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El Presidente Gustavo Petro consideró este jueves que la aprobación en primer debate del proyecto de ley de Reforma Tributaria es un paso concreto en la meta del Gobierno del Cambio para lograr un sistema justo de impuestos y un modelo de desarrollo sostenible en Colombia.

El Jefe de Estado explicó, por medio de su cuenta en Twitter, que de esta forma se avanza en la búsqueda de la que llamó ‘justicia tributaria’.

“Avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible y crear un sistema justo de tributación, donde los que más tienen sean los que más tributen, son los objetivos de la reforma que presentamos”, detalló el Jefe de Estado.

Agradeció, además, a los integrantes de las comisiones económicas constitucionales, las Terceras, por la aprobación del articulado de la reforma en primer debate.

Los 96 artículos del proyecto de ley de Reforma Tributaria fueron aprobados este jueves en bloques, en el Congreso de la República, luego de nueve horas de discusión en el seno de las Comisiones Terceras constitucionales conjuntas.

El Ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo indicó que con la reforma tributaria se recaudarán $22 billones, como meta, que serán destinados a la inversión social que el país requiere.

Señaló que el sector minero-energético será el aportante mayoritario de recursos, con un estimado de $9 billones.

Uno de los cambios centrales del texto, y que fueron socializados, es el de la eliminación del impuesto a las exportaciones de carbón y petróleo, pero a cambio se restableció la no deducibilidad de regalías y el impuesto a las exportaciones se reemplaza por una sobretasa en el impuesto de renta en las empresas petroleras y carbón, que equivale al 10% en el primer año, 7,5% en el segundo y 5% en el tercero’.

Sobretasa a hidroeléctricas y sector financiero

Otro de los cambios incluidos en el texto aprobado de la reforma es la aprobación de una sobretasa de 3 puntos a las hidroeléctricas y de 5 puntos al sistema financiero, último punto que sí estaba en el articulado original radicado.

El Ministro Ocampo Gaviria reiteró que el impuesto al patrimonio será progresivo y por cuatro años. Las tarifas marginales serán a partir de 0,5% para los patrimonios de más de $3.000 millones, 1% para los de más de $5.000 millones y del 1,5% para los de más de $10.000 millones.

En cuanto a ganancias ocasionales y herencias, la tarifa se fijó en 15% y quien se gane la lotería tributará el 25%.

Así mismo, fue aprobada la nueva lista con menos alimentos ultraprocesados gravados, para evitar una afectación a los hogares más vulnerables y a los tenderos, y la disminución del gramaje de las bebidas azucaradas.

Los alimentos ultraprocesados tendrán un tributo del 10% a partir de 2023 y se incrementa hasta el 20%, para 2025. Finalmente, el salchichón, arequipe y obleas quedaron excluidos de este gravamen.

Los legisladores aprobaron las propuestas originales como el gravamen a empresas digitales extranjeras como Spotify y Netflix y los cambios centrales al régimen de zonas francas, que deben establecer con progresividad un plan para incrementar las exportaciones y así mantener los beneficios tributarios que gozan.

El proyecto de ley pasa ahora a los debates simultáneos en las plenarias de Cámara y Senado.

Esta decisión de irse a juicio con quienes afecten su imagen la tomó la alta funcionaria al referirse al caso de Luz Fabiola Rubiano, la mujer que fue grabada insultándola en medio de las marchas que se realizaron en Bogotá contra el gobierno de Gustavo Petro, el pasado 26 de septiembre.

El hecho ha trascendido a tal punto que nunca antes se había visto en el país, por los comentarios discriminatorios o racistas, esto teniendo en cuenta, por ejemplo, que el director de la Policía Nacional, general Henry Sanabria, público un cartel que permitiera la identificación de la mujer, en primera instancia, nombrada como Esperanza Castro, pero que tras los testimonios, se logró ratificar que su nombre verdadero era Luz Fabiola Rubiano.

La postura de la vicepresidente ya se podía ver desde hace unos días, cuando su abogado Carlos Hernán Escobar, aseguro que los señalamientos atentaron gravemente contra la persona, en este caso, de Francia Márquez, por lo que esperaba la pronta actuación de las autoridades.

“En este caso yo ya no voy a hacer una conciliación porque efectivamente me di cuenta que conciliar y colocarle a que se retracte, no evita que el resto de la sociedad siga incurriendo en una conducta delictiva como es el odio racial”, aseguró la vicepresidenta en RTVC Noticias.

La acción investigativa de la Fiscalía General de la Nación, a través de la Seccional Bolívar y la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, permitió judicializar a nueve presuntos integrantes de una red de tráfico de migrantes que estarían involucrados en distintas maniobras ilícitas para garantizar el paso y salida de ciudadanos extranjeros con destino final a Estados Unidos, Europa y países de Suramérica.

