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Un juez especializado de Antioquia condenó a 20 años y cuatro meses de prisión a cuatro integrantes del Comando Central del ELN (COCE), tras ser hallados responsables de los delitos de rebelión agravada y reclutamiento ilícito de más de 60 menores de edad. Los hechos investigados ocurrieron entre 2004 y 2018 en Antioquia, Bolívar, Chocó, Risaralda y Valle del Cauca.

Los condenados son Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino; Eliécer Herlindo Chamorro Acosta, alias Antonio García; Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán, y Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias Pablito. Según la investigación de la Fiscalía, las víctimas, de entre 8 y 17 años y pertenecientes a comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas, habrían sido vinculadas mediante falsas promesas, amenazas y violencia.

Una vez dentro de la organización, los menores eran obligados a realizar diferentes actividades, entre ellas preparar alimentos, patrullar, prestar guardia, cargar leña y ejecutar trabajos pesados. Otros fueron utilizados como radistas, participaron en combates, cobraron extorsiones o instalaron explosivos. La Fiscalía también documentó casos de violencia física, amenazas, lesiones y entrenamientos armados, además de situaciones en las que algunas niñas habrían sido obligadas a utilizar métodos anticonceptivos y a someterse a abortos. Tres de los menores murieron mientras permanecían en las filas del ELN.

El fallo también impuso condenas contra integrantes de estructuras regionales de la organización. Por hechos relacionados con el Frente de Guerra Occidental fueron sentenciados Emilcen Oviedo Sierra, alias Martha o La Abuela, a 14 años y dos meses; Miguel Enrique Hernández Padilla, alias Jairo, a 12 años y ocho meses; y Levis Dairon Polo Regino, alias Cholo, e Isaac Tuberquia Arias, alias Bernardo, a 11 años y 10 meses de prisión. Asimismo, Sunilda del Carmen Hoyos Gil, alias Yeimi; Carlos Alfonso Agudelo Gómez, alias Nelson, y William Alexander Zapata Mora, alias Patacón, recibieron penas de 11 años y ocho meses por su relación con el Frente de Guerra Darío de Jesús Castro.

La decisión judicial corresponde a un fallo de primera instancia y ordenó expedir órdenes de captura contra los 11 condenados, quienes no estuvieron presentes durante el proceso. Las autoridades podrán coordinar con Interpol las acciones necesarias para hacer efectivas las capturas y, posteriormente, las penas impuestas por la justicia colombiana.

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, anunció una beca universitaria para Matías Luengas Vergel, el joven cucuteño de 16 años que obtuvo el puntaje máximo de 500 sobre 500 en las Pruebas Saber 11. El resultado convirtió al estudiante en uno de los casos destacados de la reciente jornada de evaluación académica.

A través de una publicación, el mandatario informó que la beca fue posible gracias al aporte de un empresario colombiano y cubrirá los cinco años de la carrera universitaria que Matías decida cursar. El beneficio podrá ser utilizado en la universidad colombiana que el estudiante elija, lo que le permitirá continuar su formación profesional sin que los costos de matrícula representen una barrera.

De La Espriella destacó el desempeño académico del joven y resaltó especialmente su esfuerzo, disciplina y compromiso durante su trayectoria educativa. El presidente también extendió el reconocimiento a la familia de Matías, a la que atribuyó parte importante del acompañamiento que hizo posible el resultado alcanzado en las pruebas.

Matías Luengas es estudiante del Colegio Santo Ángel de la Guarda de Cúcuta y alcanzó los 500 puntos, el máximo resultado posible en las Pruebas Saber 11. Este desempeño se suma a otros reconocimientos obtenidos por el joven durante su formación académica y pone de relieve su rendimiento en el ámbito educativo.

Con la beca anunciada, el estudiante tendrá ahora la posibilidad de escoger tanto la carrera profesional que desea estudiar como la institución universitaria en la que continuará su formación. El beneficio cubrirá los cinco años de estudios, abriendo para el joven una nueva etapa académica en la que podrá avanzar en el proyecto profesional que decida construir.

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, realizó una alocución en la que abordó diferentes temas de coyuntura nacional, entre ellos la situación fiscal que, según afirmó, encontró al asumir la jefatura del Estado. Durante su intervención, el mandatario sostuvo que las finanzas públicas atraviesan uno de los momentos más complejos de la historia reciente del país y anunció medidas para hacer frente a este escenario.

