Categoría: Nacional

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, anunció que el Gobierno llevará a consideración del gabinete una propuesta para recortar el gasto público en $21,9 billones durante 2026, como parte de las medidas encaminadas a ajustar las finanzas del Estado. La iniciativa será presentada este sábado 29 de agosto y deberá ser discutida antes de adoptar las decisiones correspondientes.

“Se presenta a consideración del gabinete un recorte del gasto público de $21,9 billones de pesos. Haremos eso mañana”, afirmó el jefe de la cartera de Hacienda, al explicar los alcances de la propuesta y la necesidad de avanzar en un ajuste del gasto estatal.

De acuerdo con el ministro, el recorte equivaldría aproximadamente al 1,1 % del Producto Interno Bruto (PIB). Gómez insistió en que el principal esfuerzo fiscal debe concentrarse en reducir el gasto público. “Es una señal importante que no se pierda de vista que el esfuerzo que hay que hacer es reducir el gasto”, señaló.

El Ministerio de Hacienda también indicó que el Gobierno mantiene su compromiso de atender los efectos inmediatos de la emergencia, aunque advirtió que las labores de reconstrucción demandarán un esfuerzo adicional y transitorio de recursos. En ese contexto, el Ejecutivo busca equilibrar la atención de las necesidades más urgentes con las medidas necesarias para fortalecer las finanzas públicas.

Por otra parte, Gómez cuestionó el proyecto de presupuesto nacional presentado durante el Gobierno de Gustavo Petro. Según el Ministerio de Hacienda, esa propuesta dejaba sin financiación suficiente compromisos relacionados con las pensiones, el aseguramiento en salud y las universidades, además de no contemplar el gasto correspondiente al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).

El Ministerio de Transporte anunció el aplazamiento de la entrada en operación de los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE), que estaban previstos para participar en el proceso de evaluación de los aspirantes a obtener o recategorizar la licencia de conducción en Colombia. La decisión busca evitar que la implementación del nuevo esquema genere un aumento significativo en los costos para los usuarios.

Según informó la cartera mediante la Circular 0317 del 28 de agosto de 2026, la entrada en funcionamiento de los CALE será suspendida mientras se realiza una revisión detallada de la estructura del modelo y de los cobros que tendrían que asumir los ciudadanos. Actualmente, el trámite completo de la licencia tiene un costo aproximado de $1,4 millones, pero con el nuevo sistema podría llegar a unos $2,2 millones, es decir, hasta $800.000 adicionales.

Los CALE fueron establecidos en el marco de la Ley 2251 de 2022 con el propósito de evaluar de manera independiente a las escuelas de conducción las capacidades teóricas y prácticas de quienes aspiran a obtener una licencia. Mientras las escuelas se encargan de la formación, estos centros tendrían a su cargo la evaluación final de los conductores.

El Ministerio también revisará la capacidad de los centros registrados por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), la legalidad del contrato interadministrativo mediante el cual se estructuró el modelo y la pertinencia de los costos asociados. De acuerdo con la entidad, el contrato proyectaba movilizar cerca de $20 billones durante 20 años, mientras otras universidades públicas han cuestionado la exclusividad del acuerdo y han presentado acciones legales para solicitar su revisión.

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, aseguró que el Gobierno busca fortalecer la seguridad vial y mejorar la formación de los conductores, pero sin imponer cobros que no estén debidamente justificados. La cartera anunció que, una vez concluya la revisión jurídica y técnica del esquema, dará a conocer las decisiones definitivas sobre la implementación de los CALE y el nuevo modelo de evaluación para las licencias de conducción.

El Gobierno de Abelardo de la Espriella cumplió una de sus promesas de campaña al derogar la resolución que desde 2015 suspendía la aspersión aérea con glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos. Sin embargo, la medida no significa que las fumigaciones puedan comenzar de inmediato, pues la nueva norma establece una serie de condiciones que deberán cumplirse antes de reactivar el programa.