Dos de los procesados son funcionarios de Migración Colombia. Uno de ellos, Rolando Iglesias Sanjuan, sería el principal articulador del andamiaje criminal. Al parecer, desde su puesto de trabajo en Paraguachón (La Guajira), contactaba a extranjeros y les ofrecía documentos de identidad como si fueran ciudadanos colombianos o prórrogas en los pasaportes para ayudarlos a salir del país por los aeropuertos Rafael Núñez, en Cartagena; y Ernesto Cortissoz, en Soledad (Atlántico).

El otro servidor público, identificado como Rafael Púa Ríos, es señalado de sellar los pasaportes y avalar el paso de los migrantes que lo buscaban en los filtros de migración de la terminal aérea que sirve a Barranquilla.

Los demás involucrados cumplirían distintos roles como falsificadores, tramitadores o intermediarios para conseguir registros civiles en distintas notarías y registradurías en ciudades de la Costa Atlántica.

Casos documentados

En el curso de la investigación fueron detectados varios eventos en los que habría participado la organización delictiva.

• En febrero del año en curso murieron cinco ciudadanos venezolanos, entre ellos un menor de edad, que eran movilizados ilegalmente junto a otros migrantes en un bus que cubría la ruta Maicao (La Guajira) – Guayaquil (Ecuador). El automotor se accidentó en el puente La Magdalena en Ipiales (Nariño), antes de cruzar zona de

frontera. En el siniestro 24 extranjeros resultaron heridos. • En septiembre de 2021, cuatro ciudadanos venezolanos, integrantes de una misma familia, fueron retenidos en el aeropuerto de Cartagena por portar prórrogas falsas en los pasaportes. El procedimiento se cumplió previo a que abordaran un avión que tenía como destino Ciudad de México.

• En agosto de 2021, una joven venezolana habría salido por el aeropuerto de Cartagena con una prórroga falsa en su pasaporte que le fue suministrada por la red criminal. Al llegar a México, las autoridades detectaron la ilegalidad y deportaron la mujer a Colombia. Días después fue expulsada de territorio nacional.

• En noviembre de 2020, cuatro dominicanos fueron capturados en el aeropuerto de Cartagena por portar pasaportes colombianos que habrían sido tramitados con registros civiles falsos que los acreditaban como nacidos en el país. Uno de los extranjeros fue expulsado.

Captura y judicialización

Las personas que harían parte de la estructura fueron capturadas en un trabajo conjunto de la Fiscalía, la Policía Nacional y Migración Colombia, en diligencias realizadas en distintos municipios de Atlántico, Córdoba y La Guajira.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó a los detenidos, según el posible nivel de participación, los delitos de concierto para delinquir, tráfico de migrantes y falsedad material en documento público. Cinco de los procesos aceptaron cargos, estos son:

• Rolando Iglesias Sanjuan, oficial de Migración Colombia en Paraguachón (La Guajira).

• Ramón Antonio Toncel Ariza, presunto responsable de la falsificación de los documentos y prorrogas en los pasaportes que usaban los extranjeros para permanecer en el país o pasar por los puestos migratorios.

• Lucy Patricia Conrado Manotas y Diana Patricia Hernández Almanza, señaladas de recibir a los migrantes que contactaba la organización y brindarles hospedaje mientras les ubicaban pasaportes, cédulas de extranjería y otros documentos.

• Gustavo Moya Puertas, propietario de una empresa de transporte de pasajeros con sede en La Guajira y Cesar. El material de prueba indica que, al parecer, ofrecía paquetes de alojamiento, alimentación y transporte de migrantes. Asimismo, habría coordinado el traslado y la logística del grupo de ciudadanos venezolanos que se accidentó en Ipiales (Nariño) intentando llegar a Ecuador.

Los otros procesados son:

• Rafael Púa Ríos, servidor de Migración Colombia que cumple funciones en los filtros del aeropuerto Ernesto Cortizzos. En la investigación se conoció que, al parecer, fue el funcionario que selló el pasaporte de la ciudadana venezolana que salió del Colombia y fue expulsada de México.

• Jorge Williangton Cabral Suárez, quien estaría involucrado en la captación de migrantes en La Guajira, y la obtención de sellos y documentos para garantizarles el tránsito por el país.

• Óscar Gabriel Dickson Herrera, presunto mediador.

Respecto a Arlington Camargo Diaz, señalado de llevar ciudadanos extranjeros a Valledupar (Cesar) para facilitarles la documentación necesaria para transitar y salir del país, durante las audiencias concentradas manifestó su voluntad de suscribir preacuerdo con la Fiscalía y aceptar su responsabilidad en los hechos.

Por disposición de una juez de control de garantías de Barranquilla todos los procesados deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en el lugar de residencia.

“Desde Caracas se reanudan los diálogos de paz oficialmente entre nuestro Gobierno y el ELN, junto a los países garantes de Venezuela, Cuba y Noruega”.

Así lo anunció este martes el Presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de Twitter, momentos antes de la lectura del comunicado conjunto que ratificó el reinicio de las conversaciones.