De la Espriella reveló que impartió instrucciones al ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, para iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el propósito de buscar “una salida negociada” a la situación fiscal. Según el presidente, se trata de una crisis que, en sus palabras, “nos heredaron los corruptos que nos antecedieron”, en referencia a la administración del expresidente Gustavo Petro.

En su intervención, el jefe de Estado también lanzó críticas contra el anterior Gobierno y aseguró que durante ese periodo se “sobre endeudó a Colombia y despilfarró el presupuesto de todos los colombianos”. De la Espriella sostuvo además que las economías ilícitas e ilegales estarían irrigando el mercado y generando una “burbuja de aparente normalidad económica” que, según su apreciación, no correspondería con la realidad de las finanzas nacionales.

El mandatario afirmó que la situación fiscal del país es “la más crítica” de toda su historia y cuestionó la capacidad del Estado para mantener el nivel actual de gasto. “El Gobierno mantiene en una quimera, en una ilusión que no puede seguir pagando”, manifestó, al señalar que los ingresos serían inferiores a los recursos necesarios para atender el pago de la deuda y el funcionamiento del Estado, lo que obligaría a recurrir nuevamente al endeudamiento en los mercados nacionales e internacionales.

Finalmente, De la Espriella aseguró que su gabinete conoce la situación y recibió instrucciones para actuar bajo criterios de responsabilidad fiscal. “Las finanzas públicas ya no aguantan más, el saldo está en rojo”, afirmó el presidente, quien cerró su intervención con un llamado a controlar el gasto público. “No podemos seguir gastando plata a la loca. Hay que hacerlo con transparencia con el erario”, concluyó.

Geovany Andrés Rojas, conocido con el alias de ‘Araña’, comparecerá por primera vez ante un tribunal federal de Estados Unidos el próximo lunes 28 de septiembre. La audiencia está programada para las 2:00 de la tarde ante el juez federal adjunto Steve B. Chu.

Rojas, de 45 años, fue extraditado desde Colombia hacia Estados Unidos el pasado 25 de septiembre. Deberá responder ante la justicia estadounidense por dos cargos: conspiración internacional para distribuir cocaína y narcoterrorismo. Según el Departamento de Justicia, fue entregado a funcionarios estadounidenses en una base aérea de la Policía Nacional en Bogotá y posteriormente trasladado a San Diego bajo custodia de agentes de la DEA y el FBI.

El proceso judicial se remonta a febrero de 2025, cuando Rojas fue detenido en Colombia a partir de una notificación roja de Interpol relacionada con delitos de narcotráfico. Un mes después, un gran jurado federal del Distrito Sur de California presentó una acusación de dos cargos en su contra por su presunta participación en una conspiración internacional para distribuir cocaína y por narcoterrorismo.

En octubre de 2025, la Corte Suprema de Justicia de Colombia aprobó por unanimidad su extradición. Sin embargo, el Departamento de Justicia estadounidense señaló que el proceso fue suspendido posteriormente mientras Rojas participaba en una nueva ronda de conversaciones de paz entre grupos armados y el Gobierno colombiano. El 26 de agosto de 2026 se ordenó continuar con la extradición, que finalmente se concretó el 25 de septiembre.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Rojas fue portavoz y líder de Comandos de la Frontera, organización a la que vinculan con el cultivo y producción de cocaína en el suroeste de Colombia y con el control territorial mediante armas y violencia. El Departamento de Justicia también señala que Rojas perteneció a las FARC, firmó el Acuerdo de Paz de 2016 y posteriormente retomó las armas; en declaraciones públicas, él mismo ha identificado a Comandos de la Frontera como parte de la Segunda Marquetalia.

La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres Restrepo, volvió a pronunciarse sobre su concepto de familia tras la polémica que generaron sus declaraciones durante un debate en el Senado. A través de su cuenta de X, la funcionaria explicó nuevamente su posición.

Restrepo señaló que la familia no debería clasificarse únicamente por su composición y sostuvo que puede estar integrada por padres, madres, abuelos, tíos u otras personas que asuman el cuidado y la responsabilidad de un niño. También destacó la existencia de vínculos afectivos con amigos e incluso con mascotas.

Según la directora del ICBF, más allá de la forma en que esté conformado un hogar, lo esencial para los niños es contar con amor, cuidado, protección, alimentación, educación, seguridad y una persona responsable de garantizar su bienestar.

“La familia es una y una cosa es la familia y otra, muy distinta, quienes la conforman”, afirmó Restrepo en su publicación. La funcionaria agregó que existen múltiples maneras de conformar una familia y diferentes historias y vínculos afectivos que hacen parte de ellas.