La decisión quedó establecida en la Resolución 0006 de 2026, mediante la cual se deja sin efectos la Resolución 6 de 2015 del Consejo Nacional de Estupefacientes, que había ordenado suspender el uso del glifosato en las operaciones de erradicación mediante aspersión aérea. Con la derogatoria, el Gobierno elimina formalmente la prohibición que pesaba sobre este mecanismo.

No obstante, el documento precisa que la derogatoria “no implica la reanudación automática” del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea ni autoriza, por sí sola, la realización de operaciones desde aeronaves tripuladas. Para poner nuevamente en marcha el programa, las autoridades deberán cumplir de manera concurrente con las condiciones establecidas en la normativa.

Entre los requisitos se encuentra la expedición, por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), de un Plan de Manejo Ambiental General vigente para las actividades de aspersión aérea. Además, el Gobierno deberá adelantar procesos de consulta previa con las comunidades étnicas ubicadas en los núcleos de operación definidos para el programa, de acuerdo con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y los lineamientos establecidos por la Corte Constitucional en la Sentencia T-413 de 2021.

La nueva resolución también establece que el proceso deberá tener en cuenta los conceptos del Instituto Nacional de Salud. De esta manera, la decisión del Gobierno representa el levantamiento de la prohibición vigente desde 2015, pero mantiene una ruta de requisitos ambientales, sanitarios y de consulta previa que deberá cumplirse antes de que pueda retomarse efectivamente la fumigación aérea con glifosato.

Un juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías envió a prisión de manera preventiva a dos hombres señalados de presuntamente provocar un incendio forestal en el departamento del Tolima, una de las regiones del país más afectadas actualmente por las emergencias causadas por el fuego.

Los procesados fueron identificados como Julio César Morales Herrera y Leonidas Merjado Hurtado, quienes son investigados por un incendio registrado el pasado 25 de agosto en la vereda Guacamaya, zona rural del municipio de Dolores, en el suroriente del Tolima.

De acuerdo con la investigación, uniformados de la Policía Nacional encontraron a los dos hombres presuntamente avivando las llamas durante unas quemas no autorizadas, situación que habría generado afectaciones adicionales sobre especies silvestres de la zona. El Cuerpo Oficial de Bomberos logró controlar y extinguir el incendio antes de que se propagara.

La Fiscalía General de la Nación señaló que este no sería un hecho aislado, pues el 24 de julio las mismas personas habrían sido requeridas por las autoridades por una situación similar y, en esa oportunidad, recibieron una advertencia sobre la prohibición de continuar realizando este tipo de prácticas.

Por estos hechos, una fiscal de la Seccional Tolima les imputó los delitos de incendio y deforestación. Los procesados no aceptaron los cargos, pero el juez acogió los argumentos presentados por la Fiscalía y les impuso una medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.

La Fiscalía General de la Nación determinó que continuará al frente de la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por su presunta participación en la creación de grupos paramilitares y por los hechos relacionados con las masacres de El Aro y La Granja. La decisión se conoce luego de que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara solicitara asumir el conocimiento del expediente.

El ente acusador concluyó que los hechos investigados no están relacionados con el ejercicio de las funciones de Uribe como presidente de la República, por lo que consideró que no corresponde aplicar el fuero constitucional que permitiría trasladar el caso a la Comisión de Acusación. En consecuencia, la Fiscalía sostuvo que mantiene la competencia para continuar con las investigaciones bajo los parámetros establecidos en la Ley 600 de 2000.

La solicitud de la Comisión de Acusación surgió después de que la defensa del expresidente, encabezada por el abogado Jaime Granados, pidiera revisar cuál era la autoridad competente para continuar con el proceso. En el memorial citado por la Comisión se argumentó que, debido al carácter permanente del delito de concierto para delinquir agravado y a la fecha en la que habría cesado la presunta actividad delictiva, existían razones para que esa corporación asumiera el conocimiento de los hechos.

Uno de los argumentos expuestos señalaba que Uribe ejerció la Presidencia de la República entre el 7 de agosto de 2002 y el 7 de agosto de 2010, mientras que la investigación ubicaría la presunta consumación del delito de concierto para delinquir agravado en el año 2003. Sin embargo, la Fiscalía consideró que el hecho de que una conducta presuntamente delictiva hubiera ocurrido durante el periodo presidencial no es suficiente, por sí solo, para activar el fuero constitucional.

