Categoría: Nacional

  • No paran los incendios en Colombia

    No paran los incendios en Colombia

    La emergencia por incendios forestales continúa afectando diferentes regiones de Colombia, con especial preocupación en departamentos como Tolima y Cundinamarca. Las altas temperaturas, los fuertes vientos y algunas conductas humanas han dificultado el control de las llamas, mientras organismos de socorro y comunidades trabajan para contener las conflagraciones.

    En Ambalema, Tolima, permanece activo un incendio en el sector de la hacienda Pajonales, en límites con Venadillo, donde las llamas ya han consumido más de 120 hectáreas de bosque nativo. El alcalde Marco Velásquez explicó que las condiciones climáticas han favorecido la rápida propagación del fuego y dificultado las labores de los equipos de emergencia. Debido a las dificultades de acceso, parte del agua y los equipos deben ser trasladados a lomo de mula, mientras bomberos y voluntarios utilizan herramientas manuales para combatir los diferentes focos.

    Ante la magnitud de la emergencia, el mandatario de Ambalema pidió mantener el apoyo aéreo para enfrentar el incendio y solicitó al menos un día adicional de operaciones de helicópteros para el suministro de agua. Durante algunas horas, un helicóptero Black Hawk de la Policía apoyó las labores de control, pero los bajos niveles de los ríos también han reducido las fuentes disponibles para atender la emergencia.

    El incendio en Ambalema representa además una amenaza para los ecosistemas y la fauna de la zona, debido a la presencia de amplias áreas de bosque nativo que sirven como refugio para diferentes especies. El alcalde lamentó las afectaciones a animales como serpientes, iguanas y zarigüeyas, y advirtió que la recuperación de los ecosistemas podría tardar varios años. Entretanto, en Cundinamarca fueron reportados nueve incendios forestales durante la jornada, ocho de ellos activos y uno controlado en un 99 %, con emergencias en municipios como Viotá, La Vega, Tocaima y Puerto Salgar.

    La participación humana en el origen de algunas de estas conflagraciones también genera preocupación. El capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de Bomberos de Cundinamarca, informó que cinco personas han sido capturadas por su presunta responsabilidad en la iniciación de incendios forestales y advirtió sobre el riesgo de las llamadas quemas controladas que terminan saliéndose de control. Según el funcionario, más del 90 % de los incendios estarían relacionados con acciones humanas, ya sea de manera intencional o por conductas irresponsables, por lo que las autoridades insistieron en evitar quemas, arrojar colillas o residuos en zonas boscosas y realizar actividades que puedan generar fuego.

  • De la Espriella y su primera declaración de renta como presidente

    De la Espriella y su primera declaración de renta como presidente

    El presidente Abelardo de la Espriella presentó su primera declaración de renta tras asumir el cargo, en la que reportó un patrimonio superior a los 10.000 millones de pesos. De acuerdo con el documento publicado, el mandatario declaró un patrimonio de 10.272 millones de pesos, aunque no registró propiedades ni inmuebles a su nombre.

    La información consignada muestra que sus ingresos fueron reportados en la categoría de “otros ingresos y rentas”, mientras que en apartados correspondientes a salarios, arriendos y honorarios declaró valores en cero. Asimismo, aseguró no contar con inversiones ni en Colombia ni en el exterior.

    En su declaración, De la Espriella también manifestó no tener familiares que pudieran representar una eventual situación de conflicto de interés frente a las funciones que desempeña como presidente de la República. Sin embargo, en el documento no aparece registrada una cónyuge o compañera permanente, pese a que actualmente está casado con Ana Lucía Pineda, madre de sus tres hijos.

    El documento fue publicado en la plataforma de Función Pública, en cumplimiento de las obligaciones legales relacionadas con la divulgación de la información patrimonial de los funcionarios y servidores públicos. La normativa busca fortalecer la transparencia y establece que estos datos deben ser publicados de manera que faciliten su consulta y comprensión, además de garantizar criterios de calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad.

    Por otra parte, el contador Alfonso Soler Casteblanco presentó una certificación sobre los recursos recibidos durante la campaña presidencial del Grupo Significativo de Ciudadanos “Defensores de la Patria”, para el periodo constitucional 2026-2030. Según el documento, durante la primera y segunda vuelta no se recibieron aportes en dinero ni en especie, bajo la figura de recursos propios, por parte del entonces candidato Abelardo Gabriel de la Espriella Otero, una información que también fue consignada por el hoy presidente en su declaración.

  • Arrancó la reconstrucción de zonas afectadas por el terremoto

    Arrancó la reconstrucción de zonas afectadas por el terremoto

    Desde Quibdó, el presidente Abelardo de la Espriella confirmó el inicio de la fase de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, proceso que comenzará en el departamento del Chocó y que contempla la evaluación y categorización de las viviendas para determinar cuáles pueden ser reparadas y cuáles deberán ser reconstruidas completamente.

    El mandatario anunció que la primera etapa comenzó con la entrega de 480 toneladas de materiales destinados a las labores de reconstrucción. La decisión de iniciar este proceso en el Chocó responde a la magnitud de las afectaciones registradas en el departamento, donde, según el más reciente balance, 12 personas han fallecido, 347 resultaron heridas y tres permanecen desaparecidas.