En el comunicado, dado a conocer desde la capital venezolana, las partes anunciaron que los diálogos de paz se reanudan retomando las Mesas y los avances logrados desde el pasado 30 de marzo de 2016, cuando se firmó la agenda de conversaciones.

Los diálogos, indicaron las partes en el comunicado, se reanudarán después de la primera semana de noviembre de 2022.

“Para el Gobierno de Colombia y el ELN, la participación de la sociedad en este proceso es esencial en los cambios que necesita Colombia para construir la paz”, señala el documento.

Las partes agradecieron a los países garantes: el Gobierno de Cuba, al Reino de Noruega y a la República Bolivariana de Venezuela “por su compromiso inquebrantable”. Lo mismo que a los invitados especiales, entre ellos, la Misión de Verificación de la ONU y la Iglesia Católica.

“¿Qué pasa si una persona de estas bandas ya solicitada en extradición o que se solicite en extradición hace parte de un proceso de paz en Colombia? Lo que he propuesto es que integrante de estas cadenas del narcotráfico que decida acogerse a la justicia en Colombia y dar garantías de no repetición, no sea extraditado”.

Así lo aseguró este lunes el Presidente, Gustavo Petro, luego de la reunión que sostuvo en la Casa de Nariño con el Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, donde dijo que este tipo de beneficios se deben vincular en una ley “porque no depende de la voluntad política de un Gobierno que, además, va a pasar, sino que debe tener cierta seguridad jurídica”.

En su intervención, el Jefe de Estado reveló que organizaciones y grupos narcotraficantes, que hoy se dedican al multicrimen en diferentes regiones del país, “han mandado cartas al Gobierno hablando de una negociación para desmantelarse”, para lo cual explicó que “tendría que hacerse, básicamente, bajo una ley de acogimiento a la justicia que el Gobierno va a presentar al Congreso y que lleva es a una negociación con el poder judicial, no con el Gobierno”.

En este sentido, reiteró que esta norma “tiene que ver con la justicia reparativa” y que “estas fuerzas desmanteladas pueden recibir beneficios jurídicos solo si hay verdad, hay garantías de no repetición y hay reparación, que en muchos casos son reparaciones ambientales”.

Para el Presidente es claro que un “narcotraficante, que esté en la cadena del narcotráfico, que no esté en ningún tipo de acogimiento a la justicia en Colombia, se sigue extraditando. Ya he firmado como 80 extradiciones”.

Además, enfatizó que, si un narcotraficante o quien esté en la cadena de este delito que se haya acogido a la justicia, se “burle de las garantías de no repetición y repita, debe ser extraditado”, para lo cual, aseguró, que le propuso al gobierno de Estados Unidos que apliquen “las mayores penas posibles, porque aquí ya burló un proceso de negociación jurídica”.

Estados Unidos, por medio del Secretario de Estado, Antony Blinken, dio este lunes un decidido respaldo al enfoque integral del Gobierno del Presidente Gustavo Petro al problema mundial de las drogas.

Así lo expresó el jefe de la diplomacia estadounidense, quien llegó en visita oficial al país, al término de la reunión que tuvo con el Mandatario en la Casa de Nariño.

“Nosotros respaldamos vivamente el enfoque holístico que está dando el Presidente Petro, a través de justicia, desarrollo, protección ambiental, reducción de la oferta, reducción de la demanda”, expresó Blinken en la declaración que entregó al lado del Presidente Petro.

Blinken subrayó “el compromiso inquebrantable de los Estados Unidos en su alianza con Colombia” y dijo que se expresa en temas como al apoyo al Acuerdo de Paz firmado en 2016.

“Durante décadas, la alianza entre los Estados Unidos y Colombia ha beneficiado a los pueblos de ambas naciones y a los pueblos del hemisferio”, manifestó el diplomático, quien agradeció la hospitalidad recibida del Gobierno colombiano y calificó como muy constructivas las conversaciones que tuvo con el Jefe de Estado.

Anotó que “en el Congreso de los Estados Unidos la cooperación con Colombia es una prioridad con apoyo sostenido y bipartidista” y agregó que “eso se debe en gran medida a nuestros valores compartidos de democracia, respeto de derechos humanos, la preservación del planeta para las futuras generaciones y la creencia de que todos nuestros pueblos deben alcanzar su pleno potencial”.

Migración

Por otra parte, Antony Blinken agradeció a Colombia “la increíble generosidad” de otorgar el Estatuto Temporal de Protección (TPS, por sus siglas en inglés) a los migrantes venezolanos y dijo que en ese campo el país “tiene un papel fundamental” y la herramienta “se ha convertido en un modelo para la región y para el mundo”.

El Secretario de Estado de EE.UU. inició en Colombia su visita a Suramérica, que incluye también a Chile y Perú.

En la reunión celebrada en la Casa de Nariño, el funcionario también habló con la Vicepresidenta de la República, Francia Márquez, y con el Canciller Álvaro Leyva Durán.

