Categoría: Nacional

El director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), coronel Daniel Gutiérrez, anunció el inicio del operativo para trasladar a Edgar de Jesús Orrego, alias ‘Firu’, señalado jefe de las disidencias de las Farc, quien permanece recluido en la cárcel La Picota de Bogotá.

La decisión fue adoptada luego de una orden del presidente Abelardo De la Espriella, tras una denuncia presentada por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Según el mandatario departamental, alias ‘Firu’ estaría utilizando dispositivos electrónicos desde el centro penitenciario para realizar videollamadas y mantener contacto con otros integrantes de las disidencias, entre ellos alias ‘Primo gay’.

Ante esta situación, el presidente pidió al director del INPEC trasladar al señalado cabecilla a un establecimiento penitenciario con mayores restricciones de comunicación. “Señor director del INPEC, en el término de la distancia traslade a este delincuente alias ‘Firu’ a una cárcel en la que no entre ni siquiera la señal de la Santa Cruz”, afirmó De la Espriella, quien agregó que la medida busca impedir que el recluso continúe realizando actividades desde prisión.

Además del traslado, el INPEC realizó un operativo de requisa en la celda que ocupa alias ‘Firu’ en el pabellón de máxima seguridad de La Picota. De acuerdo con el reporte entregado por la institución, durante el procedimiento no fueron encontrados elementos prohibidos en el espacio donde se encontraba recluido el señalado integrante de las disidencias.

El operativo también incluyó el aislamiento de alias ‘Firu’ mientras se adelanta el procedimiento para definir su nuevo lugar de reclusión. El gobernador de Antioquia había solicitado reforzar los controles penitenciarios para impedir que integrantes de grupos armados ilegales mantengan comunicaciones con sus estructuras desde las cárceles. Por su parte, el INPEC aseguró que la respuesta ante la situación fue “rápida y contundente”.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) informó que el Gobierno Nacional puso en marcha un paquete de medidas tributarias, aduaneras y cambiarias para facilitar la atención de la emergencia y la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

El Decreto Legislativo 1419 establece beneficios para contribuyentes de todo el país con obligaciones en mora anteriores al 10 de agosto de 2026. Quienes se pongan al día, corrijan o presenten sus declaraciones pendientes antes del 19 de noviembre podrán acceder a una reducción del 85 % en las sanciones y a una tasa preferencial de interés moratorio del 4,5 % anual.

La norma también contempla beneficios para contribuyentes que tengan procesos ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, con demandas presentadas antes del terremoto. En primera instancia podrán conciliar el 85 % de las sanciones e intereses, mientras que en segunda instancia el beneficio será del 80 %, bajo las condiciones establecidas en el decreto. Estas medidas no aplican a los Grandes Contribuyentes.

Además, las donaciones o pagos en especie recibidos por las personas afectadas, hasta por 2.600 UVT por beneficiario, serán considerados ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. También se permitirá donar a la Nación saldos a favor reconocidos por la DIAN para financiar la atención del desastre, lo que dará lugar a un descuento tributario conforme a la normativa vigente.

Para los contribuyentes con domicilio fiscal en las zonas afectadas, se habilitaron facilidades especiales de pago. Podrán solicitar acuerdos de hasta 24 meses sin garantía o de hasta 36 meses con garantía personal cuando las deudas no superen las 6.000 UVT, equivalentes a $314.244.000. Asimismo, quienes ya tenían acuerdos de pago y entraron en mora después del terremoto podrán reprogramar, por una sola vez y hasta por 12 meses, las cuotas correspondientes al periodo entre el 10 de agosto y el 31 de diciembre de 2026.

Un nuevo sismo fue registrado durante la mañana de este sábado 19 de septiembre en el municipio de Istmina (Chocó), según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El movimiento telúrico tuvo una magnitud de 4,6 y una profundidad de 39 kilómetros, de acuerdo con el boletín actualizado número uno, emitido por la entidad a las 8:44 de la mañana.

El evento sísmico ocurrió durante las primeras horas de la jornada y tuvo como referencia el municipio de Istmina. Tras conocer el reporte, el SGC invitó a las personas que hayan sentido el movimiento a registrar su experiencia en la plataforma Sismo Sentido, herramienta que permite recopilar información sobre la percepción de los temblores en las diferentes zonas donde son reportados.