    Durante su visita a Quibdó, De la Espriella también actualizó el balance nacional de la emergencia. De acuerdo con las cifras entregadas, el terremoto deja hasta el momento 329 personas fallecidas, 4.592 heridas y 234 desaparecidas. Las afectaciones se extienden a 16 departamentos y 494 municipios, con un total de 159.924 familias y 324.157 personas damnificadas. Además, se reportan 31.519 viviendas destruidas y otras 178.236 afectadas.

    El presidente confirmó, además, que Jaime Uribe estará al frente del Fondo Milagro, creado para administrar los recursos públicos y privados destinados a la reconstrucción de las zonas afectadas. Como parte de esta estrategia, anunció para el próximo 7 de septiembre una cumbre con empresarios que se han comprometido a respaldar las labores de recuperación en las regiones golpeadas por el terremoto.

    “Una gran cumbre con los empresarios más importantes de Colombia, que se han comprometido a trabajar de la mano con el Gobierno para sacar adelante el plan especial para el Chocó”, afirmó el mandatario, quien señaló que el propósito es avanzar con obras y resultados frente a lo que calificó como una deuda histórica del país con este departamento.

    Durante la jornada, el presidente también anunció la entrega de subsidios económicos para las familias damnificadas. El apoyo comenzará a entregarse a partir del miércoles 26 de agosto y tendrá un valor mensual de $875.452 por familia. Inicialmente, será otorgado durante tres meses, lo que representa un total de $2.626.356 para cada familia beneficiaria, como parte de las medidas de atención mientras avanzan las labores de reconstrucción.

  • Directora del ICBF anuncia revisión de contratación

    Directora del ICBF anuncia revisión de contratación

    La directora del ICBF, María Carolina Restrepo, anunció una revisión exhaustiva de la contratación por prestación de servicios de la entidad, luego de advertir un importante crecimiento en esta modalidad durante el anterior periodo de gobierno. Según explicó, entre agosto de 2022 y junio de 2025 el número de contratos de este tipo en el Estado pasó de 221.201 a 418.805 frente al periodo comparable anterior, mientras su valor aumentó de $8 billones a $15 billones.

    Restrepo Cañavera señaló que el ICBF también registró un incremento significativo en la contratación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. De acuerdo con las cifras entregadas, la entidad pasó de tener 6.427 contratos bajo esta modalidad en 2022 a 9.795 contratistas en 2024.

    La directora aseguró que la institución inició una investigación para establecer las razones de este crecimiento y determinar cuántos de esos contratos eran realmente necesarios, qué resultados generaron y qué recibió el ICBF a cambio de los recursos invertidos. La revisión, indicó, se realizará de manera detallada, analizando cada contrato, su objeto, obligaciones, productos, ejecución, cumplimiento y resultados.

    La funcionaria afirmó que los hallazgos serán dados a conocer públicamente y que, en caso de detectar posibles irregularidades, estas serán documentadas y puestas en conocimiento de los organismos de control, entre ellos la Contraloría y la Procuraduría. Cuando existan elementos que lo ameriten, la información también será trasladada a la Fiscalía General de la Nación.

    Finalmente, Restrepo Cañavera sostuvo que la revisión busca garantizar que los recursos públicos sean utilizados de manera adecuada y reiteró que el ICBF debe estar al servicio del bienestar de los niños, niñas, adolescentes y sus familias. “El ICBF no es el cajero de nadie”, manifestó la directora al referirse a la necesidad de evitar que la contratación responda a intereses políticos o particulares.

  • Presidente alerta por millonario hurto de combustibles

    Presidente alerta por millonario hurto de combustibles

    El presidente Abelardo de la Espriella calificó como “absolutamente alarmante” la situación relacionada con el hurto de combustibles en Colombia y advirtió sobre las millonarias pérdidas que estaría generando esta actividad ilegal. Según indicó, cada mes serían robados cerca de 123.700 barriles de productos refinados, entre gasolina, diésel y nafta, importados o producidos por Ecopetrol.

    Uno de los principales puntos afectados sería un poliducto de 14 pulgadas que conecta Pozos Colorados, en Santa Marta, con el interior del país. De acuerdo con la alerta, las mayores pérdidas se estarían concentrando en los departamentos de Cesar y Magdalena, donde las autoridades deberán reforzar las acciones de control e investigación.

    El mandatario señaló que, de mantenerse el actual ritmo de hurto, más de 1,5 millones de barriles de combustible podrían ser sustraídos anualmente, generando pérdidas superiores a los $500.000 millones para Ecopetrol y, en consecuencia, para la Nación.

    De la Espriella también advirtió que parte del combustible robado podría estar siendo destinado como insumo para actividades vinculadas con la producción de cocaína. Por esta razón, solicitó establecer qué cantidad de los combustibles hurtados estaría llegando a estructuras dedicadas al narcotráfico y quiénes estarían detrás de su comercialización y adquisición.

    Ante esta situación, el presidente ordenó una operación conjunta entre las Fuerzas Militares, la Policía, Ecopetrol, la Fiscalía y otras entidades para desmantelar la cadena criminal relacionada con el hurto y comercialización ilegal de combustibles. La estrategia contempla labores de inteligencia, control territorial, operaciones sostenidas, judicialización de los responsables y procesos de extinción de dominio contra los bienes vinculados con estas actividades.

  • Incendios forestales han arrasado más de 22.000 hectáreas en el Tolima

    Incendios forestales han arrasado más de 22.000 hectáreas en el Tolima

    Más de 22.000 hectáreas de cobertura vegetal han sido consumidas por los incendios forestales que afectan al Tolima desde comienzos de agosto, según confirmó la directora de Cortolima, Olga Lucía Alfonso Ianini. El balance, obtenido mediante el análisis de imágenes satelitales y cartografía temática, establece que la emergencia ha impactado a 28 municipios del departamento.