El pronunciamiento se produjo después del intercambio que Restrepo protagonizó con el senador Duvalier Sánchez durante una sesión de la Comisión Séptima del Senado, en la que se discutieron temas relacionados con la atención a niños, niñas y adolescentes y las distintas formas de organización familiar en Colombia. Con su nueva publicación, la directora buscó precisar su posición y destacar la importancia del cuidado y la protección de los menores.

La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) anunció que no utilizará $79.183 millones de los recursos destinados a su funcionamiento administrativo durante este año, como parte de una estrategia de austeridad y priorización del gasto público.

Según la entidad, estos recursos serán liberados para regresar al sistema de salud y atender otras necesidades del sector. Del total, $65.675 millones corresponden a la reducción de la planta de personal, mientras que $5.827 millones son saldos no comprometidos por cargos que no fueron provistos entre enero y septiembre.

A estos recursos se suman $7.681 millones correspondientes a saldos no comprometidos de contratos en curso. El director de la ADRES, Iván Sánchez, explicó que la entidad decidió no avanzar por ahora con una reestructuración administrativa, debido a la necesidad de concentrar los recursos en el fortalecimiento del sistema de salud.

Sánchez señaló que la decisión también responde al plan de choque anunciado recientemente por el Gobierno nacional, con el propósito de garantizar los recursos necesarios para la atención de los pacientes priorizados durante la primera fase de esta estrategia.

La ADRES indicó que esta medida hace parte de su compromiso con las nuevas acciones del Gobierno para el sector, entre ellas la compra de cartera dirigida. La entidad también anunció la priorización de la facturación relacionada con servicios y tecnologías en salud que se encuentran pendientes.

La Superintendencia Nacional de Salud adelanta una serie de encuentros con autoridades territoriales para revisar la situación financiera y operativa de los hospitales públicos, así como las deudas que mantienen las entidades responsables de pago con estas instituciones. Las reuniones también buscan hacer seguimiento a las intervenciones que permanecen vigentes y avanzar en alternativas que permitan mejorar la atención que reciben los usuarios del sistema de salud.

En desarrollo de esta agenda, la superintendente Nacional de Salud, María Andrea Godoy, sostuvo reuniones con gobernadores y secretarios de Salud de Caquetá, Cesar, Casanare y Tolima. Durante los encuentros se analizaron las principales dificultades que enfrentan los hospitales públicos en estos departamentos y las acciones que pueden implementarse para fortalecer su funcionamiento y garantizar la prestación de los servicios.

Godoy destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con las autoridades territoriales y los diferentes actores del sistema. “La Superintendencia tiene una política de puertas abiertas, escuchar, dialogar y trabajar de manera conjunta con los actores del sistema”, señaló la funcionaria, al explicar que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las regiones.

La superintendente también sostuvo que Colombia cuenta con múltiples diagnósticos sobre las dificultades que atraviesa el sector salud, pero advirtió que el reto está en convertir esa información en acciones concretas. En ese sentido, los encuentros buscan avanzar en soluciones relacionadas con la situación de los hospitales, las obligaciones pendientes de las entidades responsables de pago y las medidas necesarias para mejorar la atención a los usuarios.

Finalmente, María Andrea Godoy señaló que el trabajo articulado entre la Superintendencia, las autoridades territoriales, los prestadores, los usuarios y los demás actores del sistema puede contribuir al fortalecimiento de las labores de inspección, vigilancia y control. La entidad indicó que continuará promoviendo estos espacios de diálogo para identificar problemáticas y avanzar en respuestas frente a las necesidades de los servicios de salud en las regiones.

El Ministerio de Minas y Energía ordenó iniciar un racionamiento programado de gas natural en Colombia, luego de una contingencia operativa registrada en uno de los trenes de regasificación de SPEC LNG, en Cartagena. La situación fue detectada cerca de la medianoche del 25 de septiembre y obligó a adelantar labores de inspección y corrección en la infraestructura, mientras se redujo temporalmente la capacidad de regasificación.

Como consecuencia de la contingencia, la capacidad disponible pasó de 475 millones a 400 millones de pies cúbicos diarios. Ante esta reducción, el MinMinas determinó establecer un racionamiento programado que comprende las diferentes fuentes de suministro de gas natural de producción nacional y las infraestructuras de regasificación, con el objetivo de garantizar el abastecimiento de los usuarios considerados prioritarios.