Este nuevo movimiento se suma a otros eventos sísmicos registrados en la región durante la madrugada. A las 12:01 de la madrugada, el SGC había informado sobre un sismo de magnitud 4,0 y una profundidad de 45 kilómetros, cuyo epicentro también fue localizado en Istmina, Chocó.

Posteriormente, a las 9:10 de la mañana, la entidad reportó una nueva réplica de magnitud 3,1, con una profundidad de 43 kilómetros y referencia en el mismo municipio chocoano. El SGC publicó el boletín correspondiente e insistió en la importancia de que los ciudadanos reporten si percibieron el movimiento a través de su plataforma de sismos sentidos.

Durante la madrugada también fue registrado otro evento sísmico en la región, aunque fuera del territorio colombiano. Según el SGC, a las 2:12 de la madrugada se presentó un sismo de magnitud 5,2, con referencia en Condorcanqui, departamento de Amazonas, en Perú, y clasificado como de profundidad superficial.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) declaró formalmente la ejecución y el seguimiento de las sanciones impuestas a siete antiguos integrantes del Secretariado de las Farc-EP por su responsabilidad en crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con el Caso 01, sobre toma de rehenes y graves privaciones de la libertad. Los sancionados son Rodrigo Londoño Echeverri, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Milton de Jesús Toncel Redondo, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar.

Las sanciones tienen diferentes duraciones según cada compareciente: Rodrigo Londoño y Pablo Catatumbo deberán cumplir ocho años; Jaime Alberto Parra, siete años, diez meses y dos días; Milton de Jesús Toncel, siete años, ocho meses y 25 días; Pastor Alape, seis años, 11 meses y 22 días; Julián Gallo, seis años, y Rodrigo Granda, cinco años. Durante este periodo deberán permanecer en una residencia fija, cumplir horarios de trabajo y atender restricciones de movilidad. Además, necesitarán autorización para determinados desplazamientos, no podrán salir del país sin permiso y deberán utilizar un dispositivo de seguimiento electrónico.

La decisión de la JEP contempla además 79 acciones restaurativas distribuidas en diferentes territorios del país, relacionadas con la memoria y reparación simbólica, la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, la protección del medioambiente y el territorio y acciones frente a las minas antipersonal. Como parte de estas actividades, cinco de los siete sancionados —Rodrigo Londoño, Rodrigo Granda, Pastor Alape, Jaime Alberto Parra y Milton de Jesús Toncel— participarán entre el 21 y el 30 de septiembre en labores de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el cementerio San Antonio de Padua, en Pitalito, Huila.

Las actividades en Pitalito estarán bajo la dirección técnica de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) e incluirán labores de organización del área, preparación y traslado de herramientas, señalización, apoyo topográfico y retiro controlado de vegetación, suelo y sedimentos. Los sancionados también participarán en excavaciones manuales y brindarán apoyo logístico a los equipos de antropología encargados de la prospección humanitaria. La JEP aclaró que esta intervención no constituye una nueva sanción, sino que hace parte de los proyectos restaurativos establecidos previamente en la sentencia.

La elección del cementerio San Antonio de Padua responde a información recopilada por la UBPD sobre personas dadas por desaparecidas en el marco del Caso 01 en el Huila, así como a la existencia de víctimas acreditadas en la región. Con la decisión, el Tribunal para la Paz asumió formalmente el seguimiento de las sanciones propias y deberá verificar el cumplimiento de las actividades restaurativas, las restricciones de movilidad y las demás condiciones establecidas para los siete antiguos integrantes del Secretariado de las Farc-EP.

La empresa SuperGiros destinará una cuota inicial de $15.000 millones para reconstruir 620 viviendas que resultaron destruidas o averiadas por el sismo registrado en el departamento del Chocó. La iniciativa corresponde a una primera fase y posteriormente podría extenderse al Valle del Cauca y al Eje Cafetero.

El proyecto fue diseñado a partir de un levantamiento técnico realizado por un equipo de ingenieros, encargado de evaluar el nivel de afectación de cada inmueble y las condiciones de los terrenos. De acuerdo con la empresa, las intervenciones se ajustarán a las características de cada predio y contemplarán la construcción de viviendas en ladrillo o bloque.

Las nuevas unidades habitacionales tendrán entre 60 y 70 metros cuadrados, según las condiciones de cada proyecto. Para acelerar las obras, SuperGiros contempla habilitar 20 frentes de trabajo simultáneos, con contratistas provenientes de diferentes regiones del país, mientras que el tiempo estimado para intervenir cada vivienda estará entre 35 y 45 días.

