alcalde de El Patía, Jhon Jairo Fuentes.

Aunque las instalaciones militares no registraron afectaciones, las detonaciones y los disparos generaron temor y zozobra entre los habitantes de la zona. Como medida preventiva, la vía Panamericana fue cerrada temporalmente mientras las autoridades retomaban el control de la situación y restablecían las condiciones de seguridad.

Las autoridades señalaron que las disidencias de las Farc mantienen una amplia injerencia delictiva en esta zona del Cauca y han sido señaladas de otros ataques contra la Fuerza Pública. Tras esta nueva acción, las tropas reforzaron las operaciones ofensivas en el territorio con el objetivo de contrarrestar a los grupos armados ilegales y garantizar la protección de la población civil.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, confirmó una noticia positiva frente a la emergencia por incendios forestales en el Tolima: de acuerdo con el más reciente reporte de la Dirección Nacional de Bomberos, el 84 % de las conflagraciones registradas en el departamento han sido controladas.

Según explicó el funcionario, las autoridades han atendido 43 puntos afectados en 11 municipios. Del total de emergencias, 20 incendios fueron controlados y 16 liquidados en su totalidad, especialmente en zonas de los municipios de San Luis, Coyaima y Ambalema.

Sin embargo, siete incendios forestales continúan activos en diferentes sectores del departamento. Las emergencias se concentran en Suárez, en el sector de Aguas Blancas; Carmen de Apicalá, en Cerro Las Mercedes, Cuatro Esquinas y Hacienda La Sultana; Rovira, en La Reforma; y Cunday, en los sectores de Páramo y Camelia.

Ante esta situación, las autoridades mantienen concentrada la mayor capacidad operativa terrestre y aérea en las zonas donde persisten las conflagraciones, con el propósito de avanzar en su control y evitar que el fuego se extienda hacia otras áreas.

El ministro Lara también informó que, aunque los incendios registrados en San Luis ya fueron controlados, las autoridades continúan realizando labores de guarda ceniza para prevenir una posible reactivación. En Rovira, por su parte, se mantiene el monitoreo de la emergencia, aunque actualmente ya no existe riesgo de afectaciones para las viviendas del sector.

Un sismo de magnitud 4,3 se registró en la noche del pasado sábado en el Cauca, de acuerdo con el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC). El movimiento telúrico ocurrió a las 11:37 p. m., hora local, y tuvo una profundidad de 12 kilómetros, por lo que fue clasificado como superficial. El epicentro fue localizado en jurisdicción de Totoró, en el área de influencia del volcán Puracé.

Según el SGC, el epicentro se ubicó a 14 kilómetros del municipio de Totoró, en las coordenadas 2,42 grados de latitud y -76,32 grados de longitud. La entidad señaló que la zona presenta actividad sísmica asociada al sistema volcánico, mientras que la distancia al epicentro y las características geológicas de cada territorio determinan la manera en que estos movimientos pueden ser percibidos por la población.

El sismo ocurrió después de un incremento en la actividad sísmica registrado durante la tarde. En un boletín extraordinario publicado a las 8:00 p. m., el SGC informó que desde las 4:20 p. m. había detectado un aumento de eventos relacionados con el fracturamiento de roca, conocido como sismicidad volcano-tectónica (VT). Hasta ese momento se habían registrado 58 movimientos, ubicados principalmente a unos 11 kilómetros al nororiente del volcán Puracé y a una profundidad aproximada de nueve kilómetros.

Entre los eventos registrados antes del sismo de magnitud 4,3 se destacó uno ocurrido a las 6:18 p. m., que alcanzó una magnitud de 4,1. Este movimiento tuvo una profundidad de 9,4 kilómetros y fue localizado en el sector del valle de San Rafael, aproximadamente a 11,1 kilómetros al nororiente del volcán Puracé. El SGC explicó que este tipo de sismicidad está relacionada con procesos de fracturamiento de las rocas en el entorno del sistema volcánico.

Además del sismo de magnitud 4,1, el Servicio Geológico Colombiano reportó otros movimientos de magnitudes 3,9, 3,1 y 2,8. Algunos fueron reportados como sentidos por habitantes de Puracé, Totoró y Popayán. La entidad mantiene el seguimiento de la actividad sísmica en el área de influencia del volcán Puracé y continúa informando sobre la evolución de estos fenómenos.