De acuerdo con la disposición del Gobierno, los hogares, hospitales, colegios, sistemas de transporte masivo y demás usuarios esenciales tendrán la máxima prioridad en la atención. Después se atenderá la demanda destinada a la generación térmica y las industrias necesarias para garantizar el abastecimiento de las refinerías. Los demás usuarios que cuenten con contratos vigentes estarán sujetos a la disponibilidad de gas durante la contingencia.

El orden de atención también establece que, después de la demanda esencial, se priorizará el suministro para la generación térmica no esencial y posteriormente el gas requerido para transportar crudo destinado a las refinerías y garantizar el abastecimiento nacional de combustibles líquidos. Las exportaciones en firme ocuparán el último lugar dentro del esquema establecido por el Ministerio de Minas y Energía.

La medida permanecerá vigente hasta que SPEC LNG informe que fueron superadas las causas que originaron la contingencia y el Ministerio de Minas y Energía determine oficialmente el levantamiento del racionamiento. Mientras tanto, el Gobierno mantendrá el esquema de priorización para garantizar la atención de los sectores esenciales y reducir el impacto de la disminución temporal en la capacidad de suministro.

El Sistema de Medios Públicos RTVC advirtió sobre una situación financiera que, según la entidad, podría afectar la continuidad de los servicios de radio y televisión pública en diferentes regiones de Colombia. De acuerdo con el balance con corte al 31 de agosto de 2026, RTVC tenía previstos ingresos por $460.654 millones para la presente vigencia, pero a esa fecha había recaudado $312.263 millones, lo que representa un faltante de $148.391 millones frente a lo proyectado.

A este panorama se suma que la entidad reportó compromisos por $356.566 millones, una cifra $44.303 millones superior a los recursos efectivamente recaudados hasta ese momento. La actual administración, encabezada por Ángela Mora, señaló que parte de esta situación estaría relacionada con decisiones adoptadas durante el periodo anterior, cuando la entidad estaba bajo la gerencia de Hollman Morris.

Según RTVC, durante la anterior administración se adquirieron compromisos relacionados con conciertos, eventos y otras actividades sin que existieran recursos efectivamente disponibles o recaudados para respaldarlos. La entidad sostuvo que, mientras se asumían estas obligaciones, algunos gastos considerados esenciales para garantizar la operación quedaron con financiación insuficiente, entre ellos los servicios públicos, el suministro de energía y los arrendamientos de estaciones e infraestructura necesarias para mantener las señales de radio y televisión.

Sin caja

RTVC aseguró que actualmente no cuenta con caja suficiente para atender algunos de estos servicios y arrendamientos, situación que podría comprometer la operación de las señales en diferentes zonas del país si no se adoptan medidas. “Se dejaron compromisos sin respaldo y se pusieron en riesgo obligaciones básicas”, afirmó la entidad al explicar el panorama financiero encontrado y destacó la importancia de garantizar la prestación de los medios públicos, especialmente en regiones donde estos tienen presencia.

Ante el escenario, la actual Gerencia de RTVC informó que estableció como prioridades el pago de la nómina, la seguridad social y la continuidad de las señales. También anunció la suspensión de nuevos compromisos que no cuenten con financiación desembolsada, la depuración de las obligaciones pendientes y una revisión integral de la ejecución presupuestal y contractual, con el propósito de priorizar los recursos disponibles y mantener la operación de la radio y la televisión pública.

Durante la ceremonia denominada ‘El Renacer de Ecopetrol’, realizada en la Quinta de San Pedro Alejandrino, en Santa Marta, el presidente Abelardo De La Espriella anunció un cambio en la política energética de Colombia y aseguró que su Gobierno reactivará plenamente la exploración de hidrocarburos y la suscripción de nuevos contratos de petróleo y gas. El mandatario sostuvo que el país debe fortalecer su soberanía energética y evitar una mayor dependencia de fuentes externas.

De La Espriella cuestionó la política del Gobierno anterior frente a la exploración y afirmó que la reducción de nuevas actividades en este campo puede afectar la capacidad de Colombia para incorporar reservas y garantizar el abastecimiento energético. En ese sentido, anunció que durante su administración se buscará nuevamente petróleo y gas en el territorio nacional y que Ecopetrol tendrá un papel central en esa estrategia.

Uno de los anuncios más destacados fue la apertura del Gobierno al fracking. El presidente afirmó que esta técnica también podrá ser utilizada y señaló que su administración impulsará la exploración “a lo que dé”, aunque sostuvo que las actividades deberán desarrollarse bajo criterios de responsabilidad ambiental y con las tecnologías disponibles. El mandatario también llamó la atención sobre la necesidad de reemplazar las reservas existentes para garantizar el suministro energético en los próximos años.