El cronograma general de la primera etapa está proyectado para aproximadamente dos años de trabajo continuo. La empresa señaló que la intervención de las viviendas de sus colaboradores también busca contribuir a disminuir la presión sobre los recursos públicos destinados a atender a las personas afectadas por la emergencia.

El plan contempla además un esquema de autoconstrucción, mediante el cual los beneficiarios y sus familias podrán participar en las obras junto con maestros, ingenieros y personal especializado. SuperGiros indicó que la participación de mano de obra de las propias comunidades permitirá aprovechar recursos disponibles en los barrios y contribuir a agilizar la reconstrucción de las viviendas.

El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Bedoya, expresó su preocupación por el panorama que enfrenta el sector agropecuario ante la prolongación del fenómeno de El Niño y las elevadas temperaturas, condiciones que amenazan la oferta de alimentos en algunas de las principales zonas productoras del país.

El dirigente gremial advirtió que la falta de agua está reduciendo la productividad de los cultivos y afectando características como el tamaño de las frutas. Además, productores de cultivos de ciclo corto analizan la posibilidad de suspender las siembras durante el primer semestre de 2027, debido a la incertidumbre sobre las condiciones climáticas y la disponibilidad de agua.

Entre los cultivos afectados se encuentra la papa, especialmente en zonas de la región Andina por la escasez de agua, aunque en otros sectores se presentan condiciones opuestas, como exceso de lluvias y anegamiento de los suelos. En el caso del arroz, Bedoya señaló que el área cultivada se ha reducido en un 24 %, en medio de dificultades económicas de productores y problemas relacionados con algunos distritos de riego.

Aunque descartó un incremento masivo e inmediato de los precios de la canasta básica, Bedoya pidió fortalecer la vigilancia para evitar posibles prácticas especulativas en las plazas mayoristas y establecimientos comerciales. También señaló que las dificultades del sector se suman a factores internacionales que encarecen el transporte de insumos, entre ellos los problemas registrados en rutas marítimas estratégicas.

A este panorama se agregan las dificultades que enfrentan productos de exportación como tilapia, flores, banano, aguacate Hass y limón por factores como los aranceles en Estados Unidos y las fluctuaciones de la tasa de cambio. Bedoya también mencionó el incremento de los costos laborales y la próxima negociación del salario mínimo como factores adicionales de presión para el sector agropecuario.

En el marco del AFI Summit 2026, la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro) advirtió sobre las barreras que enfrentan los pacientes en Colombia para acceder oportunamente a tratamientos innovadores. Durante el encuentro, que conmemoró los 70 años del gremio, su presidente ejecutivo, Ignacio Gaitán Villegas, aseguró que, según un estudio desarrollado junto con PROESA de la Universidad Icesi y la Fundación Valle del Lili, el 20 % de las muertes en el país serían evitables con tratamientos que ya existen.

Gaitán señaló que uno de los principales obstáculos está relacionado con los tiempos de aprobación y disponibilidad de los medicamentos. Según explicó, en Colombia un tratamiento innovador puede tardar alrededor de cinco años en llegar a los pacientes, mientras que el promedio internacional se ubica entre 12 y 18 meses. Un estudio divulgado previamente por Afidro y basado en el indicador W.A.I.T. de pacientes de 2025 también reportó que la disponibilidad de medicamentos innovadores en Colombia supera los cinco años desde su aprobación global.

El directivo sostuvo que estos retrasos pueden tener consecuencias sobre pacientes que requieren tratamientos ya disponibles en otros mercados. De acuerdo con su planteamiento, el desafío no se limita a desarrollar nuevas alternativas terapéuticas, sino a conseguir que estas puedan incorporarse oportunamente al sistema de salud colombiano. El estudio W.A.I.T. encontró que, entre 2024 y 2025, apenas el 3 % de las moléculas analizadas mostró algún avance en disponibilidad en Colombia, mientras el 96 % permaneció sin cambios.

Durante el encuentro también se abordó el envejecimiento de la población como uno de los principales desafíos para el sistema de salud. Gaitán señaló que la estructura demográfica del país está cambiando y que una mayor proporción de adultos mayores aumentará la presión sobre los servicios sanitarios. Jessica Jassir, Medical Head de vacunas de GSK, coincidió en que Colombia atraviesa una transición demográfica y destacó la importancia de fortalecer las estrategias de prevención frente a enfermedades asociadas con la edad.

