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El Ministerio de Defensa anunció nuevas medidas para reforzar la seguridad en Ocaña y la región del Catatumbo, luego del ataque perpetrado por el ELN contra el Cantón Militar El Trapiche, hecho que dejó tres militares muertos y cinco más heridos. Las decisiones fueron adoptadas durante un consejo de seguridad realizado este sábado en Ocaña, con la participación del gobernador de Norte de Santander y los principales mandos militares y policiales de la región.

Entre las principales acciones se encuentra la reestructuración y reorganización de la campaña militar y policial Esparta, cuya sede estará ubicada en Ocaña. Esta estrategia concentrará las capacidades de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para enfrentar las estructuras criminales que operan en esta zona, así como fortalecer el control sobre los corredores utilizados para movilizar integrantes, armas, explosivos y recursos ilícitos entre el sur del Cesar y Ocaña.

Asimismo, fue anunciada la activación del Centro Integrado de Inteligencia y Contrainteligencia Territorial, CICOT, que permitirá articular la información de las Fuerzas Militares, la Policía y otros organismos del Estado para anticipar amenazas, identificar a los responsables de acciones criminales y orientar las operaciones contra el ELN y otras organizaciones armadas que delinquen en la región.

En materia judicial, también entrará en funcionamiento el Centro de Integración Judicial Territorial, CIJUT, con el objetivo de fortalecer la coordinación entre la Fuerza Pública y la Fiscalía General de la Nación. La estrategia busca avanzar en las investigaciones y judicializaciones de los responsables de los ataques, así como en la desarticulación de las redes de apoyo de los grupos armados. El Ministerio de Defensa también anunció la activación de recompensas por información que permita ubicar y capturar a los principales cabecillas del ELN que operan en el Catatumbo.

El Gobierno Nacional señaló que estas acciones hacen parte de una nueva estrategia de seguridad para la región, orientada a afectar las estructuras armadas, sus cabecillas, finanzas y economías ilícitas, además de fortalecer la protección de la población civil. Finalmente, aseguró que la Fuerza Pública mantendrá sus capacidades desplegadas en Norte de Santander y que las operaciones se desarrollarán en el marco de la Constitución, la ley y el Derecho Internacional Humanitario.

Un sismo de magnitud 3,1 se registró en la tarde de este sábado 5 de septiembre en el departamento del Cauca, según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El movimiento telúrico ocurrió a la 1:46 p. m. y tuvo como epicentro un punto cercano al municipio de Totoró.

De acuerdo con el reporte técnico del SGC, el evento tuvo una profundidad de nueve kilómetros, por lo que fue clasificado como un sismo superficial. El epicentro se localizó a 14 kilómetros de Totoró, en una zona identificada dentro del área de influencia del volcán Puracé.

Tras la publicación del reporte, algunos ciudadanos manifestaron a través de redes sociales haber sentido el movimiento en diferentes lugares, entre ellos Popayán, capital del Cauca, e incluso Armenia, en el departamento del Quindío.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas afectadas ni daños materiales relacionados con el sismo. El movimiento ocurrió en una zona donde se encuentra el volcán Puracé, uno de los sistemas volcánicos que permanece bajo monitoreo permanente de las autoridades geológicas.

El Servicio Geológico Colombiano continúa haciendo seguimiento a la actividad sísmica en el país y reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar si sintió el movimiento. Estos reportes permiten complementar la información obtenida por las estaciones de monitoreo y conocer el alcance de la percepción del evento en diferentes regiones.

Durante este fin de semana se llevan a cabo las elecciones cafeteras para escoger a los 395 delegados de los comités municipales y 15 delegados de los comités departamentales que representarán a los productores ante la Federación Nacional de Cafeteros durante los próximos cuatro años. La jornada cuenta con más de 18.000 candidatos, de los cuales el 67 % participa por primera vez en este proceso electoral.

Para estas elecciones fueron habilitadas 2.950 mesas de votación, entre fijas, móviles y múltiples, distribuidas en 601 municipios cafeteros del país. En total, 349.000 colombianos están habilitados para participar en la jornada, que también incorpora de manera masiva la opción de voto electrónico.

El gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, destacó el carácter participativo del proceso y señaló que las elecciones cafeteras constituyen un modelo democrático y representativo construido por las propias familias productoras. Según el directivo, la legitimidad de este mecanismo es uno de los principales activos de la institucionalidad cafetera.

La jornada cuenta además con 9.204 jurados de votación y 403 observadores de la Misión de Observación Electoral (MOE), quienes realizan seguimiento a las mesas y a las comisiones de escrutinio departamentales. Los observadores estarán desplegados en los 20 departamentos cafeteros y en Bogotá, con presencia tanto en puestos fijos como en las mesas móviles que recorren las zonas rurales para facilitar la participación de los caficultores.