    Las mayores afectaciones se concentran en Ortega, con 6.887 hectáreas quemadas, seguido por San Luis, con 4.371; Guamo, con 4.041; Coyaima, con 1.680; y Chaparral, con 1.579 hectáreas. La emergencia también se ha intensificado en Coello, donde las autoridades y organismos de socorro mantienen labores de atención frente a la propagación de las llamas.

    De acuerdo con Cortolima, el 68% de las áreas afectadas corresponde a bosques y zonas seminaturales. El fuego también ha consumido cerca de 1.927 hectáreas de herbazales, 1.341 de bosque de galería y ripario y 1.051 de pastos limpios, además de arbustales y algunos cultivos, entre ellos maíz y arroz. La directora de la corporación advirtió que algunos suelos afectados por incendios de gran magnitud pueden no recuperar completamente sus condiciones originales.

    La situación se presenta en medio de un importante déficit de lluvias en el departamento. Entre el 1 y el 20 de agosto, Tolima registró apenas 16,7 milímetros de precipitaciones, frente a los 42,9 milímetros que normalmente se esperan para este periodo, lo que representa solo el 39% de la lluvia habitual. Además, el 96% del territorio presentó registros inferiores a los promedios históricos.

    La reducción de las precipitaciones también ha comenzado a impactar las fuentes hídricas. De las 13 corrientes monitoreadas, nueve registraron disminución en sus niveles y 10 presentaron reducción en sus caudales, con un descenso promedio del 23,7% frente al periodo anterior. Ante este panorama, Cortolima recomendó fortalecer las medidas de ahorro de agua, hacer seguimiento a las captaciones y mantener la vigilancia ante posibles situaciones de desabastecimiento y nuevos incendios de cobertura vegetal.

  • Mujer murió violentamente durante visita a interno en la cárcel La Modelo de Bogotá

    Mujer murió violentamente durante visita a interno en la cárcel La Modelo de Bogotá

    Una mujer que se encontraba de visita en el Establecimiento Carcelario La Modelo de Bogotá murió de manera violenta, según confirmó el Ministerio de Justicia. De acuerdo con la información suministrada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), la víctima fue encontrada sin vida hacia las 12:30 del mediodía en el pabellón 13 del centro penitenciario.

    Según las primeras informaciones, el interno a quien la mujer visitaba habría manifestado ser responsable de los hechos. El hombre fue aislado de manera inmediata, mientras el caso quedó en conocimiento de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, entidades encargadas de adelantar los actos urgentes y la investigación para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido y establecer las responsabilidades correspondientes.

    El Ministerio de Justicia rechazó el hecho y aseguró que la violencia contra las mujeres, incluido el feminicidio, no será aceptada ni tolerada. La cartera, encabezada por el ministro Iván Cancino, advirtió además que los establecimientos penitenciarios no pueden convertirse en territorios al margen de la ley y señaló que quien resulte responsable deberá enfrentar las consecuencias judiciales.

    La entidad también expresó sus condolencias a los familiares y allegados de la víctima y aseguró que las instituciones tienen la obligación de brindar una respuesta transparente frente a lo sucedido. “Nuestra primera palabra es para su familia y sus seres queridos. Los acompañamos con respeto y solidaridad en este momento de profundo dolor. Merecen verdad, justicia y una respuesta transparente de las instituciones”, señaló el Ministerio.

    Por instrucción del ministro Cancino, se solicitó al INPEC un informe detallado sobre el caso y la revisión inmediata de los protocolos de seguridad aplicados durante las jornadas de visita, incluidas las visitas íntimas.

    La revisión deberá establecer, entre otros aspectos, la existencia y el funcionamiento de mecanismos de alerta y botones de pánico, así como los procedimientos de atención y respuesta ante situaciones de riesgo. También se analizarán las medidas de protección destinadas tanto a las mujeres privadas de la libertad como a quienes ingresan a los establecimientos penitenciarios en calidad de visitantes.

    El Ministerio de Justicia indicó que, una vez se conozcan los resultados de esta revisión, se adoptarán las medidas necesarias para fortalecer la seguridad en los centros penitenciarios y carcelarios del país. Asimismo, reiteró que el Gobierno nacional mantiene su compromiso de garantizar la protección de las personas y evitar que hechos de esta naturaleza queden en la impunidad.

  • Organismos de control alertan por rezagos en la reparación de víctimas

    Organismos de control alertan por rezagos en la reparación de víctimas

    La Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación presentaron ante el Congreso de la República un informe sobre los principales rezagos en la implementación de la Ley de Víctimas y los Decretos Ley Étnicos, cuando se cumplen 15 años de la entrada en vigencia de la Ley 1448 de 2011. Las entidades advirtieron dificultades en áreas como la indemnización, la reparación colectiva, el acceso a vivienda, la generación de ingresos y el fortalecimiento institucional, mientras continúan las afectaciones del conflicto armado en diferentes regiones del país.

    El Décimo Tercer Informe de Seguimiento a la Ley de Víctimas señala que, desde su implementación, la política pública ha ejecutado $265,2 billones y ha registrado avances normativos e institucionales en materia de atención, asistencia y reparación. Sin embargo, persisten dificultades relacionadas con la disponibilidad de recursos, la oportunidad en su ejecución y la capacidad de las entidades para medir el impacto de las acciones desarrolladas.