El presidente planteó además que Ecopetrol deberá combinar el fortalecimiento de su negocio tradicional de hidrocarburos con la búsqueda de nuevas fuentes de energía y oportunidades de inversión. Según explicó, la compañía tendrá entre sus prioridades aumentar la exploración, incorporar nuevas reservas y garantizar el abastecimiento, pero las nuevas inversiones deberán responder a criterios técnicos, ambientales y financieros. “Ecopetrol no le pertenece al presidente, tampoco al Gobierno, muchísimo menos a un partido político. Es patrimonio de sus accionistas, de sus trabajadores y ante todo del pueblo colombiano”, afirmó.

Durante el acto, De La Espriella también respaldó al nuevo presidente de Ecopetrol, Joaquín Gutiérrez Caballero, quien fue elegido por la junta directiva de la compañía el pasado 24 de septiembre y asumirá formalmente el cargo el 28 de septiembre. Gutiérrez, administrador de empresas y exgerente de la campaña presidencial de De La Espriella, llega a la petrolera con el encargo de impulsar una nueva etapa de crecimiento, exploración y rentabilidad para la compañía.

Yamid Amat Serna, hijo del periodista Yamid Amat Ruiz, informó a través de sus redes sociales sobre la evolución del estado de salud de su padre, quien permanece hospitalizado en la Fundación Santa Fe.

Según el reporte, el reconocido periodista presentó una evolución positiva durante las últimas 24 horas, luego de recibir atención médica y cuidados permanentes por parte del equipo de profesionales de la institución.

“La salud de mi padre ha presentado evolución positiva en las últimas 24 horas gracias a las acciones médicas y cuidados recibidos de manera incansable por parte del extraordinario equipo médico y de enfermería de la Fundación Santa Fe”, señaló Yamid Amat Serna.

En el mismo mensaje, confirmó que su padre se encuentra actualmente en “piso de hospitalización”, lo que indicaría que habría dejado la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde permanecía internado desde la noche del lunes 21 de septiembre.

La información representa una actualización favorable sobre la condición del periodista colombiano, aunque su familia continúa pendiente de su recuperación y de los próximos reportes médicos.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, informó este viernes que el incendio forestal registrado desde el sábado pasado en Villa de Leyva, Boyacá, alcanzó un 98 % de liquidación, después de casi una semana de labores para controlar las llamas. El funcionario destacó el trabajo realizado por los organismos de emergencia y la Fuerza Pública.

En las labores participaron cuerpos de Bomberos de Boyacá y Bogotá, con apoyo de unidades de Tunja, Chiquinquirá, Samacá, Tinjacá, Tabio y otros municipios del departamento. De acuerdo con Lara, la emergencia representó un riesgo para el casco urbano de Villa de Leyva, por lo que los equipos concentraron esfuerzos en evitar que el fuego llegara a las zonas habitadas.

El incendio afectó varios centenares de hectáreas en el sector de Iguaque. Sin embargo, el ministro aseguró que las labores de los organismos de socorro permitieron proteger más de 6.000 hectáreas y evitar que las llamas ocasionaran daños mayores en el municipio.

Lara también señaló que no se registraron viviendas destruidas ni personas fallecidas o heridas como consecuencia de la emergencia. El ministro agradeció la labor de los bomberos, la Defensa Civil y la Fuerza Pública, y sostuvo que las autoridades no pueden evitar que se origine un incendio, particularmente cuando existe una posible intervención humana.

Finalmente, el ministro anunció que la próxima semana se reunirá con la Dirección Nacional de Bomberos para revisar el nivel de preparación y las necesidades de los organismos de emergencia de cara a la temporada de incendios. Lara advirtió que las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño podrían generar nuevas emergencias y llamó a fortalecer las medidas de prevención.

La Corte Constitucional estudiará la solicitud presentada por Colpensiones para aplazar hasta el 1 de abril de 2028 la entrada en vigencia de la reforma pensional. Actualmente, la fecha prevista para la implementación de las disposiciones declaradas exequibles es el 1 de abril de 2027.

La presidenta de la Corte Constitucional, Paola Andrea Meneses, confirmó que la petición de Colpensiones será incorporada al expediente y deberá ser analizada por la Sala Plena. La entidad ha argumentado que requiere un periodo adicional para completar los ajustes necesarios para la puesta en marcha del nuevo sistema pensional.