Los electores deben presentar su cédula de ciudadanía al momento de votar. La directora de la MOE, Alejandra Barrios, destacó el acompañamiento independiente de la organización durante el proceso y su compromiso con la transparencia electoral. Las autoridades esperan que la jornada permita fortalecer la participación de los productores en las decisiones de la institucionalidad cafetera durante los próximos cuatro años.

La Cancillería colombiana confirmó que adelanta acciones diplomáticas, consulares y preventivas frente al reclutamiento de ciudadanos colombianos para participar en conflictos armados internacionales. El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que solicitó formalmente a Rusia y Ucrania el cese de toda vinculación de colombianos a sus fuerzas armadas y reiteró que el país no apoya, incentiva ni autoriza la participación de sus ciudadanos en este tipo de conflictos.

Según cifras de la Cancillería, a septiembre de 2026 se han registrado 863 solicitudes de asistencia consular relacionadas con colombianos en Ucrania y 890 correspondientes a connacionales en Rusia. Los casos incluyen personas fallecidas, desaparecidas o detenidas, así como solicitudes y procesos de repatriación.

La entidad también alertó sobre denuncias relacionadas con personas y empresas que, presuntamente, estarían difundiendo ofertas laborales engañosas para facilitar el traslado de ciudadanos colombianos a zonas de conflicto. Por estos hechos, la Cancillería aseguró que ha remitido información en 21 ocasiones a la Fiscalía General de la Nación y a su Dirección de Asuntos Internacionales para contribuir con las respectivas investigaciones.

Como parte de las medidas de prevención, el Gobierno implementó un protocolo en las sedes de expedición de pasaportes para identificar a las personas que manifiesten su intención de viajar al exterior con el propósito de prestar servicios militares en conflictos internacionales. Además, se puso en marcha una campaña de sensibilización y se capacitó a autoridades territoriales sobre los riesgos de este fenómeno y las posibilidades de asistencia consular.

Finalmente, la Cancillería reiteró su llamado a los colombianos para que no se involucren en conflictos armados internacionales y evalúen cuidadosamente los riesgos y consecuencias de aceptar ofertas para prestar servicios militares en otros países. La entidad insistió en que continuará desarrollando acciones para prevenir el reclutamiento y brindar acompañamiento consular a los connacionales afectados por esta situación.

La producción de café en Colombia registraría una nueva caída durante 2026 y alcanzaría los 12,2 millones de sacos, frente a los 13,6 millones de sacos reportados al cierre de 2025. La disminución representaría el segundo descenso consecutivo en la cosecha cafetera, luego de que la producción de 2025 fuera un 2 % inferior a la registrada en 2024.

La reducción en la producción estaría relacionada principalmente con la variabilidad climática que ha afectado las diferentes regiones cafeteras del país. Las lluvias intensas y los periodos de sequía extrema se han presentado en momentos adversos para los cultivos, afectando los procesos de floración y, en consecuencia, el comportamiento de la cosecha.

Durante agosto, la producción de café alcanzó 1,09 millones de sacos de 60 kilogramos, lo que representó una reducción del 12 % frente al mismo mes de 2025. En los últimos 12 meses, la producción se ubicó en 12,58 millones de sacos, con una disminución del 15 %. Las exportaciones también registraron un descenso, al alcanzar 1,05 millones de sacos en agosto, un 10 % menos frente al mismo periodo del año anterior.

En los últimos 12 meses, Colombia exportó 11,6 millones de sacos de café, con una reducción del 12 %, en línea con la menor disponibilidad del grano. Mientras tanto, las importaciones continuaron en aumento y alcanzaron 1,55 millones de sacos durante el mismo periodo, mientras que el consumo interno se mantuvo estable en 2,32 millones de sacos.

El sector cafetero también enfrenta dificultades por el fortalecimiento del peso colombiano frente al dólar estadounidense, situación que impacta los ingresos derivados del precio interno del grano y de las exportaciones. Para 2026, esta situación podría representar cerca de 4,5 billones de pesos menos circulando en los 23 departamentos cafeteros. Colombia se mantiene como el tercer mayor productor de café del mundo, por detrás de Brasil y Vietnam, mientras que el Huila continúa siendo el principal productor del grano en el país desde hace 15 años.

Puerto Rico buscará fortalecer su presencia en el mercado colombiano durante la Vitrina Turística de Anato 2027, evento en el que participará como invitado de honor. La estrategia estará enfocada en impulsar nuevos negocios, promover la oferta turística de la isla y fortalecer la conectividad aérea entre ambos destinos.