    Uno de los principales llamados de atención está relacionado con el deterioro de la situación humanitaria. Durante 2025, un total de 83.874 personas fueron afectadas por desplazamientos masivos, cifra que representa un aumento del 68 % frente a 2024. Además, con corte al 31 de marzo de 2026, permanecían activas 130 Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, que advertían riesgos para la población en 421 municipios y 15 áreas no municipalizadas.

    A las dificultades de seguridad se suman las condiciones económicas que enfrentan las víctimas. El informe establece que el 41,2 % de esta población se encuentra en situación de pobreza monetaria y el 17,4 % en pobreza extrema. Asimismo, más de 5,1 millones de víctimas no han logrado superar las dificultades para generar ingresos, una situación que continúa representando una barrera para alcanzar una reparación integral y mejorar sus condiciones de vida.

    La indemnización administrativa sigue siendo uno de los principales retos de la política de reparación. Desde 2011 se han entregado cerca de 1,95 millones de indemnizaciones, equivalentes al 24,7 % de las víctimas susceptibles de recibir esta medida. De mantenerse el ritmo actual, el informe estima que serían necesarios alrededor de 31,5 años para atender a las personas que aún se encuentran pendientes de recibir esta reparación.

    La situación también presenta importantes rezagos en materia de reparación colectiva. De los 1.292 sujetos que se encontraban en ruta de reparación, apenas el 5 % había culminado su Plan Integral de Reparación Colectiva con corte a marzo de 2026. Las entidades también identificaron brechas en el acceso de las mujeres y de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas a diferentes medidas de reparación.

    El informe advierte, además, sobre las limitaciones de las entidades territoriales para implementar de manera efectiva la política pública. Según los organismos de control, el 46 % de los municipios del país presenta una necesidad alta o muy alta de fortalecimiento institucional, situación que afecta su capacidad para garantizar los derechos y la atención de las víctimas.

    El panorama es particularmente complejo para los pueblos indígenas y las comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y Rrom. El XIV Informe de Seguimiento advierte que las acciones de los grupos armados ilegales continúan afectando la movilidad de estas comunidades, sus procesos de retorno, sus derechos territoriales y el acceso a las medidas de reparación.

    El 36,5 % de la población indígena del país se encuentra inscrita en el Registro Único de Víctimas, frente a un promedio nacional del 19 %. En el caso de las comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales, la proporción asciende al 37 %. Entre 2023 y 2025, la Unidad para las Víctimas reportó 643 emergencias masivas, de las cuales 291 afectaron a población indígena y afrocolombiana, equivalente al 45 % del total. Chocó, Nariño, Valle del Cauca, Cauca, Norte de Santander, Putumayo y Guaviare figuran entre los departamentos con mayores afectaciones.

    Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría y la Procuraduría insistieron en la necesidad de acelerar la implementación de las medidas de atención y reparación, fortalecer la coordinación entre las instituciones y mejorar las capacidades de los territorios. Las entidades consideraron que la aplicación de la Ley 2421 de 2024 será determinante para enfrentar los rezagos acumulados y responder a las nuevas dinámicas del conflicto armado que continúan afectando a las víctimas en distintas regiones del país.

  • Bienestar Familiar y su inversión para la atención a la primera infancia

    Bienestar Familiar y su inversión para la atención a la primera infancia

    El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) anunció la destinación de más de $253.000 millones para garantizar la continuidad de los servicios de atención a la primera infancia hasta diciembre de 2026, ante el vencimiento, el pasado 31 de julio, de algunos contratos en 11 departamentos del país.

    La entidad aclaró que esta situación no implica la suspensión total de los servicios en los territorios involucrados. Según explicó, se trata de contratos específicos que llegaron a su fecha de terminación y que requieren la apertura de nuevos procesos de contratación para asegurar la continuidad de la atención.

    Los departamentos donde se identificaron los contratos vencidos son Amazonas, Antioquia, Valle del Cauca, Córdoba, Atlántico, Meta, Nariño, Chocó, Magdalena, Cauca y Santander.

    De acuerdo con el ICBF, los recursos gestionados por la directora general, Carolina Restrepo, ya fueron trasladados a las respectivas direcciones regionales, desde donde se adelantarán los procesos de contratación necesarios para garantizar la prestación de los servicios hasta finalizar el año.

    Paralelamente, la entidad anunció una revisión de posibles irregularidades relacionadas con algunos operadores. El ICBF señaló que identificó casos de organizaciones con procesos sancionatorios activos que continúan prestando sus servicios en diferentes territorios, situaciones que serán analizadas para determinar las medidas correspondientes.

    Asimismo, la directora general adelanta una revisión del presupuesto y de los procesos de contratación previstos para 2027, con el objetivo de anticipar las necesidades de la entidad y garantizar que los programas de atención a la primera infancia continúen funcionando de manera oportuna el próximo año.

  • Gobierno reporta más de 12 toneladas de cocaína incautadas desde el 7 de agosto

    Gobierno reporta más de 12 toneladas de cocaína incautadas desde el 7 de agosto

    El presidente Abelardo de la Espriella informó que, desde el pasado 7 de agosto, las operaciones adelantadas por la Fuerza Pública contra el narcotráfico han permitido la incautación de 12.296 kilos de cocaína, 11.232 kilos de marihuana y 114 kilos de base de coca.