De acuerdo con la respuesta de la Fiscalía, los hechos bajo investigación están relacionados con los presuntos vínculos de Álvaro Uribe con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), hechos que se remontarían a su época como gobernador de Antioquia. Por esta razón, el ente investigador concluyó que conservará la competencia sobre el expediente y continuará adelantando las actuaciones correspondientes.

El Gobierno Nacional oficializó un nuevo cambio en la dirección de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), tras formalizar el nombramiento en propiedad de Alexandra Acelas Rodríguez como nueva directora general de la entidad. La decisión quedó establecida en el Decreto 1329 del 27 de agosto de 2026.

El movimiento se produce luego de la salida de Mariantonia Tabares Pulgarín, cuya renuncia al cargo de directora general fue aceptada mediante el Decreto 1105 del pasado 6 de agosto. Tras su salida, el Gobierno había encargado temporalmente de la dirección de la entidad a César Alexander Gaitán Monroy.

Gaitán Monroy, quien se desempeña como jefe de la Oficina Asesora de Planeación de la ANSV, asumió el encargo sin separarse de las funciones correspondientes a su cargo. Con la expedición del nuevo decreto, termina su designación temporal como director general, pero continuará ejerciendo sus funciones como jefe de esa dependencia.

En su reemplazo, el Gobierno designó en propiedad a Alexandra Acelas Rodríguez como directora general de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en el cargo de director general, código 0015, grado 28. Con esta decisión, la entidad vuelve a contar con una directora nombrada en propiedad, luego del periodo en el que estuvo bajo una dirección encargada.

El Decreto 1329 también ordena comunicar la decisión a César Alexander Gaitán Monroy y Alexandra Acelas Rodríguez a través de la Subdirección del Talento Humano del Ministerio de Transporte. La Agencia Nacional de Seguridad Vial es la entidad encargada de liderar y coordinar las políticas y acciones orientadas a prevenir y reducir los siniestros de tránsito en Colombia, y el nuevo decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, advirtió sobre la necesidad urgente de construir una hoja de ruta que permita garantizar la seguridad energética del país, ante los riesgos financieros que enfrenta el sector y los posibles efectos del fenómeno de El Niño.

Durante su intervención en la Convención Bancaria, Eljach presentó los resultados de una mesa de articulación interinstitucional desarrollada en Bogotá, en la que participaron el Ministerio de Minas y Energía, gremios, representantes de la academia y empresas del sector eléctrico, entre ellas Afinia y Air-e.

Como resultado de este espacio de concertación, se acordó avanzar en la aplicación inmediata de soluciones de caja y liquidez para atender las deudas acumuladas y contribuir a aliviar la situación financiera del sistema energético nacional.

El procurador también reveló que la entidad abrió investigaciones disciplinarias contra mandatarios locales y directivos de entidades públicas territoriales por el incumplimiento en el pago del consumo de energía eléctrica. Uno de los casos bajo revisión registra una deuda en mora cercana a los 70 mil millones de pesos.

Eljach destacó, además, la importancia de la participación de la Costa Caribe, una de las regiones más afectadas por las altas tarifas y los problemas en la prestación del servicio. Para continuar con el proceso, confirmó que la periodista Erika Fontalvo coordinará nuevas mesas técnicas en Mompox y Valledupar, orientadas a buscar soluciones que permitan prevenir un eventual desabastecimiento de energía.

El turismo colombiano busca mantener su recuperación y fortalecer su crecimiento, en medio de los retos que enfrenta el sector. Durante la edición número 30 del Congreso de Anato, realizado en Barranquilla, se destacó que Colombia recibió cerca de seis millones de visitantes extranjeros en 2025, mientras que hasta julio de 2026 la cifra ya alcanzaba los 3,3 millones.

Ante este panorama, la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), liderada por Paula Cortés, planteó al Gobierno Nacional una serie de medidas para estimular los viajes dentro del país y fortalecer la actividad turística. Entre las principales preocupaciones del gremio está la reducción del 3 % en el empleo de las agencias de viajes durante este año.