“Puerto Rico representa un mercado con un importante potencial para Colombia”, aseguró Cortés, al destacar las oportunidades existentes para fortalecer el intercambio turístico y comercial. De acuerdo con la Compañía de Turismo de Puerto Rico (PRTC), Bogotá y Medellín desempeñan un papel importante en esta conexión, con un promedio de 354 pasajeros diarios en cada dirección, además de funcionar como puntos de enlace hacia otros destinos de Suramérica.

Uno de los principales retos para aumentar la llegada de turistas colombianos está relacionado con los requisitos migratorios. Al ser un territorio de Estados Unidos, Puerto Rico está sujeto a las mismas normas de inmigración y visado del país norteamericano, por lo que los ciudadanos extranjeros deben cumplir con los requisitos establecidos por las autoridades estadounidenses.

En ese sentido, Colombia no hace parte actualmente del Programa de Exención de Visa de Estados Unidos, por lo que, en términos generales, los colombianos que viajen a Puerto Rico por motivos turísticos deben contar con la visa correspondiente. Esta condición representa uno de los factores que deberán tenerse en cuenta para ampliar el flujo de visitantes entre ambos territorios.

Durante Anato 2027, Puerto Rico buscará aprovechar su condición de invitado de honor para llevar a Bogotá hoteleros, operadores turísticos y empresarios interesados en promocionar la isla y generar nuevos acuerdos comerciales. Robles señaló que Colombia se ha convertido en un socio clave para el crecimiento del turismo puertorriqueño en Latinoamérica y aseguró que la próxima Vitrina será una oportunidad para impulsar nuevos negocios y mejorar la conectividad entre ambos mercados.

El ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula Escobar, posesionó este viernes, 4 de septiembre, en el Palacio de San Carlos, a los nuevos representantes diplomáticos de Colombia en Estados Unidos y ante las Naciones Unidas. María Consuelo Araújo Castro asumirá como embajadora en Washington, mientras que J. Mauricio Gaona Bejarano fue designado como embajador ante la Misión Permanente de Colombia ante la ONU en Nueva York.

Los nombramientos se producen en dos escenarios considerados estratégicos para la política exterior colombiana, como la relación bilateral con Estados Unidos y la participación del país en los principales espacios multilaterales. Desde sus nuevos cargos, Araújo y Gaona tendrán la responsabilidad de representar los intereses nacionales y contribuir al fortalecimiento de la cooperación y los vínculos diplomáticos de Colombia.

María Consuelo Araújo Castro cuenta con más de tres décadas de experiencia en los sectores público y privado. Es profesional en Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales y tiene una especialización en Gobierno, Gerencia y Asuntos Públicos. Entre los principales cargos que ha ocupado se encuentran los de ministra de Cultura y ministra de Relaciones Exteriores entre 2002 y 2007, además de haber sido secretaria de Integración Social, gerente de TransMilenio, directora del Jardín Botánico de Bogotá y del Instituto Distrital de Recreación y Deporte. Hasta su reciente designación se desempeñaba como presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de Infraestructura.

Por su parte, J. Mauricio Gaona Bejarano asumirá la representación de Colombia ante las Naciones Unidas en Nueva York. Es internacionalista, constitucionalista, autor, docente e investigador, y cuenta con una amplia formación académica en Derecho Internacional, Constitucional y Comparado. Es doctor en Derecho por la Universidad McGill, realizó una residencia académica en Harvard Law School y tiene una maestría en Derecho Internacional y Comparado de la Universidad de California en Los Ángeles, además de ser abogado de la Universidad Externado de Colombia.

Gaona también ha desarrollado una trayectoria académica y profesional en diferentes instituciones nacionales e internacionales, como Yale, Oxford, Cambridge, el MIT y la Universidad Nacional de Singapur. En Colombia se ha desempeñado como asesor del Fiscal General de la Nación, Contralor Nacional Delegado y secretario privado del presidente del Consejo de Estado, además de ejercer como analista y columnista en medios nacionales e internacionales. Con la llegada de ambos funcionarios, el Gobierno busca fortalecer la representación del país en Washington y ante la ONU, así como avanzar en la defensa de los intereses nacionales y la cooperación internacional.

Dos militares murieron y otros tres resultaron heridos tras un ataque registrado en la noche de este viernes, 4 de septiembre, contra el Batallón de Infantería N.° 15 “General Francisco de Paula Santander”, ubicado en Ocaña, Norte de Santander. El hecho ocurrió hacia las 7:30 p. m. y generó preocupación entre los habitantes y las comunidades cercanas a la instalación militar.

