Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, anunció la cancelación de visas a jueces, altos funcionarios, empresarios y otras personas de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, a quienes señala de estar vinculados con actos de corrupción, narcotráfico o acciones que, según Washington, buscan afectar gobiernos elegidos democráticamente. La medida también alcanza a familiares de algunos de los sancionados.

En el caso de Colombia, entre las personas afectadas se encuentran el empresario Euclides Antonio Torres Romero, propietario de un conglomerado con operaciones principalmente en los sectores de energía, señalización vial e iluminación pública, y la senadora Martha Isabel Peralta Epieyu, integrante del Pacto Histórico y del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS).

La decisión hace parte, según el Departamento de Estado, de los compromisos asumidos dentro de la alianza Escudo de las Américas, iniciativa promovida por el presidente Donald Trump en marzo de este año. El Gobierno estadounidense aseguró que la política busca restringir la expedición de visas a ciudadanos extranjeros que, de acuerdo con sus investigaciones, socaven gobiernos democráticamente elegidos mediante actividades relacionadas con corrupción o narcotráfico.

En el caso de Martha Peralta, la medida está relacionada con las investigaciones que adelanta la Corte Suprema de Justicia por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La congresista es investigada por un presunto direccionamiento de contratos de la entidad, entre ellos uno por $2.170 millones para el alquiler de maquinaria y volquetas destinadas a trabajos en Riohacha, La Guajira. La investigación también recoge declaraciones del exdirector de la UNGRD, Olmedo López, sobre una reunión en la que, según su testimonio, Peralta habría solicitado contratar a empresarios de maquinaria.

Por su parte, Euclides Torres ha sido mencionado en las investigaciones relacionadas con la UNGRD y en declaraciones de exdirectivos de la entidad, en el contexto de presuntas gestiones políticas y contractuales. Torres también ha sido señalado públicamente como uno de los principales financiadores de la campaña presidencial de 2022, aunque varias de estas afirmaciones corresponden a señalamientos e investigaciones que deben distinguirse de decisiones judiciales definitivas. El Departamento de Estado sostuvo que, bajo la administración Trump, los funcionarios extranjeros señalados de corrupción no tendrán acceso libre a Estados Unidos.