La solicitud se suma a planteamientos realizados previamente por entidades como el Banco de la República y el Ministerio de Hacienda, relacionados con las implicaciones fiscales y operativas de la implementación de la reforma. Colpensiones también ha señalado la necesidad de culminar adecuaciones tecnológicas, financieras e institucionales para asumir las nuevas obligaciones.

La reforma pensional, impulsada durante el Gobierno de Gustavo Petro, ya fue objeto de revisión por parte de la Corte Constitucional, que declaró exequibles varias de sus disposiciones y ordenó devolver al Congreso algunos artículos para que fueran corregidos y surtieran nuevamente el trámite legislativo correspondiente. La aplicación del nuevo sistema permanece sujeta a las decisiones pendientes del alto tribunal.

Ahora, la Sala Plena deberá estudiar los argumentos de Colpensiones y las demás solicitudes incorporadas al expediente antes de determinar si procede modificar la fecha de entrada en vigencia. Por el momento, el eventual aplazamiento hasta abril de 2028 es una petición que está pendiente de decisión y no una modificación ya adoptada.

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió garantizar las condiciones necesarias para el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), con el fin de que pueda continuar investigando graves crímenes cometidos durante el conflicto armado y avanzar en la lucha contra la impunidad.

El pronunciamiento se conoció tras una diligencia realizada en el cementerio San Antonio de Padua, en Pitalito, Huila, donde antiguos integrantes de las FARC y máximos responsables de la Fuerza Pública participaron conjuntamente en labores de búsqueda humanitaria de víctimas del conflicto. Estas actividades hacen parte del cumplimiento de las sanciones propias impuestas por la JEP.

El organismo internacional destacó además la participación de las víctimas y su papel central dentro del proceso de justicia transicional. Asimismo, calificó la implementación de estas sanciones como un hecho relevante para la justicia transicional en Colombia y a nivel internacional.

Según la ONU, las sanciones combinan restricciones efectivas de libertades y derechos, mecanismos de monitoreo y supervisión y proyectos restaurativos dirigidos a reparar a las víctimas y comunidades afectadas por el conflicto. Para el organismo, estas actuaciones evidencian la capacidad de la JEP para establecer patrones de graves crímenes, determinar responsabilidades e imponer sanciones a los máximos responsables.

Ante el avance de esta etapa del proceso y las que vendrán, Naciones Unidas insistió en la importancia de garantizar las condiciones institucionales y operativas de la JEP. El objetivo, señaló, es que la Jurisdicción pueda continuar desarrollando su mandato frente a los graves crímenes cometidos durante el conflicto armado y contribuir a los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

La Junta Directiva de Ecopetrol eligió este jueves 24 de septiembre a Joaquín Gutiérrez como nuevo presidente de la compañía. El acto de nombramiento está previsto para este viernes 25 de septiembre en Santa Marta, con la presencia del presidente de la República, Abelardo De La Espriella.

Tras la decisión, gremios del sector energético como la Asociación Colombiana de Ingenieros (ACIEM), la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (ACIPET), la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo (ACGGP) y la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros destacaron el nuevo liderazgo de la petrolera y su papel estratégico para el empleo, las cadenas productivas y el desarrollo de los territorios. Estas organizaciones hacen parte de los principales actores gremiales vinculados al sector de hidrocarburos del país.

Los gremios plantearon además una serie de prioridades para fortalecer la seguridad y el abastecimiento energético de Colombia. Entre ellas están aumentar la producción de los campos existentes, desarrollar el potencial de gas natural tanto en proyectos costa afuera como en tierra y fortalecer la exploración para incorporar nuevas reservas de petróleo y gas.

Dentro de las propuestas también se encuentra promover el desarrollo de proyectos de yacimientos no convencionales mediante técnicas como el fracking. Según los gremios, estas acciones buscan contribuir al abastecimiento energético, atraer inversiones y generar oportunidades de empleo en la cadena de hidrocarburos. Algunas de estas propuestas ya habían sido planteadas conjuntamente por organizaciones del sector en un documento de política pública presentado en mayo de 2026.

Finalmente, las organizaciones expresaron su disposición para trabajar con Ecopetrol, el Gobierno Nacional y los demás actores de la industria en iniciativas relacionadas con desarrollo tecnológico, competitividad y sostenibilidad. El nuevo presidente asumirá la conducción de la petrolera en medio de un proceso de renovación de su cúpula directiva, luego de que seis de los nueve integrantes de la Junta fueran renovados en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas del pasado 15 de septiembre.