En ese contexto, Jassir planteó la necesidad de reforzar la prevención y la inmunización durante las diferentes etapas de la vida, especialmente frente a enfermedades como influenza, neumococo, herpes zóster, tos ferina y virus respiratorio sincitial. Para la especialista, anticiparse a estas enfermedades puede contribuir a preservar la capacidad funcional de las personas mayores y enfrentar el impacto que tendrá el envejecimiento poblacional sobre el sistema de salud colombiano.

El Gobierno de Abelardo de la Espriella notificó su decisión de retirar a Colombia de la Copresidencia de la Equal Rights Coalition (ERC), coalición internacional que trabaja en la promoción y protección de los derechos de las personas LGBTIQ+. La determinación fue comunicada mediante una carta enviada al Gobierno de España, país que compartía con Colombia la dirección de la organización.

Colombia y España asumieron la copresidencia de la ERC tras la conferencia celebrada en Berlín en diciembre de 2024, con un mandato correspondiente al periodo 2025-2027. De acuerdo con la información oficial de la coalición, actualmente hacen parte de ella 43 Estados, además de organizaciones de la sociedad civil. Con la decisión anunciada este jueves, Colombia abandona anticipadamente el liderazgo que ejercía junto a España.

La Cancillería explicó que el retiro se produjo luego de considerar que la participación de Colombia en este mecanismo internacional “no era prioritaria”. El Gobierno también señaló que la decisión no representa una afectación a los derechos de la población LGBTIQ+. Colombia había participado activamente durante su periodo de copresidencia en pronunciamientos internacionales sobre igualdad, discriminación y protección de estas comunidades.

Durante la copresidencia, Colombia y España emitieron conjuntamente pronunciamientos ante organismos internacionales y dentro de la propia coalición. En 2025, por ejemplo, ambos países expresaron preocupación por el avance de legislaciones que criminalizan las relaciones consensuales entre personas del mismo sexo y llamaron a fortalecer la protección de los derechos de las personas LGBTIQ+.

Con el retiro colombiano, España queda como único Estado que mantenía la copresidencia junto con Colombia para este periodo, mientras la coalición deberá continuar con su estructura de gobierno y definir el relevo correspondiente. La ERC fue creada en 2016 y reúne a gobiernos y organizaciones de la sociedad civil para coordinar acciones internacionales relacionadas con los derechos y la protección de las personas LGBTIQ+.

Carlos René Montoya asumió oficialmente como nuevo presidente de Colpensiones, luego de ser elegido por la Junta Directiva de la entidad este jueves 17 de septiembre. El abogado llega a la administradora pública de pensiones con una trayectoria de 25 años en los sectores público y privado y en reemplazo de la administración que estuvo encabezada de manera encargada por Diego Alejandro Urrego.

Montoya Muñoz es abogado de la Universidad del Sinú y cuenta con especializaciones en Negociación y Manejo de Conflictos, Derecho Procesal Civil y Derecho Administrativo. Además, tiene formación en Alta Gerencia de la Universidad de los Andes y estudios en relaciones laborales con la Organización Internacional del Trabajo (OIT). A lo largo de su carrera ha tenido experiencia en la Auditoría General de la República, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, la academia y el sector empresarial.

La sesión en la que fue elegido estuvo presidida por la ministra del Trabajo, Natalia Eugenia López Fuentes, quien participa en la Junta Directiva como representante del presidente de la República. También estuvieron Diana Margarita Ojeda Visbal y Nicolás Farfán Namen, representantes del jefe de Estado. Tras la designación, la ministra destacó la importancia de fortalecer la atención a los afiliados y pensionados de la entidad.

Uno de los principales desafíos que encontrará Montoya está relacionado con las necesidades presupuestales de Colpensiones para garantizar el pago de las mesadas. De acuerdo con lo expuesto por el Ministerio del Trabajo, existe un faltante cercano a los cinco billones de pesos para cubrir las obligaciones correspondientes a noviembre y diciembre de este año, mientras que la cartera ha señalado que la entidad requiere cerca de 58 billones de pesos para atender sus compromisos relacionados con las mesadas del régimen de prima media.

