El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado; y el Presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Eduardo Cifuentes Muñoz, firmaron un acuerdo de cooperación que ratifica el compromiso de trabajar de manera armónica para lograr justicia pronta y efectiva con relación a los hechos de violencia cometidos con ocasión del conflicto armado en Colombia.
“Un acuerdo que demuestra el compromiso de la Fiscalía General de la Nación con la Paz, y el compromiso personal para que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) siga cumpliendo sus funciones adecuadamente. Apoyar a la JEP es apoyar la institucionalidad colombiana, es apoyar la idea que se tuvo de cierre de una historia muy larga de conflicto armado que existió en Colombia y que requiere todo el apoyo institucional”, destacó el Fiscal General.
El acuerdo permitirá a las dos entidades luchar mancomunadamente contra la impunidad, garantizar la protección de los derechos de las víctimas y comparecientes, fortalecer la articulación interinstitucional y el intercambio de información, actuar con rigurosidad y eficiencia en el marco de las competencias que constitucionalmente les asiste; y dar cumplimiento a los compromisos adquiridos con la Corte Penal Internacional (CPI) y avanzar con la judicialización de terceros civiles y agentes del Estado.
“Quiero agradecer al señor Fiscal su disposición y su voluntad para acompañar a la JEP en lo que concierne a la búsqueda de la verdad, los esfuerzos para garantizar a las víctimas reparación y ofrecer seguridad jurídica a los comparecientes (…) creemos que tener en Colombia dos locomotoras de verdad, la Fiscalía y la JEP, va a asegurar esa finalidad de luchar contra la impunidad, garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición a las víctimas”, aseguró el presidente de la JEP.
Para lograr un ejercicio coordinado y colaborativo se reconoce la competencia prevalente de cada una de las jurisdicciones para investigar y esclarecer las conductas delictivas asociadas con el conflicto armado.
En ese sentido, la Fiscalía suspenderá el ejercicio de la acción penal cuando la JEP solicite un expediente. Esa interrupción será exclusivamente para quienes hayan sido reconocidos como comparecientes ante la JEP y continuará respecto a otras personas involucradas en los hechos que se investigan.