De acuerdo con información preliminar, las víctimas mortales serían un capitán y un soldado, mientras que los tres uniformados heridos fueron trasladados a un centro asistencial para recibir atención médica. Tras conocerse la situación, se activaron los protocolos de seguridad y al sector llegaron helicópteros y más personal militar para reforzar las labores de control.

El Ejército Nacional informó que el ataque fue perpetrado con aeronaves no tripuladas acondicionadas con artefactos explosivos contra las instalaciones del Cantón Militar Trapiche. La institución calificó la acción como una violación al Derecho Internacional Humanitario y señaló que se adelanta la verificación de las afectaciones ocasionadas por el ataque.

Videos divulgados por habitantes de la zona registraron el sonido de explosiones y ráfagas de fusil en inmediaciones del batallón. Según se conoció, los disparos fueron realizados por los propios soldados en un intento por neutralizar los drones y evitar una situación de mayor gravedad. Durante la emergencia, docentes y estudiantes de instituciones educativas cercanas permanecieron resguardados mientras las autoridades atendían la situación.

Minutos después del ataque también se reportaron combates en una zona rural de Ocaña, cerca del casco urbano y del sector donde funciona el relleno sanitario, un área en la que se ha advertido presencia del ELN. Este hecho se registra pocos días después de otro ataque con explosivos en la región, por lo que las autoridades mantienen operaciones de seguridad para controlar la situación y proteger a la población.

El presidente Abelardo De la Espriella aseguró este viernes que su Gobierno adoptará medidas rápidas frente a las EPS que actualmente se encuentran intervenidas. El mandatario explicó que aquellas entidades que sean viables y puedan garantizar una adecuada atención a los usuarios tendrán la posibilidad de recuperarse, mientras que las que no cumplan con esas condiciones deberán ser liquidadas de manera ordenada, priorizando los intereses y necesidades de sus afiliados.

El anuncio fue realizado durante la Cumbre de Gobernadores ‘El milagro de las regiones’, que se desarrolla en Mompox, Bolívar. Allí, el jefe de Estado afirmó que la prioridad inmediata de su Gobierno será recuperar la atención de los pacientes y atender la crisis que atraviesa el sistema de salud. Según indicó, cientos de miles de personas permanecen a la espera de procedimientos, tratamientos y medicamentos.

De la Espriella señaló que el rezago existente en el sistema deberá enfrentarse comenzando por los casos de mayor urgencia y riesgo, al tiempo que se busca poner en orden las cuentas del sector. “El país necesita conocer con exactitud cuánto se debe, quién le debe a quién y cuál será el mecanismo para sanear esas obligaciones”, manifestó el mandatario.

El presidente destacó además el trabajo de la ministra de Salud, Ana María Vesga, quien, según afirmó, se encuentra concentrada en atender la situación del sistema. Asimismo, aseguró que la financiación de la salud durante su Gobierno se calculará con criterios técnicos y teniendo en cuenta las diferencias territoriales, al considerar que la prestación de los servicios tiene costos distintos en las grandes ciudades y en las zonas más apartadas del país.

Finalmente, De la Espriella anunció que su política de salud buscará fortalecer la prevención y la atención primaria, con el propósito de que los servicios lleguen a los ciudadanos antes de que requieran atención hospitalaria. El mandatario agregó que estas medidas deberán estar acompañadas de mayores controles sobre los recursos, mejores condiciones para los profesionales de la salud y una lucha frontal contra la corrupción.

Un proyecto de acto legislativo radicado en el Congreso de la República busca modificar el régimen de penas en Colombia para permitir condenas de hasta 100 años de prisión por tres graves delitos cometidos contra menores de edad. La iniciativa fue presentada por la senadora Nadia Blel y plantea duplicar la pena máxima actualmente establecida, que es de 50 años, dependiendo de la gravedad de cada caso.

La propuesta contempla los delitos de homicidio, acceso carnal violento y acceso carnal contra una persona en incapacidad de resistir, cuando las víctimas sean menores de edad. Según explicó la congresista, la iniciativa no busca que todos los responsables de estas conductas reciban automáticamente una condena de 100 años, sino que los jueces tengan la posibilidad de imponer penas superiores a las actuales cuando las circunstancias lo ameriten.

“Estamos habilitando para que la pena pueda ser hasta el doble. Hoy la legislación penal establece que son 50 años. Nosotros estamos proponiendo que pueda llegar hasta 100”, afirmó Blel al explicar los alcances de la propuesta.

La senadora señaló que el proyecto debe tramitarse como un acto legislativo, debido a que busca modificar la disposición constitucional relacionada con la pena máxima en Colombia. La eventual reforma se concentraría inicialmente en ampliar el límite de las condenas para los delitos contemplados en la iniciativa.

