La Fiscalía General de la Nación determinó que continuará al frente de la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por su presunta participación en la creación de grupos paramilitares y por los hechos relacionados con las masacres de El Aro y La Granja. La decisión se conoce luego de que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara solicitara asumir el conocimiento del expediente.

El ente acusador concluyó que los hechos investigados no están relacionados con el ejercicio de las funciones de Uribe como presidente de la República, por lo que consideró que no corresponde aplicar el fuero constitucional que permitiría trasladar el caso a la Comisión de Acusación. En consecuencia, la Fiscalía sostuvo que mantiene la competencia para continuar con las investigaciones bajo los parámetros establecidos en la Ley 600 de 2000.

La solicitud de la Comisión de Acusación surgió después de que la defensa del expresidente, encabezada por el abogado Jaime Granados, pidiera revisar cuál era la autoridad competente para continuar con el proceso. En el memorial citado por la Comisión se argumentó que, debido al carácter permanente del delito de concierto para delinquir agravado y a la fecha en la que habría cesado la presunta actividad delictiva, existían razones para que esa corporación asumiera el conocimiento de los hechos.

Uno de los argumentos expuestos señalaba que Uribe ejerció la Presidencia de la República entre el 7 de agosto de 2002 y el 7 de agosto de 2010, mientras que la investigación ubicaría la presunta consumación del delito de concierto para delinquir agravado en el año 2003. Sin embargo, la Fiscalía consideró que el hecho de que una conducta presuntamente delictiva hubiera ocurrido durante el periodo presidencial no es suficiente, por sí solo, para activar el fuero constitucional.

De acuerdo con la respuesta de la Fiscalía, los hechos bajo investigación están relacionados con los presuntos vínculos de Álvaro Uribe con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), hechos que se remontarían a su época como gobernador de Antioquia. Por esta razón, el ente investigador concluyó que conservará la competencia sobre el expediente y continuará adelantando las actuaciones correspondientes.