La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo y embargo sobre tres inmuebles que estarían relacionados con el patrimonio del excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga Escobar y su entorno familiar. Los bienes, ubicados en Bogotá y Pensilvania (Caldas), tienen un avalúo superior a 3.664 millones de pesos y fueron afectados dentro de las actuaciones por la presunta financiación de la multinacional brasileña Odebrecht a la campaña ‘Zuluaga Presidente 2014-2018’.

De acuerdo con el ente acusador, la medida se deriva de las investigaciones adelantadas por el Grupo de Tareas Especiales de Odebrecht de la Delegada para las Finanzas Criminales. La Fiscalía asegura haber recopilado elementos materiales probatorios que darían cuenta de que la multinacional brasileña habría aportado recursos para cubrir servicios relacionados con la campaña presidencial de Zuluaga en 2014.

Según la investigación, Odebrecht habría asumido el pago de 1’610.740 dólares en servicios de publicidad que habrían beneficiado a la campaña. Para la Fiscalía, este aporte presuntamente no fue registrado en los balances ni informado a las autoridades electorales y, al provenir de una empresa extranjera, constituiría una fuente de financiación prohibida para las campañas políticas, de acuerdo con el artículo 27 de la Ley 1475 de 2011.

El ente investigador también estableció que los recursos presuntamente comprometidos fueron transferidos entre junio y julio de 2014 a una sociedad constituida en Panamá y vinculada al publicista brasileño José Eduardo Cavalcanti de Mendonça. En ese momento, los giros representaban más de 3.000 millones de pesos. La actuación sobre los bienes busca avanzar en el trámite de extinción de dominio relacionado con los recursos y activos que estarían vinculados a estos hechos.

Los bienes afectados corresponden a un apartamento y la tercera parte de una vivienda en Bogotá, además de un inmueble ubicado en Pensilvania, Caldas. La Fiscalía señaló que algunos de estos predios pertenecían directamente a Zuluaga, pero en junio de 2023 fueron transferidos mediante donación a integrantes de su círculo familiar. Con las medidas cautelares se pretende impedir que los activos sean vendidos, transferidos o comercializados mientras avanza el proceso de extinción de dominio.