Blel indicó que la propuesta surgió ante los casos de violencia que afectan a niños y adolescentes en el país y las cifras relacionadas con homicidios y delitos sexuales. Según manifestó, durante el año anterior se registraron más de 700 homicidios de menores de edad y más de 17.000 casos relacionados con presuntos delitos sexuales contra niños.

La congresista explicó que, en caso de aprobarse la reforma constitucional, otros aspectos relacionados con su aplicación deberán ser definidos posteriormente mediante una ley reglamentaria. Entre los temas que podrían ser objeto de regulación se encuentran posibles beneficios o subrogados penales para las personas condenadas por este tipo de delitos.

Para Blel, el endurecimiento de las penas podría tener un efecto de prevención y disuasión frente a quienes pretendan cometer graves delitos contra menores. Sin embargo, reconoció que el aumento de las condenas no es la única solución para enfrentar esta problemática.

La senadora insistió en la necesidad de fortalecer los programas de prevención y mejorar la articulación entre las instituciones y el Gobierno Nacional para proteger a los menores de edad. También señaló que el sistema penitenciario colombiano enfrenta problemas relacionados con el hacinamiento, la infraestructura y la falta de programas de acompañamiento psicológico y psiquiátrico para garantizar los procesos de resocialización.

Tres integrantes de una misma familia fueron encontrados sin vida al interior de un apartamento ubicado en la unidad residencial Casablanca Sector 4, en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá. El caso generó conmoción entre los habitantes del sector y es materia de investigación por parte de las autoridades.

El hallazgo se produjo luego de que varios vecinos manifestaran su preocupación, pues durante varios días no habían visto salir del inmueble a los integrantes de la familia que residía allí. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, los hechos ocurrieron en un apartamento ubicado en el tercer piso de uno de los bloques residenciales.

Al ingresar al inmueble, las autoridades encontraron los cuerpos de María Cristina Pinzón, de 65 años; Joana Pinzón, de 38; y Jairo Nicolás Pinzón, de 35 años. Las tres personas se encontraban en una de las habitaciones y, según los primeros testimonios conocidos, estaban en pijama al momento del hallazgo.

Durante la inspección también habría sido encontrada una carta dirigida al padre de Joana y Jairo, en la que, al parecer, los fallecidos se referían a una decisión que habrían tomado y pedían perdón. Sin embargo, tanto el contenido del documento como las circunstancias en las que fue encontrado hacen parte de la investigación que adelantan las autoridades.

En el apartamento también fueron hallados medicamentos y algunos elementos médicos. No obstante, estos elementos por sí solos no permiten establecer las causas de las muertes. Unidades de la Policía y funcionarios de criminalística realizaron la inspección técnica del lugar y trasladaron los cuerpos para los respectivos análisis forenses, que permitirán determinar qué ocurrió al interior de la vivienda.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visitaría Colombia y sostendría un encuentro en Barranquilla con el presidente Abelardo De La Espriella. Durante la reunión se abordarían diferentes asuntos relacionados con la relación bilateral, especialmente temas diplomáticos y económicos.

La visita se produciría en medio del acercamiento entre los Gobiernos de Colombia y Estados Unidos durante las primeras semanas de la administración de De La Espriella. Rubio y el mandatario colombiano ya habían sostenido una conversación telefónica el pasado 18 de agosto.

Durante ese diálogo, De La Espriella solicitó al secretario de Estado estadounidense la suspensión temporal de los aranceles que afectan a productos colombianos y destacó la disposición de Estados Unidos para avanzar en el trámite correspondiente.

Asimismo, ambos funcionarios abordaron el apoyo de Washington a Colombia tras el terremoto registrado el pasado 10 de agosto. Estados Unidos destinó asistencia humanitaria para atender la emergencia y desplegó equipos de búsqueda y rescate.

El presidente colombiano también reiteró su intención de fortalecer la alianza histórica entre Colombia y Estados Unidos, al considerar que ambos países deben mantener y reforzar sus relaciones en diferentes ámbitos.

El presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), Juan Camilo Nariño, aseguró que el nuevo panorama político y económico del país podría abrir la puerta a inversiones de hasta US$4.700 millones en el sector minero durante los próximos tres años.

Según el dirigente gremial, estos recursos permitirían impulsar la construcción de nuevos proyectos y fortalecer las actividades de exploración en Colombia, especialmente en el 97% del territorio nacional que aún no cuenta con estudios detallados sobre su potencial geológico.

Nariño señaló que existe un creciente interés de grandes compañías multinacionales por invertir en el país. Sin embargo, advirtió que para que esos recursos se materialicen será necesario ofrecer condiciones que generen confianza entre los inversionistas, entre ellas reglas de juego claras y estabilidad jurídica.