“Colpensiones representa historias de vida, años de trabajo y el futuro de miles de familias”, afirmó la ministra Natalia López, quien señaló además que la nueva etapa debe fortalecer una entidad que responda con eficiencia y garantice una atención oportuna y respetuosa de los derechos de los ciudadanos. Con su llegada, Montoya asumirá la conducción de una entidad que enfrenta retos financieros, administrativos y de atención a millones de afiliados y pensionados en Colombia.

El abogado y publicista Carlos Suárez, quien fue asesor y estratega de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella, fue confirmado este jueves 17 de septiembre como nuevo presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol. La decisión fue respaldada por unanimidad por los integrantes del máximo órgano de gobierno de la compañía.

Suárez había sido elegido el pasado 15 de septiembre como uno de los seis nuevos integrantes de la Junta Directiva, junto con Jorge Alberto Jaller Jaramillo, José Camilo Manzur Jattin, Ludmila del Carmen Vergara Rosales, Betzy Patricia Martínez Zapatero y Claudia Margarita Lafaurie Taboada. La nueva composición quedó integrada por nueve miembros, de acuerdo con la información oficial de Ecopetrol.

Entre las responsabilidades de Suárez estará el desarrollo de estrategias para el manejo de situaciones de crisis. Su llegada a la presidencia de la Junta se produce en un momento de importantes desafíos para la petrolera estatal, relacionados con la producción de hidrocarburos, la seguridad energética, las inversiones, la transición energética y el desempeño financiero. Además, una de las primeras decisiones de la nueva junta será participar en el proceso de elección del próximo presidente de Ecopetrol.

Nacido en Bogotá, Suárez es abogado de la Universidad Externado de Colombia y cuenta con una especialización en gerencia pública y control fiscal, además de un posgrado en Derecho Constitucional y Penal de la Universidad de Salamanca, en España. Desde 2010 ha desarrollado actividades relacionadas con comunicación estratégica, gestión de crisis y marketing digital, y es fundador y CEO de la firma Estrategia&Poder.

Su trayectoria también incluye reconocimientos en los Premios Napolitan Victory Awards, entre ellos los obtenidos en las categorías de Comunicación y Oratoria, Mejor Blog Político del Año y Campaña Audiovisual del Año. Durante la campaña presidencial de 2026 tuvo un papel destacado como estratega de De la Espriella y, tras el triunfo electoral, decidió no asumir un cargo ministerial en el nuevo Gobierno.

Colombia enfrenta el desafío de preparar su sistema de salud para una población que avanza hacia un mayor envejecimiento y que podría presentar una creciente demanda de atención por enfermedades crónicas. Así lo señala The Value of Chronic Care, un estudio internacional presentado por Zurich Seguros que analiza la capacidad de los sistemas sanitarios de los 38 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para responder a este tipo de condiciones.

De acuerdo con la medición, Colombia obtuvo 46 puntos sobre 100 y ocupó el puesto 29 en la clasificación general. El resultado contrasta con el indicador relacionado con la carga de enfermedad, en el que el país aparece en el segundo lugar entre las naciones con menor afectación dentro de la medición. El informe destaca que contar con mayores recursos económicos no necesariamente se traduce en mejores resultados, pues también influyen aspectos como la coordinación de los servicios, la eficiencia y la continuidad de los tratamientos.

Entre las enfermedades que actualmente representan una parte importante de la carga para los colombianos se encuentra el cáncer, con 32%, seguido por las enfermedades cardiovasculares, con 31%. Los problemas de salud mental representan el 22%, mientras que las enfermedades musculares y articulares alcanzan el 17%. En cuanto al desempeño de la red sanitaria, Colombia ocupó el puesto 38, el último de la medición, con dificultades señaladas en aspectos como la calidad de la atención, el acceso a consultas, la preparación ante el envejecimiento y la incorporación de innovación médica y tecnológica.

El reto adquiere mayor dimensión ante las proyecciones demográficas. Según estimaciones del DANE, para 2036 los adultos mayores superarían en número a los niños en Colombia, mientras que para 2050 las personas de 60 años o más representarían aproximadamente una de cada cinco personas del país. Aunque América Latina mantiene una población relativamente joven frente a otras regiones, el estudio encontró diferencias en la preparación de sus sistemas de salud, con puntuaciones de entre 35 y 45 puntos sobre 100 entre los países latinoamericanos analizados.