    A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario también señaló que durante este periodo han sido destruidas o inhabilitadas 162 infraestructuras utilizadas para la producción de drogas. Asimismo, reportó la incautación de 30.010 kilos de insumos sólidos y 47.465 galones de insumos líquidos.

    Según el jefe de Estado, las operaciones también han dejado la captura de 1.574 personas vinculadas a actividades criminales y la orden de 10 extradiciones. Además, las autoridades ocuparon 81 bienes relacionados con el narcotráfico, avaluados en cerca de $71.886 millones.

    “Cada kilo incautado, cada laboratorio destruido, cada narcotraficante capturado y cada bien ocupado significa menos dinero para financiar el terrorismo, las bandas criminales y la muerte de nuestros jóvenes”, afirmó De la Espriella al destacar los resultados de las operaciones.

    El presidente aseguró que su Gobierno mantendrá la ofensiva contra las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y reiteró su intención de combatir las estructuras criminales que se financian con esta actividad ilícita. “La droga es el peor cáncer que ha padecido Colombia. Y lo vamos a extirpar de raíz. Sin tregua, sin contemplaciones y con toda la fuerza del Estado”, concluyó.

  • Empresarios y Gobierno articulan ayudas y reconstrucción

    Empresarios y Gobierno articulan ayudas y reconstrucción

    El presidente Abelardo de la Espriella sostuvo en Barranquilla una reunión con varios de los empresarios más importantes del país, con el propósito de articular acciones de apoyo para las familias afectadas por el terremoto y avanzar en la reconstrucción de las zonas impactadas por la emergencia.

    En el encuentro participaron Jaime y Gabriel Gilinski, Alejandro Santo Domingo, Luis Carlos Sarmiento, Fuad Char, Juan Carlos Mora, César Caicedo y Miguel Cortés. El mandatario destacó el respaldo del sector privado y las diferentes ayudas que se han puesto en marcha para atender a las comunidades damnificadas.

    Uno de los principales acuerdos alcanzados durante la reunión fue la reducción al 8 % efectivo anual de la tasa de interés para créditos de vivienda destinados a las personas afectadas por el terremoto. La medida fue adoptada por el Grupo Aval y el Banco GNB Sudameris como parte de las acciones de apoyo a la recuperación de los damnificados.

    El Gobierno también anunció que el próximo 7 de septiembre se realizará una visita al Chocó, donde se trabajará en la estructuración de un plan de recuperación integral para el departamento, una de las regiones que requiere acciones prioritarias tras la emergencia.

    Con estas iniciativas, el Ejecutivo y el sector empresarial buscan unir esfuerzos para brindar atención a las familias afectadas y acelerar la reconstrucción de las zonas damnificadas, mediante medidas que permitan recuperar viviendas, infraestructura y las condiciones de vida de las comunidades.

  • Sigue la emergencia en el Tolima por los incendios

    Sigue la emergencia en el Tolima por los incendios

    La emergencia por los incendios forestales mantiene en alerta al departamento del Tolima, donde las autoridades continúan trabajando para controlar varios focos activos. Erika Marcela Lozano, secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo, explicó que las altas temperaturas y las condiciones climáticas han dificultado las labores de los organismos de socorro y advirtió que algunas conflagraciones son objeto de investigación ante denuncias sobre posibles acciones humanas.

    El departamento llegó a registrar 33 incendios forestales durante la semana anterior. Aunque posteriormente la cifra se redujo a dos, las autoridades reportaron nuevamente 14 incendios activos durante la noche del martes, lo que obligó a reforzar las operaciones en diferentes municipios. Entre los puntos de mayor preocupación se encuentra Armero Guayabal, donde un incendio permanece desde hace varios días en una zona montañosa de difícil acceso.

    Las condiciones del terreno y las altas temperaturas han obligado a modificar los horarios de trabajo de los equipos de emergencia, que realizan labores entre las 4:00 de la mañana y las 10:00 de la mañana, y posteriormente desde las 4:00 de la tarde hasta las 3:00 de la madrugada. La secretaria explicó que en algunos sectores se requieren varias horas de desplazamiento y que el apoyo aéreo debe complementarse con personal en tierra para lograr controlar las llamas.

    Las autoridades también mantienen operaciones en Coello, San Luis y Suárez, con el objetivo de proteger a las comunidades y las viviendas. A las labores se han sumado bomberos de Valle del Cauca, Antioquia, Neiva, Bogotá, Boyacá y Riosucio, además de la Cruz Roja Colombiana, el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial y la Policía. Para las operaciones aéreas se han utilizado aeronaves de la Policía, helicópteros del Ejército y equipos contratados a empresas privadas.

    Hasta el momento no se han reportado víctimas mortales por los incendios, aunque diez viviendas han sido destruidas. También se han desplegado veterinarios y organizaciones para atender a los animales afectados. Las autoridades mantienen la alerta debido a que en algunas zonas se han registrado temperaturas superiores a los 40 grados y, adicionalmente, investigan si detrás de algunas de las conflagraciones podrían existir acciones provocadas de manera intencional.

  • Más de 70.000 confinamientos en Colombia

    Más de 70.000 confinamientos en Colombia

    La violencia continúa afectando a miles de familias en diferentes regiones del país. De acuerdo con el más reciente balance de la Defensoría del Pueblo, 72.827 colombianos han sido víctimas de confinamiento o de graves restricciones a la movilidad durante lo corrido de 2026.