“Podrían movilizarse grandes flujos de inversión para construir nuevos proyectos y explorar el 97% del territorio colombiano que permanece sin estudios”, afirmó el presidente de la ACM, al referirse al potencial que tendría el sector para atraer nuevos capitales internacionales.

El dirigente agregó que el próximo Gobierno deberá enviar señales claras al sector minero para aprovechar el interés de las compañías y convertirlo en nuevos proyectos, generación de empleo y mayores oportunidades de desarrollo para las regiones productoras del país.

El Gobierno nacional anunció que busca modificar el proceso de consulta previa con el propósito de agilizar proyectos de infraestructura que actualmente enfrentan demoras por los trámites. El vocero de la Presidencia, Miller Soto, explicó que la consulta previa no será eliminada, sino transformada para hacerla más clara, eficiente y garantista, manteniendo el derecho de las comunidades a participar cuando un proyecto pueda generarles una afectación directa.

La propuesta plantea diferenciar y, al mismo tiempo, permitir que avancen de manera simultánea los procesos de consulta previa y de licencia ambiental. Mientras la autoridad ambiental evalúa los posibles impactos sobre ríos, bosques, fauna, suelo y ecosistemas, la autoridad competente en consulta previa determinaría si existe una afectación directa a comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y ROM.

Soto señaló que el objetivo es reducir la burocracia y los tiempos de los trámites, pero aclaró que una licencia ambiental no podrá utilizarse como autorización para desconocer los derechos de las comunidades. En caso de existir una afectación directa, las obras materiales en el territorio no podrán ejecutarse hasta que se hayan cumplido las garantías correspondientes de la consulta previa.

Entre los cambios planteados también se contempla mejorar los mecanismos de información y publicidad, fortalecer la participación de las comunidades, garantizar la posibilidad de presentar recursos y aumentar la trazabilidad y los controles sobre el procedimiento. Según el Gobierno, estas medidas permitirían destrabar proyectos sin eliminar las garantías de participación de las poblaciones que puedan resultar directamente afectadas.

Como ejemplo reciente, el vocero presidencial mencionó el caso del Terminal Muelle 13 del Puerto de Buenaventura, frente al cual la Autoridad Nacional de Consulta Previa determinó el 31 de agosto de 2026 que, dadas las características del proyecto, no procedía realizar una consulta previa. El Gobierno sostiene que el nuevo modelo busca precisamente establecer con mayor claridad cuándo este mecanismo es necesario y permitir que los proyectos avancen sin desconocer los derechos de las comunidades.

Un nuevo reporte de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA, reveló que 282.709 personas, correspondientes a 153.336 familias, han resultado afectadas por la emergencia registrada en el país. El informe, con corte al 20 de agosto de 2026, señala que el desastre impactó a 15 departamentos y 476 municipios, dejando además 319 personas fallecidas, 4.506 heridas, 260 desaparecidas y 31.461 viviendas destruidas.

Desde el terremoto se han registrado 332 réplicas, de las cuales 21 superaron una magnitud de 3 y dos estuvieron por encima de magnitud 4. La emergencia también ha generado afectaciones en 3.483 centros educativos, 4.996 centros comunitarios, 348 centros de salud, 302 edificios colapsados y 112 acueductos. Risaralda, Valle del Cauca, Chocó, Caldas y Quindío continúan siendo los departamentos priorizados debido al alto número de familias afectadas y al incremento de las necesidades humanitarias.

En Chocó, Naciones Unidas calcula que cerca de 72.817 personas han resultado afectadas en 30 municipios, muchas de ellas pertenecientes a comunidades afrocolombianas e indígenas. El organismo advirtió que persisten necesidades urgentes en materia de salud, incluyendo medicamentos, hospitales de campaña, equipos médicos y atención de emergencia, así como problemas de agua, saneamiento, alimentación y atención psicosocial para la población afectada.

Uno de los principales desafíos continúa siendo el acceso a las comunidades rurales y apartadas. En municipios de Chocó como Alto Baudó, Medio Atrato, Bajo Baudó y Bojayá, las autoridades y organizaciones humanitarias enfrentan dificultades para llegar debido a las condiciones de movilidad, el bajo nivel de los ríos y los problemas de conectividad y energía, situación que también podría estar generando un subregistro de las personas damnificadas.

Frente a la magnitud de la emergencia, Naciones Unidas informó que se han movilizado más de 35 millones de dólares aportados por donantes, además de cinco millones de dólares del Fondo Central de Respuesta de Emergencia, CERF. Hasta la fecha del reporte, los socios humanitarios habían atendido a cerca de 34.000 personas, equivalentes a unas 6.500 familias en 18 municipios de tres departamentos, como complemento a la respuesta de las autoridades nacionales y territoriales.