Este domingo, al reinstalar la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI), el Presidente Gustavo Petro afirmó que para lograr la paz en Colombia es necesario reformar el Marco Fiscal del país y priorizar la compra de tierras.

“¿Vale la pena romper el Marco Fiscal para hacer la paz? ¿Vale la pena la posibilidad de un endeudamiento mayor del Gobierno para cumplir los acuerdos de paz con las Farc? ¿Vale la pena comprar 3 millones de hectáreas de tierra y entregárselas al campesinado dentro de la frontera agraria para aumentar la producción de alimentos en Colombia?”, dijo el Jefe de Estado.

En ese contexto, el Mandatario les pidió a la CSIVI, a los analistas económicos y a los políticos del país evaluar esas alternativas que le permitan al Estado cumplir con los acuerdos de paz con las Farc, particularmente con el primer punto que se refiere a la Reforma Agraria, fundamental para lograr la Paz Total.

“Debemos reformar el Marco Fiscal, debemos aceptar que hay que hacer un esfuerzo presupuestal para comprar las tierras, que ese esfuerzo presupuestal no debe ser subsumido por un crecimiento del precio de la tierra que harían sus poseedores, dado que está concentrada su propiedad de una manera horrorosa”, enfatizó el Presidente.

Para avanzar en este propósito, el Mandatario hizo referencia a la implementación de “instrumentos como el Catastro Multipropósito y ojalá, un incremento del impuesto a la tierra, de gran posesión fértil pero improductiva”.

Además, el Presidente Petro indicó que en la medida que los retos en esa materia son “indudables”, planteó la posibilidad de priorizar la compra de la tierra como inversión pública del país y se preguntó a sí mismo: “¿Está el mundo dispuesto a acompañarnos en eso, hasta qué punto, marginalmente, seriamente?”.

Para tal fin, manifestó que “comprar la tierra significa no agredir a la persona tenedora de la tierra hoy, independientemente de su historia, porque la historia de la tierra de Colombia -de la tierra fértil- es una historia ensangrentada, es una historia violenta, pero independiente de esa historia de violencia, lo que nosotros les proponemos hoy es que se la compramos, les compramos la tierra a precio de mercado. Eso debe ser una condición de paz”.

El Mandatario reiteró que el Gobierno del Cambio tiene la voluntad política de cumplir los acuerdos de paz.

“Nosotros vamos como Gobierno -es nuestra voluntad política- creo que por eso nos nombraron, nos eligieron, a intentar cumplirlo, pero implica un cambio completo de la estructura del gasto público en Colombia, que en mi opinión vale la pena, pero que ya verán ustedes cuántas fuerzas van a intentar impedir que se haga”, recalcó.

Finalmente, el Jefe de Estado aseveró que como Presidente de la República hizo un análisis sobre el cumplimiento del primer punto de los acuerdos de paz con las Farc y llegó a la conclusión de que “el gobierno (anterior), porque el gobierno coordina el Estado, tomó la decisión de no cumplir los acuerdos de paz. Esa es mi percepción a cerca de lo que he encontrado”.

La Procuraduría General de la Nación abrió hoy investigación disciplinaria contra el senador Alex Javier Flórez Hernández, por su presunta participación en hechos ocurridos en la madrugada del pasado 2 de septiembre, que podrían tener relevancia disciplinaria.

Según los hechos disciplinarios relevantes consignados en el auto de apertura proferido por la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría, el senador pudo haber agredido verbalmente a miembros de la Policía Nacional, a quienes en reiteradas ocasiones les habría expresado que «en menos de 24 horas estarán trasladados y echados de la policía”.

Igualmente habría utilizado bienes del Estado de manera indebida durante su permanencia en la ciudad de Cartagena.

Flórez Hernández habría ejecutado actos de violencia verbal contra los referidos servidores públicos al proferir expresiones injuriosas o calumniosas contra ellos, además habría utilizado bienes del Estado de manera indebida y podría haber ejercido las atribuciones de su cargo para un propósito diferente a los previstos en su condición de Senador de la República.

Entre las pruebas ordenadas están los testimonios de los miembros de la Policía Nacional que se encontraban en el lugar de los hechos.

También ordenó realizar inspección al comando de la Policía, al hotel donde se hospedó el congresista y a otras entidades públicas para establecer si alguna de estas facilitó medios de transporte al mencionado senador.

El ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Iván Osuna Patiño, en su participación en la audiencia pública ‘Crisis Penitenciaria: Retos y Soluciones’, afirmó que los colombianos deben esperar del actual Gobierno políticas públicas novedosas, las cuales incluirán reformas legales y administrativas para hacer de las cárceles lugares de resocialización, reparación y creación de segundas oportunidades para las personas que han sido condenadas o que están detenidas a la espera de un juicio.

“Este gobierno fue elegido para cambiar las cosas en este país. Así que no esperen que diseñemos políticas iguales a las que se han diseñado en el pasado. Vamos a diseñar políticas públicas de cambio”, aseguró el ministro.