Para Nicolás Marchant, CEO de Zurich Colombia, disponer de información sobre los riesgos actuales permite orientar decisiones hacia la prevención y anticiparse a las necesidades futuras. El informe plantea que el país cuenta con un periodo para fortalecer aspectos como la calidad de los servicios, el acceso a la atención y la incorporación de nuevas tecnologías, antes de que los cambios demográficos incrementen la demanda de servicios relacionados con las enfermedades crónicas.

El Gobierno Nacional prepara una medida para fortalecer el abastecimiento de combustibles líquidos destinados a las plantas de generación térmica, ante las condiciones energéticas asociadas al fenómeno de El Niño 2026-2027. El Ministerio de Minas y Energía publicó el proyecto de decreto para comentarios ciudadanos entre el 16 y el 19 de septiembre, con el propósito de modificar las reglas de suministro y reforzar la confiabilidad del Sistema Interconectado Nacional.

La propuesta contempla que, cuando esté comprometida la confiabilidad del sistema eléctrico, las plantas térmicas puedan diversificar sus fuentes de abastecimiento de combustibles líquidos y adquirirlos a más de un distribuidor mayorista. La medida busca reducir los riesgos derivados de eventuales restricciones logísticas u operativas que puedan impedir que una planta reciba oportunamente el combustible necesario para generar electricidad.

La preocupación está relacionada con el papel que tendrá la generación térmica durante el periodo de menor disponibilidad de recursos hídricos. XM ya activó mecanismos asociados a las medidas transitorias adoptadas por la CREG para garantizar el abastecimiento de energía durante El Niño y mantiene el seguimiento a las condiciones del sistema. La regulación vigente contempla mecanismos específicos para enfrentar el periodo de riesgo de desabastecimiento.

El escenario también está marcado por la evolución de los embalses y por la necesidad de contar con generación suficiente para atender la demanda. Según XM, los embalses agregados del país cerraron agosto de 2026 en 79,36 % de su capacidad útil, mientras el operador continúa publicando los indicadores utilizados para evaluar la condición del sistema durante el fenómeno climático.

Con el proyecto de decreto, el Gobierno busca contar con herramientas adicionales para que las plantas térmicas puedan responder ante eventuales dificultades en el suministro de combustibles y contribuir a mantener la confiabilidad del sistema eléctrico. Las observaciones al proyecto podrán presentarse hasta el sábado 19 de septiembre, antes de que el Ministerio avance en el trámite correspondiente para su eventual expedición.

La Fiscalía General de la Nación amplió las medidas cautelares con fines de extinción del derecho de dominio dentro de la investigación relacionada con el conglomerado empresarial Lili Pink. En esta segunda fase del proceso fueron afectados 45 bienes inmuebles, cuyo valor supera los 184.615 millones de pesos, según informó el ente investigador.

La operación está a cargo de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, adscrita a la Delegada para las Finanzas Criminales. Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Ejército Nacional, adelantan las diligencias de ocupación de los bienes incluidos en las medidas cautelares.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el conglomerado empresarial habría utilizado como fachada la comercialización de ropa femenina para facilitar el ingreso a Colombia de recursos de presunto origen ilícito y mercancía de contrabando. Estas afirmaciones hacen parte de la hipótesis investigativa que sustenta las actuaciones adelantadas por las autoridades dentro del proceso.

Los activos afectados corresponden a 17 inmuebles rurales y 28 urbanos, localizados en diferentes regiones del país. Los bienes se encuentran en Bogotá; Funza, La Calera y Tenjo, en Cundinamarca; Cartagena, Bolívar; Pereira, Risaralda; Ibagué, Tolima, y Cali, Valle del Cauca, de acuerdo con la información entregada por el organismo judicial.

La nueva actuación se suma a las medidas adoptadas previamente dentro del caso Lili Pink, en el que la Fiscalía

El debate judicial sobre los bombardeos de las Fuerzas Militares en zonas donde podrían encontrarse menores de edad reclutados por grupos armados ilegales sumó este miércoles dos decisiones diferentes. Mientras el Juzgado 34 de Familia de Bogotá levantó la suspensión provisional que había condicionado estas operaciones y estableció un estándar reforzado de precaución, el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cúcuta ordenó al Gobierno Nacional abstenerse de realizar bombardeos en áreas donde se registre presencia de menores de edad o población civil.