El presidente Abelardo De La Espriella anunció un paquete de medidas orientadas a reducir los costos que enfrentan los conductores colombianos. Entre las principales propuestas está una iniciativa que será presentada al Congreso para reducir hasta en un 50 % el valor actual de las multas de tránsito. “Una infracción debe tener una sanción proporcional; no puede convertirse en una condena económica para una familia colombiana”, afirmó el mandatario.

De La Espriella también cuestionó los requisitos para el funcionamiento de los Centros Integrales de Atención (CIA), donde los infractores realizan cursos que les permiten acceder a descuentos en las multas. El presidente calificó de “absurdo” el requisito de contar con una denominada “casa cárcel” para habilitar estos establecimientos y anunció que buscará reducir en un 25 % el costo de los cursos, además de permitir que las autoridades de tránsito puedan dictarlos directamente.

El mandatario planteó además revisar el costo de las licencias de conducción, eliminar trámites que considere innecesarios y ampliar su vigencia hasta ocho o diez años. También anunció controles más estrictos para la autorización de nuevas fotomultas y parámetros claros para la calibración de los equipos. “Para mí primero están la vida y la seguridad vial, jamás el afán de recaudo”, sostuvo. A esto se suma una revisión integral del RUNT y el SIMIT para detectar posibles duplicidades y reducir sus tarifas.

Otro de los puntos será el análisis del costo y la periodicidad de la revisión técnico-mecánica, incluida la reciente reducción de seis a cinco años en el plazo para los vehículos nuevos. “No voy a permitir que el Estado se convierta en una máquina de cobrar, multar y exprimir al ciudadano”, afirmó De La Espriella. La ministra de Transporte, Elsa Noguera, aseguró que su cartera ya trabaja en la implementación de las directrices y advirtió que un ciudadano puede terminar pagando más de un salario mínimo entre multas, intereses, patios y grúas, e incluso perder su vehículo por no poder asumir esos cobros.

Noguera explicó que el Ministerio de Transporte prepara un borrador de reforma integral al Código de Tránsito, que incluirá cambios en el valor de las multas, los cobros del RUNT y el SIMIT, los costos de los cursos, la vigencia de las licencias y la periodicidad de la revisión técnico-mecánica. Además, anunció que mediante una resolución se endurecerán los requisitos para autorizar cámaras de fotodetección, como parte de las medidas anunciadas por el Gobierno para reducir la carga económica sobre los conductores y fortalecer la seguridad vial.

Colombia comenzó a fortalecer la preparación de su sistema de salud ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño 2026-2027, que podría generar altas temperaturas, reducción de las lluvias, escasez de agua y un aumento de eventos que representen riesgos para la población. El Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud emitieron la Circular Externa Conjunta 023 de 2026, con directrices dirigidas a entidades territoriales, aseguradoras, instituciones prestadoras de servicios de salud y demás actores del sistema.

Las medidas buscan anticiparse a situaciones que podrían presentarse durante el segundo semestre de 2026 y a lo largo de 2027, entre ellas olas de calor, incendios forestales, deterioro de la calidad del aire y dificultades relacionadas con el abastecimiento y la calidad del agua. Para ello, las autoridades ordenaron fortalecer los planes territoriales de contingencia y la vigilancia epidemiológica de eventos asociados a las condiciones climáticas.

Las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) deberán mantener actualizados sus planes hospitalarios de emergencia y reportar diariamente su capacidad de respuesta, además de informar sobre situaciones que puedan afectar la continuidad de la atención. También deberán garantizar, de acuerdo con sus capacidades y responsabilidades, la disponibilidad de personal, medicamentos, insumos, agua potable y sistemas de respaldo para atender eventuales emergencias. El Ministerio pidió, además, reforzar la vigilancia de la calidad del agua y coordinar acciones para garantizar un abastecimiento seguro en las zonas de mayor riesgo.

Las autoridades advirtieron que las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño pueden afectar especialmente a niños y niñas, adultos mayores, mujeres gestantes, personas con discapacidad y pacientes con enfermedades crónicas. También existe preocupación por los incendios forestales y el deterioro de la calidad del aire, por lo que se recomendó reducir la exposición al humo, especialmente en personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares. La estrategia contempla igualmente mantener los programas de vacunación y reforzar la prevención de enfermedades transmisibles.