    Los departamentos más afectados por esta situación son Chocó, Caquetá, Putumayo, Cauca y Antioquia, territorios donde las comunidades han visto limitada su posibilidad de movilizarse como consecuencia de las dinámicas de violencia.

    El informe de la entidad también reveló las cifras relacionadas con el desplazamiento forzado masivo. En lo que va del año, 17.892 personas han tenido que abandonar sus hogares a causa de hechos violentos, siendo Norte de Santander, Cauca, Antioquia, Nariño y Magdalena los departamentos con mayor número de víctimas.

    Al comparar las cifras con el mismo periodo de 2025, se evidencia una importante reducción en el número de personas desplazadas. Mientras entre enero y julio del año pasado se registraron 86.630 víctimas de desplazamiento forzado, durante el mismo periodo de 2026 la cifra descendió a 17.892.

    Sin embargo, el panorama es diferente frente al confinamiento. Entre enero y julio de 2025 se contabilizaron 64.915 víctimas, mientras que en el mismo periodo de 2026 el número aumentó a 72.827 personas, lo que refleja un agravamiento de las restricciones a la movilidad en varias zonas del país.

  • Quejas contra la Nueva EPS, en aumento

    Quejas contra la Nueva EPS, en aumento

    Las dificultades para acceder a medicamentos y servicios de salud continúan generando reclamos entre los usuarios de Nueva EPS. Un seguimiento de la Defensoría del Pueblo reportó 8.082 quejas durante el primer semestre de 2026, frente a las 5.843 registradas en el mismo periodo del año anterior. La entidad cuenta con 11,3 millones de afiliados, por lo que los problemas de atención tienen un amplio impacto en diferentes regiones del país.

    Uno de los principales inconvenientes está relacionado con la entrega de medicamentos. De acuerdo con una consulta realizada a 880 usuarios, el 78 % manifestó haber tenido dificultades por falta de disponibilidad, mientras que 515 personas aseguraron haber tenido que comprar los tratamientos con sus propios recursos. Entre los medicamentos con problemas de suministro se encuentran algunos destinados al tratamiento de la diabetes, enfermedades cardiovasculares y control de lípidos.

    El seguimiento también identificó retrasos en pagos a instituciones prestadoras de servicios de salud y gestores farmacéuticos, dificultades contractuales, cierres de servicios y problemas para acceder a reembolsos. A esto se suman 231.484 reclamos ante la Superintendencia Nacional de Salud durante los primeros seis meses de 2026, aunque esta cifra representa una reducción del 5 % frente al mismo periodo de 2025.

    Las dificultades también han llevado a los usuarios a recurrir a acciones judiciales. Entre enero de 2025 y junio de 2026, la Defensoría del Pueblo apoyó 18.214 acciones de tutela relacionadas con Nueva EPS, de las cuales 5.609 fueron tramitadas durante el primer semestre de este año. Las barreras de acceso son especialmente complejas en zonas apartadas, donde los pacientes deben recorrer largas distancias para recibir atención especializada.

    Ante esta situación, la Defensoría solicitó a Nueva EPS, las instituciones prestadoras de salud, los gestores farmacéuticos y las autoridades competentes adoptar medidas para evitar que los problemas financieros, administrativos o contractuales afecten el acceso de los usuarios a medicamentos, consultas, tratamientos y demás servicios de salud.

  • El aporte de las aseguradoras a la reconstrucción tras el terremoto

    El aporte de las aseguradoras a la reconstrucción tras el terremoto

    Las compañías aseguradoras que operan en Colombia calculan de manera preliminar que deberán desembolsar cerca de $6 billones para atender las reclamaciones derivadas del terremoto. La cifra podría aumentar a medida que avancen las inspecciones técnicas y se determine el alcance real de los daños en viviendas, edificios, comercios e infraestructura.

    Según explicó Humberto Mora, presidente de Seguros del Estado, las aseguradoras activaron sus protocolos de atención desde el momento de la emergencia y actualmente reciben entre 120 y 150 reclamaciones diarias. Las compañías han desplegado equipos para evaluar los daños y avanzar en los procesos de indemnización de los bienes afectados.

    El sector asegurador cuenta además con el respaldo de las reaseguradoras, que han comenzado a entregar anticipos para garantizar la liquidez necesaria para atender los pagos. En el caso de Seguros del Estado, la compañía ya habría recibido más de $80.000 millones por parte de sus reaseguradores para responder a las obligaciones derivadas de la emergencia.

    Las proyecciones señalan que la reconstrucción de las zonas afectadas podría tener un costo cercano a los $30 billones, de los cuales las aseguradoras asumirían entre el 20 % y el 25 %, dependiendo de los resultados de los peritajes. Mora advirtió que las estimaciones podrían aumentar si daños que inicialmente parecen menores terminan revelando afectaciones estructurales que requieran reconstrucciones de mayor magnitud.

    Finalmente, el presidente de Seguros del Estado aclaró que los afectados no tienen un plazo de tres días para reportar los daños, como se había difundido. Los asegurados cuentan con hasta dos años desde la ocurrencia del terremoto para presentar sus reclamaciones, aunque recomendó informar oportunamente el siniestro y conservar fotografías, documentos y demás evidencias de las afectaciones.