El presidente Abelardo de la Espriella anunció, a través de su cuenta en X, la renuncia de Viviane Morales al cargo de ministra de Educación y confirmó la designación de Ilva Myriam Hoyos como su reemplazo al frente de la cartera.

En su mensaje, el mandatario destacó las cualidades de la nueva ministra y aseguró que su trayectoria está marcada por “el talante, la fortaleza, la honradez y la firme defensa de los valores”. De la Espriella afirmó estar convencido de que Hoyos desempeñará una importante labor al servicio del país.

“Estoy seguro de que será una gran ministra y de que servirá a Colombia con entrega, carácter y convicción”, señaló el presidente al anunciar su decisión.

Sobre la salida de Viviane Morales, el mandatario explicó que la exministra tuvo que dejar el cargo para atender una situación de carácter personal. “Despido con nostalgia a mi querida amiga Viviane Morales. Los designios de Dios son insondables y debe dejarnos tempranamente para estar al frente de una situación personal que deseo, de todo corazón, pueda resolver muy pronto”, expresó.

De la Espriella también agradeció la labor desarrollada por Morales al frente del Ministerio de Educación y le manifestó su respaldo ante la situación que enfrenta. “Se va con mi gratitud, mi afecto y mis oraciones. Las puertas de este Gobierno y de mi amistad siempre estarán abiertas para ella”, concluyó el mandatario.

De acuerdo con un comunicado de la Sala de Prensa del Vaticano, el papa León XIV sostuvo este miércoles una conversación telefónica con el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, en medio de la emergencia provocada por el reciente sismo que afectó al país.

Durante la llamada, el pontífice expresó su cercanía con las familias de las personas que perdieron la vida y con quienes resultaron heridos como consecuencia del movimiento telúrico. Asimismo, manifestó su solidaridad con las comunidades que enfrentan las consecuencias de la emergencia.

La Santa Sede también señaló que León XIV extendió su apoyo a los equipos de rescate, organismos de atención de emergencias y personal humanitario que trabajan en las zonas afectadas y participan en las labores de búsqueda, asistencia y recuperación.

“Durante la conversación, el Santo Padre ha reiterado su solidaridad con todos aquellos que sufren las duras consecuencias del reciente sismo que ha afectado a Colombia”, indicó el Vaticano en su comunicado.

El encuentro telefónico también permitió abordar la situación general del país y, especialmente, las condiciones que atraviesan las regiones más afectadas por el terremoto. Sin embargo, la Santa Sede no entregó detalles adicionales sobre los temas tratados entre el papa y el mandatario colombiano ni informó sobre eventuales acciones de apoyo por parte del Vaticano.

La conversación se produjo mientras continúan las labores de atención de la emergencia y la evaluación de los daños ocasionados por el sismo. Hasta el momento, la prioridad de las autoridades y organismos de socorro se mantiene en la atención de las personas afectadas y en las labores de recuperación en las zonas golpeadas.

Un nuevo enfrentamiento en redes sociales protagonizaron la exsenadora María Fernanda Cabal y el congresista Miguel Polo Polo, luego de que un mensaje publicado en X reavivara las diferencias que existen entre ambos desde las elecciones de 2026. El cruce surgió a partir de una publicación de Orlando Laudett relacionada con Gissella Rueda y su llegada a la Secretaría General del Ministerio de Cultura.

Laudett recordó que Rueda había cuestionado a Polo Polo por respaldar a Abelardo De La Espriella y la señaló de haber calificado al congresista como “desagradecido”, “oportunista” y “vendido”. En su publicación, cuestionó que actualmente haga parte del Gobierno de De La Espriella y le preguntó si también había cambiado su posición frente al hoy presidente.

El mensaje recibió una breve respuesta de María Fernanda Cabal, quien calificó a Polo Polo como “MUY malagradecido”. La reacción no pasó desapercibida para el congresista, que respondió directamente a la exsenadora y le pidió superar las diferencias surgidas durante la campaña electoral.

“Señora, avance, pase la página. No sea monotemática: ya pasó un año y sigue con el mismo tema. Al final tuve razón: Abelardo era el único candidato capaz de derrotar a la izquierda, y a usted no le alcanzó ni para competir. Por el cariño que alguna vez le tuve, se lo digo: estas cosas la desdibujan”, escribió Polo Polo en la misma red social.