Una de las propuestas centrales consiste en reducir el IVA de los tiquetes aéreos del 19 % al 5 %, o establecer una tarifa que se ajuste a la situación fiscal del país. Anato sostiene que los altos costos de los viajes dificultan el turismo interno y cita cifras del DANE según las cuales el 51 % de los encuestados afirma que no viaja por Colombia debido a los precios. El gremio también pidió reducir o eliminar el IVA para alojamientos y paquetes turísticos.

La asociación también se refirió a los efectos del terremoto registrado el pasado 10 de agosto, que afectó a varios departamentos y generó preocupación entre los viajeros. Anato hizo un llamado a no cancelar los viajes programados, al señalar que los turistas que se encontraban en las zonas afectadas pudieron mantenerse a salvo y movilizarse sin mayores inconvenientes.

Según el gremio, buena parte de la infraestructura turística continúa operativa, incluidos destinos como Salento y diferentes parques temáticos. Anato considera que mantener los viajes hacia las regiones afectadas es también una forma de contribuir a la recuperación económica y respaldar a las comunidades que dependen de la actividad turística.

El juez Quinto Laboral del Circuito de Bogotá ordenó este miércoles al presidente Abelardo De La Espriella ofrecer disculpas al país por haber vulnerado, según la decisión de primera instancia, la neutralidad religiosa del Estado durante su acto de posesión presidencial, realizado el pasado 7 de agosto. El mandatario deberá emitir las disculpas en una alocución por radio y televisión programada para el martes 30 de septiembre de 2026.

La decisión fue adoptada al resolver una acción de tutela y también ordenó al presidente abstenerse de realizar conductas que evidencien una inclinación hacia la Iglesia católica o cualquier otro credo particular. El juez señaló que, pese a que Colombia es un Estado laico, durante la ceremonia de investidura la religión tuvo una participación destacada.

El acto solemne, realizado en la Arena USC de Cali, incluyó la intervención del rabino David Michaan, quien leyó versículos del Antiguo Testamento y cerró su participación con un llamado a favor de Colombia e Israel. Posteriormente intervinieron el pastor Eduardo Cañas Estrada y el monseñor Francisco Múnera, quienes elevaron peticiones relacionadas con el cese de los atentados terroristas, el restablecimiento de la seguridad y la unidad nacional.

Las intervenciones religiosas se realizaron ante congresistas, autoridades nacionales y representantes internacionales y estuvieron acompañadas de otros elementos de carácter religioso y espiritual, entre ellos una imagen de la Virgen María. Para el juez, estos elementos hicieron parte de un acto oficial de transmisión del mando, desarrollado además durante una sesión del Congreso de la República.

La decisión, que puede ser impugnada, también ordenó al presidente emitir una directiva para recordar a los servidores públicos su obligación de respetar y hacer respetar la neutralidad religiosa del Estado en los actos oficiales. Asimismo, el juez ordenó al presidente del Congreso, senador Honorio Henríquez, ofrecer disculpas al país por la presunta vulneración de ese principio durante la posesión presidencial.

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación previa contra el representante a la Cámara Óscar Benavides por los presuntos delitos de captación masiva y habitual de dineros y usurpación de función pública. El congresista será citado a versión libre dentro de la actuación judicial.

La decisión se produjo luego de una denuncia en la que se advierten presuntas irregularidades en una campaña de recolección de dinero destinada a los sobrevivientes del terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto. Según la denuncia, la campaña habría logrado recaudar más de 300 millones de pesos.

El accionante Daniel David Martínez cuestionó que, presuntamente, los recursos recolectados habrían sido consignados inicialmente en la cuenta personal de una persona cercana al congresista, y no directamente a través de canales institucionales. En el documento también se plantea que los donantes pudieron haber sido inducidos a error sobre el destino y manejo de los recursos.

La denuncia, que quedó en manos del magistrado Francisco Farfán, solicita además investigar posibles conductas relacionadas con estafa, captación ilegal de dinero y peculado por apropiación. Asimismo, se pidió compulsar copias ante la Fiscalía General de la Nación en relación con Laura Camila Vargas, integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo del representante.