  • Restablecimiento de la movilidad en carreteras nacionales

    Restablecimiento de la movilidad en carreteras nacionales

    La ministra de Transporte, Elsa Noguera, informó que el Gobierno Nacional ha logrado recuperar el 86 % de la red vial nacional afectada por el terremoto, aunque reconoció que todavía persisten varios puntos críticos que requieren intervención para restablecer por completo la movilidad en las zonas afectadas.

    El anuncio fue realizado desde Aracataca, Magdalena, donde la funcionaria explicó que el principal desafío se mantiene en algunos corredores estratégicos, entre ellos la vía Buga-Buenaventura, una de las más importantes para la economía nacional debido a que por este corredor se moviliza cerca del 40 % del comercio internacional del país.

    Aunque en esta carretera ya se han habilitado pasos a un carril, el objetivo de las autoridades es recuperar completamente su capacidad. La ministra aseguró que continuarán los trabajos en los diferentes puntos afectados para garantizar la movilidad de las comunidades y el transporte de productos y ayudas hacia las regiones damnificadas.

    Noguera también se refirió a los casos de vehículos que transportaban ayudas humanitarias y que fueron sometidos a controles de peso o recibieron sanciones durante la emergencia. La funcionaria reconoció que algunos concesionarios no actuaron con la rapidez necesaria ante la situación y destacó la importancia de facilitar el paso de las donaciones destinadas a las víctimas.

    Ante esta situación, el Ministerio de Transporte solicitó a los concesionarios abstenerse de cobrar peajes, realizar controles de peso o imponer sanciones a los vehículos que transporten ayudas humanitarias hacia las zonas afectadas. La ministra aseguró que actualmente existe una mayor coordinación y que el Gobierno continuará trabajando en la recuperación de los corredores viales que aún presentan dificultades.

  • Sube a 329 el número de muertos por el terremoto

    Sube a 329 el número de muertos por el terremoto

    La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) elevó a 329 el número de personas fallecidas tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el pasado 10 de agosto. De acuerdo con el más reciente balance de la entidad, 247 personas permanecen desaparecidas, mientras continúan las labores de búsqueda y atención a las comunidades afectadas.

    El reporte también señala que el número de personas heridas aumentó a 4.600, mientras que la cifra de rescatados se mantiene en 364. La emergencia ha dejado además 154.014 familias afectadas, que representan un total de 314.751 personas en 481 municipios de 16 de los 32 departamentos del país.

    En cuanto a los daños materiales, la UNGRD informó que 171.273 viviendas resultaron averiadas, mientras que otras 31.183 fueron destruidas. Además, 553 edificaciones colapsaron, principalmente en Cali y Pereira, señaladas como las dos ciudades con mayores afectaciones a causa del movimiento telúrico.

    La infraestructura pública y comunitaria también ha sufrido importantes daños. El balance registra afectaciones en 367 centros de salud, 3.710 instituciones educativas, 5.584 centros comunitarios y 427 carreteras. Asimismo, la emergencia ha impactado a los animales, con 1.259 rescatados y 3.182 heridos, según las cifras entregadas por la entidad.

    El terremoto, considerado el más fuerte registrado en Colombia en lo que va del siglo XXI, tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó, y afectó especialmente a departamentos como Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío. Las autoridades mantienen activas las labores de atención, rescate y evaluación de daños en las zonas golpeadas por el sismo.

  • De la Espriella reactiva exportación de carbón a Israel

    De la Espriella reactiva exportación de carbón a Israel

    El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella anunció dos decisiones relacionadas con la política comercial del país, tras una reunión entre el mandatario, el ministro de Comercio, Mauricio Gómez, y el nuevo director de ProColombia, Samuel Bluman. Entre las medidas está la reactivación de las exportaciones de carbón hacia Israel y una reorganización de la presencia internacional de ProColombia.

    Según lo expuesto durante el encuentro, el Gobierno expedirá un decreto para permitir nuevamente la exportación de carbón colombiano a Israel. La medida revierte las restricciones adoptadas durante la administración del expresidente Gustavo Petro, en medio de la tensión diplomática y política que se presentó entre Colombia e Israel.

    El mismo decreto contempla además la salida de los integrantes de las juntas directivas de las cámaras de comercio del país que fueron designados durante el gobierno anterior. El ministro Mauricio Gómez señaló que la decisión busca retirar a los miembros nombrados por la administración de Petro en estos organismos.

    Por otra parte, el presidente De la Espriella ordenó reducir y fusionar las oficinas internacionales de ProColombia con las embajadas colombianas, como parte de una estrategia orientada a disminuir costos y generar ahorros en el funcionamiento de la entidad en el exterior.

    El director de ProColombia, Samuel Bluman, explicó que la intención es poner la estructura de la entidad al servicio de las embajadas y fortalecer el papel comercial de los representantes diplomáticos. Con esta reorganización, el Gobierno busca impulsar la promoción de las exportaciones y la consecución de nuevos negocios internacionales, mientras reduce los costos operativos de las oficinas de ProColombia fuera del país.

  • Avanzan casos de cáncer colorrectal en Colombia

    Avanzan casos de cáncer colorrectal en Colombia

    El cáncer colorrectal continúa siendo motivo de preocupación entre los especialistas en Colombia, no solo por el número de pacientes atendidos, sino también por el aumento de diagnósticos en personas cada vez más jóvenes.

    Durante 2025, un total de 52.301 personas fueron atendidas por esta enfermedad entre el 2 de enero y el 31 de diciembre, según cifras preliminares de la Cuenta de Alto Costo. Del total de pacientes, el 56,23% correspondió a mujeres y la mayor concentración de casos se registró en personas entre los 65 y 74 años.

