El Gobierno nacional declaró oficialmente la emergencia económica, social y ecológica por un periodo de 30 días en 15 departamentos del país, debido a la calamidad pública ocasionada por el terremoto del pasado 10 de agosto. La medida cobija a Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Huila, Valle del Cauca, Tolima, Putumayo, Norte de Santander, Bolívar, Nariño y Sucre.

La declaratoria otorga facultades extraordinarias al Gobierno para adoptar medidas destinadas a atender la emergencia y acelerar la recuperación de las zonas afectadas. Entre ellas se contempla una mayor flexibilidad para movilizar y reasignar recursos públicos, establecer alivios tributarios y habilitar créditos de emergencia con tasas subsidiadas.

El decreto también permite implementar medidas para proteger el empleo, incluyendo apoyos para el pago de salarios y aportes a la seguridad social, así como ayudas dirigidas a trabajadores independientes. Además, contempla la posibilidad de flexibilizar los planes de premios y habilitar sorteos extraordinarios, al igual que orientar temporalmente recursos con destinación específica de Coljuegos hacia el sector salud en los territorios afectados.

En materia social, el Gobierno podrá flexibilizar y ampliar los subsidios de vivienda, alojamiento temporal y programas de reubicación para las familias damnificadas. También se podrán habilitar espacios alternativos y modalidades de educación remota para garantizar la continuidad de las actividades académicas, además de adoptar medidas para facilitar la prestación del Programa de Alimentación Escolar, PAE.

La emergencia también contempla acelerar la recuperación de hospitales y de servicios esenciales como energía eléctrica, agua potable y telecomunicaciones. De igual manera, se podrán agilizar los procesos de contratación pública necesarios para ejecutar obras de emergencia y atender las necesidades más urgentes de las comunidades afectadas.

El decreto establece además que los bienes administrados por el Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado, FRISCO, a cargo de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, podrán ser utilizados como apoyo para la atención de la emergencia. Se trata de inmuebles urbanos y rurales, bienes muebles y activos líquidos ubicados en zonas de influencia del desastre, que podrían destinarse a albergues temporales, reasentamiento de familias vulnerables, centros de acopio y obras de infraestructura.

Con estas medidas, el Gobierno busca establecer el marco jurídico para movilizar y reasignar recursos provenientes de diferentes fuentes públicas y destinarlos a la atención inmediata de la emergencia, así como a las labores de recuperación y reconstrucción de las regiones afectadas por el terremoto.