En Bogotá, el despacho judicial ordenó a la Presidencia, al Ministerio de Defensa, al Comando General de las Fuerzas Militares y a la Fuerza Aeroespacial Colombiana adoptar medidas especiales cuando exista información cierta, objetiva o razonablemente verificable sobre la presencia de niños, niñas o adolescentes. Entre los criterios se encuentran intensificar la verificación de inteligencia, incorporar la presencia de menores en la evaluación jurídica y operacional, valorar los riesgos para su vida e integridad y analizar alternativas menos lesivas que permitan alcanzar una ventaja militar comparable.

La decisión también establece que la presencia de menores en un campamento o estructura de un grupo armado no puede llevar automáticamente a considerar que se trata de un objetivo legítimo de ataque. Según el fallo, su situación debe analizarse bajo las normas aplicables del Derecho Internacional Humanitario, teniendo en cuenta además su condición de víctimas del reclutamiento. La operación deberá cumplir los principios de distinción, precaución y proporcionalidad antes de ser autorizada y ejecutada.

En paralelo, en Cúcuta, una tutela presentada por Natalia Bernal en representación de comunidades consideradas de especial protección llevó al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito a adoptar una medida provisional diferente. El despacho ordenó a las Fuerzas Militares abstenerse de realizar operaciones aéreas cuando exista información de que niños, jóvenes o población civil podrían resultar afectados y señaló que, mientras la situación no pueda ser esclarecida o definida, estas acciones no deberán ejecutarse.

Las dos decisiones abren un escenario jurídico diferente frente a las operaciones aéreas contra estructuras armadas con presencia de menores reclutados. El exmagistrado y expresidente de la Corte Constitucional Alfredo Beltrán señaló a Caracol Radio que la diferencia entre ambos fallos podría llevar a que los expedientes sean eventualmente seleccionados para revisión por la Corte Constitucional, aunque por ahora los efectos de cada decisión están vinculados a los casos concretos que dieron origen a las respectivas tutelas.

El Ministerio de Salud solicitó $1,9 billones para recuperar la infraestructura hospitalaria afectada por el terremoto del pasado 10 de agosto. Los recursos fueron incluidos entre los ajustes solicitados al Ministerio de Hacienda para el presupuesto de la cartera en 2027, según explicó la ministra de Salud, Ana María Vesga.

La funcionaria señaló que la cifra corresponde al consolidado de la evaluación realizada en los territorios afectados y contempla diferentes tipos de intervención. “Este es un valor que desde el Ministerio de Salud ya informamos al Ministerio de Hacienda y que está incluido dentro de los ajustes que hemos solicitado para el presupuesto del Ministerio de Salud 2027: 1,9 billones”, afirmó Vesga.

De acuerdo con el balance presentado por la ministra, 19 instituciones de salud deberán ser reconstruidas, con una inversión cercana a $900.000 millones y una intervención estimada de 106.000 metros cuadrados. Además, 100 instituciones requieren adecuaciones mayores, con recursos calculados en $582.000 millones, mientras que otras 339 necesitan obras menores, cuyo costo ascendería a $412.000 millones.

A estas necesidades se suma la recuperación de la dotación biomédica de 30 instituciones, con una inversión aproximada de $35.000 millones. Vesga aseguró que la emergencia provocada por el sismo constituye la mayor afectación a la infraestructura hospitalaria registrada en las últimas décadas, al compararla con eventos como el fenómeno de El Niño de 2010 y 2011, el huracán Iota, el Frente Frío y el terremoto de Armenia.

En total, el Ministerio de Salud reportó 440 afectaciones a la infraestructura hospitalaria, además de 4.517 personas heridas y 330 fallecidas. También fueron habilitados 74 albergues como alojamientos para 3.164 personas, mientras que se registraron afectaciones en diez centros de acopio de vacunas y ocho laboratorios de salud pública. El balance incluye, además, daños que afectaron a 278 trabajadores de la salud, entre ellos un médico radiólogo que falleció en la Clínica Los Nevados, en Pereira.

La plenaria del Senado negó este martes 15 de septiembre la moción de censura contra el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, luego de una votación en la que 61 senadores respaldaron su permanencia en el cargo y 27 votaron a favor de su salida.

La iniciativa había sido promovida a raíz de los cuestionamientos sobre la actuación del funcionario durante la emergencia generada por el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto, así como por el viaje que realizó a Santa Marta mientras el país enfrentaba las consecuencias de la tragedia.