Frente a los cuestionamientos, Benavides aseguró que no solicitó donaciones a sus cuentas personales y sostuvo que los recursos estaban destinados a una fundación que adelantaría acciones de ayuda para las comunidades afectadas. Según explicó, el representante de esa organización habría recibido autorización para utilizar sus cuentas personales como mecanismo para canalizar las donaciones.

La apertura de la indagación previa no implica una declaración de responsabilidad penal y hace parte de las actuaciones iniciales mediante las cuales la Sala Especial de Instrucción busca establecer si existen elementos suficientes para avanzar en una investigación formal.

La Superintendencia Nacional de Salud tiene nueva cabeza. María Andrea Godoy Casadiego asumió la dirección de la entidad en un momento clave para el sistema de salud colombiano, con importantes desafíos relacionados con las intervenciones a las EPS, las deudas entre los diferentes actores del sector y la vigilancia sobre el manejo de los recursos.

Godoy conoce de cerca el funcionamiento de la Superintendencia. En 2018 estuvo al frente de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad y posteriormente se vinculó al Ministerio de Salud, donde se desempeñó como viceministra de Protección Social durante la pandemia. Es abogada, magíster en Administración en Salud y cuenta con cerca de 30 años de experiencia en el sector.

Uno de los principales retos de su administración será definir el futuro de las entidades que actualmente permanecen bajo medidas de intervención. Al asumir el cargo, la nueva superintendente aseguró que será necesario avanzar en decisiones frente a estos procesos, aunque por ahora no anunció cambios concretos sobre ninguna EPS ni anticipó nuevas intervenciones o el levantamiento de las medidas vigentes.

Otro de los temas prioritarios será el saneamiento de las deudas entre los distintos actores del sistema de salud. Godoy manifestó su intención de avanzar en decisiones frente a estas obligaciones, un asunto que tendrá impacto en las aseguradoras, las instituciones prestadoras de servicios y los usuarios. Sin embargo, en su primer pronunciamiento no entregó detalles sobre un cronograma o un mecanismo específico para resolver esta situación.

La nueva superintendente también señaló que buscará fortalecer la vigilancia sobre la utilización de los recursos destinados a la salud y garantizar la atención de las necesidades de los colombianos. Godoy aseguró que su gestión estará basada en el rigor técnico, la transparencia y el sentido humano, y destacó la importancia de trabajar de manera articulada con el Ministerio de Salud y los demás actores del sistema para enfrentar las dificultades actuales del sector.

Según cifras de la Defensoría del Pueblo, entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2026 fueron asesinados 90 líderes sociales en Colombia. Durante el mismo periodo también se registraron 77 masacres, que dejaron un saldo de 300 personas muertas en diferentes regiones del país.

Los homicidios de líderes sociales se reportaron en 22 departamentos, siendo Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Norte de Santander y Arauca los territorios con mayor número de casos. A esta situación se suma el asesinato de cinco firmantes del Acuerdo de Paz que se encontraban en proceso de reincorporación.

En cuanto a las masacres, los 77 hechos registrados durante los primeros siete meses del año ocurrieron en 23 departamentos. Los casos se concentraron principalmente en Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Atlántico y Valle del Cauca, entre otras regiones afectadas por la presencia y disputa de grupos armados ilegales.

Las cifras muestran una reducción en el número de asesinatos de líderes sociales frente al mismo periodo de 2025, cuando se registraron 121 casos. Sin embargo, el panorama continúa siendo preocupante para quienes ejercen labores de liderazgo y defensa de los derechos de las comunidades en zonas afectadas por el conflicto armado.

El comportamiento de las masacres, por el contrario, evidencia un incremento significativo. Entre enero y julio de 2025 se registraron 40 masacres que dejaron 130 víctimas, mientras que en el mismo periodo de 2026 fueron reportadas 77, con un saldo de 300 personas asesinadas. Esto representa 37 masacres y 170 víctimas más.

Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo reiteró el llamado al Gobierno Nacional para fortalecer las medidas de protección de los líderes sociales y sus comunidades, así como garantizar los derechos colectivos de las poblaciones que permanecen expuestas a la presión y violencia derivada de la disputa territorial de los grupos armados ilegales y sus economías ilícitas.

Desde las 6:20 de la mañana de este miércoles se registra un ataque contra la estación de Policía de El Tambo, Cauca, en hechos que, según información preliminar, serían atribuidos a integrantes de las disidencias de las Farc.

La ofensiva se presenta en el centro del municipio, donde hombres armados estarían disparando ráfagas de fusil contra las instalaciones policiales. Además, se reportó el lanzamiento de artefactos explosivos mediante drones, situación que mantiene en alerta a los habitantes de la zona.

Ante la intensidad de los hechos, la comunidad permanece confinada, mientras se registra el cierre de establecimientos comerciales y la suspensión de clases. Las autoridades adelantan acciones para controlar la situación y establecer las condiciones de seguridad necesarias para la población.

El ataque se suma a otros hechos de violencia registrados recientemente en el departamento del Cauca. Esta misma semana, el exalcalde de Cajibío, Luis Carlos Olarte, fue atacado con disparos mientras se movilizaba en su vehículo por la vía Panamericana, entre Cali y Popayán. Este hecho también fue atribuido, de manera preliminar, a las disidencias de las Farc.

Mientras continúa la tensión en el centro de El Tambo, las autoridades avanzan en la verificación de lo ocurrido y en las acciones destinadas a garantizar la seguridad de los habitantes.

Luego de más de dos años de debate y una sesión de más de nueve horas, la Sala Plena de la Corte Constitucional avaló, con una votación de 7-1, el trámite de 85 artículos de la reforma pensional impulsada durante el gobierno de Gustavo Petro. El conjuez Carlos Pablo Márquez fue el único que salvó el voto.

Con la decisión, la Corte determinó que las normas podrán entrar en vigor formalmente en abril de 2027, dando un margen de preparación al sistema antes de su aplicación definitiva. Sin embargo, el alto tribunal ordenó devolver a la Cámara de Representantes 10 apartes y proposiciones que no fueron debatidos adecuadamente durante el trámite legislativo.

La Cámara tendrá un plazo de 30 días hábiles para subsanar los problemas identificados por la Corte. La decisión se originó en la revisión del trámite que llevó al alto tribunal a devolver la reforma al Congreso en junio de 2025, luego de establecer que en el último debate de la Cámara no se había realizado una discusión adecuada de algunos artículos.

El Congreso volvió a tramitar la reforma en junio de 2026, después de que el Gobierno convocara sesiones extraordinarias. Posteriormente, la magistrada Paola Andrea Meneses presentó una ponencia en la que consideraba que el error de procedimiento no había sido corregido y proponía devolver nuevamente la norma a la Cámara para repetir el debate correspondiente.

Finalmente, la mayoría de la Sala Plena consideró que el trámite podía ser avalado, aunque con la corrección de los apartes señalados. En la decisión no participaron los magistrados Héctor Carvajal, apartado del proceso tras prosperar una recusación, ni Jorge Enrique Ibáñez, quien se declaró impedido. El fallo define así el rumbo inmediato de una reforma que tendrá efectos sobre el sistema pensional y los ahorros de millones de colombianos.

La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas solicitó al Gobierno Nacional implementar medidas financieras excepcionales para garantizar la operación de las instituciones prestadoras de servicios de salud ubicadas en las zonas afectadas por el terremoto.

Entre las principales propuestas, el gremio planteó establecer un pago por disponibilidad, de acuerdo con el nivel de afectación de cada IPS. La medida buscaría permitir que las instituciones mantengan su planta de personal, incluso cuando los daños ocasionados por la emergencia hayan reducido su capacidad para prestar determinados servicios y, por consiguiente, sus ingresos.

La asociación también propuso habilitar créditos blandos para apoyar la reconstrucción de las IPS afectadas. Para ello, planteó aprovechar las líneas de financiación de Findeter, facilitar el acceso a la banca pública y promover condiciones excepcionales de crédito con entidades financieras privadas.