El enfrentamiento evidencia el deterioro de una relación que durante varios años fue cercana, tanto en el ámbito político como personal. Cabal respaldó a Polo Polo durante sus primeros pasos en la política y ha sostenido que tuvo un papel importante en su llegada al Congreso, además de haberlo apoyado durante procesos judiciales y los escrutinios electorales. Sin embargo, la relación se fracturó durante la campaña presidencial de 2026, cuando Polo Polo decidió respaldar a Abelardo De La Espriella en lugar de apoyar las aspiraciones políticas de Cabal, una decisión que la exsenadora habría interpretado como una deslealtad.

La crisis financiera del sistema de salud continúa generando preocupación entre los prestadores. La Unión Nacional de IPS, UNIPS, advirtió que el informe de la Contraloría General de la República sobre la situación de las EPS durante 2025 evidencia una problemática estructural que está trasladando sus efectos a hospitales, clínicas y demás instituciones de salud.

Uno de los datos que más preocupa al gremio es que, al cierre de 2025, 29,7 millones de afiliados, equivalentes al 56,68 % de la población asegurada, se encontraban en EPS intervenidas o sometidas a medidas especiales. Además, de las 26 EPS que reportaron información financiera, 17 registraron pérdidas operacionales y solo cuatro cumplieron integralmente con las condiciones financieras y de solvencia, aunque estas concentran apenas el 1,24 % de los afiliados.

UNIPS también llamó la atención sobre el crecimiento de las deudas. La cartera de las EPS pasó de $45,89 billones en 2024 a $58,06 billones en 2025, un incremento cercano al 26,5 %, de los cuales $47,9 billones corresponden a entidades intervenidas o bajo medidas especiales. El gremio señaló además que la deuda con los operadores farmacéuticos aumentó 33,1 %, al pasar de $2,85 billones a $3,80 billones, situación que podría poner en riesgo el abastecimiento oportuno de medicamentos y tecnologías en salud.

El director de UNIPS, Jorge Toro, calificó como “supremamente preocupante” que solo cuatro EPS cumplan los requisitos financieros y sostuvo que la red prestadora continúa financiando el sistema mediante la prestación de servicios que, en muchos casos, no son pagados oportunamente. El gremio también manifestó preocupación por Nueva EPS, pues, según la Contraloría, la ausencia de estados financieros certificados y dictaminados para 2025 limita la evaluación integral de su situación, pese a que concentra más del 20 % de la población afiliada.

Ante este panorama, UNIPS pidió al Gobierno Nacional, al Ministerio de Salud, la ADRES y la Superintendencia Nacional de Salud adoptar medidas urgentes para garantizar el flujo de recursos hacia las IPS, sanear las deudas y fortalecer el seguimiento a las EPS intervenidas. Asimismo, solicitó agilizar los reconocimientos y pagos a cargo de la ADRES, incluidos los relacionados con el SOAT y accidentes de tránsito, y pidió que las recientes intervenciones en EPS como Famisanar y Coosalud contribuyan a destrabar los pagos pendientes. Para el gremio, el deterioro financiero del sistema podría terminar convirtiéndose también en un riesgo para la atención oportuna de los pacientes.

La Sala Primera del Tribunal Superior Militar y Policial anuló la decisión que había precluido la investigación contra el subcomisario Víctor Hugo Gómez Velasco, quien estaba al frente del esquema de seguridad de Miguel Uribe Turbay cuando ocurrió el atentado del 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito, en el barrio Modelia de Bogotá.

La decisión, adoptada el 27 de agosto de 2026 y con ponencia de la coronel Sandra Patricia Botía Ramos, dejó sin efectos la determinación del Juzgado 1202 Penal Militar y Policial de Conocimiento Especializado, que había cerrado el proceso por el presunto delito de prevaricato por omisión.

La decisión de primera instancia había sido tomada en junio pasado. En ese momento, la Justicia Penal Militar consideró que Gómez Velasco fue informado sobre el evento político pocas horas antes de su realización y que, pese al corto tiempo de anticipación, realizó coordinaciones con la Policía de la jurisdicción y otros esquemas de seguridad.

Asimismo, se estableció que durante el atentado el subcomisario protegió con su cuerpo a Miguel Uribe y facilitó su evacuación del lugar, mientras los demás integrantes del dispositivo de seguridad reaccionaban frente al atacante.

Sin embargo, la Procuraduría apeló la decisión al considerar que existían aspectos que no habían sido analizados de manera suficiente. Tras estudiar el recurso, el Tribunal Superior Militar y Policial encontró elementos que debían ser revisados y contradicciones jurídicas en la decisión de primera instancia, por lo que decretó su nulidad y ordenó continuar la investigación para establecer si el subcomisario incurrió en alguna omisión relacionada con las medidas de seguridad adoptadas antes del atentado.