Tras conocerse el resultado, Beltrán destacó la decisión del Senado y aseguró que representa un respaldo a la gestión del Gobierno. “Hoy gana el país, gana el gobierno de Abelardo De la Espriella en lo que corresponde a un proyecto serio y con responsabilidad en cada uno de los territorios”, afirmó el ministro.

En paralelo, la Cámara de Representantes tenía previsto realizar este martes un debate relacionado con la actuación del ministro durante la emergencia. Sin embargo, la discusión fue cancelada después de que el Senado negara la moción de censura, por lo que no se avanzó en un nuevo proceso sobre el mismo asunto.

La decisión en la Cámara se produjo luego de que los representantes aprobaran una proposición presentada por Julio César Triana, de Cambio Radical, para suspender el segundo debate de moción de censura. El congresista argumentó que, al haber sido negada la iniciativa en el Senado, un nuevo trámite en la otra corporación quedaría sin efecto.

Bogotá, 14 de septiembre de 2026. A pocas horas de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de Ecopetrol, se conoció la renuncia de Juan Carlos Hurtado como presidente encargado de la compañía. De manera temporal, la conducción de la petrolera quedará en manos de Camilo Barco, actual vicepresidente financiero, quien asumirá el cargo mientras se define el futuro de la administración.

La salida de Hurtado se produce en medio de la reestructuración de la alta dirección de Ecopetrol y de la reunión extraordinaria convocada para este martes, escenario en el que se esperan decisiones relacionadas con la composición de la junta directiva y la conducción de la empresa. Los movimientos se presentan en un momento de especial atención para la petrolera estatal y sus principales grupos de interés.

Hurtado había asumido la presidencia encargada después de que Ricardo Roa solicitara una licencia y posteriormente se apartara de la dirección de Ecopetrol. Su continuidad al frente de la compañía quedó cuestionada tras la divulgación de un audio en el que, según versiones conocidas públicamente, aparecería conversando con el empresario catalán Manel Grau y un contratista identificado como Víctor.

Con la designación temporal de Camilo Barco, uno de los principales responsables del área financiera de Ecopetrol estará al frente de la compañía durante esta etapa de transición. Entre sus responsabilidades estará garantizar la continuidad de las operaciones y representar a la petrolera mientras la junta directiva adopta las decisiones correspondientes sobre el rumbo de la administración.

La Asamblea Extraordinaria de Accionistas se realizará este martes y contempla la propuesta del Gobierno nacional para incorporar a la junta directiva a Jorge Alberto Jaller Jaramillo, José Camilo Manzur Jattin, Ludmila del Carmen Vergara Rosales, Betzy Patricia Martínez Zapateiro y Claudia Margarita Lafaurie Taboada. A su vez, continuarían César Eduardo Loza Arenas, Ricardo Rodríguez Yee y Luis Felipe Henao. Los cambios hacen parte de un proceso de reorganización del gobierno corporativo de Ecopetrol, en medio de la expectativa de los mercados e inversionistas sobre la estabilidad y el futuro de la empresa.

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación previa contra el senador Iván Cepeda Castro para determinar si se presentaron posibles irregularidades en la financiación de la consulta interna del Pacto Histórico, realizada en octubre de 2025.

Durante esa jornada, Cepeda se impuso en la consulta y fue elegido como candidato del Pacto Histórico para las elecciones presidenciales de 2026. Ahora, la Corte busca establecer si los recursos utilizados para financiar este proceso se ajustaron a las normas vigentes.

La investigación fue iniciada de oficio por la Sala de Instrucción, que ordenó la práctica de diferentes pruebas y la toma de declaraciones. Estas actuaciones hacen parte de la etapa preliminar del proceso y buscan recopilar elementos que permitan establecer si existieron irregularidades.

El alto tribunal pretende determinar, específicamente, si alrededor de la financiación de la consulta pudieron presentarse hechos que eventualmente tengan relevancia penal o que estén relacionados con posibles actos de corrupción.

La apertura de una indagación previa no significa que exista una decisión sobre la responsabilidad del senador Iván Cepeda. En esta fase, la Corte busca verificar los hechos, recaudar información y establecer si existen fundamentos suficientes para avanzar hacia otras etapas de la investigación.

El proceso queda ahora en manos de la Sala Especial de Instrucción, que deberá valorar las pruebas y declaraciones recopiladas para determinar el rumbo de la actuación judicial relacionada con la financiación de la consulta interna del Pacto Histórico.