El Ministerio de Salud hizo un llamado a la ciudadanía para adoptar medidas preventivas desde ahora, como mantenerse hidratada, consumir agua segura, evitar la exposición prolongada al sol y utilizar protector solar. Se recomienda evitar permanecer bajo el sol entre las 10:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde, cuando la radiación suele ser mayor, además de almacenar correctamente el agua y los alimentos y eliminar recipientes que puedan acumular agua y convertirse en criaderos de mosquitos. Ante síntomas como confusión, mareo, debilidad, piel caliente y seca o una temperatura corporal superior a 39 grados, las autoridades aconsejan acudir oportunamente a los servicios de salud, especialmente si se trata de personas pertenecientes a grupos vulnerables.

La Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) anunció que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó la importación de 300.000 toneladas de carne durante un periodo de 90 días. El gremio señaló que esta decisión representa una oportunidad para Colombia, mientras el Gobierno Nacional adelanta negociaciones con el país norteamericano para facilitar el ingreso de carne bovina colombiana a ese mercado.

De acuerdo con Fedegán, Colombia y Estados Unidos negocian un Acuerdo de Comercio Recíproco que podría abrir nuevas posibilidades para el sector ganadero nacional. José Félix Lafaurie, presidente ejecutivo del gremio, aseguró que, después de 14 años de vigencia del Tratado de Libre Comercio entre ambos países, las condiciones actuales son especialmente favorables para Colombia. “Estados Unidos necesita carne, Colombia puede producirla y estamos negociando con ellos”, afirmó.

Lafaurie destacó que Estados Unidos, uno de los principales consumidores de carne bovina, atraviesa una escasez de ganado que calificó como sin precedentes en su historia reciente. Según las cifras citadas por Fedegán, el inventario bovino del país cayó a 86,2 millones de cabezas, el nivel más bajo registrado en 75 años, situación que estaría generando una mayor necesidad de abastecimiento en ese mercado.

Ante este escenario, el presidente ejecutivo de Fedegán consideró necesario establecer con rapidez una hoja de ruta que permita a Colombia aprovechar la oportunidad comercial. “No pretendemos preferencias ni desconocer exigencias sanitarias, solo que reconozcan el acceso a los subproductos cárnicos originarios de Colombia”, sostuvo Lafaurie, quien insistió en la necesidad de avanzar en las condiciones requeridas para el acceso al mercado estadounidense.

Finalmente, Fedegán invitó a los ministerios de Comercio y Agricultura, así como a la Cancillería, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), a trabajar conjuntamente con el gremio para revisar los aspectos pendientes relacionados con la admisibilidad sanitaria de la carne colombiana en Estados Unidos.

El Gobierno Nacional anunció que los precios de referencia de la gasolina corriente y el ACPM se mantendrán sin aumentos durante septiembre de 2026. La medida comenzó a aplicarse desde el 29 de agosto y fue adoptada de manera conjunta por los ministerios de Hacienda y de Minas y Energía.

Según las autoridades, la decisión busca atender la situación de las familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto y evitar que un incremento en los combustibles termine elevando los costos de transporte de alimentos, medicamentos y otros productos de primera necesidad. También se pretende facilitar el traslado de equipos de socorro y ayuda humanitaria hacia las zonas afectadas por la emergencia.

“Detrás de esta decisión está el propósito de apoyar, especialmente, a las familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto”, afirmó la ministra de Minas y Energía, María Nohemi Arboleda. La funcionaria señaló que mantener estables los precios de la gasolina y el ACPM permitirá evitar que los costos de transporte de alimentos, medicinas y ayuda humanitaria recaigan sobre las personas afectadas y aseguró que el Gobierno realizará seguimiento para garantizar el cumplimiento de la medida.

El Gobierno estima que mantener estables los precios de los combustibles representará un ahorro de aproximadamente $152.600 millones para la Nación al cierre de 2026, siempre que se mantengan las actuales condiciones del mercado. Los precios de venta al público (PVP) de referencia definidos con la CREG permanecerán sin modificaciones durante septiembre en todo el país.

Sin embargo, las autoridades aclararon que se trata de precios de referencia, por lo que el valor final que pagan los consumidores puede variar entre estaciones de servicio, dependiendo de los costos de distribución y de los impuestos establecidos en cada municipio. Además, el Gobierno anunció controles para verificar que las estaciones de servicio cumplan con los precios establecidos durante la vigencia de la medida.

Tras un Consejo de Ministros de más de siete horas realizado en Barranquilla, el presidente Abelardo de la Espriella anunció una revisión integral de la contratación pública y de la estructura del Estado, con el objetivo de identificar posibles concentraciones de contratos, sobrecostos, intermediaciones y prácticas que puedan limitar la competencia.