Explicó que el compromiso del Gobierno es encontrar una solución duradera, cierta y no populista. “Queremos llevar los derechos humanos al mundo carcelario y hacer que estos establecimientos no sean un escenario de negación de la personalidad humana y de los derechos humanos más básicos, sino de resocialización, reparación y creación de segundas oportunidades”.

El titular de la cartera de Justicia precisó que el propósito es superar el estado de cosas inconstitucional que declaró la Corte Constitucional desde hace más de 20 años. “Si solo lográramos eso, creo que sería una muy buena noticia para nuestro país”

“El hacinamiento en las cárceles también tiene que ver con que las personas que son condenadas pasan demasiado tiempo en la cárcel. Es una reflexión que sé, no es popular y que no suscita adhesiones, pero la sociedad colombiana debería pensar si esas penas larguísimas, de 50 o 60 años tienen sentido cuando se trata de resocializar, crear segundas oportunidades y reparar a las víctimas”, anotó.

Por último, el ministro Osuna insistió en el compromiso que tiene el Gobierno de “encontrar soluciones ciertas y eficaces, no mágicas. Acompañamos a la sociedad civil y queremos escuchar esas propuestas de solución en cuanto al diseño de políticas púbicas que nos permitan por fin salir de esa situación, que ha sido calamitosa”, puntualizó.

El ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Iván Osuna Patiño, anunció que el Gobierno “será absoluta y totalmente respetuoso de la independencia judicial, de la autonomía de la rama y, por lo tanto, de todas las sentencias, autos, fallos y determinaciones del poder judicial. El compromiso es erradicar el miedo del
funcionamiento del Estado”.

El pronunciamiento del titular de la cartera de Justicia tuvo lugar durante su participación en el panel ‘La Constitucionalización del derecho: logros y desafíos’, el cual dio inicio al XVII Encuentro Todos Somos Jurisdicción Constitucional, que se desarrolla en Villa de Leyva (Boyacá) y en el que envió un mensaje de reconocimiento a la labor actual e histórica de la Corte Constitucional.

“La Corte ha sido garante de construcción de nuestra Carta Magna, de protección de los derechos y libertades de todos los colombianos y de avance en la construcción de un derecho mejor para nuestra sociedad”, afirmó.

Insistió el ministro que desde el Ejecutivo habrá “respeto, protección y admiración por las personas que ejercen el poder judicial: por su vida privada, labor decisiones, posturas políticas y forma de ver el derecho”.

Así mismo, dijo que “el Gobierno está decidido a presentar las reformas normativas que sean necesarias para adaptar, de verdad, el derecho disciplinario del país a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, asignándole a la Rama Judicial aquellos procesos disciplinarios que según la Convención no le pueden corresponder a autoridades que no son judiciales. Eso, dentro de un proyecto de reforma un poco más amplio con la Procuraduría General de la Nación en el que estamos empeñados”.

El día de hoy fue radicada solicitud de audiencia de imputación contra Luz Fabiola Rubiano de Fonseca, como presunta responsable de los delitos de actos de discriminación y hostigamiento agravado, de los que fue víctima la Vicepresidente de la República Francia Elena Márquez Mina.

Al respecto, el Fiscal General de la Nación Francisco Barbosa Delgado indicó que “no es posible aceptar en Colombia ninguna expresión que fomente el racismo o que fomente cualquier tipo de violación a poblaciones que han sido discriminadas”.

Los hechos investigados ocurrieron en Bogotá. La indiciada habría entregado declaraciones a un medio de comunicación en contra de la dignidad de la Vicepresidente, las cuales fueron publicadas en un video subido a redes sociales el pasado 26 de septiembre. Desde entonces, la Fiscalía General de la Nación priorizó los actos investigativos para esclarecer con inmediatez lo ocurrido y enviar un mensaje al país para que estas conductas no se repitan.

El comisionado para la Paz, Danilo Rueda, en una declaración que dio en la Casa de Nariño, reveló que más de diez grupos armados ilegales ya iniciaron la aplicación de un cese unilateral al fuego en varias regiones del país, situación que, según el funcionario de la Presidencia, abona el camino para un cese multilateral.

De acuerdo con Rueda, también se han sumado algunas oficinas (bandas dedicadas al sicariato), las Autodefensas de la Sierra Nevada, el Clan del Golfo, entre otros.

“Se han sumado ya varios grupos, el Estado Mayor Central, la Segunda Marquetalia, están las AGC (Clan del Golfo), están varias oficinas de ciudades y las Autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Cada grupo, con su propia identidad, naturaleza y motivación, está expresando su disposición a ser parte de la paz total. En esta fase de exploración se les ha pedido no matar, no desaparecer, no torturar y vamos avanzando”, sostuvo Rueda.