Otra de las solicitudes consiste en utilizar a la ADRES como garante para facilitar el acceso de IPS públicas, privadas y mixtas a créditos. Además, el gremio pidió establecer una prelación en el giro directo para las instituciones ubicadas en las zonas afectadas, con el fin de que reciban de manera preferente recursos correspondientes al 90 % de la UPC.

Finalmente, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas propuso utilizar temporalmente parte de las reservas técnicas de las EPS para financiar estas medidas y atender cartera antigua de las IPS. Según cifras de la Superintendencia Nacional de Salud, con corte al 30 de junio de 2026, dichas reservas ascendían a cerca de $6,4 billones.

El Ministerio de Educación Nacional puso en consulta pública un proyecto de decreto que plantea modificaciones al Decreto 1075 de 2015, Único Reglamentario del Sector Educación, relacionadas con la prestación y administración del servicio educativo por parte de las entidades territoriales certificadas.

La propuesta busca diferenciar las modalidades en las que un tercero presta directamente el servicio educativo de aquellas en las que un operador externo apoya la administración de establecimientos oficiales, mientras la entidad territorial mantiene la responsabilidad sobre la prestación del servicio.

Uno de los cambios que mayor atención ha generado contempla la posibilidad de que las entidades territoriales contraten personas jurídicas públicas o privadas, con reconocida trayectoria e idoneidad, para organizar, coordinar, administrar y dirigir uno o varios establecimientos educativos oficiales.

De acuerdo con el proyecto, estos contratos podrían tener una duración mínima de dos años y máxima de 12 años. Además, los operadores interesados deberán acreditar al menos 10 años de experiencia en la administración o prestación del servicio educativo y asumirían, según las condiciones contractuales, responsabilidades relacionadas con la administración, custodia, mantenimiento de la infraestructura y operación de los establecimientos.

La iniciativa establece que los contratos deberán incluir la totalidad de las sedes que conformen cada establecimiento educativo. Esto permitiría que un colegio continúe siendo de carácter público, aunque su administración y operación cotidiana sea desarrollada durante varios años por un operador externo.

Otro de los aspectos que ha generado debate está relacionado con el personal vinculado por los operadores. El proyecto señala que los docentes, directivos docentes y trabajadores administrativos contratados por estas entidades no tendrían vínculo laboral con la respectiva entidad territorial y estarían sometidos al régimen laboral privado. Asimismo, el contratista no podría utilizar personal perteneciente a la planta oficial para ejecutar el contrato.

Aparecen las comunidades religiosas

El documento también contempla la posibilidad de celebrar contratos con iglesias y confesiones religiosas para promover e implementar estrategias de desarrollo pedagógico en establecimientos educativos públicos. En estos casos, la entidad territorial aportaría la infraestructura y el personal docente, directivo y administrativo disponible, mientras que la organización religiosa contribuiría con los componentes que la entidad no esté en capacidad de suministrar.

Según la propuesta, las iglesias o confesiones religiosas también podrían aportar apoyo pedagógico y administrativo para el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional (PEI) o del Proyecto Educativo Comunitario (PEC). Sin embargo, el proyecto diferencia esta figura de la administración general de los colegios, que está contemplada para personas jurídicas públicas o privadas.

El Ministerio plantea, además, que la contratación para la prestación del servicio educativo debe tener un carácter excepcional. Para acudir a esta alternativa, las entidades territoriales deberán demostrar que no cuentan con la capacidad suficiente para atender la demanda estudiantil a través de sus establecimientos oficiales.

Entre las razones que podrían justificar esta contratación se encuentran la insuficiencia de docentes o directivos, problemas de infraestructura u otras limitaciones en la capacidad de atención. Antes de contratar, las entidades deberán realizar un estudio técnico sobre la oferta y demanda de cupos, la infraestructura disponible, la planta docente y las alternativas para ampliar la capacidad oficial.

El proyecto también contempla una reducción progresiva de la contratación con terceros y obliga a las entidades territoriales a diseñar planes para superar las causas que las llevaron a recurrir a operadores externos. El Ministerio de Educación podría revisar los estudios técnicos y trasladar el caso a los organismos de control cuando considere que no existían las condiciones necesarias para acudir a esta modalidad.