El mandatario aseguró que impartió instrucciones a ministros, directores de departamentos administrativos y responsables de entidades estatales para revisar, “ministerio por ministerio, entidad por entidad y empresa por empresa”, la manera en que se adjudican y ejecutan los recursos públicos. Entre las medidas está la creación de un mapa de concentración contractual que permitirá establecer quiénes han contratado de manera recurrente con el Estado, cuánto dinero han recibido, bajo qué modalidades fueron seleccionados y cuáles han sido los resultados.

De la Espriella puso especial atención en los contratos de prestación de servicios, abogados externos, firmas jurídicas, interventorías, consultorías, auditorías, supervisiones y contratos de eventos, producción y logística, conocidos como BTL. “Hay que romper la rosca”, afirmó el presidente, quien aseguró que no habrá privilegios para contratistas, organizaciones o grupos y que las contrataciones deberán responder a criterios de necesidad, idoneidad, precios, resultados y cumplimiento de la ley.

La revisión también incluirá contratos con universidades públicas, convenios interadministrativos y negocios fiduciarios encargados de administrar recursos estatales. En el caso de los abogados externos, liquidadores y asesores, el Gobierno planteó implementar mecanismos de selección públicos y abiertos cuando jurídicamente sea posible, con el propósito de evitar que determinados negocios permanezcan durante años en manos de las mismas personas o firmas. “No habrá contratistas eternos del Estado”, advirtió De la Espriella.

La reforma no se limitará a la contratación. El Gobierno también evaluará la estructura de las entidades nacionales para detectar duplicidad de funciones, burocracia, programas que se traslapan y organismos que ejercen competencias similares. El presidente sostuvo que podrían plantearse fusiones o supresiones de entidades y dependencias, además de la simplificación de trámites, la creación de ventanillas únicas y la reducción de gastos de funcionamiento. “No necesitamos un Estado más grande, necesitamos un Estado que funcione mejor”, concluyó.

Las barreras para acceder a medicamentos, tecnologías y servicios de salud continúan afectando a los pacientes con enfermedades raras y huérfanas en Colombia, quienes enfrentan dificultades que pueden comprometer la continuidad de sus tratamientos. Las organizaciones de pacientes advierten que la interrupción de la atención puede provocar daños irreversibles y consecuencias que, en algunos casos, podrían prevenirse. Ante este panorama, la Federación Colombiana de Enfermedades Raras presentó al Gobierno una hoja de ruta con cinco prioridades para mejorar la atención de esta población.

El documento, entregado a la ministra de Salud, Ana María Vesga, propone como primer eje fortalecer la detección temprana y el diagnóstico oportuno, con especial énfasis en la implementación de la Ley de Tamizaje Neonatal. Según la Federación, identificar estas enfermedades desde los primeros momentos de vida permitiría iniciar los tratamientos de manera más rápida y reducir la progresión de algunas condiciones. La segunda prioridad es ampliar el acceso a tratamientos innovadores, incluidos medicamentos, tecnologías y servicios complementarios requeridos por los pacientes.

El tercer punto plantea desarrollar mecanismos innovadores de financiación y acceso, teniendo en cuenta las dificultades que presentan los esquemas tradicionales para garantizar la atención de enfermedades de alta complejidad. A esto se suma la necesidad de fortalecer los procesos regulatorios, debido a que los tiempos de aprobación de algunos medicamentos pueden ser prolongados y, en el caso de las enfermedades raras, estas demoras pueden tener consecuencias especialmente graves.

El quinto eje busca reducir las barreras de acceso y avanzar hacia una atención integral y oportuna, con una participación más activa de las organizaciones de pacientes en las decisiones y en el seguimiento de las medidas adoptadas por el Gobierno. Diego Gil, presidente de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras, señaló que ya se han adelantado conversaciones con el Ministerio de Salud, la Cuenta de Alto Costo y otras entidades para construir un plan de choque que no solo incluya a quienes tienen enfermedades raras, sino también a pacientes con enfermedades crónicas complejas y de alto costo.

Las discusiones se desarrollan en el marco del Congreso RARAMED Colombia, encuentro anual dedicado a las enfermedades raras y los medicamentos huérfanos, que reúne durante dos días a autoridades sanitarias, prestadores, aseguradoras, organizaciones de pacientes e instituciones relacionadas con la atención de esta población. El propósito es analizar las dificultades que persisten en el sistema, visibilizar las necesidades de los pacientes y formular propuestas que permitan avanzar hacia una atención más oportuna, integral y con mayor participación de quienes viven con estas enfermedades.