Cese multilateral

Hace varios días, el presidente de la República dijo que en los próximos días se dará el anuncio de un cese multilateral con organizaciones armadas ilegales que han tocado la puerta del Gobierno nacional para que se sumen a la política de ‘paz total’.

El Presidente Gustavo Petro pidió este miércoles al nuevo Director del Fondo de Programas Especiales para la Paz (Fondopaz), Pablo Francisco Pardo Velasco, aplicar un proceso de reingeniería en todo el sistema de instituciones encargadas del tema de la paz para cumplir con los acuerdos suscritos con las Farc.

En el acto celebrado en el Salón Gobelinos de la Casa de Nariño, donde posesionó a seis funcionarios más, el Jefe de Estado señaló que “lo que si yo quiero es una reingeniería de todo eso, porque lo que tenemos es que cumplir el primer punto del acuerdo de paz y este Gobierno lo va a cumplir”.

Luego de tomar el juramento de Pardo Velasco como nuevo funcionario de su administración, el Mandatario explicó que “me he encontrado en la administración un laberinto de instituciones en el tema de la paz en Colombia. Creo que es un mecanismo para no hacerla. Ninguna tiene la capacidad para volver realidad los acuerdos de paz con las Farc, ninguna. No se construyeron para cumplir los acuerdos”.

Sin embargo, enfatizo el Presidente, “el mandato popular que nos confirió el estar en este Palacio sí nos lo demanda. Quienes ganaron, a diferencia del plebiscito anterior, fueron los que consideran que hay que cumplir el acuerdo de paz”.

Al respecto, añadió que esas instituciones, a su juicio, no cumplen con la tarea en comendada debido a que “primero, porque están todas aquí cerca de este Palacio, o cerca. Segunda, porque no tienen presupuesto. Tercera, porque son dispersas. Cuarta, porque solo tocan temas marginales de los acuerdos”.

Como ejemplo citó las dificultades que ha encontrado en establecer un monto preciso para adquirir más de 3 millones de hectáreas de tierra fértil y entregarla a los campesinos y –dijo– “nadie supo. Nadie se había hecho la pregunta. Ninguna institución de esas laberínticas, de las que estoy hablando, se había preguntado cómo se hace para cumplir con el primer punto del acuerdo”.

El Presidente Petro reiteró que con base en sondeos en las regiones se ha llegado a una cifra aproximada para adquirir las tierras, frente a lo cual agregó: “En las regiones calculan que una hectárea está entre 10 y 20 millones de hectáreas. Eso significa que el primer punto del acurdo de paz está entre 30 y 60 billones de pesos”.

En ese sentido, exhortó a los colombianos a hacer “el esfuerzo, no en gastarnos la plata en la guerra, sino en la paz. Y la paz empieza por gastarse un dinero público en compras de tierra fértil que equivalgan a tres millones de hectáreas para cumplir el primer punto”.

Con el nuevo Director de Fondopaz se posesionaron Carlos Fernando García Manosalva, como Director General de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia; el Director General de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, Stalin Antonio Ballesteros García; los superintendentes de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga Collazos; y de Vigilancia y Seguridad Privada, Sneyder Alfonso Manzur Arrieta; el Director General de la Unidad Administrativa Especial del Sector Defensa, José Reyes Rodríguez Casas; y el Liquidador de la Comisión de la Verdad, Mauricio Katz.

Ante la plenaria del Senado, el ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Iván Osuna Patiño, planteó la posibilidad de una reforma a la Ley de Extinción de Dominio y un aumento significativo del número de jueces que conocen estos procesos – actualmente son 12- para que el Estado pueda asumir en el menor tiempo posible el control de bienes vinculados con actividades ilícitas y los destine a proyectos productivos que favorezcan a población vulnerable.

En su intervención, el ministro llamó la atención sobre la necesidad de que los procesos de extinción no sean tan demorados como ocurre en la actualidad, y de incentivar las sentencias anticipadas.

“Reformar el Código de Extinción de Dominio podría ser una buena idea para fortalecer ese proceso y permitir que haya con mayor facilidad la aceptación de sentencias anticipadas, ya que no ha sido estimulante para las personas involucradas acogerse a estas sentencias”.

Agregó que “dentro de la jurisdicción penal se creó una especialidad de extinción de dominio, pero lamentablemente el número de jueces es ínfimo. Entonces una primera actuación del gobierno sería la de proponerle al Consejo Superior de la Judicatura un incremento significativo, notable y visible del número de jueces que se ocupan de dichos procesos”, precisó.

Recordó que el actual Código de Extinción de Dominio otorga a quienes entreguen bienes el 5 % del valor de su venta. “A lo mejor, en una reforma se podría aceptar elevar el porcentaje al 10 % con tal de que se anticipen las sentencias y podamos tener más rápidamente esos bienes”.