Los cuestionamientos

La propuesta ya ha generado cuestionamientos por parte de Fecode, organización que considera que algunos de los cambios podrían abrir la puerta a una mayor participación privada en la educación pública. Entre sus principales reparos están la intervención de operadores privados, la vinculación de trabajadores bajo el régimen laboral privado y la participación de iglesias y confesiones religiosas en determinados procesos educativos.

No obstante, el proyecto de decreto no establece de manera expresa una privatización de la educación pública. Por ahora, se trata de una propuesta que se encuentra en etapa de consulta pública y que podría sufrir modificaciones antes de su eventual expedición como norma.

El Congreso de la República, reunido en pleno, eligió este lunes a los nueve magistrados que integrarán el Consejo Nacional Electoral (CNE) durante el periodo 2026-2030.

El Pacto Histórico, una de las bancadas con mayor representación en el Congreso, logró quedarse con dos de los nueve puestos, que serán ocupados por Cielo Rusinque y Ana Jimena Bautista. La coalición también buscaba obtener un tercer asiento con la postulación del exministro del Interior Guillermo Rivera, pero no alcanzó los votos necesarios.

Por su parte, el Centro Democrático obtuvo dos magistrados, uno de ellos mediante una alianza con el partido MIRA. Nubia Stella Martínez representará al uribismo, mientras que Plinio Alarcón fue elegido con el respaldo de la coalición entre ambas colectividades.

Los demás puestos fueron distribuidos entre distintas fuerzas políticas. Silvio Carrasquilla representará al Partido Liberal; Juan Carlos Wills, al Partido Conservador; Juan Felipe Lemos, al Partido de la U; Antonio Parra, a Salvación Nacional, y Gersel Pérez, a Cambio Radical.

De esta manera, los nueve nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral serán Cielo Rusinque, Ana Jimena Bautista, Nubia Stella Martínez, Silvio Carrasquilla, Juan Carlos Wills, Juan Felipe Lemos, Antonio Parra, Plinio Alarcón y Gersel Pérez.

La elección se produjo luego de una extensa jornada de deliberaciones y negociaciones entre las diferentes bancadas del Congreso. El proceso también estuvo marcado por el debate sobre la naturaleza política del CNE, organismo encargado de regular, inspeccionar y vigilar la actividad electoral de los partidos, movimientos políticos y candidatos en el país.

Durante el acto de posesión de Jorge Laverde como Contralor general, este dirigió un saludo especial a Joaquín Gutiérrez, quien se encontraba entre los asistentes, y se refirió a él como el futuro presidente de Ecopetrol. La expresión fue interpretada como una señal de que la decisión sobre el próximo presidente de la petrolera ya estaría tomada, aunque formalmente el nombramiento corresponde a la Junta Directiva de la compañía.

La eventual llegada de Gutiérrez a la presidencia de Ecopetrol se produciría en medio de un escenario financiero complejo para la empresa estatal, que ha registrado una reducción significativa en sus ganancias y enfrenta importantes retos en materia de resultados y desempeño financiero.

Gutiérrez, a quien se señala como amigo de toda la vida del presidente de la Espriella, fue presentado oficialmente como uno de los candidatos del Gobierno para ocupar el cargo durante una reunión con integrantes de la Unión Sindical Obrera (USO), realizada el pasado fin de semana en Barranquilla.

Sin embargo, el proceso de designación aún debe cumplir con los procedimientos establecidos por la compañía. Entre ellos está la realización de una asamblea extraordinaria para efectuar cambios en la Junta Directiva de Ecopetrol y, posteriormente, avanzar en la selección de los candidatos y la elección del nuevo presidente.

Aunque las señales entregadas desde el Gobierno y el saludo de La Verde apuntan a Gutiérrez como el próximo jefe de la petrolera, su nombramiento todavía no es formal. La decisión deberá concretarse una vez se cumplan las etapas correspondientes y la Junta Directiva de Ecopetrol oficialice al nuevo presidente.