Con velas, oraciones y cánticos, cientos de colombianos se reunieron este viernes en la Plaza de Bolívar de Bogotá para rendir homenaje a las 331 personas que murieron en el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto. El sismo, que sacudió principalmente el centro y suroeste del país, también dejó 4.449 heridos y al menos 406.963 damnificados.

El acto, denominado ‘Oración por Colombia y gran velatón por las víctimas y familias afectadas en el terremoto’, contó con la presencia del presidente Abelardo De La Espriella y la primera dama, Ana Lucía Pineda. Durante la jornada, Pineda agradeció a los donantes internacionales que han enviado alrededor de 640 toneladas de ayuda humanitaria, así como a los colombianos que han contribuido con cerca de 2.640 toneladas de ayudas recolectadas desde Bogotá.

“Gracias a cada donante, a los voluntarios, a las empresas, a las organizaciones y a todas las personas que tendieron su mano e hicieron posible llegar a los territorios afectados con gestos de amor, ayudas humanitarias y acompañamiento psicológico”, manifestó la primera dama. El evento se extendió durante cerca de tres horas y tuvo como eje central las actividades religiosas.

A diferencia de la ceremonia de posesión del mandatario, realizada el pasado 7 de agosto, en esta ocasión las intervenciones estuvieron a cargo exclusivamente de representantes de iglesias cristianas y del catolicismo. El encuentro también se convirtió en el primer acto público y ecuménico del presidente desde su investidura; sin embargo, De La Espriella no pudo dirigirse a los asistentes debido a la lluvia, que obligó a finalizar la jornada antes de lo previsto.

De acuerdo con el más reciente balance de las autoridades, el terremoto tuvo su epicentro en el municipio de San José del Palmar, Chocó, y afectó a 16 departamentos y 494 municipios. La emergencia dejó además 187.839 viviendas dañadas y otras 33.395 destruidas, golpeando especialmente a comunidades de Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y otros territorios del centro y suroeste del país, donde miles de familias continúan a la espera de asistencia y de la reconstrucción de sus hogares.

El presidente Abelardo De La Espriella comenzó a desmontar formalmente varios de los procesos de diálogo heredados del Gobierno de Gustavo Petro y creados en el marco de la política de paz total. A través de varias resoluciones expedidas el 28 de agosto, el Ejecutivo puso fin a dos mesas de diálogos de paz con disidencias de las Farc y a un espacio de conversación sociojurídico con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN).

El primero de los procesos cerrados corresponde a la mesa que se adelantaba con el Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio, comandante Gentil Duarte; comandante Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes, estructuras que actualmente están bajo el mando de Alexander Díaz, alias ‘Calarcá’. Mediante la Resolución 343, el Gobierno ordenó terminar las conversaciones argumentando una “ausencia de voluntad de paz” y dejó sin efecto la resolución de 2023 que había autorizado la instalación de esta mesa.

El Gobierno también dio por terminado el proceso con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB). La Resolución 346 determinó el cierre de la mesa al considerar que se había perdido la voluntad de paz y que no existían elementos suficientes para continuar acreditando una intención de reincorporación a la vida civil. El proceso tenía su origen en las conversaciones con la Segunda Marquetalia, aunque posteriormente estructuras como la Coordinadora Guerrillera del Pacífico y los Comandos de Frontera adoptaron la denominación CNEB.

En paralelo, el Ejecutivo decidió finalizar el Espacio de Conversación Sociojurídico con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), conocidas también como Los Pachenca. Este mecanismo había sido creado para verificar la voluntad de la organización de avanzar hacia el sometimiento a la justicia y contribuir a la construcción de paz en los territorios. Según el Gobierno, las conversaciones se debilitaron y no fue posible evidenciar una voluntad real de paz y sometimiento a la justicia. Además, mediante la Resolución 348 se revocó el reconocimiento como miembros representantes a nueve integrantes de la organización y se solicitó reactivar las órdenes de captura.

Finalmente, el Gobierno revocó otros reconocimientos que permitían a algunos cabecillas participar en los procesos de paz. Entre los afectados se encuentran Willington Henao Gutiérrez, alias ‘Mocho Olmedo’, y Geovanny Andrés Rojas, alias ‘Araña’, cuyas extradiciones a Estados Unidos fueron ordenadas por el presidente esta misma semana. Con estas decisiones, la administración De La Espriella avanza en el cierre de varios de los mecanismos de negociación que hicieron parte de la política de paz total del anterior Gobierno.