Osuna Patiño dijo a la plenaria que cada vez está más convencido de que en la letra pequeña del derecho muchas veces se esconden grandes y terribles injusticias “que aparecen como garantías de debido proceso, de igualdad formal y de debate suficiente, pero que están diseñadas para mantener privilegios y exclusiones”. Recordó, sin embargo, que le ha correspondido estar en un gobierno que quiere cambiar esa circunstancia y establecer desde la ley un escenario más justo con toda la sociedad, especialmente con la población más vulnerable.

En las últimas horas, las autoridades iniciaron una investigación para determinar la posible responsabilidad penal que pueda tener la ciudadana Esperanza Castro, quien fue grabada en video durante la marcha contra el gobierno Petro realizada este lunes en Bogotá.

A través de su cuenta de Twitter, el Director de la Policía Nacional, Henry Armando Sanabria Cely, publicó un cartel con el rostro de la mujer que, durante las manifestaciones en contra del Gobierno del presidente Gustavo Petro, quien manifestó que “La discriminación no puede ser la bandera que encienda la llama de la solidaridad”, publicando el aviso con la cara de la fanática que fue identificada como Esperanza Castro.

Vale mencionar que no solamente la Policía está en búsqueda de esta mujer: la Fiscalía General de la Nación también anunció acciones para dar con el paradero que quien comparó a la mandataria con un simio mediante un discurso cargado de racismo y clasismo, pues también cuestionó su gran ascenso político.

El ente acusador, a través de las delegaciones de Seguridad Territorial, inició una investigación en contra de Castro. Dichas labores estarán encabezadas por un fiscal de derechos humanos con el fin de determinar si la manifestante incurrió en algún delito a través del ataque expresado al medio alternativo Diáspora Social.

En la mañana del pasado viernes, se reveló un video en el que se ve con vida al jefe disidente de las FARC, Néstor Gregorio Vera Fernández, alias ‘Iván Mordisco’. En la grabación, el cabecilla habla sobre el proyecto de la paz total del gobierno del presidente Gustavo Petro y hace referencia a un cese del fuego.

Ante estas imágenes, la opinión pública saltó a las redes sociales para pedir explicaciones al exministro de Defensa de Iván Duque, Diego Molano. Dado que alias Iván Mordisco está vivo, los ciberusuarios preguntan por los 3 mil millones de pesos que habían entregado como recompensa cuando se supo de la supuesta muerte del jefe de las disidencias, el pasado 8 de julio de 2022.

Por su parte, el exministro de Defensa Diego Molano solamente publicó una serie de aciertos de la administración anterior, sin dar una declaración precisa sobre la polémica recompensa.

Molano publicó: “Nuestro gobierno siempre defendió a los colombianos ante amenaza, violencia y narcotráfico de las disidencias FARC en varias regiones de Colombia”.

Con la firma de un documento de siete puntos, los manifestantes del Bajo Cauca antioqueño y los gobiernos Nacional y Departamental llegaron a un acuerdo que pone fin a los bloqueos de vías que en los últimos días pusieron en jaque esta región del país.

El anuncio lo hizo el gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria en su cuenta de Twitter, en una publicación que, además del documento, muestra fotografías de los líderes de las manifestaciones en compañía de las autoridades estatales.

El documento trae el compromiso de suspender los operativos policiales contra las minidragas (de seis y ocho pulgadas) y pequeños motores, una de las causas de los disturbios, hasta se cree un protocolo que permitan la identificación y la caracterización de las tecnologías y las sustancias químicas utilizadas en la minería de la región.

También se asumió el compromiso de acompañar a los mineros de la zona en los trámites para formalizar sus trabajos y solicitar la titulación. El documento también aclara que quedan fuera de dicho beneficio aquellos que hayan incurrido en actividades que no estén protegidas por el derecho constitucional de la protesta.

El Superintendente Nacional de Salud, Ulahí Beltrán López, dio a conocer las cifras que muestran la falta de acceso y la desprotección que deben enfrentar miles de usuarios afiliados a las entidades administradoras de recursos cuando acuden por citas médicas, medicamentos y tratamientos o procedimientos urgentes.

Al participar en el XVII Congreso Nacional de Salud, organizado por Consultorsalud, el Superintendente dijo que, entre enero y julio de este año, se formularon 717.913 peticiones, quejas y denuncias contra las entidades administradoras de recursos (EPS) por parte de pacientes que urgían atención.

“​​Esto significa que cada día se radican ante la Supersalud 3.419 quejas y denuncias de pacientes y enfermos que no encuentran acceso a los servicios ni atención digna por parte de las entidades a las que están afiliadas”, dijo el jefe del máximo órgano de vigilancia y control del sector salud en Colombia, y añadió que “son afiliados que viven la zozobra de no recibir protección en un sistema que no los asegura, no los protege y no les respeta el derecho fundamental a la salud”, asevero la Superintendente Nacional de Salud.

La situación es aún más crítica si se tiene en cuenta que el 35% de esas 717.913 quejas, peticiones y reclamos (una de cada tres) son clasificadas como ‘riesgo de vida’, es decir requieren una atención inmediata debido a la gravedad del estado de salud de esos ciudadanos. Las EPS del régimen contributivo son las que más reciben quejas o denuncias por este tipo de casos.

