En busca de contar con un Centro de Detención Transitoria en el departamento, el Gobierno del Huila que lidera el mandatario Luis Enrique Dussán, sostuvo una reunión con los 37 alcaldes del Huila, para definir la presentación de este proyecto ante el Gobierno Nacional por 8 mil millones de pesos.
La inversión contaría con 4 mil millones de pesos por parte de la Nación, 2 mil millones de pesos la Gobernación del Huila, 1.500 millones de pesos la ciudad de Neiva, 140 millones de pesos Pitalito y 360 millones de pesos entre los demás municipios del departamento con un aporte de 10 millones cada uno.
El secretario de Gobierno y Desarrollo Comunitario, Franky Alexander Vega, dijo que para hacer realidad este proyecto del Centro de Detención Transitoria, liderado por el Ministerio Interior y el Ministerio de Justicia, es necesario que cada alcalde se comprometa con los recursos que requieren.
Sitios adecuados
“Con esto buscamos que el departamento del Hula solucione una problemática que nos aqueja, que es la imposibilidad de tener sitios adecuados para la reclusión de las personas que son detenidas, con carácter sindicado o condenados”, aclaró Vega.
El compromiso adquirido por cada uno de los mandatario de los 37 municipios es dar respuesta al comunicado que fue enviado por la Gobernación del Huila, en el cual se debe entregar el certificado de disponibilidad presupuestal, con el fin de definir el proyecto y poder de esta manera presentarlo a finales de este mes al Gobierno Nacional.
Mi barrio seguro
La reunión también permitió profundizar sobre otros temas establecidos en el programa de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que lidera el gobernador Luis Enrique Dussán López, a través de su plan de desarrollo ´Huila crece´, como es el proyecto ´Mi barrio seguro´, que está dirigido a combatir la delincuencia.
Esta estrategia busca acercar a la comunidad con la fuerza pública a través de la instalación de cámaras de seguridad en los puntos más críticos que tiene los barrios en los distintos municipios del del departamento.
La idea es entregar diez cámaras, un UVR para 32 cámaras, cableado, un monitor, equipos para la vigilancia y alarmas comunitarias para que se avance en una mejor convivencia y una mayor seguridad.