    Sin embargo, los especialistas advierten un cambio en el comportamiento de la enfermedad. El coloproctólogo Edwin Báez, de la Clínica FOSCAL, señaló que los diagnósticos de cáncer de colon en personas menores de 40 años, que anteriormente eran poco frecuentes, están siendo identificados con mayor regularidad.

    Una investigación desarrollada por la Clínica FOSCAL, que analizó 521 casos diagnosticados entre 2016 y 2021, encontró que el 14,7% de los pacientes tenía menos de 50 años. El estudio también evidenció una mayor presencia de la enfermedad entre mujeres jóvenes y una relación importante con los antecedentes familiares.

    Entre los factores asociados con el incremento del riesgo se encuentran los cambios en los hábitos de vida, como el consumo frecuente de alimentos ultraprocesados, grasas y embutidos, así como el sedentarismo, la obesidad y una alimentación baja en frutas, verduras y fibra.

    Los especialistas también hacen un llamado a prestar atención a señales que pueden ser indicativas de la enfermedad. Una de las principales es el sangrado rectal, síntoma que en muchos casos es atribuido a las hemorroides, lo que puede llevar a retrasar la consulta médica. A esta señal se suman cambios persistentes en el hábito intestinal, episodios frecuentes de diarrea o estreñimiento, modificaciones en las evacuaciones, pérdida de peso sin explicación y dolor abdominal.

    La detección temprana resulta fundamental para mejorar las posibilidades de tratamiento. Más del 30% de los casos registrados en Colombia entre 2021 y 2025 fueron diagnosticados en etapas tempranas, aunque los especialistas consideran necesario ampliar la cobertura de los programas de tamizaje y facilitar el acceso oportuno a los métodos de detección.

    Una de las particularidades del cáncer colorrectal es que, en muchos casos, puede prevenirse. Durante una colonoscopia es posible identificar y retirar pólipos antes de que evolucionen hacia lesiones malignas, lo que convierte a este procedimiento en una herramienta importante para la prevención.

    El panorama también genera preocupación por su impacto entre las mujeres. De acuerdo con cifras de GLOBOCAN 2024, ese año se registraron 5.824 casos de cáncer colorrectal en mujeres colombianas, una cifra superior a los 4.738 casos reportados de cáncer de cuello uterino.

    A nivel mundial, la tendencia también mantiene en alerta a las autoridades y especialistas. Las proyecciones indican que hacia 2040 cerca de 200.000 personas entre los 25 y 49 años podrían ser diagnosticadas cada año con cáncer colorrectal. Actualmente, esta enfermedad causa alrededor de un millón de muertes anuales en el mundo.

    Ante este panorama, los especialistas recomiendan mantener una alimentación equilibrada, realizar actividad física, controlar el peso corporal, conocer los antecedentes familiares y consultar oportunamente ante la presencia de sangrado rectal o cambios persistentes en las evacuaciones. La detección a tiempo puede permitir identificar lesiones precursoras y evitar su progresión hacia el cáncer.

  • Mintrabajo deja sin efecto 11 circulares

    Mintrabajo deja sin efecto 11 circulares

    El Ministerio del Trabajo expidió la Circular 2708 de 2026, mediante la cual derogó y dejó sin efectos 11 circulares emitidas entre septiembre de 2025 y julio de 2026, tras identificar problemas relacionados con competencia, técnica normativa, interpretación jurídica y la creación de obligaciones sin suficiente respaldo legal.

    La ministra del Trabajo, Natalia Eugenia López Fuentes, señaló que la decisión hace parte de un proceso de depuración regulatoria orientado a fortalecer la seguridad jurídica y evitar que lineamientos administrativos sean utilizados como instrumentos autónomos para imponer requisitos, procedimientos, sanciones o cargas a empleadores, trabajadores y autoridades.

    Entre los documentos derogados se encuentran circulares relacionadas con libertad sindical, trabajo doméstico remunerado, plataformas digitales de reparto, estabilidad laboral reforzada, jornada laboral, horas extras y la aplicación de la reforma laboral.

    De acuerdo con la cartera laboral, algunos de estos instrumentos mezclaban recomendaciones con disposiciones que podían interpretarse como de obligatorio cumplimiento. Además, incluían criterios que excedían el alcance de la ley o establecían procedimientos y exigencias que requerían una norma de mayor jerarquía.

    El Ministerio aclaró que la derogatoria tendrá efectos hacia el futuro y no implica la nulidad automática de actuaciones administrativas o decisiones que hayan sido adoptadas durante la vigencia de las circulares ahora dejadas sin efecto.

    Como parte de la medida, las diferentes dependencias de la entidad deberán identificar las necesidades regulatorias y operativas que puedan surgir tras la derogatoria y elaborar nuevos instrumentos jurídicos cuando sea necesario. Mientras se adelanta esta revisión, se establecieron medidas transitorias para asuntos relacionados con el trabajo doméstico, la negociación colectiva, las plataformas digitales de reparto y la remuneración a destajo.

    Con esta decisión, el Ministerio del Trabajo busca que las futuras orientaciones administrativas diferencien con mayor claridad las normas de obligatorio cumplimiento, los protocolos internos y los documentos de carácter pedagógico, con el propósito de fortalecer la coherencia regulatoria y garantizar el respeto por los principios de legalidad y seguridad jurídica.