Durante su exposición, el Superintendente Beltrán López enfatizó que “esta realidad evidencia que en Colombia no hay un aseguramiento en salud confiable. Aquí las entidades administradoras de recursos vienen decidiendo quién vive y quién muere y eso es absolutamente inaceptable. El derecho a la salud no es negociable, ni puede ejercerse de manera discrecional u optativa”.

En ese sentido, recordó que en su primer mes de gestión en la Supersalud ha ordenado la liquidación de dos entidades (Comfamiliar Huila y Convida) porque no cumplían ni los indicadores financieros ni los que miden la atención que están obligadas a prestar. “No eran aseguradoras como no lo han sido todas las que han sido liquidadas. Por no cumplir con los afiliados ni cumplir con las exigencias que la normatividad les exige, se están autoliquidando”, sentenció.

De igual manera, fue enfático en decir que, en este momento existen 9 EPS del régimen contributivo con una población afiliada que supera los 21 millones de usuarios y cuentas por pagar de 10 billones de pesos. De estos, 8 cumplen con el capital mínimo, 7 con el patrimonio adecuado y solo 3 de 9 con el régimen de inversiones.

“​​No garantizan el derecho a la salud de sus afiliados, no cumplen con indicadores los financieros y no reportan. Esto no puede continuar, hay cerca de 8 millones que están afiliados que están bajo medida de vigilancia especial. Colombia no puede someter al riesgo a 8 millones de afiliados que no tienen cobertura”, concluyó Beltrán López.

El jefe de las disidencias de las Farc, Néstor Gregorio Vera Fernández, alias “Iván Mordisco”, reapareció en un video, confirmando que no murió en el bombardeo del pasado mes de julio en Caquetá, y que está interesado en el proyecto de “paz total” del Gobierno de Gustavo Petro

En su proclama, señaló: “Las Farc EP nos reafirmamos en nuestro compromiso de entablar con el Gobierno, en su fase exploratoria, unos diálogos francos en búsqueda de salidas al conflicto social y armado que padece nuestro país”.

En ese sentido, las disidencias de las Farc estarían dejando en claro que aceptan la propuesta hecha en días pasados por el presidente de la República, Gustavo Petro, de poner cese bilateral al fuego y se sumarían a la política de la denominada ‘paz total’.

Al término de su agenda de trabajo en la 77 Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, el Presidente, Gustavo Petro, anunció que “en cuestión de días, también, se va a plantear un tema público: la posibilidad de un cese multilateral del fuego, que sería el inicio del fin de la violencia en Colombia”.

En diálogo con periodistas, el Jefe de Estado explicó que este cese del fuego multilateral se adelantará con todos los grupos que estén dispuestos a adherirse a la iniciativa

“A todos los que deseen un proceso de negociación con la justicia en Colombia para desmantelar organizaciones criminales, lo que les proponemos es cesar hostilidades, crímenes, muerte, cesar el fuego y, dado que es una pluralidad de organizaciones, eso se llama cese multilateral al fuego”, sustentó.

Por esta razón, enfatizó: “Cese multilateral significa que los diversos actores, que son múltiples, cesan de disparar, cesan los disparos. Claro que el Ejército va a funcionar, llegando, precisamente, al territorio en donde hoy no llega porque están las organizaciones narcotraficantes controlando el territorio”.

Diálogos con el ELN

El Presidente Petro también se refirió a los avances en los acercamientos para el inicio de los diálogos con grupos armados ilegales, entre ellos el ELN y las disidencias de las Farc.

En este sentido, comentó que “ya estamos en la antesala, es cuestión de días”, y aseguró que, “de hecho, ya ha existido contacto oficial de funcionarios del Gobierno, de los delegados a este tipo de tema, el alto Comisionado de la Paz, con miembros de disidencias. Es cuestión de días”.

De la misma manera, se refirió al nuevo tratamiento que debe haber en el país cuando se habla de paz.

En este sentido, aseguró que “cada vez que hablemos más de paz en Colombia, si se reconoce la realidad actual de Colombia, tienes que hablar es de resolver pacíficamente el problema del narcotráfico”.

“Por eso, lo que hemos planteado es una perspectiva de desmantelamiento de ese tipo de organizaciones, aprovechando –en cierta forma– una brecha que hay allí, que tiene que ver con que los dineros del narcotráfico cada vez más se ubican fuera de Colombia”, aseguró.

Ante esta circunstancia, el Jefe de Estado dijo que el Gobierno puede utilizar esa brecha “en función de que estos jóvenes dejen las armas, de que se desmantelen esas organizaciones”.

Puntualizó que para eso “el instrumento fundamental será el que vamos a llamar ‘Acogimiento a la justicia’; el factor central será una negociación entre estos grupos y la justicia colombiana, en pos de su desmantelamiento y la no repetición”.